"El TTIP no debe ser visto como un “acuerdo comercial”, sino como algo
más cercano a una declaración de derechos corporativa que consagrará la
autoridad de las multinacionales sobre los gobiernos, y colocará a las
personas y el planeta aún más bajo su dominio.
El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, conocido como
TTIP, no es otro acuerdo de libre comercio más. Es un fuero para las
grandes empresas, que fuerza a los legisladores a defender los llamados
“derechos” de los inversores por encima de cualquier otra consideración,
derechos humanos, protección del medio ambiente, de rendición de
cuentas democrática. Se trata de una constitución para la libre
circulación de capitales.
Documentos filtrados de la Comisión Europea revelan que el TTIP será
un “acuerdo vivo”, que continuará influyendo en las leyes incluso
después de haber sido firmado. Si algo no se termina de definir en el
texto final, los grupos de presión empresariales no tienen por qué
preocuparse, porque la Comisión está trabajando para consagrar un papel
más importante para ellos en el proceso de creación (o paralización) de
las regulaciones.
Esto es muy útil, ya que la creciente oposición pública al TTIP ha
llevado a que ciertas políticas estén en el punto de mira el uso de
productos químicos en el procesamiento de aves de corral y carne de
vacuno, por ejemplo.
El “acuerdo vivo” permitirá que los temas
controvertidos puedan apartarse de momento, para ser retomados más tarde
cuando las nuevas reglas hagan que sea mucho más fácil para la
agroindustria estadounidense salirse con la suya.
Concretamente, la Comisión Europea está presionando para crear algo
llamado Consejo de Cooperación Reguladora. Esa cooperación se llevará a
cabo entre los ya amigables legisladores y los grupos de presión
empresariales. A lo largo de varios años, estos grupos de presión han
estado clamando por el derecho a “co-escribir las regulaciones”, como
ellos dicen. Dos años de documentos filtrados muestran que la Comisión
está dispuesta a otorgarles ese poder.
Recuerden, el propósito central de TTIP es alinear las regulaciones a
ambos lados del Atlántico, ya sean sobre productos químicos, estándares
de producción de alimentos o requisitos medioambientales.
La primera
filtración a finales de 2013, confirmada por filtraciones más recientes,
mostraba que la propuesta de la Comisión Europea es que este proceso no
termine con las negociaciones. Más bien, a las empresas se les dará la
garantía de acceso a los debates normativos en el futuro, y los
reguladores tendrán el deber de considerar el impacto que pueda tener
cualquier regulación sobre los inversores.
En el corazón de las propuestas de la UE está un Consejo que
incluiría reguladores de EEUU y la UE, junto con las “partes
interesadas”. En Bruselas, el término “partes interesadas” significa
fundamentalmente lobbies empresariales. Mientras se estaba planteando el
TTIP, el 92% de todas las reuniones de la Comisión con “partes
interesadas” fueron con grupos de presión empresariales.
Los “derechos” de estos actores se establecen en la propuesta de la
Comisión. Los lobbies obtendrán una “alerta temprana” de cualquier nueva
normativa. De esta manera, a las empresas se les garantizará que puedan
dar su opinión con respecto a las regulaciones, normalmente antes de
que los representantes electos tengan idea de su existencia.
También
alcanzarán a revisar las regulaciones existentes. Las sugerencias
concretas recibidas de los grupos de presión se compartirán también con
los reguladores estadounidenses, y se les otorgará “una especial
consideración”
En otras palabras, el Consejo de Cooperación Reguladora representa la
consagración de un papel permanente para las grandes empresas en la
formulación de políticas públicas.
Aún más, las evaluaciones de impacto obligarán a los reguladores a
considerar el impacto de la regulación sobre el comercio y la inversión.
En otras palabras, los funcionarios tendrán que evaluar los cambios que
quieran hacer por ejemplo, para proteger a las personas o el
medioambiente desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros.
Esto permite al TTIP convertirse en algo parecido a una nueva
Constitución, diseñada para proteger los intereses corporativos, no los
derechos de las personas o el planeta. Esta nueva constitución formaría
la base desde la cual nuestros gobiernos enfocarían las leyes, las
regulaciones y los procesos políticos.
Como si se pusieran unas gafas
teñidas de TTIP, nuestra sociedad entera viene a parecerse a la zona de
juegos de los grandes negocios, y todas nuestras protecciones se ven
como obstáculos para su beneficio." (Nick Dearden - Common Dreams , en Attac España, 29/03/2015)
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