El copago hospitalario “podría ser un delito de omisión del deber de socorro”. “Si se deja de dar el tratamiento que esa persona necesita y sufre un agravamiento, será responsable la Administración”.

"El pasado jueves, sin consultar con nadie, el Gobierno hizo aparecer en el BOE, por arte de birlibirloque, una nueva norma que obliga al copago farmacéutico de los medicamentos que se dispensan en farmacias hospitalarias. Lo que se ha venido a denominar ‘copago hospitalario’, y que afecta a pacientes ambulatorios (no ingresados) con patologías graves. Estamos hablando de enfermos de sida, de cáncer, de artritis, hepatitis, esclerosis múltiple...

La asociación del Defensor del Paciente está totalmente en contra de esta medida y está difundiendo a través de las redes sociales un formulario para que cualquier persona afectada por la norma pueda declararse insumisa. La presidenta de esta organización, Carmen Flores, quiere dejar claro que “si se deja de dar el tratamiento que esa persona necesita y sufre un agravamiento, será responsable la Administración”.

 Flores asegura que si no se atiende a estos pacientes y se les deniega la medicación que necesitan “podríamos estar ante un delito de omisión del deber de socorro”.(...)

 Carmen Flores está convencida de que lo que ocurre es que hay “un empecinamiento contra la Sanidad y la Dependencia”. “Si cada diputado se quitara 1.000 euros al año de sus emolumentos, no haría falta esto”, añade. (...)

Patricia Alonso, advierte de que lo que se está consiguiendo es “una penalización al paciente” porque este copago se implanta sobre fármacos “en los que no cabe posibilidad de abuso por parte de los enfermos”. Se trata de medicinas que hasta ahora pagábamos toda la sociedad con nuestros impuestos y que a partir de ahora, toda la penalización va a recaer sobre el enfermo. 

El Ministerio de Sanidad propone que con este copago sólo se pague el 10% del valor del medicamento hasta un tope máximo de 4,2 euros. A priori no parece mucho dinero, pero Carmen Flores indica que en la mayoría de los casos los pacientes son personas mayores, con pensiones de 400 ó 600 euros. 

“Si esas personas tienen que tomar cinco fármacos (que en muchos casos ocurre), ya estamos hablando de un gasto de 20 euros al mes. Y a lo mejor ese enfermo necesita ese dinero para comer o pagar la luz”.

La portavoz de AFEM, Patricia Alonso, coincide con este diagnóstico y va más allá: “Si un enfermo de hepatitis C no puede pagar su tratamiento, su enfermedad va a derivar en un cáncer de hígado”.

 Por eso exigen saber “qué estudios hay detrás de esto”. Alonso advierte: “No están desmontando el sistema de bienestar, están desmontando el sistema de protección social”. (...)"              (Vox Pópuli, 24/09/2013)