"En una publicación reciente (1) la OCDE
afirma que la inmigración es beneficiosa para las economías de sus
países miembro (entre ellos España y gran parte de Europa), y en otra
(2) plantea el posible descenso futuro del flujo inmigratorio como una
de las principales amenazas de largo plazo para la sostenibilidad de
nuestro sistema social.
Para decir lo primero se apoya en tres perspectivas:
- la inmigración favorece el mercado de trabajo,
- contribuye a las arcas públicas más de lo que obtiene de ellas, y
- estimula el crecimiento económico per cápita al aportar población en edad de trabajar
Lo segundo se debe al envejecimiento de
la población nativa (provocado por la creciente esperanza de vida unido a
la decreciente natalidad) y que constituye uno de los mayores retos
sociales que enfrentamos, por ahora atajado precisamente por los flujos
inmigratorios.
Un estudio de la Universidad de Harvard
(3) (que es en realidad una recopilación de otros muchos estudios)
referido a varios países entre ellos algunos europeos, considera el
impacto de la inmigración en el mercado laboral y las arcas públicas
como pequeño pero positivo.
Otra publicación (4), realizada por el
Consejo sobre el Desarrollo Económico Internacional (IEDC, por sus
siglas en inglés) y referida a Estados Unidos, afirma que la inmigración
–legal e ilegal– aumenta los salarios reales y el nivel de empleo para
todos los trabajadores del país, en el peor de los casos no perjudica
las arcas públicas, y además describe como devastadoras económicamente
las deportaciones masivas de indocumentados, recomendando en vez de ello
su regularización.
En España, el Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes, un organismo público, argumenta (5) que los y
las trabajadoras inmigrantes no han sustituido a los nativos ni
provocado una mayor precarización de las condiciones laborales, son de
hecho quienes más sufren las consecuencias de la crisis.
Termina
recomendando dedicar más recursos a las políticas de integración, en pos
de la economía. Otro organismo público, el Observatorio Permanente de
la Inmigración, coincide en señalar al inmigrante como el colectivo más
perjudicado por la crisis, y estableció en 2010 la regularización de los
indocumentados como objetivo prioritario (6).
Se insiste en la
regularización pues aunque tanto la inmigración legal como la ilegal se
creen beneficiosas, la legal lo sería más por conceder pleno
acceso al mercado de trabajo. Incluso en la coyuntura actual la
regularización generalizada podría beneficiar nuestra economía si viene
acompañada de medidas que efectivamente estimulen la creación de empleo y
la demanda interna.
Parece que, “después de todo”, las y los
inmigrantes venían aquí a trabajar y no a ordeñar nuestro (actualmente
famélico) estado del bienestar, y al hacerlo nos benefician a todos y
todas.
Parece ir por tanto en nuestro interés económico promover la
igualdad de derechos y condiciones laborales entre las diferentes
nacionalidades residentes en España, cosa que además es de justicia. La
capacidad de los países desarrollados para atraer inmigrantes será en
las próximas décadas uno de sus principales factores de éxito. (...)" (Hugo Baltasar Cruces, Economistas frente a la crisis, 12/04/2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario