"EE.UU.: los elevados precios de la insulina ponen en peligro vidas . El Congreso debe abordar los precios exorbitantes que muchas personas pagan por medicamentos esenciales.
- El hecho de que el gobierno estadounidense no garantice un acceso equitativo y asequible a la insulina viola el derecho a la salud de las personas con diabetes y provoca consecuencias trágicas para muchas de ellas.
- Un sinfín de personas que no pueden costear el alto precio de la insulina no solo ponen en peligro sus recursos económicos, sino que pagan con su salud, su vida y su sustento.
- El gobierno de Estados Unidos debe promulgar políticas que garanticen que los medicamentos esenciales, como la insulina, sean asequibles para todos los que los necesitan, independientemente del seguro, la condición económica o el estatus de ciudadanía.
(Washington, DC, 12 de abril 2022) – El hecho de que el Gobierno de Estados Unidos no garantice un acceso equitativo y asequible a la insulina viola el derecho a la salud de las personas con diabetes y provoca regularmente consecuencias trágicas para muchas de ellas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 92 páginas “‘If I’m Out of Insulin, I’m Going to Die:’ United States’ Lack of Regulation Fuels Crisis of Unaffordable Insulin,” (“‘Si me quedo sin insulina, me voy a morir’: la falta de regulación de Estados Unidos alimenta la crisis de la insulina inasequible”) describe las repercusiones en materia de derechos humanos de las políticas del Gobierno estadounidense que hacen inasequible para muchas personas una medicación esencial para la vida, como la insulina. Human Rights Watch descubrió que los precios exorbitantes de la insulina y la cobertura inadecuada del seguro médico pueden hacer que las personas tengan que pagar mucho dinero de su bolsillo por la insulina, contribuyendo a un racionamiento de medicamentos peligroso y potencialmente letal, obligando a las personas a renunciar a otras necesidades básicas y afectando desproporcionadamente a los grupos social y económicamente marginados.
“Las personas que necesitan insulina no deberían arruinar su economía para sobrevivir, pero en EE.UU. a menudo sucede”, dijo Matt McConnell, investigador de justicia económica y derechos de Human Rights Watch. “Dado que EE.UU. no regula los precios de los medicamentos ni garantiza una cobertura adecuada de los costos de la insulina, innumerables personas que no pueden permitirse la costosa insulina no solo están forzando sus recursos económicos, sino que pagan con su salud, sus vidas y sus medios de vida”.
Unos 27 millones de adultos en Estados Unidos han sido diagnosticados con diabetes, y unos ocho millones utilizan uno o más tipos de insulina para regular su nivel de azúcar en sangre. Sin ella, las personas pueden experimentar un alto nivel de azúcar en sangre, o hiperglucemia, que puede dar lugar a complicaciones graves e incluso mortales. Pero en EE.UU., la forma más recetada de este fármaco que salva vidas – los análogos de la insulina – puede costar más de 300 dólares por un solo dosis, lo que puede suponer más de 1.000 dólares al mes si se carece de una cobertura sanitaria adecuada.
Los motivos de estos elevados precios están claros. A diferencia de la mayoría de los países, Estados Unidos no regula directamente los precios de los medicamentos. No hay sistemas que establezcan un precio justo para los medicamentos antes de que entren en el mercado o que restrinjan cuánto pueden aumentar los precios los fabricantes o los intermediarios. Los precios de la insulina analógica en Estados Unidos son hasta más de ocho veces superiores a la media de los otros 32 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
“Somos el país más rico del mundo, pero la gente tiene que prescindir de la medicación”, dijo Emily Grant, de 29 años, de Dallas (Texas), al hablar del coste de su insulina. “No hay nada que pueda hacer sobre la trayectoria de mi enfermedad, salvo seguir los planes de tratamiento que me indican mis médicos. Y no creo que esté bien decir: ‘Oh, bueno, o te lo pagas o te mueres’”.
Human Rights Watch entrevistó a 50 personas, entre ellas 31 con enfermedades crónicas, 18 de las cuales tenían diabetes insulinodependiente. Human Rights Watch también revisó extensas fuentes secundarias y datos de precios disponibles públicamente para tres de los análogos de insulina más utilizados: Humalog, Novolog y Lantus. Cada uno de estos medicamentos es producido por una de las tres multinacionales farmacéuticas que dominan colectivamente el mercado mundial de la insulina, respectivamente: la estadounidense Eli Lilly, la danesa Novo Nordisk y la francesa Sanofi.
