"Era una vez un país tan interesante que todo su interés había sido
reducido a cifras. Hasta los recién nacidos eran inscritos por los
registradores mercantiles. Sus nombres y apellidos valían dinero.
Los
gobernantes o sátrapas (en
acepción de la antigua Grecia) legislaban y actuaban para que todo,
desde las ruinas romanas conservadas con el dinero público hasta el
Registro Civil de sus habitantes, sirviera para enriquecer a unas élites
extractivas, siempre las mismas.
Así podría comenzar el relato de la privatización de los datos registrales de los españoles por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, un registrador de la propiedad al fin y al cabo, si la oposición no consigue paralizar esa “reforma estructural” que el PP coló hace un año entre las “medidas de impulso económico”.
El diputado y portavoz de Justicia de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares
estima que estamos ante “un pelotazo de 1.200 millones de euros” para
los registradores mercantiles (120 en toda España). Es la cantidad que
de un modo u otro tendrán que pagar directamente los ciudadanos por unos
trámites que hasta ahora dependían del Ministerio de Justicia y eran
gratuitos.
Si la privatización de la gestión se consuma, hasta el Libro
de Familia y la certificación de familia numerosa costarán la tasa que
los seculares propietarios del arancel impongan con el visto bueno del
Gobierno. (...)
Así, pasaría a ser obligado el registro de las concesiones y
revocaciones de poderes. Si hasta ahora bastaba con el acta notarial, en
el futuro esas certificaciones (más de un millón cada año) deberán ser
inscritas para que tengan validez, con el consiguiente pago de tasas;
también será obligatorio registrar los seguros, con el consiguiente pago
de tasas.
Y asimismo, los registradores mercantiles podrán cobrar por
el registro de la “vecindad civil”, es decir, por el cambio de
residencia y, también, aunque sea otro concepto, por el domicilio y la
dirección registral.
La
imaginación burocrática para complicar la vida a la gente y, sobre todo,
para cobrarle por los nuevos trámites obligatorios por ley, carece de
límites y no hay que descartar novedosas ocurrencias.
En el mismo plano “compensatorio” a los mercantilistas figura la
expedición del Libro de Familia como “fuente irrenunciable” de
financiación directa a costa de los ciudadanos. Igualmente, los
registradores de lo mercantil cobrarán la correspondiente tasa por los
cambios de nombres y por la alteración del orden de los apellidos.
En
este punto vale recordar que la reforma del Registro Civil repesca la obligación franquista de declarar si los padres están casados o no al
inscribir a los recién nacidos. Luego ya, para que nadie quede sin
filiación materna, se admite el registro de los nacidos de gestantes de
alquiler en los Estados donde esa práctica es legal. (...)
En todo caso, para el diputado de IU
no hay duda de que estamos ante un “expolio a los ciudadanos, un
verdadero escándalo sin precedentes, un pelotazo de algunas profesiones
que están muy presentes en este Gobierno”. (...)
La operación convertirá a los registradores o funcionarios del arancel con sus propias oficinas y plantillas en un nuevo poder fáctico
sin el control al que están sujetos otros funcionarios que manejará la
ingente cantidad de datos personales –filiación, residencia, bienes,
propiedades, etcétera– que el Gobierno y la mayoría que le apoya se
dispone a dejar en sus manos. (...)" (Luis Díez, Cuarto Poder, 16/03/2015)
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