"7.291 personas murieron entre marzo y abril del 2020 en las residencias de Madrid durante la primera ola de la covid.
7.291 personas, que además, fallecieron de la peor manera posible, "horrible", "horrorosa", según califican trabajadores de estos centros: asfixiados, ahogados, deshidratados, sin sedación y solos, muy solos, sin poder despedirse de su gente. Cuatro años después esas 7.291 personas y sus familias siguen a la espera de que se investigue lo que en esos centros ocurrió. La Fiscalía de Madrid no lo considera necesario, aunque las sospechas de la comisión de delitos por parte de la administración regional perduran. Ni siquiera el de denegación de socorro.
Quienes sí lo han hecho han sido las asociaciones de familiares que encargaron a un grupo de expertos que investigara lo ocurrido (la comisión creada en la Asamblea de Madrid decayó tras las elecciones del año pasado y el Gobierno de Ayuso ha rechazado recuperarlo). Y así se constituyó una comisión ciudadana, presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.
Tras diez meses de trabajo, esta comisión ha hecho público el informe con conclusiones clara: Los mayores de las residencias fueron abandonados por la Comunidad de Madrid, que, a través de un protocolo, estableció que los infectados con dependencia física o cognitiva no fueran derivados a los hospitales. A cambio se prometió que las residencias iban a ser medicalizadas (lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid). La realidad es que nunca lo fueron y los residentes murieron en esos espacios de la manera "horrorosa" que relató una trabajadora a esta comisión ciudadana.
La presidenta Ayuso indicó hace unas semanas que esas personas iban a morir de todas maneras, algo que el informe desmiente: el 65% de las personas mayores que fueron derivadas a los hospitales durante los meses marzo y abril tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65%, lo que, aplicado a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas, habría supuesto que “más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida”, ha explicado Fernando Lamata, médico y experto en gestión sanitaria.
Había camas en Ifema, en hospitales privados y hoteles medicalizados
Y el problema es que había camas, ya que aunque no se medicalizaron las residencias, se montó un hospital en el Ifema, con más de 1.300 camas y 3.000 profesionales, donde nunca se trasladaron a los residentes de centros públicos (sólo 23 leves), ni tampoco a los hospitales privados, con los que había acuerdos, y que nunca llegaron completar las camas. En el periodo de funcionamiento de Ifema fallecieron más de 5.000 personas en residencias "sin recibir atención médica".
Durante la pandemia, se atendieron en hospitales privados de la Comunidad de Madrid alrededor de 8.000 pacientes derivados y financiados por la Consejería de Sanidad. Esos pacientes se derivaban desde los hospitales. No se permitió derivar pacientes desde las residencias, salvo que tuvieran un seguro privado .“A pesar de que se publicitó que el sistema público-privado unificado funcionaría como un solo hospital que salvaría muchas vidas, lo cierto es que entre ellas no se encontraban las de las personas mayores sin seguro privado”, señala el informe.
¿Y los hoteles? Se habilitaron 14 hoteles medicalizados con 1.036 camas. En el momento de mayor ocupación utilizaron 836 camas. "No se autorizó la derivación de ningún paciente de las residencias a estos hoteles", recoge el texto.
Las residencias sin una ayuda que sí se ofreció a Castilla y León
Algo que sí autorizó la Comunidad de Madrid fue que el personal sanitario del Samur “acudiera a prestar atención sanitaria a Castilla y León”, todo ello sin que conste que “solicitara a las comunidades autónomas vecinas apoyo para aumentar el funcionamiento de los centros públicos, medicalizar las residencias, ampliar la dotación de Ifema o la de los hoteles medicalizados”. Si se hubiera hecho, defiende la Comisión, “se hubiera podido atender adecuadamente a los pacientes de las residencias”.
De este modo, señala el citado informe, “las personas que tenían su casa en los centros residenciales vieron menoscabados sus derechos fundamentales de forma grave: el derecho a ser tratados dignamente, el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la intimidad personal y familiar, a no ser discriminados por su edad, por su discapacidad o por tener una enfermedad”.