Estos fabricantes han aumentado los precios de estos medicamentos en cientos de puntos porcentuales, ajustados a la inflación, desde su introducción en el mercado a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, según la información que estas empresas presentaron a las investigaciones gubernamentales y otros datos disponibles públicamente que revisó Human Rights Watch. Aunque estas rápidas subidas de precios se han ralentizado o han cesado en los últimos años bajo el escrutinio de los responsables políticos, los pacientes, los defensores y los medios de comunicación, los precios siguen siendo elevados y afectan negativamente a la vida de las personas que no disponen de un seguro médico adecuado o de ayudas benéfica para mitigar los costes.
Casi todas las personas dependientes de la insulina entrevistadas dijeron que habían racionado la insulina analógica porque era muy cara, tomando menos medicina de la recomendada por su médico para alargar su suministro. Human Rights Watch también descubrió que los elevados gastos de bolsillo pueden socavar el nivel de vida de las personas que necesitan insulina, ya que un mayor porcentaje de sus ingresos se destina a este medicamento que salva vidas en lugar de a otras necesidades básicas, como la alimentación, el alquiler y la vivienda.
Las cargas derivadas de los elevados costos de los medicamentos son intrínsecamente regresivas, ya que las personas más pobres deben pagar una parte mucho mayor de sus ingresos por sus medicamentos, en igualdad de condiciones. Las comunidades históricamente marginadas, discriminadas e insuficientemente atendidas en EE.UU. también se ven afectadas de forma desproporcionada tanto por la diabetes como por sus consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, aunque unas 356 personas con diabetes sufrieron una amputación de miembros inferiores cada día en los Estados Unidos en 2016, los adultos negros tenían más del doble de probabilidades de sufrir una amputación relacionada con la diabetes que los adultos blancos.
La insulina inasequible socava los derechos humanos en virtud del derecho internacional, incluido el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho al acceso equitativo y asequible a los medicamentos esenciales, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y la no discriminación, y el derecho a un nivel de vida adecuado.
El gobierno de EE.UU. debe promulgar políticas que garanticen que los medicamentos esenciales, como la insulina, sean asequibles para todos los que los necesiten, independientemente del seguro, la riqueza o el estatus de ciudadanía. Esto puede requerir una legislación que reduzca y regule los precios de los medicamentos esenciales como la insulina. El Congreso también debería mejorar la asequibilidad y disponibilidad de un seguro médico de calidad para las personas con ingresos bajos y medios.
A pesar de la regulación gubernamental, todas las empresas tienen también la responsabilidad de respetar los derechos humanos y asegurarse de que no causan o contribuyen a abusos de los derechos humanos según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Las empresas que intervienen en la fijación de los precios de los medicamentos, incluidos los fabricantes de productos farmacéuticos, los gestores de beneficios farmacéuticos, los proveedores de planes de salud y las farmacias, deben tomar medidas para identificar y rectificar las prácticas que contribuyen a que la insulina sea inasequible para las personas que la necesitan.
“Nuestro sistema de precios es cruel y regresivo, ya que permite medicamentos a precios elevados, no regulado y a menudo no mitigado, y ha consentido a las empresas exprimir a algunas de las personas más vulnerables del país por un producto sin el que no pueden vivir”, dijo McConnell. “Pero disponemos de las herramientas para solucionar esta crisis”.
( Human Rights Watch, 13/04/22)
"Dice Isabel Díaz Ayuso en el prólogo del libro de Esperanza Aguirre Una liberal en política (Deusto), que los madrileños tienen “una deuda de gratitud” con ella, presidenta de la región durante nueve años.
Pero su mandato acumula casos de corrupción (Lezo, Púnica, Gürtel, Ciudad de la Justicia...) y sus antiguos cargos (Ignacio González, Francisco Granados, Alfredo Prada, Alberto López Viejo...) reúnen peticiones o condenas de decenas de años de prisión que la ministra con José María Aznar aún minimiza, pese a que dimitió por los escándalos. Este fin de semana participa en un acto con el presidente argentino, Javier Milei, el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros y el periodista Iker Jiménez, habitual propagador de bulos. Fuera de la primera línea desde 2017, Aguirre (73 años) trata de inyectar su “liberalismo radical” en el PP. De momento, la prologuista de su nuevo libro es su mejor alumna.
