" Cuando David Lucas era alcalde de Móstoles (2015–2018)
asistió a situaciones de precariedad residencial entre los vecinos del
municipio, sobre todo jóvenes y familias desahuciadas que tuvieron que
irse a vivir de alquiler, un mercado del que después fueron expulsadas,
según asegura.
"Incluso hay familias con bajos
recursos que comparten vivienda para poder costearse los alquileres.
Habrá que dar una respuesta a eso", reflexiona. Recientemente nombrado
por José Luis Ábalos secretario general de Agenda Urbana y Vivienda,
ahora le va a tocar convencer sobre la oportunidad de una medida que
hasta hace unos meses el propio PSOE no veía clara: limitar las subidas
de precios de los alquileres entre contrato y contrato en zonas
tensionadas, sistema que se sigue hace años en ciudades como Berlín,
París o Nueva York. (...)
Ya se ha anunciado que antes del
verano llegará al Congreso una reforma para limitar los precios de
alquileres entre contrato y contrato ¿Qué método barajan?
Esta
actuación comenzó con el Real Decreto de limitación del precio de los
alquileres, con ajustarlos al IPC dentro de los tiempos de contrato, lo
que dio más seguridad a un mercado que en esos momentos se había
disparado, sobre todo con la reforma que había hecho el PP en 2013.
Otra
de las medidas es el Plan de Vivienda, que ahora estamos intentando
desglosar en dos partes: el plan de acceso a la vivienda en alquiler y
el plan de rehabilitación. Y también el Plan 20.000, que es un esfuerzo
que está haciendo el Estado en colaboración con el sector privado.
Al
mismo tiempo, hemos venido trabajando en ser muy rigurosos con un
sistema de índice de precios de referencia, con datos del catastro, del
INE y de Hacienda, para tener una visión real, acertada y muy ajustada
de lo que es el mercado.
El sistema de índices de
precios nos va a dar una radiografía bastante ajustada de lo que pasa en
la realidad. Y a partir de ahí, vamos a sentarnos con el sector, con
las comunidades autónomas, los ayuntamientos y vamos entre todos cuál es
la solución. Sigue habiendo algunas áreas muy tensionadas, que
necesitan de más actuación para intentar corregir los crecimientos
desproporcionados que se han producido.
Lo que no es de recibo es que se
esté expulsando a los jóvenes que no tengan capacidad de acceder a los
alquileres, que tengan que dedicar casi el 50% de sus recursos a pagar
un alquiler, lo que hace que no puedan tener un proyecto de vida
estable.
Y no es normal que en Berlín, que tienen
casi el doble de renta per cápita que en España, o que el salario mínimo
interprofesional es el doble, se esté pagando 9,80 euros por metro
cuadrado y en Madrid o en Barcelona más de 14 euros. No tenemos datos
todavía del año 2019, pero seguramente habrá sobrepasado los 15 euros.
A
pesar de las muchas medidas que hemos implementado y que sí que han
tenido un efecto positivo, necesitamos ahora actuar en este plan de
actuación en esas áreas tensionadas sin olvidar otras medidas como las
políticas de oferta. (...)
Algunas comunidades, como es el caso
de Cataluña, están dando ya pasos hacia estas limitaciones de precios.
Ayer mismo se aprobó una medida en este sentido. ¿Cómo va a encajar
estas normas competencialmente en la ley estatal? Las competencias de
vivienda las tienen las comunidades.
Lo que
estamos intentando articular es un sistema que faculte a las comunidades
autónomas, a los ayuntamientos, para determinar esas áreas tensionadas y
establecer ese control en determinadas zonas con precios muy
desorbitados. Queremos trabajar con comunidades autónomas y con
ayuntamientos y estoy convencido que el momento que nos sentemos con
ellos, vamos a llegar a acuerdos. Si hay voluntad por su parte y por la
nuestra encontraremos esos puntos de conexión entre las medidas que
ellos están implementando y las de nuestro ámbito regulatorio.
Esperemos
tener a finales de marzo el sistema de índices y a partir de ahí nos
sentaremos a hablar con todo el mundo para presentarles el sistema y,
por supuesto, también para hablar de la manera en que vamos a enfocarlo.
