Carlos Martín Urriza @carlosurriza
(1/14) Por fin, el Ministerio de Vivienda nos hace caso y toma medidas contra los alquileres turísticos y de temporada. Es un paso en la buena dirección, pero claramente insuficiente.
(2/14) Tener que justificar en el contrato porqué el alquiler es temporal es una buena idea, incluida en la Proposición de Ley del Sindicato de Inquilinas que hemos presentado recientemente junto a otros grupos parlamentarios.
(3/14) Falta, no obstante, extender los derechos, que la LAU reconoce a los inquilinos permanentes, a los inquilinos de alquiler de temporada y habitaciones. Esto también está en la Proposición de Ley, pero el Ministerio de Vivienda aún no lo ha hecho suyo
(4/14) Cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios tengan más fácil prohibir los alquileres turísticos no está mal, pero es una solución parcial y precaria, pues le pasa la pelota del problema a los vecinos
(5/14) Esta solución no es eficaz porque: 1. En las grandes ciudades ya hay bloques enteros destinados al alquiler turístico donde no hay comunidad de vecinos q pueda oponerse 2. Presupone que los vecinos están sensibilizados con q otros conciudadanos puedan acceder a una vivienda
(6/14)3. Los propietarios de viviendas turísticas suelen tener mucha más capacidad de negociación y persuasión q el resto de vecinos, muchas veces ancianos o sin ganas de líos. Por tanto, el problema no se arregla con esta medida, pretenderlo es hacer política a lo Poncio Pilatos
7/14) Terminar con los alquileres turísticos pasa por rebajar su rentabilidad elevando su fiscalidad estatal. Hacer que paguen un IVA del 21%, como ha propuesto el Ministro Bustinduy, avanza en esa dirección. Asimismo, hay que subir su IRPF e IS para completar la rebaja
(8/14) El nuevo registro de alquileres turísticos y de temporada propuesto por Vivienda es en realidad una obligación impuesta por la normativa europea. La colaboración de las plataformas comerciales donde se anuncian estas viviendas aceleraría y facilitaría su confección
(9/14) Por último, el M. de Vivienda sigue fallando en impulsar la creación de un gran parque público de vivienda. Esto es clave para solucionar la emergencia habitacional que vivimos resultado de la burbuja de precios en la vivienda que, nuevamente, padecemos
(10/14) Crear un parque público de vivienda no descalificable para el alquiler asequible pasa, en primer lugar, por movilizar los miles de viviendas vacías en zonas tensionadas. Mediante la rehabilitación, agencias públicas para el alquiler garantizado y elevando su fiscalidad.
11/14) Y, en segundo lugar, por un Estado que haga de promotor directo de viviendas en suelo público y con financiación procedente de los créditos blandos de la Adenda. El parque podría reunir 1,5 millones de viviendas en zonas tensionadas en los próximos 5 años
(12/14) Desafortunadamente Vivienda sigue estancada en el fallido esquema de colaboración público-privado para solucionar el problema de la vivienda. Prueba de que no funciona son los millones de VPOs que se construyeron en el pasado y que han terminado en el mercado especulativo
13/14) Hoy Vivienda ha ahondado en este esquema anunciando que avalará financieramente a las inmobiliarias privadas. Hace poco el Congreso, afortunadamente, tumbó su propuesta de desregulación del suelo que le demandan las inmobiliarias junto a la cesión de suelo público
(14/14) La única respuesta a un mercado de la vivienda ineficaz por defecto es una intervención pública multidimensional que a través de un Estado emprendedor y promotor de viviendas nos ahorre la ‘astilla’ de las inmobiliarias y bancos, y termina con la extracción de rentas
En cualquier caso, se avanza. Hace dos días el PSOE defendía que la vivienda era un bien de mercado y estaba más preocupado por defender los derechos de los pequeños propietarios que por los que no pueden ejercer su derecho de acceder a una vivienda.
4:05 p. m. · 3 jul. 2024 12,9 mil Reproducciones
"Vivienda anuncia que limitará los alquileres temporales y autorizará prohibir los pisos turísticos.
Se modificarán la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal para restringir este tipo de alquileres, que están provocando un aumento en los precios.