Pregunta. Dice: “La derecha debería hacer suyas muchas de las propuestas que predica Milei. Aunque solo sea porque, como Thatcher y Reagan, provoca la violencia de todos los seguidores del social-comunismo”. ¿A qué se refiere con violencia? ¿Le gustaría ver a un Milei en España?
Respuesta. Con lo de la violencia me refiero a violencia verbal, a que los excita. Y me encantaría ver un Milei en España, pero aquí a nadie le gusta presumir de motosierra. Con una gran dosis de histrionismo que aquí nos choca, ha conseguido atraer a la juventud.
P. Vincula el nacimiento de Vox a la renuncia del PP a la defensa de sus principios y valores. ¿Le ha hecho Vox en estos años alguna oferta para pasarse a sus filas?
R. No. Conozco bien a Santiago Abascal y es una persona estupenda. Discrepo en muchos temas con Vox, por ejemplo, yo soy partidaria del Estado autonómico, pero estoy de acuerdo en lo más importante: la unidad de España, la defensa de la propiedad, de la vida, del imperio de la ley... El nacimiento de Vox lo vinculo, sobre todo, al incumplimiento del programa electoral del PP. En 2011 teníamos una mayoría de 186 escaños y no cumplimos el programa. Montoro [Cristóbal, ministro de Hacienda] subió los impuestos, de lo que curiosamente está muy orgulloso; íbamos a cambiar el método de elección del Consejo General del Poder Judicial, Alberto Ruiz-Gallardón llegó a presentar el proyecto y lo tuvo que retirar, seguramente le obligaron. No derogamos la ley de memoria histórica... Zapatero, y en eso hay que copiar al adversario, nada más llegar, retiró a las tropas de Irak, derogó el Plan Hidrológico Nacional y suspendió la entrada en vigor de la Ley de Calidad de la Educación.
P. En este libro revela algún dato más, que no contaba en Yo no me callo, sobre el congreso del PP de Valencia de 2008. Afirma que Pedro J. Ramírez, entonces director de El Mundo, le pidió que presentase su candidatura frente a la de Mariano Rajoy y que Aznar y Francisco Álvarez Cascos, a los que llegó a consultar, se lo desaconsejaron. ¿Qué peso diría que tiene hoy su corriente, el liberalismo “radical”, como usted misma lo llama, en el PP?
R. La noche electoral, Viri [Elvira Fernández, esposa de Rajoy] me dijo: ‘Por favor, dile que lo deje’. Y no se lo dije. Sabía que presentarme era prácticamente imposible porque había que tener 600 avales de compromisarios electos, Madrid tenía 200 y a mí solo me apoyaba el País Vasco de María San Gil. Y además se casaba mi hijo. Si Mariano hubiera hecho lo que parecía que iba a hacer la noche electoral, es muy posible que yo me hubiera presentado. Consulté, efectivamente, con Cascos y Aznar y los dos me dijeron que lo mejor era que se presentara Mariano. ¿Y qué peso tiene hoy mi corriente en el PP? Diría que peso pluma, pero en dos temas fundamentales se ha tomado la decisión liberal: vivienda [en contra del criterio de control de precios] y energía nuclear [a favor].
P. En la página 119 del libro dice: “Esta confusión que lleva a muchos a creer que es el Estado el que crea puestos de trabajo es la misma que lleva a muchos a creer que es el Estado el que tiene la responsabilidad de educar a sus hijos o cuidar de la salud de las personas o de ocuparse de las personas mayores”. Pero en la página 194 asegura que ha sido la derecha “la que mejor ha asegurado el Estado del bienestar”. Parece una contradicción: ¿Usted cree o no en el Estado del bienestar?
R. Yo no creo en el Estado de bienestar para nada. Creo que los ciudadanos tienen que elegir por sí mismos la educación que quieren para sus hijos. Esto de que los hijos no son de los padres, que nos dijo Celaá [Isabel, exministra de Educación] me parece un disparate. Y el Estado no tiene por qué ocuparse de la sanidad de todos.
P. Pero si no hubiera sanidad pública, mucha gente no podría permitirse un ingreso hospitalario, un trasplante...
R. La Sanidad pública la pagan las comunidades autónomas. A mí no me parece mal que haya sanidad o educación públicas, una cosa más que se puede elegir.
