"Las vidas de más de 4.000 residentes en residencias de la Comunidad de Madrid podrían haberse salvado si el gobierno regional hubiera permitido que fueran atendidos en hospitales, según las conclusiones de una comisión de Covid dirigida por ciudadanos.
La comisión, creada en abril del año pasado, dedicó meses a investigar y recopilar testimonios de familiares, personal de residencias y expertos para intentar averiguar cómo las residencias de la región llegaron a situarse entre las más mortíferas de Europa en los primeros meses de la pandemia.
Según el informe de 148 páginas de la comisión, publicado a principios de este mes, lo que se descubrió fue que el número de pacientes trasladados a hospitales madrileños se redujo justo cuando empezaron a aumentar las infecciones en marzo de 2020. En su lugar, se abandonó a su suerte a las residencias de ancianos, que sufrían escasez de personal y carecían de equipos de protección como mascarillas, medicamentos y tratamientos como el oxígeno.
La sombría escena que se vivió inicialmente en las residencias saltó a la luz pública después de que se reclutaran soldados para ayudar a atajar la propagación del virus. "En algunas de sus visitas, el ejército ha visto ancianos totalmente abandonados, incluso algunos muertos en sus camas", declaró la ministra de Defensa del país, Margarita Robles, en una entrevista televisiva en marzo de 2020.
Un total de 9.470 personas murieron en marzo y abril de 2020 en residencias madrileñas -aproximadamente uno de cada cinco residentes-, una cifra de fallecidos que superó con creces la de otras regiones de España, según la comisión. La mayoría de los fallecidos -casi 7.300- no fueron atendidos en un hospital, alegó.
La comisión puso de relieve una serie de protocolos vigentes entre marzo y mediados de abril, ampliamente difundidos por los medios de comunicación españoles, que parecían demostrar que el gobierno de Madrid, dirigido por el derechista Partido Popular, había dado presuntamente instrucciones iniciales a los funcionarios para que bloquearan el traslado de enfermos que carecieran de seguro sanitario privado o que presentaran afecciones como discapacidades físicas o deterioro cognitivo.
"Esa petición de traslado, de la residencia de ancianos, del familiar, y que desde los servicios de urgencias, desde el hospital, se dijera que no, fue una decisión política", dijo Fernando Lamata Cotanda, médico y político que supervisó la cartera de Sanidad en un gobierno regional socialista y que formó parte de la comisión de siete personas. "Puede que no hubieran muerto si se hubieran tomado otras decisiones políticas".
Señaló los datos, recopilados por la comisión, que muestran que de los que se permitió trasladar de residencias a hospitales, cerca del 65% sobrevivió. Esta cifra sugiere que muchas de las 7.291 personas que murieron en Madrid sin ser trasladadas podrían haberse salvado, afirmó.
El gobierno madrileño ya había negado estas afirmaciones. Cuando se contactó con una fuente del gobierno madrileño para que hiciera comentarios, ésta calificó el informe de la comisión de "totalmente politizado" y afirmó que los profesionales y la administración de la región "hicieron todo lo humanamente posible para salvar el mayor número de vidas".
La fuente afirmó que los autores del estudio no tuvieron en cuenta "que la densidad de población es un factor determinante en la incidencia de este virus".
La justicia española ha archivado hasta 19 procedimientos abiertos por las muertes en residencias, añadió la fuente.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en repetidas ocasiones la respuesta de su Gobierno a la pandemia. "Si una persona mayor estaba gravemente enferma de Covid-19, no se le podía haber salvado en ningún sitio", declaró el mes pasado en la Asamblea regional.
En un principio, la Comunidad de Madrid inició una investigación sobre las muertes en residencias, pero la iniciativa se paralizó en 2021 tras las elecciones autonómicas anticipadas. Después de que se hiciera caso omiso de las peticiones de los activistas para que se reanudara la investigación, se puso en marcha la comisión ciudadana, dirigida por un ex magistrado del Tribunal Supremo de España.
Según María Jesús Valero, de la Marea de Residencias, uno de los grupos que puso en marcha la comisión, parte del objetivo era garantizar que no se repitieran los errores cometidos durante la pandemia. "Si esto hubiera ocurrido en un colegio, habría una revolución", dijo. "Pero como fueron ancianos, es como si no hubiera pasado nada".
Su padre fue uno de los fallecidos en una residencia de Madrid. "Murió solo, sin ningún familiar a su lado, sin nadie a su alrededor que le quisiera", cuenta Valero. "No me permitieron verle. A mi padre lo incineraron y me dieron las cenizas tres meses después".
Su organización también ha recurrido a los tribunales españoles, interponiendo más de 300 recursos contra el gobierno regional, los directores de las residencias y algunas de las empresas que las gestionan. Aunque la mayoría de estos recursos han sido desestimados, los jueces aún tienen que pronunciarse sobre un centenar de ellos.
Un informe de Amnistía Internacional de 2022 acusaba a los fiscales de no investigar adecuadamente los recursos judiciales, citando el hecho de que algunos casos se cerraron antes de que se contactara con las familias o el personal de los centros de acogida.
"Existe un riesgo de impunidad absoluta", dijo Esteban Beltrán, director de la organización en España, a principios de 2022. "Se puede llegar a esa conclusión, pero primero hay que investigar adecuadamente".
En su informe, la comisión pide a las autoridades madrileñas que reabran la investigación e insta a los fiscales a examinar lo ocurrido en las residencias de la región.
Los que ayudaron a poner en marcha la comisión dijeron que el informe se enviaría a instituciones de toda España y la UE.
"Vamos a seguir luchando. Esta es la mayor violación de derechos de la historia de la reciente democracia española", dijo Carmen López, cuya madre tuvo Covid-19 durante más de tres semanas en una residencia, muriendo un día después de ser finalmente trasladada al hospital. "No vamos a pasar de puntillas sobre toda una generación masacrada en estas circunstancias".
Entre quienes testificaron ante la comisión se encontraba María Ángeles Maquedano, empleada de una residencia en la que 75 de los 205 residentes sucumbieron al virus. "Ni siquiera teníamos morfina para calmarles", declaró a la comisión a finales del año pasado. "Morían aferrados a los barrotes de sus camas, intentando respirar"."
(Ashifa Kassam , The Guardian, 28/03/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)
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