Derecho a la atención sanitaria
Los miembros de la Comisión, que preside el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, denuncian asimismo que el Gobierno regional infringió el derecho a la atención sanitaria y vulneró el derecho a la vida al “reducir drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales” en el mismo periodo, “sin haber previamente medicalizado” dichos centros “para ofrecer la misma atención sanitaria que hubiera recibido el paciente en un hospital”.
Por
todo lo expuesto, el informe establece que “el sufrimiento y la muerte
evitable de miles de personas mayores que vivían en residencias fue
consecuencia de unas decisiones perfectamente conscientes, planificadas y
mantenidas en el tiempo”." (Celeste López, La Vanguardia, 15/03/24)
"Puede consultar el documento completo aquí.
La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid ha revelado este viernes un informe sobre los detalles que rodearon la muerte de 7.291 mayores durante la pandemia. El equipo, conformado por familiares, juristas y expertos sanitarios, ha entrevistado a cientos de afectados, personal de las residencias y peritos. Las conclusiones más relevantes del documento, presentado en el Ateneo de la capital, apuntan a una actuación “inadecuada” del Gobierno regional por restringir el número de derivaciones a hospitales que, a partir de marzo de 2020, cayeron de 100 diarias a 50, un número que, a ojos de la comisión, debió haber aumentado hasta 200. La Comunidad argumentó que se habían medicalizado las residencias para garantizar el tratamiento de los ancianos sin necesidad de traslado, pero el informe apunta a que los centros no estaban equipados para tal tarea, ni en material ni en personal. El informe concluye que “más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida” y que no se produjo la atención sanitaria adecuada a los ancianos por “decisiones políticas y de gestión discriminatorias”.
Ni la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni nadie de su equipo de gobierno respondieron a la petición de la comisión de compartir su versión sobre lo sucedido en las residencias. La creación de esta delegación ciudadana surgió ante la negativa de la Asamblea de Madrid de reabrir la comisión oficial, que funcionó del 6 junio de 2020 al 4 de mayo de 2021, cuando se disolvió el Parlamento regional y, con él, todas sus comisiones.
Actuación “inadecuada” del Gobierno
El informe se detiene en las cuatro guías de actuación aprobadas por el Gobierno regional entre el 18 y 25 de marzo de 2020, conocidas como los protocolos de la vergüenza, que establecían los criterios de no derivación, es decir, las razones por las cuales una persona no era llevada a los centros sanitarios, ya colapsados por la expansión del coronavirus. A los enfermos con dependencia física, deterioro cognitivo o comorbilidades se les negó el traslado al hospital, lo que significa para la comisión “una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida”. El informe remarca que la denegación del deber de socorro, “que se deduce de este comportamiento”, es un delito tipificado en el Código Penal.
Durante la rueda de prensa de presentación del informe, las preguntas han sido insistentes en un punto: si la comisión consideraba que los hallazgos podrían servir como material probatorio para las investigaciones penales en relación con las residencias. Los portavoces no han contestado, pero un apartado del documento arroja luz en este sentido. En el capítulo final de recomendaciones dice: “La comisión exhorta al Ministerio Fiscal para que cumpla con sus obligaciones dirigidas a garantizar el derecho a la verdad. Para ello, es preciso que lleve a cabo una verdadera investigación y que los fiscales actúen de modo proactivo”.
La cronología desgranada por los investigadores resalta el hecho de que en noviembre y diciembre de 2019, en la fase inicial del coronavirus, “no se activó la [Red de] Vigilancia Epidemiológica”, lo que retrasó la adopción de medidas de prevención y control del virus en las residencias. Ya en plena pandemia, la comisión acusa al Gobierno madrileño de no utilizar “los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias”. Fernando Flores, profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y miembro de este grupo, ha denunciado que “no se usaron los hospitales privados donde, al menos, 1.000 camas estuvieron libres siempre. Tampoco se utilizaron los hoteles medicalizados”.
Exceso de mortalidad evitable
La mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, duplicó la media de otras comunidades y otros países de la UE. En esos dos meses, murió uno de cada cinco residentes en los centros de mayores. El informe revela que muchas defunciones se pudieron haber evitado “con una prevención de la atención sanitaria adecuada” que, insisten, no hubo por “decisiones políticas y de gestión discriminatorias”.
