(...) el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva de un
problema de gastos, sino de ingresos. Quiere ello decir que nuestro país
no gasta demasiado en pensiones; al contrario, estamos por debajo de la
media de los países de la Eurozona.
Se preguntará entonces el lector
por qué la Seguridad Social tiene un déficit superior al 1% del PIB
desde hace cuatro años. Y la respuesta es sencilla: por el impacto de la
crisis económica y por las políticas ‘austericidas’ que han concentrado
todo el ajuste en la destrucción de empleo.
Por ello, pese a que este
desfase no es en absoluto menor –el Fondo de Reserva se agotará en 2017 ó
2018–, no cabe duda de que su naturaleza es coyuntural, como probaría
el que ahora las cuentas estarían equilibradas si tuviéramos el número
de cotizantes alcanzado antes de la crisis.
En todo caso, hay que
denunciar la estrechez del planteamiento que pretende hacer creer que la
sostenibilidad del sistema de pensiones depende del nivel de ingresos
vinculado a las cotizaciones sociales: la clave más bien reside –debería
residir– en el volumen de riqueza que la sociedad está dispuesta a
dedicar a sus ancianos, lo que exigirá, en su caso, la articulación de
otras fórmulas de financiación.
Sin embargo, de nuevo en este punto se plantea un segundo interrogante
que vendría a socavar la fiabilidad del actual sistema público de
pensiones: la amenaza que deriva del próximo envejecimiento de la
población. (...)
Este conjunto de ajustes paramétricos imponía sacrificios a los
pensionistas y trabajadores, pero garantizaba que el crecimiento del
gasto asociado a ese fenómeno demográfico no superara –ni siquiera en el
momento más crítico, 2050– un nivel que puede considerarse asumible en
términos comparados: 14% del PIB.
Un nivel inferior al gasto que hoy
realizan Francia, Italia o Austria. A pesar de ello, el gobierno
‘popular’ no consideró suficiente el ajuste y volvió a impulsar cambios
en 2013 con una contundencia sin precedentes
(...) cabría afirmar que los dos cambios que impuso de forma unilateral el
Gobierno de Rajoy –sustitución del mecanismo de revalorización de las
pensiones e introducción de un factor de sostenibilidad vinculado a la
esperanza de vida– suponen una ruptura del modelo que hoy (todavía)
conocemos.
Como reconoce el propio Ejecutivo y avala la Comisión
Europea, esas dos medidas habrían de implicar un recorte del gasto en
pensiones en 2050 de 3,4% del PIB, lo que daría lugar a unos niveles de
gasto muy similares a los actuales. Pero con la significativa diferencia
de que el número de pensionistas se habrá prácticamente duplicado.
La entidad del ajuste ya ha comenzado a manifestarse. En concreto, de la información ofrecida la pasada semana por la AIREF
se deduce que la aplicación del nuevo índice de revalorización anual va
a implicar una congelación de las pensiones (subida testimonial del
0,25%) hasta bien entrada la próxima década. (...)
Y, segundo, que a partir de 2019 la introducción del factor de
sostenibilidad supondrá también una reducción de la cuantía inicial de
las pensiones. (...9
A la vista de lo anterior, parece evidente que el modelo resultante de
la ruptura de 2013 es insostenible. Pero no porque suponga un gasto
excesivo, sino porque condena a los pensionistas a la pobreza, algo que
difícilmente cabe en un Estado social en el que los poderes públicos
deben garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la
vejez mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas
(artículo 50 de la Constitución). (...)
Resulta urgente e imprescindible un
cambio que lleve al Estado a complementar progresivamente los ingresos
del sistema como vía más efectiva para preservar la centralidad de las
pensiones dentro de nuestro Estado social.
Semejante acción de reequilibrio de las
fuentes de financiación no es ninguna ocurrencia. Cuenta con la misma
legitimidad –y pacífico encaje constitucional– con la que la protección
por desempleo pasó de financiarse casi exclusivamente a través de
cotizaciones sociales antes de la crisis a recibir la mitad de los
recursos directamente del Estado durante el periodo más crítico. Y es
ciertamente un diseño bien conocido por los países de nuestro entorno.
La pregunta entonces es si el esfuerzo
presupuestario adicional que se plantea resulta asumible para el Estado.
No cabe duda de que el incremento de la aportación estatal sería muy
notable, pero es un reto asequible por las siguientes razones.
Primero,
porque el nivel de gasto en pensiones suprimiendo los cambios de 2013
evolucionaría hacia cotas que hoy ya, con una riqueza menor, sostienen
sin problemas otros países próximos.
Segundo, porque urge y debe
producirse una mejora de los ingresos fiscales que enjuague la grave
insuficiencia (casi ocho puntos) que tiene España respecto de los demás
Estados europeos.
Tercero, porque el esfuerzo de financiación exigido
sería progresivo en el tiempo, lo que facilitaría un margen de maniobra
para el desarrollo de otras políticas igualmente necesarias para el
mantenimiento del sistema de pensiones (política de empleo, inmigración,
natalidad…).
Y, cuarto, porque se trata de un esfuerzo con una duración
temporal limitada, en la medida en que a partir de 2050 se produciría
una significativa caída del gasto como consecuencia del agotamiento de
los efectos de la jubilación de la generación del baby boom. (...)" (Borja Suarez, Antonio González, Agenda Pública , en Economistas Frente a la Crisis, 23/11/05)
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