El modelo chileno, que se vendía tan bien en el exterior, finalmente mostró su cara real... el malestar de la ciudadanía chilena no se oía en las calles, estaba latente y se percibía a diario en la rabia contenida de la gente debida a la mala calidad de los transportes y las alzas constantes de la luz y los alimentos. En la actualidad, un 74,3% de los chilenos gana menos de 500.000 pesos mensuales (alrededor de 620 euros)

"Todo comenzó con una convocatoria en una cuenta de Instagram, destinada a compartir memes, que llamaba a evadir el transporte público que subía en 30 pesos (0,042 dólares). 

Los autores no eran nada más ni nada menos que estudiantes del emblemático Instituto Nacional, la institución de Secundaria más antigua del país que ha visto pasar por sus aulas a distintas personalidades, desde presidentes de la República hasta líderes de los distintos movimientos estudiantiles. 

Hace ya bastante tiempo que este instituto está en el debate público. En los últimos meses estuvieron en el ojo del huracán por la ley de Aula Segura que buscaba, tal como su nombre indica, aulas libres de violencia. Finalmente el gobierno terminó reprimiendo a los estudiantes, vigilando todo aquello que portaban en sus mochilas y expulsando a quienes consideraban disruptivos. La violencia policial se instaló en diversos liceos y el malestar estudiantil también.  (...)

Sin embargo, el movimiento que vemos en 2019 no es únicamente estudiantil, sino que ha convocado a diversos sectores de la sociedad chilena, transversal en rango de edad, regiones del país o niveles socioeconómicos. Es un movimiento que, en la forma, se asemeja muchísimo más a las movilizaciones de Argentina de 2001, pero en el fondo es completamente diferente, porque refleja un conflicto estructural. En Chile no se habían visto movilizaciones tan masivas y violentas en democracia, y el conflicto no parece tener fin en el corto plazo.  

Las reivindicaciones de este gran estallido, además de la derogación del alza del transporte subterráneo –que ya está en discusión en el Senado–, incluyen otras para echar abajo lo que algunos autores denominan enclaves autoritarios de la dictadura: privatización de la salud, la educación, el sistema de pensiones o el agua. 

Las exigencias son tan amplias que también buscan terminar con la Constitución, el endeudamiento, la violencia hacia el pueblo mapuche, y acabar con las zonas de sacrificio [áreas geográficas con escasa inversión económica o afectadas, de manera permanente, por daños ambientales] o los bajos salarios. 

Aunque el malestar de la ciudadanía chilena no se oía en las calles, estaba latente y se percibía a diario en la rabia contenida de la gente debida a la mala calidad de los transportes y las alzas constantes de la luz y los alimentos. 

En la actualidad, un 74,3% de los chilenos gana menos de 500.000 pesos mensuales (alrededor de 620 euros), al mismo tiempo que los abusos y la corrupción de la clase política y económica –bien conocidos por toda la sociedad chilena– apenas reciben ninguna sanción. Basta con recordar los 7.000 pesos (unos nueve euros) que las empresas de papel higiénico devolvieron como compensación a todos los chilenos por el sobreprecio de sus productos.  

En este contexto, los medios de comunicación chilenos y el gobierno se empeñan en subrayar de manera insistente los actos de violencia, la quema de estaciones de metro y buses, y los saqueos en diversos locales del comercio. Se insiste en la criminalización de la protesta de cualquier tipo, desde aquellas pacíficas hasta las más violentas.(...)

 El encapuchado, por lo general, proviene de sectores vulnerables y se encuentra en los márgenes, no tiene expectativas de futuro y ha sido despolitizado a partir de la necesidad y la carencia. Es un joven que no cuenta con espacios de sociabilidad con sus compañeros, como teatros, parques o plazas, y su espacio de esparcimiento termina siendo el mall, donde encuentra todo aquello con lo que sueña, porque el modelo se lo ha instalado, pero que no puede permitirse. 

Por lo tanto, en este estallido pueden acceder a todo aquello que tienen vetado a diario. Por otro lado, también hay jóvenes que rechazan la política institucional y quieren un cambio estructural a partir de una situación límite. Jóvenes que no creen y desconfían en las instituciones.  (...)

Para controlar la situación, el Gobierno de Sebastián Piñera se tomó la libertad de declarar el Estado de emergencia y el toque de queda en las principales ciudades del país durante 15 días, desde las 19 horas hasta las seis de la madrugada. Esto dio libertad plena a los militares para salir a las calles y reprimir un sinfín de barricadas, movilizaciones espontáneas y cacerolazos en diversos puntos del país. 

La violencia de los saqueos ha generado miedo en sectores de la población que se han organizado en un contramovimiento de chalecos amarillos que busca proteger y amedrentar a posibles saqueadores. Estos son grupos de vecinos de clase media, organizados en patrullas o como vigilantes, y que se informan constantemente a partir de plataformas online como whatsApp. (...)

