"La reacción de los medios de comunicación conservadores a la
presentación de una Ley de Emergencia Social por parte de Podemos ha
sido cuando menos curiosa. En un primer momento fue tachada de “humo
preelectoral” (...)
Indiscutiblemente la Ley 25 no es humo ya que en España existen
desahucios sin alternativa habitacional, pobreza energética y ciudadanos
que dejan de tomar sus medicamentos al no poder pagarlos.
Sin embargo
no es tan evidente que el coste de la ley de emergencia social sea
asumible o que aun siéndolo no suponga un lastre para la economía con
repercusiones a corto y medio plazo. Procede por tanto analizar cada una
de las propuestas incluidas en la ley, así como su viabilidad e impacto
sobre la economía en su conjunto.
1) Eliminación de los copagos y universalización de la asistencia sanitaria
En julio de 2012 entró en vigor una modificación del sistema de copagos que penalizó especialmente a un colectivo donde el gasto farmacéutico es muy importante, el de los pensionistas. El Real Decreto-ley 16/2012 introdujo para este sector un copago del 10% con límites máximos de aportación mensual en función de la renta: hasta 18.000€ anuales, entre 18.000 Y 100.000€ y por encima de 100.000€.
Además establece que los
pensionistas deben adelantar el 10% de todos los medicamentos adquiridos
y solicitar la devolución del exceso por encima de la aportación máxima
mensual a la finalización de cada mes. La administración devolverá lo
que el pensionista ha pagado de más en un plazo máximo de 6 meses.
La
escasa progresividad de los tramos de renta y la falta de inmediatez en
la aplicación de los límites máximos ha provocado que numerosos
pensionistas con rentas exiguas y tratamientos costosos se vean abocados
a suspenderlos aunque sea de forma temporal.
De hecho la Consejera de
Sanidad valenciana declaró el pasado mes de septiembre en sede
parlamentaria que el 8% de los valencianos había dejado de tomar algún
medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no podía
pagarlo. Este efecto está en línea con los estudios que hospitales y
universidades de todo el mundo han venido realizando sobre los copagos:
eliminarlos es una manera de mejorar el seguimiento de los tratamientos,
lo que técnicamente se denomina adherencia.
¿Y cuál es el coste de interrumpir los tratamientos? Según un estudio
de 2014 dirigido por el profesor de la Universidad de Harvard Niteesh
Choudhry en el Brigham and Women’s Hospital (BWH) de Estados Unidos,
aquellas personas con problemas cardiacos que no interrumpen la
medicación por falta de recursos sufren hasta un 35% menos de
complicaciones y gastan hasta un 70% menos en su tratamiento. Es decir,
los copagos no salen gratis, y un estudio riguroso sobre los ahorros que
suponen debería incluir el incremento de gasto asociado a las
complicaciones producidas por enfermedades que no han sido tratadas de
forma correcta.
Por lo que respecta a la universalización de la asistencia sanitaria
incluso el Gobierno del PP ha entendido que la medida que tomó al
retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles ha sido
contraproducente y busca fórmulas para dar marcha atrás sin quedar
totalmente en evidencia.
Roguemos para que Ciudadanos haga una reflexión
semejante y sea posible alcanzar un amplio consenso social y político
al respecto. La racionalidad económica es evidente: el acceso a la
sanidad a través de las urgencias es más caro que a través de la
atención primaria.
De nuevo la complejidad de los fenómenos sociales nos
enseña que no hay acción sin consecuencia, y que los análisis de
coste-beneficio deben tener en cuenta al menos la segunda y la tercera
derivada.
2) Prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional
y garantía de acceso a una vivienda para las mujeres víctimas de la
violencia machista
El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó en España unas 800.000
viviendas vacías en manos de la banca, un número insoportable de
ejecuciones hipotecarias sobre primeras viviendas (98.000 únicamente
entre enero de 2013 y junio de 2014) y una gigantesca deuda de 95.000
millones de euros, avales no incluidos, del sector financiero con la
sociedad en su conjunto.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en dos ocasiones en
contra de las leyes españolas sobre desahucios y el propio Presidente
del Banco Central Europeo, Mario Draghi, firmó un dictamen en mayo de
2013 donde señalaba que el gobierno español no había adoptado las
medidas adecuadas para atajar las causas subyacentes a los procesos de
ejecución hipotecaria.
Efectivamente, también en materia de protección a
la vivienda España se parece muy poco a la Unión Europea. Tal como
denuncia Amnistía Internacional, España tiene una de las políticas de
vivienda social “más endebles de Europa”, ya que solo cuenta con el 1,1%
de vivienda social, frente al 32% de los Países Bajos, el 23% de
Austria, el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia.
