"El comienzo de 2024 dibuja un panorama sombrío para las políticas migratorias en Europa. El Mediterráneo sigue siendo una ruta mortal para los miles de personas que toman la vía marítima para llegar a las costas europeas, mientras que el Canal de la Mancha sigue siendo un paso mortal hacia el Reino Unido. El 10 de abril de 2024, la Unión Europea, cómplice de este macabro balance, dio un paso más hacia la «necropolítica». La adopción del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo [1] por los 27 países de la Unión hace una selección brutal entre los que serán salvados y los que serán condenados. Tras el voto de los eurodiputados y la aprobación del Consejo de la UE, el texto entrará en vigor en 2026. El pacto refuerza una política centrada en las fronteras, erigiendo barreras contra la llamada inmigración «irregular», con lo que se corre el riesgo de intensificar los peligros que encuentran los recién llegados [2] a lo largo de su viaje. El texto prevé controles más estrictos a la llegada a la UE y un sistema de solidaridad entre los Estados miembros para la acogida de los solicitantes de asilo, manteniendo el sistema de Dublín [3].
Este supuesto «control de los flujos migratorios» alimenta las fantasías sobre la inmigración como una amenaza para la integridad y la seguridad de los países europeos, proporcionando un terreno fértil para las políticas racistas de la extrema derecha. En vísperas de las elecciones europeas (junio de 2024), la adopción del pacto representa un punto de inflexión estratégico para los votantes, ya que decidirán en las urnas qué dirección dar a su continente en la cuestión de la migración.
Necropolítica hace referencia al ensayo «Necropolítica» escrito por Achille Mbembe. El uso de este término plantea la hipótesis de que la máxima expresión de la soberanía, es decir, la capacidad de un Estado para gobernar y su control absoluto sobre los asuntos internos y externos, reside en el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir. A menudo basada en categorías raciales, étnicas o sociales, la necropolítica se refiere a cómo el uso de la violencia es una herramienta de gobierno en la que ciertas poblaciones se ven sometidas a condiciones que hacen que sus vidas sean precarias o sacrificadas, mientras que otras son privilegiadas y protegidas.
Fracaso de la política europea de acogida
Desde los movimientos de población a gran escala desencadenados en 2014-2015 por la guerra civil en Siria, los países europeos han optado por movilizar la retórica de la «crisis migratoria» [4]. Con la adopción del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, cuyas negociaciones comenzaron en septiembre de 2020, la UE se erige en un importante regulador de la llamada migración «irregular». Esta situación, por el contrario, ha sido ampliamente caracterizada no como una crisis migratoria, sino más bien como una crisis de acogida en Europa [5]. En una serie de resonantes sentencias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reprendido severamente a los Estados miembros por sus prácticas inhumanas hacia los recién llegados que buscan protección internacional. Desde el trato degradante [6] hasta los centros de detención [7], pasando por el claro incumplimiento de la obligación de garantizar a los solicitantes de asilo una protección adecuada [8], el TEDH ha puesto de manifiesto el desamparo persistente al que se enfrentan los recién llegados a suelo europeo y la falta de aplicación del Derecho internacional.
A medida que se agrava el trágico balance, con miles de personas desaparecidas en el Mediterráneo para 2023 [9], la gestión de las políticas migratorias de la UE ha sido objeto de numerosas críticas. El último informe de la Red de Seguimiento de la Violencia en las Fronteras [10] pone de relieve numerosas pruebas de la implicación o complicidad de Frontex [11] en la falta de ayuda a las personas en peligro en el mar. Podríamos citar también el ejemplo elocuente de Fabrice Leggeri, antiguo director de Frontex y actual número 3 de la lista de Rassemblement National en Francia. Esta multiplicación de hechos revela la falta de respuesta institucional a las condiciones inhumanas de acogida en Europa. Este macabro balance exige un replanteamiento urgente de la forma en que Europa trata a quienes buscan refugio, seguridad y prosperidad social y económica en sus costas.
