"¿Cuál es el significado del acto de rendición judicial detrás del
golpe que se ha producido en Brasil? El papel central del sistema
judicial brasileño en los equilibrios y desequilibrios del periodo
posterior a 1985 debe ser analizado en detalle, ya que puede ayudar a
comprender comportamientos posteriores. La operación Lava Jato presenta
grandes ambivalencias.
Si, por un lado, hizo que grandes empresarios,
políticos y contratistas fueran procesados penalmente, rompiendo, de
algún modo, con la sensación de impunidad; por otro lado, su gran base
de apoyo es el involucramiento de personajes de la izquierda brasileña,
sobre todo del PT. Es decir, el gran apoyo social y mediático que recibe
la operación Lava Jato se debe a que persigue a la izquierda.
Esto
resulta evidente cuando comparamos la operación Lava Jato con la
operación Satyagraha, que investigó casos de corrupción y blanqueo de
capitales que involucraban, principalmente, al banquero Daniel Dantas
con las privatizaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Esta
última fue dirigida por el juez Fausto de Sanctis y por el delegado de
la Policía Federal Protógenes Queiroz.
La reacción del Supremo Tribunal
Federal (STF) a esta operación fue muy diferente a la actual: Queiroz
fue condenado penalmente y expulsado de la Policía; el juez De Sanctis
sufrió la persecución del entonces presidente del STF, Gilmar Mendes,
que dirigió un oficio en el Consejo Nacional de Justicia (del que
también era presidente) para investigar la conducta del juez.
El arresto
del banquero Daniel Dantas, que llegó a ser esposado, fue, en el fondo,
el origen real del sumario vinculante 11 del STF, que establece: “Solo
es lícito el uso de esposas en casos de resistencia y de riesgo fundado
de fuga o peligro para la integridad física propia o ajena, por parte
del preso o de terceros, justificada la excepcionalidad por escrito,
bajo pena de responsabilidad disciplinar, civil y penal del agente o de
la autoridad y de la nulidad de la prisión o del acto procesal al que se
refiere”.
Tal vez esto baste para concluir que en Brasil el
éxito de la justicia criminal contra ricos y poderosos parece estar
fuertemente relacionado con la orientación político-partidaria de los
investigados. Pero hay más.
La nominación del ex presidente Lula como
ministro llevó al juez Sérgio Moro a cometer uno de los actos más
flagrantemente ilegales de la justicia brasileña contemporánea: permitir
la divulgación de un audio entre la presidenta Dilma y el ex presidente
Lula cuando ya sabía que él no era competente para el procesamiento.
El
ministro del STF Teori Zavascki escribió en su despacho: “Fue también
precoz y, al menos parcialmente, equivocada la decisión que anticipó
juicio de validez de las interceptaciones, obtenidas, en parte
importante, sin abrigo judicial, cuando ya había determinación de
interrumpir las escuchas”.
Esa divulgación dio un nuevo impulso al
movimiento a favor del impeachment de la presidenta Dilma. A propósito,
el hecho de que la presidenta Dilma haya nominado a Lula como ministro,
incluso si la motivación exclusiva fuese la alteración del foro
competente para el juzgamiento, no constituye por sí sola una
obstrucción de la justicia.
En efecto, en la época en que era
presidente, Fernando Henrique Cardoso dio status de ministro al entonces
Abogado General de la Unión, Gilmar Mendes, con un objetivo semejante.
De hecho, a fines del siglo pasado e inicio del siglo XXI, por cuenta de
las privatizaciones y el aumento de la carga tributaria, varios jueces
federales comenzaron a pronunciar decisiones preventivas (interrumpiendo
acciones en curso) y a intervenir en el programa económico neoliberal
de Cardoso.
El ministro Mendes era entonces Abogado General de la Unión y
criticaba fuertemente la postura de los jueces. Hubo varias acciones de
improbidad y acciones populares en contra del gobierno de Cardoso y del
propio Mendes. Ante el peligro de que Mendes tenga que responder a
procesos en primera instancia fue decretada la Medida 2049-22, del 28 de
agosto de 2000, que le garantizó un fuero de privilegio y lo preservó.
En su artículo 13 dispuso: “Son ministros de Estado los titulares de los
ministerios, el jefe de la Casa Civil, el jefe del Gabinete de
Seguridad Institucional, el jefe de la Secretaría General y el jefe de
la Secretaría de Comunicación de Gobierno de la Presidencia y el Abogado
General de la Unión”.
