"España se ha convertido en un paraíso fiscal para todos aquellos grupúsculos que extraen las rentas y se apropian de la riqueza mediante mecanismos no competitivos. Para ello han contado con la coparticipación de nuestra clase gobernante.
Las esferas políticas han premiado las malas praxis favoreciendo
distintas artimañas fiscales (deducciones ineficientes, ajustes de
consolidación, paraísos fiscales, créditos fiscales,…) para eludir
legalmente el pago del impuesto de sociedades. La ciudadanía mantiene al
Estado, mientras que la banca y las grandes empresas oligopólicas
socializan sus pérdidas. Y son estos grupos los que de nuevo pretender
controlar nuestro destino político.
La situación ha llegado a ser tan escandalosa que algunos de nuestros
prohombres empiezan a reconocer lo obvio. El presidente de Mercadona, Juan Roig,
afirmó en la presentación de resultados de su empresa que los impuestos
tienen que pagarlos todos los españoles, y “el que más tiene, más tiene
que pagar, incluido el Ibex 35”. Él sabe que no es así. Pero es loable
que al menos tenga las ideas claras y públicamente las exprese.
España es una tierra de contrastes. Sí, es cierto, en España hay
multitud de emprendedores; sin embargo, son las élites extractivas las
que ejercen el control sobre nuestro estamento político.
Sí, es cierto,
desde 1994 nuestro sector exterior ha tenido un comportamiento ejemplar,
incrementando su cuota de exportaciones por margen intensivo y
extensivo; sin embargo, el núcleo de las empresas más relevantes del
Ibex35 son compañías que sorben del Boletín Oficial del Estado (BOE).
Nos referimos a antiguos monopolios naturales, transformados en
oligopolios varios (eléctrico, petrolero, telecomunicaciones…). Hablamos
del sector bancario que de la mano del inmobiliario han traficado y trafican con el valor del suelo, de los locales comerciales, de la vivienda residencial,… extrayendo cantidades ingentes de renta sin pagar por ello un solo euro de impuestos. Hablamos del cálculo del déficit tarifario y del diseño antológico del Fondo de Amortización del Déficit Tarifario (FADE), donde bancos y eléctricas, con la participación del estamento político, medraron a nuestra costa.
Lo más llamativo es que todos estos lobbies, de la mano de ciertos economistas, siempre han confundido productividad aparente del trabajo con competitividad.
España tiene una baja productividad por que el modelo de crecimiento
propuesto por las élites patrias (políticas, financieras, inmobiliarias,
y oligopolios) es intensivo en mano de obra, pero muy lucrativo para
ellas, vía extracción de rentas.
Paralelamente, paradojas de la vida,
nuestro sector exterior desde hace tiempo es el más competitivo de
Europa.
Ah, por cierto, son estos mismos lobbies y economistas los que de
manera machacona demandan reformas estructurales, eufemismo que engloba
recortes salariales, empeoramiento de las condiciones de trabajo, y
recortes del gasto público encaminados a liberar rentas con las que
sufragar sus pérdidas.
Frente a todos ellos, surge la necesidad de
establecer un impuesto sobre la renta del suelo, y un impuesto mínimo a
las grandes empresas (sobre las ventas, los gastos de personal o las inversiones en inmovilizado material). De esta forma no se jugarían con los intangibles y los precios de transferencia.
Una de esas aberraciones que permite al Ibex 35 no pagar impuestos son los créditos fiscales.
Si bien inicialmente se aplicaban a la banca, se han extendido a otros
sectores. Los créditos fiscales son una figura tributaria que supone la
desgravación de impuestos a empresas que no han presentado beneficios.
Ésta situación se produce cuando la Inspección de los Tributos sólo
puede comprobar la legalidad de las pérdidas de los últimos 10
ejercicios mientras que las empresas pueden compensar las generadas en
los últimos 18 años y, a partir de 2011, sin límite temporal alguno.
No debemos confundir activos fiscales diferidos y créditos fiscales.
Los primeros se deducen como cualquier otro concepto fiscal, mientras
que los créditos fiscales se restan de los impuestos estatales a pagar.
La banca española a través de los créditos fiscales ha conseguido llegar
al paraíso fiscal sin necesidad de moverse de su sitio, cero impuestos y
completamente legalizado por el gobierno en funciones.
¿Qué repercusión tiene los créditos fiscales sobre los ciudadanos?
Todo ese dinero que deja de tributar al Estado implica nuevos recortes
para hacer frente tanto al déficit público, como al pago de la deuda
pública. Al estar los créditos fiscales avalados por el Estado, si
quebrara cualquier banco o empresa y no pudiera hacer frente al pago de
los mismos, sería es Estado quien debiera pagarlos.
Al exigir Bruselas a
España una contraprestación que sustenten los avales es necesario
emitir nueva deuda pública. De tal manera que no sólo hace que aumente
el déficit público por la pérdida de impuestos, sino que aumenta también
la deuda pública emitida por el Estado.
Los créditos fiscales suponen
de hecho un nuevo rescate encubierto de la banca, a cargo del erario
público, es decir, de todos los españoles. En definitiva, la banca
española además de un rescate de 350.000 millones de euros se ha
asegurado un paraíso fiscal legal ad infinitum. Eso sí, todos estos
lobistas son los que luego hablan de gobiernos responsables. Por lo
menos, ¡qué se callen!" (Juan Laborda, Vox Populi, 05/03/16)
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