"(...) En lo que respecta a los jueces, si no gozan del don de la infalibilidad del que está dotado de serie el Santo Padre es porque hay compañeros suyos que también tienen derecho a meter la cuchara en los asuntos, pero sí disfrutan en la práctica de una considerabilísima impunidad. Sus decisiones pueden ser matizadas o derogadas pero, pese a tener un organismo encargado de su control (por muy caducado que esté ahora y muy permeado de partidismo que haya estado siempre), los casos en que se les haya responsabilizado de cómo o por qué las han tomado se cuentan con los dedos de una mano.
Los medios de comunicación carecen de ese organismo regulador. Pese a los intentos de distintas organizaciones profesionales (no precisamente la FAPE), que incluso en su momento elaboraron un borrador de Ley de Garantías de la Información y un Estatuto del Periodismo, los editores siempre han calificado esas propuestas como pretensiones de instaurar tribunales populares, soviets en las redacciones o koljoses en las salas de prensa. Y a los partidos políticos les ha sido siempre mucho más cómodo y provechoso negociar con los editores –y no hablemos de beneficioso para estos– que con la marabunta de los periodistas. De ahí que unos y otros compitan en ditirambos a la profesión en cuanto se reúnen en un acto oficial.
No obstante, el informe del nada bolivariano Grupo de Alto Nivel (HLG) sobre Pluralismo y Libertad de Medios de comunicación de la Comisión Europea recomendaba, hace más de una década, que todos los países de la UE deberían tener consejos de medios de comunicación independientes, con una función de control y equilibrio.
“Organismos con competencias para investigar quejas, como un defensor del lector, pero también para comprobar que los grupos mediáticos publiquen un código de conducta y detalles sobre la propiedad, declaraciones de conflictos de interés, etc. Los consejos de medios de comunicación deberían tener poderes de aplicación real, como la imposición de multas, la obligación de publicar o transmitir disculpas, o la eliminación del estatus del periodista”. Otro apunte interesante del informe era la recomendación de que cualquier financiación pública debería solamente estar disponible para aquellos medios que publicasen un código de conducta.
Las conclusiones de este Grupo de Alto Nivel y de otro posterior sobre fake news fueron refrendadas en sus líneas generales por el Parlamento Europeo en mayo de 2018. Por ejemplo, el acuerdo destacaba “los efectos negativos que puede tener la difusión de noticias falsas en la calidad del debate político y […] la importancia de garantizar unos mecanismos eficaces de autorregulación basados en los principios de exactitud y transparencia, y de prever unas obligaciones e instrumentos adecuados en materia de verificación de fuentes y de comprobación de los hechos por parte de terceras organizaciones”. El texto aprobado en la Eurocámara establecía que “toda financiación pública de organizaciones de medios de comunicación debe concederse sobre la base de criterios no discriminatorios, objetivos y transparentes, que han de darse a conocer de antemano a todos los medios”, y también que debería prohibirse en la contratación pública “la participación de empresas cuyo propietario en último término también sea propietario de una empresa de medios de comunicación […] y que se controle con regularidad toda la financiación pública puesta a disposición de los propietarios de medios de comunicación; que no deben haber sido condenados o declarados culpables de ninguna infracción penal”. Bolchevismo made in Eurocámara.
Si existe propósito de enmienda, por tibio que sea, ahí están algunos
pasos para salir del lodazal. Como penitencia, estaría bien que viesen
una de esas de Wilder." (Xosé Manuel Pereiro , CTXT, 29/04/24)
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