"Mohammed Aziz lee con atención el dictamen que ha dejado herida de
muerte la ley hipotecaria española. Su abogado le explica con detalle el
contenido del texto y le informa de las repercusiones que puede tener
para él y para otras miles de personas en su misma situación, en caso de
que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE confirme que la
norma, de principios del siglo XX, no garantiza la protección a los
consumidores.
“Estoy muy contento porque es una situación que no solo
estoy sufriendo yo, sino muchas familias en España”, relata Aziz, un
obrero marroquí que vive en Cataluña con su mujer y dos de sus hijas y
que está orgulloso de que su caso pueda implicar cambios en las
ejecuciones.
A la espera de la sentencia —que podría acabar con las cláusulas
abusivas de los bancos en las hipotecas—, la situación del hombre y de
su familia sigue siendo dramática. Los cuatro viven en un piso de
protección oficial en un municipio del cinturón metropolitano de
Barcelona. Pagan un alquiler de 370 euros al mes.
Pero los ingresos
apenas les dan para cubrir el arrendamiento y unos pocos gastos más: en
casa solo entran 426 euros que percibe Aziz porque sufre una incapacidad
del 33%.
“Se me ha concedido también la renta mínima, pero han pasado
ya dos meses y aún no la he empezado a cobrar”, explica. ¿Cómo subsiste
entonces la familia? “Con ayuda de amigos”, explica sin precisar más.
Las cosas nunca habían ido tan mal. A diferencia de otros tantos
inmigrantes de su país llegados en la ola migratoria que trajo la
bonanza, Aziz vivía y trabajaba en España desde mucho antes. En 2003,
pidió un préstamo para comprar su vivienda.
Tres años más tarde, la
empresa donde trabajaba como soldador le hizo fijo. Y, en 2007 —el
último año del boom económico que puso por las nubes el precio de los
pisos— decidió volver a hipotecar su casa con otra entidad bancaria.
Caixa Tarragona —ahora integrada en CatalunyaCaixa— le concedió en
verano de ese año un préstamo por 138.000 euros. Aziz debía devolver esa
cantidad, más los intereses, en 33 años.
La cuota, al principio,
rondaba los 700 euros. Esa cantidad suponía, entonces, poco más de la
mitad de los ingresos de la familia, ya que el hombre cobraba 1.341
euros al mes. El contrato contenía una serie de cláusulas que, ahora, la
abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, ha
considerado abusivas.
Entre otras cosas, el contrato establece que, si
Aziz deja de pagar una cantidad, el banco le aplicará unos intereses del
18,75% “desde el día siguiente a aquel en el que se haya tenido que
hacer el pago”.
Y los impagos llegaron pronto. Aziz apenas pudo abonar las 10
primeras cuotas de la hipoteca. En las últimas cuotas impagadas, por
cierto, la entidad ya había incluido los intereses de demora del 18,75%.
Como tantos otros, perdió su trabajo y la familia se quedó sin su único
ingreso.
Al año siguiente, el piso fue subastado. El banco se lo quedó por la
mitad del precio de tasación: apenas 90.000 euros. Y la deuda de más de
40.000 euros seguía vigente. El 20 de enero de 2011, la comitiva
judicial se dirigió al domicilio y expulsó a los Aziz de su casa.
Antes
de que eso ocurriera él se había movido para no perder el techo. Había
contactado con un abogado y éste encontró un camino inexplorado: pidió
la nulidad del contrato de préstamo por cláusulas abusivas. No lo sabía
entonces, pero dio en el clavo.
El titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, José María
Fernández, admitió a trámite la demanda y elevó una pregunta ante el
Tribunal de Justicia de la UE. Suspendió temporalmente el proceso para
preguntar a Luxemburgo si el ordenamiento jurídico español “cumple con
el marco jurídico de protección a los consumidores frente a cláusulas
abusivas” y, en ese caso, “cuál debe ser el grado de intervención del
juez por dichas cláusulas”.
“He visto que esta semana se han movido mucho los políticos y los
jueces… Tendrían que haberlo hecho antes, y no esperar a que la gente se
suicide”, dice Aziz. “Las familias se van a la calle y los pisos están
vacíos. Los bancos viven de nuestro sufrimiento”, añade." (El País, 11/11/2012)
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