P. Hay gente que no tiene capacidad de elegir, esa capacidad suele darla el dinero.
R. No. Tú puedes elegir entre los colegios concertados o públicos y lo mismo en la sanidad si eres funcionario. Se podría dar a toda la población esa capacidad de elegir y, de hecho, en Madrid, conseguimos que las listas de espera bajaran porque dábamos a elegir: si quieres menos de 30 días, te vas a esta clínica privada y la pagábamos nosotros, y si quieres quedarte en tu hospital público, hay esta cola y tendrás que esperar lo que sea.
P. ¿Que la administración destine recursos al sector privado no termina deteriorando al público?
R. Todo lo contrario. La competencia siempre es favorable. Cuando la administración pública funciona en monopolio es el desastre.
P. Los profesores de la pública no lo ven igual.
R. Yo lo que hago es dar a elegir. A los socialistas no les gusta que los demás elijan, les gusta la clientela cautiva. Y a esos profesores de la pública les gustará eso, pese a que están mejor pagados.
P. “Hoy existe en España un marcado caudillismo. Lenin, Stalin, Mao, Castro, Chávez, Maduro y Kim Jong-un han sido o son los sinónimos de sus regímenes. Igual que Sánchez, cuyos rasgos de despotismo narcisista son evidentes y cuya pasión por mandar es indiscutible”. ¿En qué ve similitudes entre Kim Jong-un y Sánchez o entre Corea del Norte y España?
R. Entre Corea del Norte y España yo no veo similitudes. Lo que veo es que Sánchez es narcisista, enfocado solo a mantener el poder a cualquier precio. Un mentiroso compulsivo al que solo le importa el relato, no la verdad, y por ese camino vamos. Sánchez ha cogido la ideología de todos los que le han apoyado, la de los independentistas, que es romper España, y la de los comunistas, que quieren quitar a Felipe VI y poner a un sucedáneo de Maduro, que muy bien podría ser Sánchez.
P. ¿Aznar no era era narcisista? ¿Conoce a algún candidato a la presidencia de un gobierno, incluida usted misma, que no haya querido mandar?
R. Yo no diría que Aznar era narcisista. Y todos los candidatos que conozco lo que querían era aplicar un programa.
P. En el libro es más amable con Franco que con Sánchez. Sostiene que el presidente del Gobierno persigue “una dictadura disfrazada de democracia” y del dictador asegura: “Quitando los primeros años, en los que el régimen de Franco usó saludos y formas falangistas, parecidos a los fascistas de Mussolini, el resto del tiempo fue, sencillamente, un régimen autoritario muy preocupado por el orden público, que permitió la aparición de la clase media con múltiples oportunidades de progresar” y que “muy pronto fue reconocido por el resto de países occidentales como el que había evitado que en España triunfara el comunismo”. ¿El encarcelamiento de miles de presos políticos y las torturas en la sede actual del Gobierno madrileño eran muestras de preocupación o represión? ¿Se puede hablar de oportunidades cuando el Régimen multó a los familiares de miles de fusilados, incautó sus bienes, los depuró de sus puestos de trabajo y forzó al exilio a miles de personas?.
R. Era una dictadura represiva, pero permitió que surgiera la clase media. Claro, a los que habían matado ¿cómo iban a tener oportunidades de progresar? Pero España creció de una manera exponencial.
P. ¿Considera, como cree que hicieron el resto de países occidentales, que el golpe de 1936 estaba justificado “para evitar que en España triunfara el comunismo”?
R. Para evitar que en España triunfara el comunismo no. El golpe del 36 estuvo causado por el asesinato de José Calvo Sotelo. Si el Gobierno de entonces hubiera reaccionado ante eso, no sé si Franco se hubiera unido a la conspiración que existía, pero aquello fue la gota que desbordó el vaso. Y lo que digo es que en la II República no se respetaban los derechos, los medios de comunicación no podían publicar cosas que no gustaran... No fue para nada un régimen de libertades.
P. ¿Y el que vino después sí? ¿La dictadura fue mejor?
R. No creo que fuera mejor en los primeros años, pero a la larga sí fue mejor.
P. Sostiene que la ley de memoria es “nefasta” y que “ha resucitado odios y rencores”. ¿Qué casos de enfrentamiento conoce a raíz de esta legislación, que lleva aplicándose desde 2007?
R. Están retirando algunas cosas que no se entiendo por qué y mantienen la estatua de Largo Caballero, el Lenin español.
P. ¿Cree que debería haber hoy estatuas o calles dedicadas a Franco?
R. No, pero no se pueden borrar 40 años de la historia de España, que tienen muchísimas cosas negativas, hechos vergonzosos, pero también hechos positivos. Lo que digo es que lo que pretende la ley es imponer un relato falso. A nosotros nos daban una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional y no imponían el relato.
