"La Fiscalía de Santiago de Compostela atribuye a dos
altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia un
delito de homicidio imprudente por retrasar los fármacos de la hepatitis
C con "razones presupuestarias". Se trata de la primera causa penal que
se abre en España contra una administración pública por dilaciones en
la prescripción de medicinas a pacientes con esta enfermedad.
En su denuncia –presentada el pasado enero ante el juzgado de
Instrucción número 3 de Santiago que desde entonces investiga el caso–
el ministerio público achaca además al director de Asistencia Sanitaria
de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y a la subdirectora general de
Farmacia, Carolina González-Criado Mateo, otro delito de prevaricación.
Ambos cargos han sido citados a
declarar el próximo 28 de abril en los juzgados de Santiago. La denuncia
de la fiscalía defiende que estos dos mandos designados a dedo por el
Gobierno de Alberto Núñez Feijóo incumplieron los criterios que la
propia Administración autonómica había establecido para sufragar estos
caros tratamientos a los enfermos más graves mientras se negociaba un
acuerdo global con las empresas farmacéuticas para universalizar su uso
en la sanidad pública.
Las demoras, según el fiscal, llegaron "al punto
de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de
muerte en alguno de los supuestos".
La denuncia de la Fiscalía bucea en las historias clínicas de seis
enfermos de hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015 y a
los que la Xunta negó o retrasó los tratamientos, pese a que sus médicos
lo solicitaron repetidamente advirtiendo de la urgencia y pese a que
todos cumplían los requisitos del protocolo que el propio Gobierno
gallego había establecido para dispensar esta medicación.
En el escrito de once páginas que motivó la apertura del proceso
judicial, el ministerio público concluye no solo que dos altos cargos
del Servicio Galego de de Saúde (Sergas) retrasaron "las peticiones y
suministro de Sofosbuvir [el nombre técnico del Sovaldi] posponiendo la
toma de decisiones", sino que "las razones" para hacerlo fueron "de tipo
presupuestario del Servicio Galego de Saúde y no de contenido médico o
clínico". (...)
En los historiales clínicos que
recopila la denuncia se incluyen las peticiones efectuadas por sus
médicos y queda registrada también la lentitud con la que la
administración sanitaria gallega tramitó las solicitudes de los
fármacos, pese a las repetidas advertencias de los facultativos
alertando de su gravedad. Tres murieron, según la Fiscalía, sin acceder
al tratamiento, y a otros tres, las medicinas les llegaron cuando el
deterioro de los pacientes era ya irreparable. En algún caso pese al
avance de la enfermedad tardaron seis meses en estar disponibles.
El ministerio público sostiene que hay informes médicos en los que se
han modificado las fechas de solicitud de los fármacos para simular
tiempos de espera menores. Y aporta correos electrónicos de médicos que
contradicen la cronología de los expedientes oficiales remitidos al
fiscal.
El relato de hechos que hace la Fiscalía también descubre –frente a los retrasos generalizados en los tratamientos– el
caso excepcional de un paciente de Lugo que sí logró recibir su
medicación especial a tiempo gracias a que la médica que lo trataba "se
saltó todos los trámites".
Lo consiguió, se explica en la denuncia,
gracias a que la doctora escribió cartas a la entonces consejera de
Sanidad (Rocío Mosquera) -que fue relevada en medio de una remodelación
del Gobierno de Feijóo a principios del pasado octubre, cuando la
fiscalía ya había empezado a pedir documentación sobre este tema a la
Xunta- y también al director de Asistencia Médica y a la directora de
Farmacia del Gobierno gallego en las que la médico protestaba por los
retrasos.
En esas misivas, la doctora del hospital
lucense alertaba de que o se facilitaba "la medicación de forma
inmediata" o el paciente moriría. Según la documentación aportada al
juzgado, el director de Asistencia Médica de la Xunta (uno de los dos
cargos imputados) respondió con otra carta a la médico "sancionando que
no se hubiera seguido el trámite previsto", pero finalmente decidió
autorizar el tratamiento sin aguardar al preceptivo informe de la
subcomisión médica que tal y como consta en los protocolos estaba obligada a pronunciarse.
En este caso el hombre logró salvarse.
El escrito de la Fiscalía apunta que el coste de los fármacos que se le
administraron en el hospital de Monforte de Lemos fue de 48.810 euros. (...)" (José Precedo, 17/04/16)
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