"El magistrado ponente en los recursos de apelación del fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García, y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, era Andrés Palomo.
Y Palomo llevó el 15 de julio pasado, fecha para deliberar y votar, una propuesta de ponencia en la que se archivaban las actuaciones de Hurtado.
Por dos grandes bloques de motivos: falta de tipicidad o atipicidad -en román paladino: ausencia de delito- e insuficiente prueba de que el fiscal general del Estado filtró el correo de la discordia del 2 de febrero de 2024.
Aquel ya famoso correo en el que Carlos Neira, asesor fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid reconocía al fiscal Julián Salto haber cometido dos delitos fiscales (350.951 euros sobre casi 2 millones de euros ganados por intermediar la venta de mascarillas en los ejercicios 2020 y 2021).
Resulta que Palomo ya había discrepado de sus pares Julián Sánchez Melgar (presidente de la Sala y ponente en esa deliberación) cuando se trató el recurso del FGE contra la orden de entrada y registro del juez Hurtado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en su despacho y en el de la fiscal jefe de Madrid, el 30 de octubre de 2024.
Fuero doce horas de clonar ordenadores y teléfonos para extraer información de un periodo de ocho meses reducido después por decisión de la Sala de Recursos a cuatro días habida cuenta de lo desproporcionado de la instrucción inicial.
Pero ante la argumentación de Sánchez Melgar y Porres estilo Soviet Supremo de que no convenía presentar voto particular y que era necesario guardar la apariencia de unanimidad- argumentos que algunos de sus pares niegan haber expresado- Palomo no presentó voto discrepante ni se hizo constar en el auto que avaló la orden de entrada y registro que votaba en contra de la posición de Sánchez Melgar y Porres.
Pero ahora, el 15 de julio, fecha de la deliberación y votación del recurso de apelación contra el auto de procesamiento dictado por Hurtado, el magistrado Palomo causó cierto sentimiento de zozobra en la Sala.
Porque hasta entonces la Sala de Recursos había respaldado la mayor parte de las resoluciones de Hurtado.
El hecho de que tras una exhaustiva reconstrucción de la secuencia de filtraciones en la causa - a diferencia de la “técnica del salchichón” utilizada por el instructor
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20250522/juez-hurtado-obligado-probar-lonchas-117724630
- propusiera Palomo el archivo de las diligencias contra Pilar Rodríguez simplemente por una manifiesta ignorancia exhibida por el instructor sobre el funcionamiento jerárquico del Ministerio Fiscal provocó un acuerdo para exonerarla. El magistrado Sánchez Melgar, que fue fiscal general del Estado con el gobierno de Rajoy (diciembre 2017-junio 2018), expresó su acuerdo, lo mismo que Porres con la iniciativa de archivar el caso contra ella.
“Discrepancias y divergencias totalmente incompatibles”
Pero en el caso del fiscal general del Estado los magistrados le dieron varias vueltas para conseguir la unanimidad a partir de la reunión deliberante del 15 de julio.
Pero no hubo manera.
Hasta que asumió que las discrepancias, como ha señalado Palomo en su voto particular, se eran "radicalmente divergentes" y "totalmente incompatibles".
Vaya no era una mera "cuestión de matiz", según Palomo.
Dos semanas más tarde EL PERIÓDICO informó este lunes 28 de julio, en exclusiva, que la decisión abocaba al fiscal general al juicio oral al desestimarse su recurso de apelación.
Con el voto particular tan minucioso de Palomo, la instrucción de Hurtado llega herida al próximo juicio oral.
El tribunal de enjuiciamiento será presidido por Andrés Martínez Arrieta que asumirá la presidencia de la Sala Penal a primeros de septiembre.
La ponente será Susana Polo, quien ya fue reticente a admitir la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en octubre de 2024 según la cual una nota informativa difundida por la Fiscalia General del Estado el 14 de marzo de 2024 tenía posibles carácteres delictivos de revelación de secretoy.
Pero que, finalmente, se plegó Polo a la posicion de Manuel Marchena, entonces presidente de la Sala Penal y de la Sala de Admisión, según ella misma ha relatado a magistrados amigos “porque se trataba de realizar unas cuantas diligencias y archivar el caso como siempre se suele hacer con las filtraciones, sin llegar a nada”.
El surrealismo de lo que será el juicio en que se ha metido la Sala Penal del Supremo -”ya quisiera apartar de mi este cáliz” dijo uno de ellos a este cronista- queda patente cuando se advierte que la teniente fiscal del Supremo Ángeles Geli Sánchez Conde lógicamente no acusará.
Y que los acusadores populares serán el procesado por dos delitos fiscales y para ese momento, ya acusado, Alberto González Amador, para quien laFiscalía de Madrid pide 3,9 años de prisión y la Abogacía del Estado esa misma pena más una multa de 448.000 euros; el sindicato Manos Limpias; el ICAM (Colegio de Abogados de Madrid), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la fundación Foro & Alternativa."
( Ernesto Ekaizer , blog, 30/07/25)
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