El problema es que un conflicto, que podría haber cesado con un poco de mesura y de diálogo con distintos sectores políticos y activistas, escaló a niveles insospechados a causa de un presidente incapaz de hacer autocrítica y que ahora es capaz de declarar que estamos en un estado de guerra. A 21 de octubre, ya hay 11 civiles muertos, sin nombre ni rostro, en las movilizaciones (...)

En definitiva, el modelo chileno, que se vendía tan bien en el exterior, finalmente mostró su cara real. Los chilenos se cansaron de abusos sostenidos y de mentiras de la clase política. El endeudamiento de los chilenos es desmesurado, las pensiones no alcanzan para una vida digna y los precios no corresponden a la media de salarios. Por lo tanto, el reclamo por el aumento del pasaje era solo una excusa para expresar todo aquello que estaba contenido y que requiere ser resuelto con diálogo de diversos actores sociales y sin militares. "                       (Camila Ponce Lara, CTXT, 23/10/19)


"(...)  el trato de los gobernantes (...)

En julio del año pasado, el exministro de Educación, Gerardo Varela, comentó en una charla que cuando se le acercaban directores de escuelas de provincia para pedirle ayuda en reparar una techumbre, él se molestaba y les decía “¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?”. 

 En agosto del mismo año el ministro de Cultura, Mauricio Rojas, debió abandonar su cargo tras salir a la luz declaraciones suyas en un libro donde se refiere al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como un montaje. A fines de 2018, el ministro de Vivienda aseguró que “un altísimo porcentaje de los chilenos tiene una casa, a un departamento, una casa en la playa”, desconociendo completamente la realidad nacional.

 Este año, a principios de este mes, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comentando el nulo aumento del índice de precios al consumidor (IPC), señaló que había una buena noticia para “los románticos”, porque “las flores han tenido un descenso en su precio […] han caído un 3,6%”. Por último, sobre la reciente alza de precios en el Metro, el ministro de Economía señaló que “el que madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja”.

Este ha sido el año de las alzas en Chile. No sólo en el transporte, también en la electricidad, el agua, el gas, entre otras. El caso de la electricidad es particular, porque este año la compañía de electricidad que abastece a Santiago (ENEL) pretendió traspasar una compra de medidores a la población, lo que generó gran molestia, sobre todo considerando que el presidente del directorio –y además vicepresidente de la empresa de servicios sanitarios Aguas Andinas–, Herman Chadwick Piñera, es hermano del ministro del interior Chadwick y ambos primos del presidente de la república Sebastián Piñera.   (...)

Por último, otro antecedente importante: el círculo que rodea a Piñera, especialmente su primo, el ministro del interior Andrés Chadwick, fue un colaborador de Augusto Pinochet. Por estos días ha circulado una foto que muestra a un joven Chadwick detrás de Pinochet en un acto durante la dictadura. Así como él, varios ministros han sido cercanos al gobierno de Pinochet.

Poner policías a custodiar la evasión estudiantil del metro no hizo más que encender una mecha que estaba instalada hace mucho tiempo. Los desmanes comenzaron el día viernes 18 de octubre, con la quema de varias estaciones de metro y, entre ellas, la quema de algunos inmuebles privados, como el edificio de la compañía ENEL, que ardió –inexplicablemente– desde el décimoprimer piso y causó la conmoción total de los santiaguinos. Mientras estos hechos ocurrían, el presidente Piñera figuraba comiendo una pizza en un restaurante del barrio alto capitalino.

Hay una frase que circula en las manifestaciones y que resume muy bien el estado de ánimo del Chile actual: “Nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo”.

Esta es la crisis más profunda que ha vivido Chile desde el golpe de Estado de 1973. Las autoridades están completamente anonadadas, dando vergonzosas declaraciones ante la prensa. Recientemente el presidente Piñera ha dicho que “estamos en guerra”, sembrando el desconcierto en la población o, quizás, emulando inconscientemente a Pinochet quien, luego del atentado que le hicieron en 1986, declaró a la prensa “estamos en una guerra”. 

En una declaración posterior, la ministra de Educación fue emplazada por un periodista a indicar cómo le explicaría ella a un niño de nueve años estas declaraciones del presidente; la ministra simplemente retrocedió y entregó la palabra a la ministra siguiente. El general de marina a cargo de la defensa de la ciudad de Antofagasta llamó a tranquilizar a la población citando involuntariamente al Chapulín colorado –personaje infantil mexicano– y su conocida frase “que no panda el cúnico” (en vez de “que no cunda el pánico”).