El Ministerio de Vivienda planea elaborar un real decreto urgente para desarrollar el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Este decreto especificará las condiciones de los alquileres temporales, obligando a los usuarios a acreditar y justificar la razón del alquiler al formalizar el contrato.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha informado que estos contratos deberán registrarse en la nueva plataforma anunciada por el Gobierno, que centralizará todas las modalidades de alquiler, incluidos los turísticos y de habitaciones.
"Igual que se nos puede requerir nuestra nómina", al firmar el contrato de alquiler, "se requerirá la causalidad de esa temporalidad", ha dicho Rodríguez. "No se podrá abusar de una temporalidad, sino proteger y dar seguridad jurídica a quienes necesitan este tipo de alojamientos que ahora están tensionando los alquileres, del mismo modo que lo hacen los turísticos".
También ha
reclamado a las administraciones "trabajar por una vivienda digna a
precios asequibles". "Vamos a avanzar en la regulación, habrá que
acreditar la temporalidad y nos vamos a dotar de un registro, para poder
fiscalizar, perseguir y sancionar" a quienes no cumplan la ley.
Con estas medidas,
se pretende establecer mecanismos para evitar que se eluda la LAU y
garantizar que los contratos de alquiler de temporada se utilicen únicamente para estancias temporales. Esto es en respuesta al creciente uso de esta modalidad para sortear la Ley de Vivienda, lo cual está generando tensiones en el mercado residencial, afectando tanto el acceso a la vivienda como los precios.
Los alquileres turísticos deberán ser autorizados
En cuanto al alquiler turístico, Rodríguez ha subrayado la "disposición" del Gobierno para intervenir respetando las competencias autonómicas y locales. Ha señalado que, al tratarse de una actividad económica, los alquileres turísticos deberán ser autorizados por las comunidades de vecinos.
Con este propósito, se reformará y "ajustará" la Ley de Propiedad Horizontal para otorgar mayor poder a los vecinos y hacer que su consentimiento sea crucial para permitir o rechazar este tipo de actividad económica en los edificios. Según la ministra, esta modificación se realizará de manera precisa y se buscará el consenso con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores involucrados.
"Actualmente, la ley no especifica los criterios para este veto por parte de las comunidades de vecinos. Con la redacción en la que estamos trabajando, se establecerá claramente que se requiere una autorización previa de la comunidad, que deberá ser aprobada por tres quintas partes de los propietarios", ha explicado Rodríguez.
La ministra insta a las administraciones "a destinar todos los recursos necesarios en las áreas donde surjan conflictos entre el derecho a la vivienda y estas actividades, para que podamos lograr un objetivo común más amplio".
No obstante, el registro estará disponible en unos meses. "La Unión Europea nos ha dado plazo hasta 2026, y nos hemos comprometido a tenerlo listo para 2025,
pero intentaremos adelantarnos", ha declarado la ministra de Vivienda.
Aún no se ha detallado el funcionamiento exacto del registro, pero
probablemente implicará una especie de matrícula para monitorizar el tipo de alquiler de cada vivienda.
"La propuesta de Rodríguez perpetúa prácticas abusivas"
Tras la rueda de prensa de la ministra de Vivienda, el Sindicato de Inquilinas ha manifestado que las medidas propuestas por Rodríguez "no solo son ineficaces, sino que perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos".
Aseguran que el reglamento propuesto permite seguir utilizando el alquiler temporal para cobrar honorarios al inquilino o para hacerle pagar una fianza más alta de la permitida. "Esto sigue siendo una brecha para burlar la regulación de precios y para aumentar el precio cada año, algo que en un alquiler habitual solo se podría hacer cada cinco años", exponen. El sindicato concluye que desviar la oferta al mercado del alquiler temporal "sigue siendo rentable para los propietarios especuladores".
Sobre la plataforma web que ha propuesto la ministra, el sindicato ha declarado que "es, en realidad, un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal". Añade que "transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas y puede tardar mucho tiempo en implementarse, tal como ya se vio con el índice de alquileres".
Insisten en que los alquileres temporales han aumentado un 56% en detrimento del alquiler habitual. "El motivo no es porque haya más demanda, sino porque quienes especulan con la vivienda los utilizan para aumentar sus beneficios", aseguran. "Esto sigue tensionando el acceso a la vivienda y potenciando el desplazamiento hacia el alquiler temporal".
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