"Charles H. Ferguson acaba de publicar un libro, Predator Nation:
Corporate Criminals, Political Corruption and the Hijacking of America,
en el que se extiende con gran detalle sobre la criminalidad presente en
las prácticas financieras, mostrando como una elite bancaria controla
hoy en EEUU tanto el poder político como el mediático, señalando que
esto no podría haber ocurrido sin la complicidad de políticos (que
cambiaron las leyes para facilitar el desarrollo de tales actividades
criminales y, más tarde, aprobaron las ayudas públicas a la banca) y de
académicos que utilizaron su prestigio para promocionar tales intereses.
El libro está muy bien documentado y señala el nivel de control que la
elite financiera ejerce sobre la vida económica y política de EEUU. (...)
Una situación semejante ha ocurrido en España donde el comportamiento
altamente especulativo de la banca y su maridaje con la industria
inmobiliaria creó la mayor crisis financiera y económica que España haya
sufrido en los últimos cincuenta años.
Y, como en EEUU, tales
comportamientos fueron facilitados por los sucesivos gobiernos, tanto
centrales como autonómicos y locales, con el apoyo y promoción de los
medios de mayor difusión y centros económicos (muchos de ellos de base
académica) que aplaudieron las medidas que condujeron directamente a la
crisis, una crisis que era fácil de detectar (ver mi artículo “La crisis era predecible” en www.vnavarro.org) y que todos aquellos
establishments financieros, políticos, mediáticos y académicos –imbuidos
todos ellos del dogma neoliberal- fueron incapaces de prever.
Y una vez
la crisis se inició, tales establishments –que continúan imbuidos en
tal dogma- continuaron apoyando recetas que muy pocos denunciamos y que
ahora se han visto ineficaces, dañinas y suicidas económicamente. Una de
tales recetas ha sido la de recortar el gasto público a fin de
disminuir el déficit público y así recuperar “la famosa confianza de los
mercados”, confianza que no existe y tampoco se la espera.
Antes al
contrario, la prima de riesgo española continúa subiendo cada vez que se
anuncian nuevos recortes. (...)
Pero si un documental como Inside Job se hiciera en España la conclusión
sería la misma. Ninguna de las figuras de tales establishments, repito,
ninguno ha terminado en los tribunales. En realidad, la mayoría de
responsables de la crisis continúan ahora llevando a cabo y/o
proponiendo las políticas de austeridad que están empeorando la
situación financiera y económica española.
Hay una continuidad en España
entre los que crearon la crisis y los que están dirigiendo la respuesta
de cómo salir de ella. Y, cómo no, las mismas voces (tanto en los
medios como en academia) que estaban proponiendo la desregulación de los
mercados financieros y laborales están ahora proponiendo las políticas
de austeridad. (...)
Pero existe otra gran diferencia,
resultado que la banca tiene mucho más poder político en España (y en la
Eurozona) que en EEUU. Y es que, el enorme poder político de la banca
en España explica el sesgo legal tan favorable a la banca que aparece en
su máxima expresión en los desahucios, en el que el inquilino no tiene
ningún poder (repito, ningún poder) y el banco lo tiene todo, una
situación única en la Eurozona y en EEUU.
Y otro caso de prepotencia
apareció claro durante la presentación a las Cortes Españolas de
algunos de los responsables de las políticas financieras durante los
últimos años.
De las presentaciones de tales autoridades, parecería que
ningún acto ilegal tuvo lugar, lo cual podría ser cierto pues las leyes
favorecían y continúan favoreciendo a la banca, no siendo infrecuente
que fuera la banca la que escribiera las leyes bancarias, incluyendo las
que determinaron el desastre.(...)
La ley no es igual para todos y lo que ha ocurrido con la banca y sus
comportamientos es un caso claro y convincente de ello. Esta
identificación de ley con orden alcanza mayor relevancia en momentos
actuales donde el ataque frontal a los derechos sociales y laborales que
aparece en las políticas públicas que se están imponiendo a las clases
populares, sin que exista ningún mandato popular para ello, está
llevando a una situación explosiva. De ahí la respuesta masiva del
establishment del país a un hurto de no más de 400 euros en un
supermercado andaluz. (...)
El hecho de que tal hurto se hiciera por unos sindicalistas a fin de
poder alimentar a unas familias en pobreza, sin recursos, alarmó
enormemente al establishment español por su peligro de contagio, de
manera que tanto el Fiscal del Estado como el Ministro del Interior
intervinieron inmediatamente para penalizar a tales sindicalistas.
Ello
es una predecible respuesta que confirma el gran temor y justificada
inseguridad que tiene la estructura de poder basada en unas enormes
desigualdades, de las más elevadas existentes hoy entre los países de
mayor desarrollo económico de la OCDE, siendo un país en el que
coinciden las mayores fortunas del mundo (sí, del mundo) con sectores
populares que viven en los mayores niveles de pobreza existentes en tal
comunidad de países, de la OCDE.
No es, pues, de extrañar, que España,
como ocurre también en países con grandes desigualdades, tenga, junto a
un Estado con escasa sensibilidad social, un Estado con gran desarrollo
de sus aparatos represivos.(...)
El establishment español es consciente del nivel tan desigual de
ingresos y rentas en España, donde tales recursos están altamente
concentrados en sectores poblacionales muy minoritarios (dentro de los
cuales hay los sectores financieros). De ahí su preocupación de que
cualquier acto de agitación social en protesta a tales desigualdades
pueda expandirse, despertando gran simpatía, cuando no apoyo popular. En
un periodo en que tales desigualdades se están acentuando todavía más,
tal preocupación se está convirtiendo en auténtico temor. Es en este
contexto que se entiende la respuesta claramente desorbitada frente a un
hurto de 400 euros en un supermercado andaluz. Como indicó en un gran
titular, el diario conservador La Vanguardia, “el gobierno frenará de
raíz cualquier conato de estallido social” (09.08.12). (...)
El identificar ley con moralidad y/o con rectitud democrática es
ignorar o desconocer el papel de la ley en reproducir un sistema injusto
y escasamente democrático, como es el español.
Lo que han hecho
aquellos sindicalistas es, en un acto de desobediencia civil, mostrar la
situación dramática en la que se encuentran más de un millón de
familias españolas que viven en situaciones miserables (que creíamos
habían ya desaparecido en España), resultado de unas políticas públicas
frente a las cuales la única actitud de decencia democrática es la de
rebelarse frente ellas.
Hay que agradecer a tales sindicalistas que, con
tal acto, la sociedad española se concienciara del impacto que tales
políticas están teniendo en nuestro país." (Artículo publicado por Vicenç Navarro, 10 de agosto de 2012, en www.vnavarro.org, 10/08/2012)
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