Los gobernantes españoles no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos

"Según la organización Tax Justice Network, España ocupa el décimo lugar en el ranking mundial  de fraude fiscal en cantidad total. En cantidades relativas ocupa el puesto número 93 de 145 países analizados.

 Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda el fraude fiscal español supone aproximadamente un 23% del PIB (1), mientras que la media de la Unión Europea ronda el 13%. Muchas otras estimaciones apuntan cifras parecidas, lo cual deja en un lugar muy preocupante al Estado español. 

Recordemos que todo el dinero que deja de ingresar el Estado por esta vía es dinero que no puede dedicar a gastos como sanidad, educación, sueldos o  prestaciones sociales, entre otros. Al mismo tiempo ese dinero que deja de ingresar es dinero que tendrá que pedir prestado el Estado en el caso de querer mantener unos gastos concretos (en sanidad, educación, etc), lo que aumentará su deuda. 

Es decir, cuanto más fraude fiscal exista, menor será la capacidad del Estado para mantener (o aumentar) gasto público y mayor será la necesidad de aumentar la deuda pública.

Alguien podría pensar que en momentos de crisis es incluso sano que el Estado no agobie a los ciudadanos con la recaudación de impuestos, puesto que hay muchas personas pasándolo muy mal y si se les forzara a cumplir con las obligaciones tributarias terminarían por hundirse económicamente.

 Esto es cierto para muchas familias de renta baja, autónomos y pequeñas empresas que andan con la soga al cuello. Pero no para muchas familias de renta alta, o grandes empresas, que tienen recursos de sobra para cumplir con las obligaciones que la ley establece (y que incluso son más laxas para ellos que en años anteriores). 

Además, y esto no es ninguna sorpresa, quienes más impuestos evaden son precisamente estas grandes fortunas y grandes empresas. En el siguiente gráfico se comprueba claramente.

Casi las tres cuartas partes del fraude fiscal total corresponden a las grandes fortunas y a las grandes empresas (2). Luego ya tenemos dos motivos para combatir este tipo de fraude: por un lado las grandes fortunas y las grandes empresas son quienes más impuestos dejan de pagar, y por otro lado son precisamente quienes se pueden permitir el pago de los mismos en mejores condiciones.

Perseguir el fraude de pequeños empresarios puede ser injusto y además ineficaz, pero no es así con el fraude de los peces gordos.

Sin embargo, y a pesar de lo razonable y lógica que resulta la conclusión a la que hemos llegado, ningún gobierno español ha mostrado interés en controlar y vigilar los impuestos que evaden estos agentes económicos. 

 Y por la enorme distancia que separa lo enunciado por estos gobernantes de la realidad, estamos en condiciones plenas de afirmar que mienten intencionadamente. 

1) Para empezar, ni el Ministerio de Economía y Hacienda ni la Agencia Tributaria tienen una cifra oficial del fraude fiscal español (y mucho menos de quienes lo cometen). (...)

2) Por otro lado, los recursos que han destinado los gobiernos a investigar el fraude fiscal español son notablemente escasos e insuficientes. (...)

3) No solamente se destinan pocos recursos a combatir el fraude fiscal, sino que cada vez se destinan menos. (...)

4) El 20% de esa reducilla plantilla de Hacienda se dedica a la investigación de fraudes en lo que respecta a las grandes empresas, en las cuales hemos visto que se producen la mayoría de las irregularidades. El resto de la plantilla, la inmensa mayoría (el 80%), investiga a autónomos, pequeñas empresas y trabajadores, que no suponen ni el 30% del fraude total. (...)

5) Por si no bastara con la inacción de la Agencia Tributaria para investigar el fraude de los peces gordos, nos encontramos con que cuando éstos acaban siendo descubiertos, los inspectores les proponen facilidades para salir del paso de la forma menos perjudicial posible. Estas facilidades van desde aplazamientos en el pago que no tuvo lugar hasta la simple condonación total de la sanción que deberían abonar (a menudo multimillonarias). (...)

6) Y para terminar, el colmo de todos los colmos: la amnistía fiscal. Procedimiento inconstitucional por el cual se invita a los delincuentes fiscales a depositar en las arcas públicas una pequeña parte de lo defraudado a cambio de que el resto sea perdonado y olvidado para siempre. (...)

Toda la evidencia posible demuestra que los gobernantes no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos. Y no solo eso, sino que además intentan por todos los medios sacarles las castañas del fuego cuando por algún motivo han sido cazados."          (Saque de esquina, 13/11/2012)