"(...) El Observatorio Corporativo Europeo (CEO) ha publicado este lunes un nuevo informe sobre el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) que denuncia la "confabulación secreta" entre las multinacionales y los negociadores de la Comisión,
y alerta del peligro concreto que corren los servicios públicos si
finalmente llega a ratificarse el acuerdo.
El CEO cree que están "bajo la amenaza" de estas negociaciones comerciales, que el tratado pone en peligro la capacidad reguladora de los gobiernos, e incluso "los
derechos de los ciudadanos de acceder a servicios públicos como el
agua, la salud o la energía, en aras de los beneficios corporativos".
Según el estudio Los servicios públicos bajo ataque, el TTIP y el CETA ( acuerdo UE-Canadá) podrían, "en el peor de los escenarios",
"bloquear los servicios públicos llevándolos a una comercialización de
la que no podrán ser recuperados, sin importar cuán perjudicial resulte
esto para el bien común".
Entre estos servicios públicos se
encontraría también la educación ya que, como recuerda Eberhart, la
Comisión ha pedido "flexibilidad a los 28" para que puedan "abrir la educación a los mercados", algo que tampoco ha gustado a los cientos de organizaciones críticas con el acuerdo.
El informe es claro al respecto: TTIP y CETA pueden ser utilizados para limitar las capacidades gubernamentales de producir, distribuir o incentivar determinados tipos de energía, como las renovables, y la oferta de servicios en el CETA recoge que al menos 11 estados, entre ellos España y Alemania, ponen sobre la mesa de privatizaciones los servicios hospitalarios. (...)
El informe es claro al respecto: TTIP y CETA pueden ser utilizados para limitar las capacidades gubernamentales de producir, distribuir o incentivar determinados tipos de energía, como las renovables, y la oferta de servicios en el CETA recoge que al menos 11 estados, entre ellos España y Alemania, ponen sobre la mesa de privatizaciones los servicios hospitalarios. (...)
La trampa está en que TTIP y CETA no necesariamente supondrán una
privatización forzosa, sino que abrirán la puerta a que estas
privatizaciones tengan lugar. Y uno de los elementos clave para lograrlo
es la lista negativa: una enumeración de los servicios que no podrán ser privatizados. "Lo que quede fuera, será susceptible de serlo", explica Eberhart.
La lista negativa es ya una realidad en el CETA, y la portavoz del CEO denuncia que la Comisión maniobra para que también lo sea en el TTIP, en el que de momento trabajan con una suerte de "lista mixta".
La lista negativa es ya una realidad en el CETA, y la portavoz del CEO denuncia que la Comisión maniobra para que también lo sea en el TTIP, en el que de momento trabajan con una suerte de "lista mixta".
En esta
línea, Eberhart reconoce que los gobiernos tendrán cierta capacidad de
decisión, pero que todo aquello que no figure en esta lista, incluidos
nuevos servicios o modelos de servicios, quedará al alcance de las
empresas. "Es muy difícil meterlos todos". "Incluso si un Gobierno
quiere proteger el sector público, hay peligro", apunta." (Público, 12/10/2015)
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