"Cuando era un adolescente, el sacerdote responsable del grupo de
jóvenes católicos al que acudía abusó sexualmente de mí. Poco después,
con la intención de evitar futuras víctimas, expliqué lo sucedido a uno
de sus compañeros.
Su respuesta me heló la sangre. La solución era
informar a su superior, quien “daría un toque” a mi abusador para que no
volviera a delinquir en el futuro. En ningún momento se consideró la
posibilidad, no ya de avisar a la policía, sino de retirarlo de su
puesto.
Cuando aún perplejo le pregunté si en su opinión debía
contárselo a mis padres, me contestó que la mejor opción era no decirles
nada, porque “lo único que conseguiría sería hacerles sufrir”. Poco
después decidí abandonar la Iglesia para no volver. Mi abusador continuó
en contacto con menores durante unos cuantos años más.
Al cabo del tiempo conté lo sucedido a mis padres. Como buenos
católicos, en vez de denunciar a mi abusador en comisaría decidieron
ponerse en contacto con su supervisor. La respuesta de la Iglesia fue
trasladar discretamente a mi abusador de su puesto a un “lugar aislado”,
donde según nos aseguraron no volvería a tener contacto con menores.
Mis padres fueron felicitados por “hacer lo correcto” y no denunciar,
porque así la Iglesia podría gestionar el asunto “internamente” en vez
de tener que contratar a un abogado defensor para mi abusador.
Cuando era un adolescente, el sacerdote responsable del grupo de
jóvenes católicos al que acudía abusó sexualmente de mí. Poco después,
con la intención de evitar futuras víctimas, expliqué lo sucedido a uno
de sus compañeros. Su respuesta me heló la sangre.
La solución era
informar a su superior, quien “daría un toque” a mi abusador para que no
volviera a delinquir en el futuro. En ningún momento se consideró la
posibilidad, no ya de avisar a la policía, sino de retirarlo de su
puesto. Cuando aún perplejo le pregunté si en su opinión debía
contárselo a mis padres, me contestó que la mejor opción era no decirles
nada, porque “lo único que conseguiría sería hacerles sufrir”.
Poco
después decidí abandonar la Iglesia para no volver. Mi abusador continuó
en contacto con menores durante unos cuantos años más.
Al cabo del tiempo conté lo sucedido a mis padres. Como buenos
católicos, en vez de denunciar a mi abusador en comisaría decidieron
ponerse en contacto con su supervisor.
La respuesta de la Iglesia fue
trasladar discretamente a mi abusador de su puesto a un “lugar aislado”,
donde según nos aseguraron no volvería a tener contacto con menores.
Mis padres fueron felicitados por “hacer lo correcto” y no denunciar,
porque así la Iglesia podría gestionar el asunto “internamente” en vez
de tener que contratar a un abogado defensor para mi abusador.
Ahora existían protocolos de actuación para gestionar estos casos de
forma más adecuada. La Iglesia era un ejemplo de buenas prácticas. Otras
instituciones deberían aprender de ella. Misión cumplida. Problema
resuelto.
Cuando en múltiples ocasiones miembros del comité solicitaron
información sobre cómo se estaban gestionando en la actualidad casos
concretos de pedofilia, el Vaticano se negó a responder. No hacía falta
aportar evidencia alguna, la palabra del Vaticano debía ser suficiente.
Volvíamos a los actos de fe. Como es bien conocido, Naciones Unidas
emitió un informe demoledor. Uno de los expertos del comité explicó que
querían ser capaces de decir al Vaticano: “Bien hecho y no bien dicho”.
Los protocolos son solo papel mojado si no se llevan a la práctica. Y
las palabras no protegen a los menores, solo las acciones contundentes.
Como el reciente caso de Granada demuestra, cuando la jerarquía
católica colabora con las autoridades civiles los abusadores de menores
acaban en prisión. Se evitan nuevas víctimas, porque los pederastas en
la cárcel no violan niños.
Cuando actúan como el obispo de Granada, que
recomendó a la víctima: “Silencio, abnegación y rezar a la Virgen
María”, las violaciones a menores quedan impunes. Los pederastas pueden
desarrollar una larga carrera criminal durante décadas dejando en su
camino un reguero de infancias rotas. (...)
Es de lamentar que la asunción de responsabilidades por parte de los
obispos encubridores sea la gran asignatura pendiente en la Iglesia. En
30 años de crisis ningún obispo ha sido cesado por proteger a curas
pederastas. No lo fue el antiguo cardenal de Boston Bernard Law por
encubrir al sacerdote John Geoghan, quien abusó de más de 130 menores.
No lo ha sido el obispo de Kansas City Robert Finn, condenado por la
justicia por encubrir al padre Shawn Ratigan, quien entre múltiples
delitos utilizó a una niña de dos años de su parroquia como modelo
pornográfica. Y mucho me temo que no lo será tampoco monseñor Javier
Martínez, ilustrísimo arzobispo de Granada. (...)
La respuesta es sencilla: los santos a los altares, los delincuentes a
las prisiones. Las víctimas no le pedimos al Vaticano nada más. Pero no
nos conformaremos con nada menos. Porque solo entonces sabremos que el
Vaticano pone el bienestar de la infancia por encima de su reputación. Y
por fin tendremos la seguridad de que los niños están en buenas manos." (
Miguel Hurtado Calvo
, El País, 4 DIC 2014)
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