Presentado como un baluarte contra el fracaso de la política de Dublín, el nuevo Pacto comprende principalmente nueva legislación destinada a establecer un mecanismo para hacer frente a «afluencias masivas y llegadas irregulares de nacionales de terceros países a un Estado miembro» [12]. En concreto, el Pacto establece un sistema de evaluación rápida de las solicitudes de asilo, con un «procedimiento fronterizo» obligatorio para determinar la validez de las solicitudes [13]. El Pacto pretende facilitar el retorno de las personas consideradas no aptas para recibir protección internacional. La base de datos Eurodac, que se basa en la identificación de las huellas dactilares de los recién llegados para determinar si una persona ya ha sido registrada en otro Estado miembro de la UE en virtud del Reglamento de Dublín, se utilizará ahora con nuevos fines. Eurodac permitirá compartir datos biométricos entre las autoridades policiales, lo que facilitará la identificación de la llamada migración «irregular» y justificará así la detención o las medidas de exclusión [14].
La reforma prevé rebajar la edad de recogida de datos de 14 a 6 años, la posibilidad de utilizar la fuerza como medida de último recurso para obligar a las personas a entregar sus datos biométricos, y la posibilidad de detener a niños con el fin de recoger estos datos [15]. Este nuevo giro profundiza la política migratoria europea, que no se basa en acoger a las personas sino en criminalizarlas cuando se desplazan [16].
¿Un pacto para una mayor solidaridad y responsabilidad compartida? En este texto, el uso de la noción de «solidaridad» entre los Estados miembros adquiere un significado particular. Más que promover la asistencia en el Mediterráneo o la cooperación en materia de ayuda, acogida y justicia social, esta «solidaridad» parece orientarse más hacia un enfoque colectivo de la inmigración. Se trata de colectivizar los mecanismos de vigilancia de las fronteras y de reforzar las infraestructuras de gestión de las fronteras (construcción de muros, instalación de videovigilancia y alambradas) dentro de la UE [17]. Por último, en el marco de la dinámica de «responsabilidad compartida», el pacto autoriza contribuciones financieras a proyectos de limitación de la inmigración en terceros países. Esto ha dado lugar a más acuerdos con Estados fronterizos, como Túnez, Egipto y Turquía, que aceptan actuar como guardias fronterizos a cambio de grandes sumas de dinero[18]. Por ejemplo, desde 2018, Italia transfiere competencias a los guardacostas de Libia, que están obligados a designar un puerto seguro para los barcos naufragados.
Sin embargo, la expresión «infierno libio» se ha hecho tristemente célebre por referirse a las condiciones «seguras» en las que se encuentran los exiliados: violaciones, torturas, detención, esclavitud [19]. Sophie Beau, directora de SOS MÉDITERRANÉE Francia, relata cómo los guardacostas libios dispararon contra el barco humanitario Ocean Viking, destinado a rescatar a los náufragos. Además, el último acuerdo firmado en mayo de 2024 entre la UE y Líbano prevé medidas para frenar la salida de exiliados sirios hacia Europa a cambio de miles de millones de euros [20]. La adopción del Pacto es una clara señal de solidaridad contra la «amenaza migratoria»: juntos contra la inmigración ilegal.
Frontex es la agencia europea de fronteras y guardacostas. Creada en 2004, se encarga de coordinar y ejecutar las operaciones de gestión de fronteras en los Estados miembros de la UE. Oficialmente, los principales objetivos de Frontex son reforzar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, facilitar los flujos de inmigración legal y fluida y prevenir la inmigración ilegal. Sin embargo, la agencia ha sido objeto de numerosas críticas.
En estrecha colaboración con las agencias fronterizas nacionales, las autoridades responsables del control y la gestión de las fronteras en la UE han sido acusadas periódicamente de maltratar, poner en peligro y desatender a las personas en apuros.