Fernando La Mata, médico experto en gestión sanitaria y miembro de la comisión, ha afirmado que “más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”, si hubiesen sido trasladados a un centro sanitario. La Mata se ha apoyado en esa cifra para desmentir uno de los últimos pronunciamientos de Ayuso, quien dijo que los mayores que fallecieron mientras esperaban un traslado al hospital “se iban a morir igual”.
Residencias no medicalizadas
El Gobierno regional restringió las derivaciones de los centros de mayores a los hospitales en marzo de 2020, bajo el argumento de haber dotado a las residencias de material suficiente para hacer frente al virus. Sin embargo, la comisión ha llegado a una conclusión diferente: “La Comunidad de Madrid no había dotado las residencias de personal sanitario, medios y organización suficientes para una atención adecuada tal y como se le había requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)”. El texto llama la atención sobre el hecho de que en los meses de marzo y abril, ya con la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), “las residencias no contaron con medios de protección adecuados (mascarillas, equipos de protección), ni de tratamiento (oxígeno, medicación, personal sanitario)”.
La comisión reprocha que, antes de atender a las residencias, se priorizara la apertura de otros espacios, como el hospital de campaña en el recinto ferial de Madrid, con 1.300 camas y 3.000 sanitarios, al que solo se trasladaron 23 pacientes desde los centros de mayores. “Con el personal que se envió a Ifema se podían haber medicalizado más de mil camas en residencias”, concluye el informe, que calcula en 5.000 las muertes en los centros de mayores durante el funcionamiento del hospital temporal.
La desatención a los asilos que denuncia la comisión repercutió en una disminución en la calidad de los cuidados paliativos. El texto condena que “no hubo oxígeno, los cuidados de enfermería y apoyo psicosocial fueron nulos o insuficientes y el entorno familiar fue excluido”. El testimonio de una trabajadora de una residencia, que figura en la página 181 del texto, ofrece una imagen gráfica de lo que esto supuso para los enfermos: “Se murieron de una forma horrible, horrible, ahogadas, asfixiadas, deshidratadas por falta de atención médica”.
El documento precisa que, “a día de hoy, la estructura y dotación de las residencias continúa siendo deficiente”. Esta conclusión ha sido remarcada por el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, quien ha acudido al Ateneo para informar de una moción que presentará el PSOE el jueves en el Parlamento regional “para modificar el modelo de residencias”. Lobato ha insistido en que “el PP de Ayuso no ha movido un dedo para cambiar nada”.
Comunicación deficiente
“La comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares, fue, en general, incompleta, inapropiada y muchas veces contradictoria”, señala el texto de la comisión, que ha documentado casos en los que “no se aportó la historia clínica con la evolución detallada, las peticiones de derivaciones, ni los acuerdos razonados de no derivación”.
Flores ha denunciado que la falta de información derivó en escenas que expusieron incluso al personal sanitario: “En muchas residencias se decía a las trabajadoras que no se pusieran las mascarillas para no alarmar a los residentes”. El caos informativo durante la enfermedad perduró incluso después del fallecimiento. Una mujer que perdió a sus padres por covid, residentes en un centro de mayores, ha narrado a la comisión: “Me devolvieron las cosas de mis padres en cajas, pero había cosas que faltaban, y otras muchas que no eran suyas. No me devolvieron sus alianzas”.
El informe acaba con un apartado de recomendaciones en el que pide la reapertura de la comisión de investigación sobre la pandemia ―”no se ha completado una investigación de los hechos desde las instituciones políticas”―. También han demandado una mayor implicación del Ministerio Fiscal y una mejora de la dotación del sistema sanitario público." (Juan José Martínez, El País, 15/03/24)
"No, no se hubieran muerto igual, como trató de defenderse Isabel Díaz Ayuso.
El informe final de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid no deja lugar a dudas sobre la gestión del Gobierno de Ayuso entre marzo y abril de 2020: “La muerte de miles de personas en las residencias de Madrid podría haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada”.
Las conclusiones de esta comisión, constituida el 13 de abril de 2023 a petición de familiares de personas fallecidas durante la pandemia de la COVID-19 en las residencias madrileñas –agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid– se han presentado este viernes, 15 de marzo de 2024, cuatro años después.
La mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid duplicó la de otras comunidades
La investigación realizada por la comisión, que preside el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se ha basado en fuentes como la información oficial del Gobierno autonómico; informes de organizaciones civiles e institucionales; artículos académicos; declaraciones de familiares, supervivientes, trabajadores, trabajadoras y testigos en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid; declaraciones judiciales de Carlos Mur (responsable de coordinación sanitaria de la comunidad), e información obtenida por los abogados José Luis González del Moral y Carlos Vila, quienes explicaron la situación jurídica a partir de 400 querellas.
Entre marzo y abril de 2020, señala el informe, murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7.291 en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. Del total, 5.795 tenían COVID-19 confirmado o con sintomatología compatible. Para las restantes 3.675 defunciones no se hace referencia al virus.
La mortalidad en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid duplicó la media de otras comunidades autónomas. De hecho, fue la región europea que tuvo un mayor exceso de mortalidad en 2020, en relación con el periodo 2016-2019. Si la mortalidad hubiera sido similar a la media, el número de fallecidos se habría situado en 2.529.
Y una cifra más: “La cifra de fallecidos en residencias se multiplicó por seis en comparación con el mismo periodo de años anteriores, mientras que en los hospitales se multiplicó solo por dos”.
Las decisiones políticas contribuyeron a la muerte de miles de personas
En las residencias de esta comunidad, asevera el informe, “murieron miles de personas, cuya muerte podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada. Esa falta de prevención y de atención fue consecuencia de decisiones políticas y de gestión discriminatorias respecto a la asignación y organización de los recursos sanitarios disponibles”.
Las personas que tenían su casa –su vivienda, su morada– en los centros residenciales “vieron menoscabados sus derechos fundamentales de forma grave: el derecho a ser tratados dignamente, el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la intimidad personal y familiar, a no ser discriminados por su edad, por su discapacidad o por tener una enfermedad”, concluye el documento.
Un hospital para enfermos leves, mientras se abandonaba a los residentes
Señalan en el informe que, cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso comenzó a restringir las derivaciones de pacientes de las residencias a los hospitales, “la Comunidad de Madrid no había dotado a dichas residencias de personal sanitario, medios y organización suficientes para una atención adecuada (equivalente a la hospitalaria), tal y como se le había requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.
Pero el Ejecutivo autonómico tomó “la decisión de construir un hospital para enfermos leves y abandonar la protección de la salud de quienes vivían en residencias. Con el personal sanitario que se envió a IFEMA, detallan, “se podían haber medicalizado más de 1.000 camas en residencias”, afirman.
A este centro solamente se trasladaron 23 pacientes leves desde residencias, y, en el periodo de funcionamiento de IFEMA, “fallecieron 5.000 personas en residencias sin recibir atención médica”.
Esta decisión, espetan, “supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida, que con seguridad aceleró el deterioro de la salud de muchos residentes y su desenlace fatal. La denegación del deber de socorro que se deduce de este comportamiento es un delito tipificado en el Código Penal español”.
Y hacen hincapié en que “el hecho determinante de la no derivación al hospital era encontrarse viviendo en una residencia y no disponer de un seguro privado. Si disponía de él, “podía ir directamente desde la residencia a un hospital privado”.
Cuidados paliativos
Además, continúa el informe sobre la gestión de las residencias del Gobierno de Ayuso, “la falta de medios apropiados condicionó que, en muchos casos, los cuidados (paliativos) para reducir el nivel de sufrimiento de las personas residentes no se implementaron, o no se hicieron correctamente: no hubo oxígeno, los cuidados de enfermería y apoyo psicosocial fueron nulos o insuficientes y el entorno íntimo familiar fue excluido”.
No son, enfatizan, “decisiones improvisadas por la situación crítica que había provocado la pandemia, sino decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo, a pesar de la elevada mortalidad en las residencias de ancianos
que las acompañaba. Decidir tratamientos como los aplicados en función
de agrupamientos comporta una transgresión clínica grave, pues la regla
es que únicamente deben indicarse en función de decisiones
individualizadas”." (Óscar F. Civieta, La Marea, 15/03/24)
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