P. ¿Cree que el franquismo no impuso un relato en la dictadura?
R. Por supuesto que pretendían imponerlo. Desconozco si se impuso o no.
P. ¿Ha leído las leyes de memoria que considera nefastas y que llama a derogar?
R. La primera la leí en su día y el primer artículo me gustó muchísimo, luego ya no, pero de esto hace mucho tiempo. La nueva [la de 2022] no la he leído.
P. Relata que cuando le comunicó al Rey que dimitía, en 2012, él le respondió: “Eso es lo que yo tendría que hacer”. ¿Qué opina de los escándalos que rodean hoy al rey emérito?
R. Pienso que quien esté libre del pecado, que tiene la primera piedra.
P. Pero la ejemplaridad debería formar parte de una institución como la monarquía, ¿no?
R. Evidentemente. Por eso tenemos a un Rey que es ejemplar.
P. ¿Le decepcionó el comportamiento de su padre?
R. No. El rey Juan Carlos ha hecho por España mucho más que cualquier otra figura histórica porque teniendo todos los poderes, se los cedió al pueblo español. Una cosa es lo que hizo el Rey por España y otra cosa es que haya tenido sus fallos, como los tenemos todos.
P. ¿Acertó Felipe VI al retirarle a su padre la asignación presupuestaria?
R. El rey Felipe hizo en todo momento lo que creía que tenía que hacer.
P. Cargos del PP en sus gobiernos acumulan decenas de años de condena de cárcel por corrupción o tienen aún causas pendientes con la justicia. Cuentas en el extranjero, testaferros, contratos amañados, financiación ilegal, dopaje electoral … Dedica buena parte del libro a celebrar su gestión al frente de la Comunidad de Madrid, pero apenas alude a esos escándalos de corrupción, salvo para decir que sigue sin saber por qué González entró en la cárcel ¿Conoce otros gobiernos en España con esa acumulación de cargos procesados y esos años de condena?
R. Mire dónde estamos ahora: Leire, Ábalos, Koldo, Aldama...
P. En esos casos aún no hay condenas. En los que afectan a sus gobiernos hay varias, y causas aún pendientes.
R. Con Prada la sentencia reconoce que no se ha llevado un duro, pero lo que creen que hizo mal es que en la Ciudad de la Justicia dedicó mucho dinero a promocionarla [El proyecto fue presentado 72 veces y llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón] y solo hizo un edificio. Si resulta que malversar si no te lo llevas al bolsillo es bueno si eres nacionalista y si eres consejero autonómico no... A Granados lo condenaron por hablar con un Guardia Civil [fue condenado por un delito agravado de aprovechamiento de revelación de secreto por funcionario público para destruir pruebas y esconder dinero y además le piden ocho años por la financiación ilegal y tiene otras causas pendientes]. López Viejo fue condenado [a 27 años de prisión] porque se llevaba comisiones y yo lo condeno, pero al lado de Ábalos, ¡vamos!
P. Al igual que Vox, critica con dureza la Agenda 2030, los objetivos de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Dice que es la agenda de los comunistas. ¿La ONU es comunista?
R. Total. Milei dio un discurso sensacional en la ONU explicando que cuando se crea es un organismo bienintencionado, pero que ha derivado en unas agendas disparatadas, como la 2030. Los artículos los apoyamos todos, pero el modo de llevarlos a cabo, el “sostenible”, el “inclusivo”... son palabras comunistas.
P. ¿Qué tiene de comunista la palabra “sostenible”?
R. Que no podemos tener energía abundante y barata. La agenda 2030 pretende empobrecernos y, de hecho, Europa se está empobreciendo por culpa de esa agenda.
P. Afirma que cultivó su ideología liberal, entre otras cosas, leyendo The Economist. La revista coronó a España como la mejor economía avanzada de 2024. ¿Se ha dado de baja en la suscripción?
R. Esa suscripción fue hace 40 años. The Economist ya no es lo que era. Mucho mejor el Daily Telegraph [periódico conservador que apoyó el Brexit y que ha asegurado, sin pruebas, que el apagón se debió a un supuesto experimento de las autoridades españolas para saber cuánta generación verde era capaz de digerir el sistema eléctrico nacional ante un futuro escenario sin nucleares]." ( Natalia Junquera , El País, 05/06/25)
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