La mejor prueba de la naturaleza coyuntural de estos condicionantes es que si ahora tuviéramos el nivel de afiliación y de salarios de 2008 la Seguridad Social disfrutaría de un holgado superávit.
Además existe –nadie lo niega– un reto
estructural importante asociado al envejecimiento de la población que ha
de resultar del alargamiento de la esperanza de vida y, sobre todo, de
la jubilación de la generación del baby boom, la más grande de
nuestra historia. Lo cierto es que a veces parece olvidarse que este
cambio demográfico (sólo) empezará a dejar sentir sus efectos a mediados
de la próxima década.
Y que para darle respuesta se consensuó en 2011
una reforma (recorte) paramétrica que, más allá de algunas sombras,
tenía la virtud de situar el nivel de gasto en el momento más crítico
(2050) en cotas asumibles si tenemos en cuenta que hoy ya otros países
de nuestro entorno gastan en pensiones por encima de esa cifra (14% del
PIB). Así se pone de manifiesto en los Informes de envejecimiento de la
Comisión Europea de 2012 y 2015.
Visto el recorrido limitado que tiene el
Fondo de Reserva, la vía alternativa a los recortes de 2013 para la
recuperación del equilibrio de la Seguridad Social pasa fundamentalmente
por incrementar de forma sustancial la aportación del Estado a la
financiación de aquélla.
Son diversas las opciones que pueden plantearse
en este sentido, siendo una de ellas la creación de un recurso fiscal
específico para las pensiones, una medida que arroja resultados
razonablemente satisfactorios en un país de referencia como Francia. En
todo caso, aquí nos importa destacar un triple aspecto.
De un lado, incrementar la implicación
directa del Estado en el sostenimiento de la Seguridad Social es una
medida necesaria para corregir la anomalía que supone que España sea uno
de los países de la OCDE donde esa contribución procedente de los
impuestos generales es más baja. Caminaríamos, en definitiva, hacia la
‘normalización’ de nuestras fuentes de financiación del sistema público.
De otro, hay que ser conscientes de que
el esfuerzo adicional de financiación de las pensiones –como principales
prestaciones– que se cuantifica en 3,5 puntos porcentuales de PIB de
ahora a mitad de siglo constituye un esfuerzo muy importante, sin duda,
pero es limitado en el tiempo porque a partir de esa fecha caerá de
forma acelerada en la medida en que las cohortes venideras serán mucho
más reducidas. (...)" ( Borja Suárez y Antonio Gonzalez, Economistas frente a la crisis, 08-06-16)
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