Véase: https://www.cadtm.org/Frontex-un-deni-de-respect-des-droits-humains
¿Decidir quién puede entrar o decidir quién debe ser regularizado?
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Layen, declaró: «Son los europeos quienes decidirán quién entra en la UE y quién puede quedarse, no los contrabandistas» [21]. La elección de quién puede entrar en la UE y a quién se le deniega el acceso es una decisión política, una forma de gestión que puede describirse como necropolítica. La consecuencia para quienes se les deniega el acceso es un resultado radical: la muerte. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2024, de las 11.889 llegadas a Grecia ese año, el 48,8% procedían de Afganistán, el 13,8% de Siria, mientras que menos del 5% procedían de países como Eritrea, Palestina, Yemen, Sudán y Etiopía, entre otros [22]. Lo que todos estos países tienen en común es que se enfrentan a una situación de crisis: guerra civil, inestabilidad política importante, conflicto o crisis humanitaria, lo que provoca movimientos de personas en busca de mejores condiciones sociales y económicas. Utilizar el poder político para dictar quién puede entrar y a quién se le deniega el acceso sustenta una lógica política basada en gran medida en criterios desiguales. La mayoría de las personas que cruzan ilegalmente las fronteras europeas proceden de países que fueron colonizados.
La historia colonial de estos países ha conformado en gran medida la dinámica de dependencia de los antiguos países imperialistas. Esta relación benefició en gran medida el enriquecimiento de las naciones del Norte, en particular de Europa. Hoy en día, el sistema global de relaciones económicas internacionales mantiene una nueva forma de dominación, con nuevas expresiones de imperialismo. La deuda, en particular, sigue siendo un instrumento de dominación del Sur por el Norte. A través de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, se utiliza para perpetuar un sistema de dominación económica a cambio de préstamos para pagar viejas deudas. De este modo, la inestabilidad política y la falta de estructuras sociales que garanticen la seguridad y los medios de subsistencia de una gran parte de la población de muchos países del Sur están provocando importantes movimientos de población [23].
En el marco de la necropolítica, la UE ejerce su autoridad adoptando políticas que discriminan a las personas en función de su origen. Esta tendencia es especialmente visible en el New Deal, donde las decisiones sobre la admisión o expulsión de los recién llegados se ven influidas por su nacionalidad o región de origen. En la práctica, esto se traduce en políticas migratorias europeas racistas que favorecen a los nacionales de países considerados económica o políticamente estables, mientras que los procedentes de regiones en crisis son vistos principalmente como inmigrantes «irregulares». Además, obligados a seguir el cada vez más complejo proceso de asilo en los países europeos, se enfrentan a obstáculos administrativos para acceder a su solicitud de protección [24], garantizada por el derecho internacional. Recientemente, varios países europeos han adoptado nuevas legislaciones nacionales que burlan el acceso a una política de acogida digna, como es el caso de Francia con la adopción de la Ley de Asilo y Migración en diciembre de 2023 [25]. Millones de personas en Europa han huido al exilio.
En la década de 1970, Europa, y en particular las antiguas potencias coloniales como Francia y el Reino Unido, organizaron una afluencia masiva de personas procedentes de las antiguas colonias con el fin de proporcionar mano de obra barata para reconstruir los países de la posguerra. La utilización de una mano de obra procedente en gran parte de antiguos países colonizados representa materialmente la explotación y la dominación de una parte de esta población. Mientras que Frantz Fanon, en su libro «Les Damnés de la Terre» (Los desdichados de la Tierra), trata principalmente del colonialismo y de los efectos psicológicos de la opresión sobre los pueblos colonizados, Achille Mbembe retoma su fórmula para hablar hoy de los «condenados del mar» que, si buscan refugio, encuentran de hecho el hambre en Europa. Hoy, las políticas de austeridad han debilitado sus esperanzas de una vida digna en Europa. Ante las sucesivas crisis económicas que han sufrido los países europeos en los últimos treinta años, se ha señalado a la inmigración como responsable en parte de la costosa política social [26]. Como respuesta, la nueva política migratoria ha tenido un gran impacto en el derecho de asilo en los Estados miembros, lo que ha provocado un aumento del nacionalismo cada vez más centrado en la noción de las fronteras como baluartes contra la inseguridad y el «maremoto» que supondría la inmigración irregular [27].