Es más, lejos de
utilizar la crisis como argumento para justificar un esfuerzo extra en
materia de vivienda social, hemos visto como algunos próceres de la
Patria se apalancaban en la necesidad de reducir la deuda pública para
recortarla, lanzar a miles de familias vulnerables a las fauces de los
fondos buitres internacionales y demostrar su gran capacidad de
emprendimiento y habilidad para los negocios llevándose una buena parte
de tan merecida tajada.
Por tanto, en las actuales circunstancias, donde la disponibilidad de
una alternativa habitacional representa para miles de familias la tabla
de salvación que evita su caída en la exclusión social, donde las
entidades financieras acaparan cientos de miles de casas vacías y donde
el parque de alojamiento público se ha reducido a la mínima expresión,
la movilización de un porcentaje de las viviendas improductivas
propiedad de las entidades financieras para crear un banco temporal de
alojamientos sociales en alquiler es una medida muy razonable.
Con ella
evitaríamos la quiebra de miles de familias así como los costes
asociados a su atención por parte de los servicios sociales y
generaríamos un retorno inmediato para la banca en forma de alquileres.
Los ajustes contables que en su caso tuviesen que llevar a cabo las
entidades financieras al no poder comercializar en el corto plazo un
porcentaje de sus viviendas apenas compensaría una pequeña parte de la
enorme cantidad de recursos que la sociedad ha destinado a evitar su
banca rota, recursos que en su inmensa mayoría sabemos que nunca serán
devueltos. (...)
3) Eliminación de la pobreza energética
La Unión Europea ha exigido a los estados miembros legislar a favor de los consumidores vulnerables en sendas Directivas 2009/72 y 2009/73, sobre los mercados de gas y electricidad.
En esta línea países como
Reino Unido, Francia y Alemania han adoptado medidas que incluyen
descuentos en las tarifas de gas y electricidad a hogares con baja renta
(en Francia oscilan entre el 40 y el 60%), pagos directos en cuenta a
familias vulnerables o durante periodos con muy bajas temperaturas,
subvenciones públicas para la mejora del aislamiento de las viviendas y
rentas complementarias para los hogares que no alcanzan un determinado
umbral de ingresos.
En España desde 2009 existe un bono social que pretende dar respuesta
a la exigencia planteada por la Unión Europea en las dos directivas
antes mencionadas, y que fija un descuento del 25 % de la factura
eléctrica para aquellos hogares con una potencia contratada inferior a 3
kW, pensionistas que perciban la pensión mínima, fami¬lias numerosas o
para aquellas en las que todos sus miembros se encuentren en situación
de desempleo.
La efectividad de este bono social es escasa: no aplica
sobre el gas, no tiene en cuenta la renta de las familias, que es la
causa principal de la pobreza energética, no garantiza un mínimo vital y
si todo esto fuese poco el 80% de los hogares protegidos en aplicación
de la misma son aquellos con potencias contratadas inferiores a los
3kwh, un porcentaje importante de los cuales corresponden a segundas
residencias de familias acomodadas.
Pareciera que el Estado es tan
negligente cobrando deudas pendientes con las eléctricas como diseñando
leyes sociales que les afecten. Quizá debamos buscar las causas en las
mismas puertas giratorias, las mismas que han inspirado el impuesto al
Sol.
¿Qué propone Podemos? Algo muy razonable: proteger únicamente los
hogares vulnerables, es decir aquellos que no disponen de una renta
suficiente para cubrir sus necesidades básicas de gas y electricidad. La
vulnerabilidad vendrá certificada por los Servicios Sociales
competentes y la ayuda que recibirán las familias será la estrictamente
necesaria para satisfacer un mínimo vital fijado por el Ministerio
competente.
Consumos impagados por encima del mínimo vital podrán
justificar un corte del suministro. De esta forma se evita un posible
incentivo perverso al consumo energético gracias al precio
subvencionado, muy limitado en cualquier caso dado que los hogares
beneficiados dispondrían todos ellos de rentas bajas. (...)
El impacto del desgarro producido por la desigualdad extrema trasciende
por tanto el ámbito de lo social y afecta negativamente al
funcionamiento óptimo de lo economía. Urge por tanto aprobar la Ley de
Emergencia Social no solo porque es una exigencia ética, sino porque es
también una urgente necesidad económica." (Francisco Moreno, Miembro del Círculo de Economía, Ecología y Energía de Podemos, Econonuestra, 09/02/16)
No hay comentarios:
Publicar un comentario