En ese momento no hubo ningún tipo de
cuestionamiento, ninguna alegación de inconstitucionalidad o
“criminalización” del presidente Cardoso por obstrucción de justicia.
La
idea de que en la justicia brasileña hay dos pesos y dos medidas parece
confirmada y es altamente probable que pronto surjan más pruebas. A
título de ejemplo valdrá la pena observar la discrepancia entre el ritmo
de la operación Lava Jato centrada en Curitiba y el ritmo de la misma
operación centrada en Río de Janeiro, la que investiga a los empresarios
ligados más a la derecha, al Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), al ex gobernador Sergio Cabral y al Partido de la
Social Democracia Brasileña (PSBD).
Es necesario no perder de
vista dos hechos importantes. Por un lado, el sistema judicial continúa
teniendo un papel central en la institucionalidad democrática brasileña,
sobre todo mientras prevalezca el actual sistema político. Por otro
lado, hubo fracturas al interior del sistema judicial y, dependiendo de
las circunstancias, estas pueden ser una contribución importante para
renovar la credibilidad de la democracia brasileña.
En el momento en que
el sistema judicial parece apostar a criminalizar a cualquier precio a
una personalidad de la talla nacional e internacional del ex presidente
Lula, tal vez sea bueno recordar a los jueces que en la época de Cardoso
fueron objeto de vigilancia y persecución cuando intervenían con
medidas preventivas contra la política económica neoliberal del
gobierno. La política económica que viene de ahí no será menos dura y
llega poseída por un fuerte impulso revanchista. También la derecha
tiene su “¡Nunca Más!”.
La mayor incógnita es saber si las condiciones
que en el pasado construyeron la credibilidad del STF y dieron
verosimilitud a la idea de un sistema judicial relativamente
independiente del poder político, desaparecerán para siempre después de
esta lamentable trama político-judicial. El letargo del Consejo Nacional
de Justicia (CNJ) y del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP)
es verdaderamente preocupante.
Luchas institucionales y
extrainstitucionales. Lo más probable es que el acto de ruptura
institucional provocado de arriba hacia abajo (de las elites contra las
clases populares) tendrá que confrontarse en el futuro con actos de
ruptura institucional de abajo hacia arriba (de las clases populares
contra las elites).
En ese caso, el sistema político funcionará durante
algún tiempo con una mezcla inestable de acciones políticas
institucionales y extrainstitucionales, dividido entre luchas
partidarias y decisiones del Congreso o de los tribunales, por un lado, y
acción política directa, protestas en las calles o acciones ilegales
contra la propiedad privada o pública, por otro. Estas últimas serán
combatidas con elevados niveles de represión y su eficacia es una
cuestión abierta.
Con el golpe parlamentario-judicial, el régimen
político brasileño ha pasado de ser una democracia de baja intensidad
(eran bien conocidos los límites del sistema político y del sistema
electoral, en particular, para expresar la voluntad de las mayorías sin
manipulación por parte de los medios y del financiamiento de las
campañas) a una democracia de bajísima intensidad (mayor distancia entre
el sistema político y los ciudadanos, mayor agresividad de los poderes
fácticos, menos confianza en la intervención moderadora de los
tribunales).
Siendo este el régimen político, ¿cuál será la mejor
estrategia para que las fuerzas democráticas puedan llevar a cabo luchas
políticas que frenen la deriva autoritaria y refuercen la democracia?
De las fuerzas democráticas de derecha no es posible esperar una acción
vigorosa.
Cuando están en el gobierno, las diferentes fuerzas de derecha
se unen más de lo que lo hacen las fuerzas de izquierda. La razón es
que las fuerzas de derecha tienen el control del gobierno y también el
control reforzado del poder económico que siempre ejercen en las
sociedades capitalistas. En cambio, cuando las fuerzas de izquierda
están en el gobierno, no tienen el control del poder económico.
Las
fuerzas democráticas de derecha son importantes, pero tenderán a ser
relativamente pasivas en la defensa de la democracia aún existente. Por
eso, guste o no, es en las fuerzas de izquierda donde reside la defensa
activa de la democracia y la lucha por su refuerzo." (Boaventura de Sousa Santos , Página 12, en Rebelión, 04/10/16)
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