"El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos
Cruzado, no ve voluntad política real para emprender el combate de los
paraísos fiscales. Y en pleno escándalo de los papeles de Panamá, denuncia que no se destinan medios suficientes para dar la batalla a las grandes bolsas de fraude fiscal.
En los papeles de Panamá aparecen 1.200 sociedades, más de
500 accionistas y unos 90 beneficiarios directos con domicilio en España
(amén de los ciudadanos españoles que figuran en ellos pero con
direcciones en otros países). Con esos datos, ¿se puede considerar que
se ha actuado con diligencia en el combate de estas prácticas? (...)
Ahora que tenemos todos, o casi todos, los datos, ¿cómo
debería actuar el Gobierno a la luz de las revelaciones de los papeles
de Panamá?
La Agencia Tributaria debería haber abierto ya inspecciones a todas
las personas que han ido apareciendo en estos papeles que son residentes
en España y que, con obligación de declarar sus bienes en el
extranjero, no lo hayan hecho.
La Agencia Tributaria ha debido de
cotejar la información de los papeles de Panamá con las declaraciones
del modelo 720, y aquellas personas que no hayan declarado estos bienes
se les debería haber abierto inspecciones, sin darles plazo de
regularizar en estos días mientras se instruye el caso.
¿Pero tiene constancia de que se hayan activado ya de manera efectiva esos procesos?
La Agencia Tributaria ha dicho públicamente que se está investigando.
Pero una cosa es contrastar esos datos con el modelo 720 y otra cosa
abrir inspecciones, que supone notificar a las personas involucradas las
correspondientes aperturas de expediente y la paralización de cualquier
posibilidad de regularizar voluntariamente. Habrá que ver si se está
inspeccionando efectivamente.
Las personas de la lista que no hubieran declarado esos bienes pueden
regularizarlos voluntariamente antes de recibir la notificación de la
apertura de una inspección. Y si lo hacen es muy difícil, o directamente
imposible, poderles sancionar. Pagarían los impuestos con recargo, pero
evitarían las sanciones muy duras que se establecer en el caso de no
declarar los bienes. (...)
¿Existe voluntad política, en España y en otros países, para combatir de manera real a los paraísos fiscales?
Radicalmente, no. Desde el año 2009, cuando el G-20 habló del fin del
secreto bancario y de los paraísos fiscales, lo cierto es que hemos
visto cómo han proliferado progresivamente. No hay más que ver que,
según diferentes estudios de Oxfam Intermon o del Observatorio de
Responsabilidad Social Corporativa, 34 de las 35 empresas del Ibex
tienen filiales en paraísos fiscales y no acreditan actividad en estos
territorios. Entre todas suman más de 800 sociedades con sede en estos
paraísos fiscales. (...)
En las últimas dos semanas hemos sabido que en los famosos
papeles de Panamá aparecen un ministro que estaba en ejercicio, José
Manuel Soria, y un ex que fue incluso vicepresidente del Gobierno,
Rodrigo Rato. ¿Así puede haber voluntad política?
Así es muy difícil, claro. Y lo hemos visto también con otros
responsables políticos de otros países, como David Cameron o Vladimir
Putin. En este ámbito también se puede hablar de las famosas puertas
giratorias, de las relaciones de la política y las grandes empresas.
El
propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el
encargado de dar el visto bueno a los acuerdos de Luxemburgo para que
cientos de empresas transnacionales tributaran apenas un 1% en su país. (...)
¿Cuánto les cuesta a los contribuyentes españoles la actividad de empresas y particulares en paraísos fiscales?
Es muy difícil de valorar. Hay distintas estimaciones, pero resulta
complicado confirmarlas. Se calcula que más del 50% de todas las
transacciones mundiales se hacen a través de paraísos fiscales. Así que
es muy difícil calcular el montante.
La estimación del profesor Gabriel
Zucman apunta a que el importe de depósitos y patrimonio de españoles en
el extranjero se sitúa por encima de los 160.000 millones de euros, de
los que 144.000 millones estarían en paraísos fiscales ocultos.
Conocemos la información que aparece en la lista Falciani, la de los
papeles de Panamá… pero se trata sólo de la punta del iceberg.
¿Y cuánto le cuesta el conjunto del fraude fiscal?
De acuerdo con las estimaciones de Gestha, con datos de hace dos
años, la economía sumergida representa el 24,6% del PIB español, lo que
representaría más de 250.000 millones que no se declaran a Hacienda ni a
la Seguridad Social. Aplicando el tipo de presión fiscal
correspondiente, podemos hablar de cerca de 90.000 millones que se
dejarían de recaudar cada año.
Y si no se contabilizan las cotizaciones
sociales que no se pagan, hablaríamos de casi 60.000 millones de euros
de impuestos que no se pagan por no declararse. Erradicar al 100% el
fraude fiscal es algo muy complicado, o imposible, pero reducirlo hasta
los niveles que tienen los países de nuestro entorno, supondría que
España recuperase cerca de 40.000 millones al año.
En definitiva, cada
español está pagando entre 800 y 1.000 euros al año en impuestos de más
por ese fraude fiscal que cometen otros. (...)
Si equiparáramos nuestros niveles de economía sumergida con la media de
los países de nuestro entorno –lo que implicaría reducirla en 10 o 12
puntos porcentuales-, conseguiríamos recuperan unos 40.000 millones de
recaudación extra. Una cantidad en consonancia con los intereses de
deuda que paga España. Así que, si reforzáramos las posibilidades de
actuación de la Agencia Tributaria, podríamos estar recaudando lo
suficiente para pagar esos intereses de deuda. (...)" (Carlos Cruzado -sabemos.es
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