"La renta disponible y el consumo de la población española de más edad dependen fundamentalmente de la generosidad de las pensiones públicas", sostenía hace unas semanas el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la conferencia sobre "El envejecimiento de la población y las políticas económicas: retos del siglo XXI" que pronunció en la Universidad de Georgetown, en la que, en dos certeras pinceladas, diseccionó la situación financiera de los mayores.
"Las herencias son relativamente cuantiosas en comparación con otros países" y "una parte importante de la riqueza acumulada para la jubilación reviste la forma de inmuebles residenciales", destacó, "mientras que los ahorros para la jubilación mantenidos en fondos de pensiones se encuentran entre los más bajos de los países de la OCDE".
El diagnóstico resulta meridiano: los trabajadores españoles destinan sus ahorros a garantizarse un techo en propiedad mientras se emplean pero pueden permitirse, por lo general, pocas holguras en los últimos años de su vida y siempre en función de los ingresos que les garanticen sus pensiones.
Resultados como los de la última Encuesta de Competencias Financieras del propio Banco de España resultan reveladores en ese sentido cuando señalan que el grupo de población con menor capacidad de ahorro es el de los mayores de 65 años: solo la mitad de ellos pudo guardar algo de dinero en el último año (los datos son de 2021, previos a la ola inflacionista), frente a un ratio del 87% entre los menores de 35 años y otro del 77% de los 35 a los 45, en plena época de crianza.
Más de 300.000 jubilados pasan a cobrar más de 850 euros en dos años
La figura del pensionista pobre, el que recibe menos de los 846,95 euros por paga en los que el INE (Instituto Nacional de Estadística) fija el umbral de la pobreza, resulta más que habitual en España, donde el 42% de quienes reciben pensiones contributivas de jubilación (35%), incapacidad (46%) o viudedad (61%) se encuentran en esa situación.
Son 4,16 millones de pensionistas sobre un total de 9,73, un volumen de personas en situación de escasez que se dispara al 56% si se le añaden los 1,32 millones de perceptores de esos tres tipos de prestaciones cuyos ingresos superan el umbral de la pobreza, pero no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situado en 1.080 euros brutos por paga mensual.
Esa situación, que se da con mayor intensidad entre las mujeres por la mayor precariedad de sus ocupaciones frente a las masculinas a lo largo de su vida laboral, ha comenzado a paliarse en los últimos años, en los que se han producido tres subidas consecutivas del 3% y el 8,5%, la mayor de la historia, a las que este año se sumará otra del 3,8%.
El efecto ponderado de esas tres revalorizaciones supone una mejora del 16% entre el final de 2021 y el comienzo de 2024 que, a falta de testar el avance de la última de ellas, ya ha permitido que las prestaciones de más de 300.000 jubilados (144.001), viudas (137.920) y trabajadores incapacitados (23.624) pasaran a situarse por encima del umbral de la pobreza, según indica el cruce de los datos de la Seguridad Social de diciembre de 2023 con los de dos años antes.
Ese es el número de
perceptores de prestaciones que en los dos últimos años han "ascendido"
al tramo de quienes reciben más de 850 euros por paga, que son, grosso
modo, quienes al cierre de 2021 percibían entre 757 y esa cifra por
paga, situación que en enero se ampliará a los que entonces cobraban entre 732 y 757. (...)" (Eduardo Bayona, Público, 04/01/24)
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