"¿Cuánto nos ha costado la borrachera bancaria? Es una pregunta que
me plantean frecuentemente y que me resulta difícil de contestar.
Hace
pocos días, el diario Público (12 de septiembre) lo evaluaba en 126.000
millones de euros, aunque anteriormente el mismo periódico (1 de
noviembre de 2010) lo había evaluado en 160.000 millones.
Seguramente,
la dificultad estriba en el hecho de que los tipos de ayuda han sido de
muy distinto tipo y el cálculo depende de qué cosas se computen y qué
efectos tengan. Básicamente, la ayuda directa del Estado al sistema
financiero ha consistido en tres tipos de medidas.
En primer
lugar la compra de activos “de alto valor”, básicamente titulaciones
hipotecarias. El Estado compra deuda hipotecaria a los bancos, éstos
obtienen el dinero por adelantado y el Estado en teoría lo recupera a
medida que se van devolviendo las hipotecas.
El presupuesto para estas
compras era de 50.000 millones de euros, aunque, según los datos
publicados, sólo se compraron unos 38.000. En teoría, el coste público
sólo es un adelanto de dinero, pero es bastante probable que lo del
“alto valor” no se cumpla (como se ha podido comprobar a lo largo de la
crisis, muchos activos hipotecarios han resultado incobrables) y que al
final se pierda una parte de lo comprado.
Habría sido mucho más
razonable que el Estado hubiera comprado a los bancos parte de sus
activos de viviendas vacías a un precio tasado, pues ahora al menos
tendríamos un parque público de vivienda.
En segundo lugar,
están los avales a las emisiones de deuda privada. Los altamente
endeudados bancos y cajas españoles requerían urgentemente de dinero
para ir devolviendo su deuda. El aval público les ha permitido obtener
nueva financiación (y, seguramente, más barata).
Si siguen pagando los
bancos el coste es pequeño, pero si dejan de pagar, como ha pasado con
las quebradas CAM, Cajasur y Caja Castilla la Mancha) la deuda privada
se convierte automáticamente en pública. La cuantía de estos avales
asciende a cerca de 80.000 millones de euros.
En tercer lugar
esta el FROB (Fondo de Regulación y Ordenación Bancaria), diseñado para
financiar la reestructuración de entidades en dificultades. En teoría se
trata de un préstamo al 4,5% de interés, pero si el banco finalmente
quiebra o no puede devolverlo, la deuda se capitaliza y, de hecho, es el
Estado el que carga con todo el coste.
Inicialmente el FROB planeó una
inversión de 9.000 millones de euros, aunque esta cantidad ya se había
invertido en su totalidad antes de aprobarse la última tanda de
inversiones en Nova Caixa Galicia, Unnim y Catalunya Caixa.
Para salvar a
los bancos no parece haber tantas rigideces presupuestarias como para
recortar el gasto sanitario.
Lo que es indudable es que parte
del endeudamiento exterior público ha sido provocado por esta asunción
de deuda privada. Las ayudas reales han sido mayores si a ello se suman
las diferentes reformas de la normativa bancaria que han permitido a los
bancos “liberar” parte de sus reservas, o los créditos ICO que promueve
este organismo público y que gestiona la banca privada (y hay fundadas
sospechas de que una parte de estos créditos no se han canalizado hacia
el resto de las empresas, sino que han servido para mejorar balances
bancarios).
O el hecho de que el Tesoro español ha estado prestando
mensualmente unos 24.000 millones de euros (provenientes de sus excesos
de tesorería) a bajo interés.
Además, debe sumarse a todo ello el masivo
acceso de los bancos a los créditos mensuales a bajo interés que les ha
facilitado el Banco Central Europeo (una media de unos 60.000 millones
de euros al mes a la banca española), unos créditos que, de haberse
prestado a gobiernos como el griego, seguramente habrían paliado la
crisis financiera de ese país.
La crisis bancaria, provocada por los propios excesos de los bancos, ha constituido una grave losa para todos nosotros. (...)
Hay que indicar, sin embargo, que una gran parte de la ayuda se ha
orientado más a la banca mediana y a las cajas de ahorros que a los dos
grandes (Santander y BBVA). Éstos han salido mejor parados de la crisis
porque gran parte de su actividad está fuera de España y han estado
menos implicados en la burbuja inmobiliaria que los demás.
También
porque han tenido un acceso más fácil a los préstamos del BCE, y éste ha
sido un factor que ha facilitado que la crisis financiera se haya
transformado en otro paso hacia la privatización de las cajas.
Hay que exigir cuentas por este desastre financiero." (Rebelión, 07/10/2011, 'Pelear contra el "ajuste inevitable", de Albert Recio Andreu, Mientras tanto electrónico)
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