"España tiene un gravísimo problema de empleo, de actividad y en general
de las instituciones que operan en el mercado laboral. Sabiendo que el
principal problema es de demanda, no hay capacidad productiva para absorber todo el excedente laboral,
por lo que el crecimiento potencial de la economía cada vez es más
pequeño.
A ello contribuye, sin duda, el problema demográfico, el cual
tiene dos vertientes. Por un lado, un envejecimiento acelerado y una
bajísima tasa de natalidad, y por otro el nulo crecimiento de la
población a corto plazo, dada nuestra política de inmigración y para con
los refugiados.
Por ende, tenemos un doble problema de oferta y demanda,
que también se refleja en otros aspectos, como son los salarios, el
escaso apego a la formación, y la nula capacidad de las instituciones
públicas, pero tampoco las privadas, para recolocar a la gran masa de
parados/as de larga duración que, ni reduciendo los salarios, ni
contratando en régimen de semiesclavitud, son capaces de recualificar,
ni emplear a esta mano de obra tan dócil y sacrificada.
Las cifras de la EPA son lo suficientemente graves para
que los partidos que aspiran a gobernar piensen seriamente en cerrar el
instrumento público de intermediación laboral, en su estadio actual, y
lo conviertan, de verdad, en algo útil para la sociedad. En 2015, el
antiguo INEM, hoy SEPE, apenas intermedió con éxito en la obtención de un empleo en un porcentaje ínfimo, un 1,7% (...)
Y lo peor es que la tendencia es decreciente, frente a otros países como el Reino Unido donde ese porcentaje es casi del 70% (...)
Por supuesto que estos trabajadores deberán ser recolocados en otros servicios para no hacerles culpables de un fracaso que es político y en parte de falta de medios. (...)
Sin embargo, y tras
poner en marcha este sector por parte del PSOE y el PP, ambos partidos
comparten la filosofía de que el SEPE sobra en el mercado laboral, salvo
para pagar prestaciones, y por eso han intentado crear una competencia
privada, con un fracaso bastante notable, especialmente el modelo de las Agencias de Empleo, que siguen estancadas, sin modelo de funcionamiento, y con sospechas de presuntos tratos de favor para las entidades más grandes.
Las ETT siguen teniendo un papel relativamente marginal en el mercado
laboral, apenas un 3% del total, siendo su actividad principal la de
conseguir empleos baratos, con mucha rotación y con condiciones que
están en el límite del abuso.
En sentido estricto, por tanto, la gran
mayoría de empleos en España se consiguen a través de conocidos,
familiares o por un contacto directo con las empresas, y el resto, todavía un porcentaje pequeño, a través de los portales de empleo (un 18,1% según la encuesta del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario).
Este mal funcionamiento del sistema público de empleo explica, en
parte, la asimétrica distribución de los parados en España que, incluso
controlando por los perfiles de formación y localización geográfica o
por sexos, esta lacra se ceba especialmente entre los percentiles de
renta más bajos fruto de la carencia de este capital relacional que
mejora en hasta un 70% la probabilidad de ser contratado, por lo que
mientras no haya un cambio drástico en el servicio público de empleo, no
se mejorará la equidad en la distribución del paro en España. (...)
Si el sector público no funciona, y el sector privado tampoco, el
mercado laboral español está condenado a estar influenciado por el
capital relacional que seguirá condenando a los sectores más vulnerables
al desempleo estructural. Sigamos así y pronto ya no podremos pagar las
pensiones y la pobreza se habrá apropiado de un porcentaje
inaceptable para un país desarrollado." (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 22/05/16)
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