Ante el desacierto del Gobierno de poner custodia policial a las estaciones del metro, y en respuesta a la movilización social, el presidente Piñera decidió “apagar el fuego con bencina” declarando estado de emergencia el 19 de octubre. Con esto, una movilización que había estado restringida a la capital del país se dispersó hacia otras ciudades dando inicio a una serie de manifestaciones en todo Chile. De esa forma se dio pie a una serie de actos vandálicos que incluyen saqueos a supermercados, bancos, cajeros automáticos, entre otros.

La fuerza policial, que se concentra en los manifestantes y en proteger los barrios altos, ha dejado desprotegidos los sectores más vulnerables de las ciudades permitiendo que la violencia tenga una escalada sin precedentes, alterando completamente el orden social.

En medio del caos, Piñera decidió decretar estado de excepción y poner al frente al general de división Javier Iturriaga como jefe de la defensa nacional. La presencia de militares en las calles constituyó una imagen amenazante, toda vez que el trauma de la dictadura no ha sido superado para muchos. Este hecho enardeció aún más los ánimos. 

Ante las preguntas de si se declararía toque de queda –otra reminiscencia de la dictadura, cuya determinación le corresponde al presidente de la república–, Piñera indicó que eso era una decisión que tomaría Iturriaga. En la rueda de prensa siguiente el general decretó, por primera vez desde la dictadura, el toque de queda en la provincia de Santiago y otras. 

En un intento de frenar las manifestaciones, Piñera despachó una ley al Congreso para congelar el alza de los pasajes del transporte público, que en la Cámara de Diputados se aprobó con sólo un voto en contra y en la de senadores con todos los votos a favor. Sin embargo, esto no logró ningún efecto en apaciguar el ánimo de la población.

Los medios masivos (tv, radios, periódicos), que en su mayoría pertenecen a empresarios que son afines a los intereses de la derecha, se han enfocado en criminalizar las manifestaciones sociales poniendo su foco en los actos vandálicos que han tenido lugar en estos días. (...)

 Sólo cuando los manifestantes decidieron dirigirse a protestar a las afueras de los canales de televisión, estos modificaron su línea editorial y comenzaron a exhibir en pantalla no sólo los saqueos, sino también los múltiples abusos de los que son objeto los ciudadanos.  (...)

La cifra de muertos, a los que el gobierno se ha negado a nombrar y a explicar las circunstancias de sus muertes, aumenta cada día. Hasta el día 22 de octubre el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) contabilizaba 1.894 detenidos, entre los que se cuentan 214 niños, niñas y adolescentes (de ellos, 140 niños y 39 niñas), además de 388 mujeres adultas. Se han reportado centenas de heridos de diversas maneras y mujeres que han dado cuenta de abusos sexuales sufridos durante su detención, así como la amenaza que recibió una detenida de ser penetrada con un fusil. 

Hay 269 personas heridas, “muchas de ellas con heridas oculares a causa de impacto de balines” y 137 heridas por armas de fuego. Hace apenas un día conocimos el caso de Víctor Marileo, quien estaba observando la represión militar desde el antejardín de su casa en el sector de Bajos de Mena, uno de los más humildes de la ciudad de Santiago, cuando recibió un impacto de bala proveniente de un fusil. 

En declaraciones televisivas, su esposa contó que al pedir ayuda nadie la socorrió; es más, los militares la amenazaron con dispararle si salía de su casa. Debió llamar a su hijo, residente de la ciudad de Linares, a 300 km de la capital, quien viajó desde allí y llegó antes que una ambulancia solicitada en Santiago. Ante ese incidente el general Iturriaga se refirió diciendo que se trató de un “hecho lamentable, pero menor”. Hoy Marileo se encuentra en coma inducido y los médicos auguran una improbable recuperación.  (...)

La verdadera tragedia que ocurre en Chile no es el conjunto de saqueos que los noticiarios se han esforzado en mostrar constantemente, es la indolencia de una clase política y empresarial habituada tanto a sus privilegios como al uso de la fuerza para defenderlos. La enorme distancia que existe entre las realidades de los gobernantes actuales y la del pueblo chileno, hace que el gobierno se sienta incapaz siquiera de comprender la profundidad de lo que está ocurriendo y, por lo tanto, de resolver la crisis actual. Como corolario perfecto de estas afirmaciones circula un audio filtrado de la primera dama de Chile, Cecilia Morel, donde explicita que “están sobrepasados”, que la situación es como “una invasión alienígena” y que “van a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.

Por lo pronto, sólo parece haber dos soluciones posibles: o el presidente Piñera se abre a crear un pacto social con la sociedad civil, que incluya de todas maneras una nueva Constitución, o abandona su cargo para llevar adelante a unas nuevas elecciones que permitan lo anterior. Cualquier otra medida será provisoria, y será cosa de tiempo que ocurra un nuevo estallido social, acaso más violento."                           (Galo Ghigliotto, escritor chileno, CTXT, 23/10/19)