"En este número del Observatorio de Salud, que coordina el Grupo de
Investigación sobre Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET) de la
Universidad Pompeu Fabra (www.upf.edu/greds-emconet/), la revista Mientras Tanto presenta un interesante trabajo titulado “Deuda, recortes y salud”. (...)
Una de las herramientas más potentes para esclarecer los procesos de
endeudamiento son las llamadas “Auditorías Integrales de la Deuda”, cuyo
objetivo general es establecer “la legitimidad, legalidad y
pertinencia de los préstamos, las negociaciones y renegociaciones”,
donde “se señalan las responsabilidades y corresponsabilidad de los
prestamistas, los impactos sociales, económicos y ambientales” y, sobre
todo, en que se busca “la acumulación y ponderación de fundamentos
para que el país emprenda acciones soberanas y reparadoras respecto de
los pagos realizados y futuros” [4].
En la actualidad
existen procesos de auditoría en países como Filipinas, Indonesia,
Pakistán, Nepal, Brasil y Ecuador, entre otros, siendo ésta última la
experiencia más exitosa hasta el momento.
Realizada en 2007 a petición
del presidente Rafael Correa, la Comisión para la Auditoría Integral
del Crédito Público (CAIC) investigó los procesos de endeudamiento más
relevantes ocurridos desde 1976 [5]. Las conclusiones
del estudio no sólo determinaron que gran parte del endeudamiento era
ilegítimo, sino que existían graves indicios de ilegalidad.(...)
En el caso del Estado español, el mayor volumen de deuda ha sido
contraído por el sector privado, especialmente por las entidades
financieras. La relación de esta deuda con el boom inmobiliario ha sido
determinante. La política de los últimos gobiernos, tanto del PSOE como
del PP, de socializar esta deuda, ha supuesto un potencial riesgo de
deterioro de las cuentas públicas que conlleva un empobrecimiento de la
población a través de los recortes del gasto público y de las
diferentes reformas del mercado laboral, las pensiones, etc.
Como punto
culminante de ese proceso, la reforma del artículo 135 de la
Constitución llevada a cabo en septiembre de 2011 asegura el pago de la
deuda ante el gasto social, lo que atenta contra la justicia social y
la soberanía. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda
total del estado español a finales de 2011 se situaba alrededor de los
4,3 billones de euros [6], cuatro veces el PIB.
La
parte de esta deuda que fue contraída por el sector público es un 18%
(734.961 M€), las familias deben el 21% (857.496M€), las empresas no
financieras el 31% (1.230.783 M€), y las empresas financieras un 29%
(1.176.760 M€). (...)
Las propuestas que buscan reducir el déficit con criterios de justicia
social y ambiental se basan principalmente en establecer impuestos
sobre las rentas más altas y, especialmente, sobre el capital. En
cambio, el modelo tributario español basa su carga impositiva sobre las
rentas del trabajo (un 98% para 2010). (...)
Los datos del Banco de España en junio de 2012 revelan que el
endeudamiento familiar alcanza la cifra de 857.496 millones de €, de los
cuales 653.974 millones (76,27%) corresponden a deuda hipotecaria. La
ausencia de políticas para garantizar un alquiler accesible y el
impulso del régimen de propiedad privada por parte de las
administraciones públicas, así como la falta de regulación bancaria,
incentivaron la concesión indiscriminada de préstamos hipotecarios y el
sobreendeudamiento de las familias como única forma de acceder a una
vivienda digna (...)
¿Cómo nos afecta cotidianamente el pago de la deuda? El caso de la sanidad pública
Un ejemplo muy concreto de lo que suponen los recortes en sanidad lo puede observarse en el caso de Catalunya [14].
Se estima que la reducción efectiva del presupuesto de Salud de la
Generalitat de Catalunya para el 2011 ha sido de 1.540,7 M€ es decir un
reducción del 15,6%, esto significa un gasto público en salud por
cápita de 1.094,86 €, nivel inferior en términos nominales a la de
2006.
Los recortes presupuestarios, obviamente, tendrán y están
teniendo importantes efectos sobre el modelo sanitario y la salud de
los ciudadanos y ciudadanas. Con respecto al personal, se estima que
este recorte tiene unos efectos de reducción de la ocupación que afecta
a 7.000 profesionales y trabajadores de la sanidad en dedicación a
tiempo completo. Los efectos de los recortes sobre la degradación de
los servicios públicos de Salud es evidente y actúan por dos vías: la
menor actividad realizada y el deterioro de la calidad de la atención.
Se cierran plantas en los hospitales, se reduce la utilización de
quirófanos, se retrasan intervenciones, se suprimen servicios como los
de la atención continuada en varios CAP (Centros de Asistencia
Primaria), se reduce la prestación de los servicios de transporte
sanitario, etc. No se trata por tanto de medidas que generan una “cierta
incomodidad”.
No, las medidas adoptadas tienen efectos, se reducen
prestaciones , aumentan las listas de espera y se deteriora la actividad
sanitaria afectando en mayor medida a los enfermos crónicos a la
población más vulnerable." (Inés Marco Lafuente y Gemma Tarafa, Economía crítica y Crítica de la Economía, 03/01/2012)
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