Sin embargo, los inmigrantes indocumentados siguen desempeñando un papel importante en nuestras economías europeas. Por ejemplo, la transición ecológica, que prevé la adopción de vehículos sin emisiones de carbono para 2030, refuerza en gran medida la explotación de los inmigrantes sin papeles. Hungría aspira a ser el primer productor de baterías para vehículos eléctricos [28]. Para lograrlo, está facilitando la llegada de inmigrantes indocumentados para producir estas baterías [29]. Mientras Giorgia Meloni colabora con las autoridades tunecinas para reforzar los controles en la frontera marítima y evitar que los recién llegados alcancen las costas italianas [30], los grandes agricultores del sur de Italia siguen beneficiándose de la mano de obra agrícola barata [31]. La línea que separa Europa del resto del mundo, especialmente los países del Sur, se describe a menudo como la Fortaleza Europa. Con el pretexto de «gestionar la crisis migratoria», la UE opta por una forma de regulación que parece responder a las fluctuantes exigencias del mercado mundial [32].
Este pacto, más centrado en la gestión de las consecuencias que en la puesta en marcha de respuestas estructurales destinadas a reducir el número de muertes en las fronteras, caracteriza las políticas migratorias actuales y sus lógicas racistas y necropolíticas. Con una economía globalizada basada en la sobreexplotación, las grandes cadenas que nos alimentan determinan ahora si tenemos o no derecho a la movilidad [33]. En este contexto, la cuestión de las fronteras se vuelve crucial. La necropolítica europea se inscribe en una lógica de mercado en la que la Fortaleza Europa mantiene a la mano de obra fuera de la UE o en Europa en condiciones deplorables.
Conclusión
Una cosa está clara: el Nuevo Pacto sobre Asilo e Inmigración marca un punto de inflexión decisivo, consolidando un enfoque centrado en las fronteras y reforzando los obstáculos a las llamadas llegadas «irregulares». Mientras la UE afirma ejercer un control sobre los flujos migratorios para garantizar la seguridad y la integridad de sus miembros, este pacto revela una orientación mortífera, en la que la selección de los recién llegados viene dictada por criterios heredados en gran medida de un sistema colonial. Las bases de esta política se asientan en un contexto económico globalizado, donde las desigualdades entre los trabajadores de las grandes potencias económicas y los de la periferia definen la dinámica de las cadenas de valor mundiales. La Fortaleza Europa emerge así como símbolo de esta gestión selectiva de la mano de obra, que favorece a los nacionales de países considerados política o económicamente estables (que suelen ser blancos), mientras que excluye o margina a los procedentes de regiones en conflicto o en crisis (que suelen estar racializados).
Detrás de esta fachada de regulación se esconde una realidad más oscura. Las políticas migratorias actuales a menudo resultan ser respuestas superficiales, que se centran en las ansiedades racistas agitadas por sectores de extrema derecha de la población en lugar de en las causas profundas de la migración, especialmente en el período previo a las elecciones europeas de junio de 2024. Esta retórica basada en el miedo es en gran medida creada y explotada por los partidos de extrema derecha en su beneficio. En un clima en el que la extrema derecha está creciendo muy rápidamente, es crucial volver a centrar el debate en el desarme de las fronteras y la acogida de las personas en el exilio. Por encima de todo, esto significa reconocer la humanidad de las personas que se enfrentarán a las realidades del nuevo Pacto, donde los bordes afilados de las políticas migratorias amenazan su dignidad y sus vidas."
( Emmanuelle Carton , CADTM, 24/05/24, traducción DEEPL, notas en el original)
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