Algunas
comunidades han amenazado incluso con demandar judicialmente al
Gobierno si les obligan a limitar los precios. ¿Esto va a ser una
obligación o va a ser facultad de las comunidades y ayuntamientos?
Creo
que el ministro ha sido bastante claro y hemos trasladado que lo que
vamos a establecer es un sistema marco para posibilitar a comunidades
autónomas y ayuntamientos que puedan regular sus territorios. Ellos son
los que más conocen su territorio y serán ellos los que tengan que tomar
la decisión.
La reforma que se hizo en el año 2013 disparó los precios de los alquileres produciendo una burbuja en los alquileres, que es la que hemos heredado en estos momentos. (...)
En todo caso, ¿cree que se sostiene
que ciudades como Madrid, que es uno de los sitios donde más existe este
problema, no aplique estas limitaciones? Ya han dicho que de ninguna
manera lo harán.
Tendrán que ser ellos los
que den respuesta ante los problemas sociales que están teniendo en las
ciudades. Tras la expulsión de jóvenes y de familias del mercado y ante
la no regulación de un problema tan importante. Hay muchas ciudades en
el mundo, muchos países que lo llevan aplicando muchísimo tiempo. Creo
que Madrid debe atender a ese reclamo social. Si no lo hace, pues tendrá
que dar explicaciones de por qué no lo acomete.
¿Cómo se va a definir lo que es un mercado tensionado?
Eso
lo vamos a intentar acordar sentándonos con el sector, las comunidades,
los ayuntamientos, pero partimos de la base de sitios en donde el
incremento del precio del alquiler se ha disparado a lo largo de estos
años, donde hay una gran demanda, poca oferta. Bueno, habrá que ver esos
parámetros, pero ya le digo que tiene que ser en función de los datos
rigurosos, científicos, que vamos a aportar del sistema de índices
elaborados por el Catastro, por el INE y por Hacienda.
¿Los límites se aplicarían a nuevos contratos o también afectarían a contratos que estén en vigor?
Vamos
a ser escrupulosos con el derecho de propiedad y con los derechos
constitucionales de todo el mundo. A partir de ahí, con las
orientaciones que nos den nuestros servicios jurídicos y con los
acuerdos que alcancemos con comunidades autónomas y ayuntamientos y con
el propio sector, intentaremos establecer un marco regulatorio en el que
puedan caber todos.
Como usted
comentaba, es una experiencia que ya se ha desarrollado en muchos países
durante décadas. ¿Cuál sería por parte del Ministerio, al margen de que
luego discutan con otros actores, el sistema preferido? Por ejemplo, en
Berlín este domingo pasado entró en vigor una ley donde se han
congelado durante cinco años el precio de los alquileres.
Lo
que es evidente es que tendremos que acordar primero qué se entiende
por área tensionada, con precios desorbitados. Y segundo, qué mecanismos
puede haber dentro del marco jurídico. Pero partimos de la base de que
intentamos acordar con el sector, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos.
Es decir, no somos un gobierno que
pretenda hacer un intervencionismo directo y sin diálogo con los demás.
No estamos en una postura intervencionista, estamos ante un problema
social que queremos afrontar debatiendo con todo el mundo y
estableciendo una medida que sea en su mayor parte consensuada.
El
sector inmobiliario siempre se ha mostrado muy crítico ante esta
medida y su argumento es que va a producirse una caída de la oferta, van
a acabar elevándose los precios, va a haber picaresca...¿Qué le parece?
Yo
tengo mi opinión a la hora de concebir el sector, porque no solamente
es el de la construcción o el sector inmobiliario, la mayor parte del
sector son los inquilinos y los ciudadanos. Y estoy convencido que la
mayor parte de los inquilinos, seguramente cerca del 100% de los
consumidores y de los que viven a diario la exclusión estarán de acuerdo
en que hay zonas en donde el precio se ha disparado.
Es verdad que hay que incidir, como dice el sector, en la oferta. Por supuesto, y estamos trabajando el plan de acceso a la vivienda, el plan de rehabilitación, y el plan 20.000.(...)
¿A la hora de convocar a los
distintos agentes en el intercambio de para el diseño de la medida
también incluyen a sindicatos de inquilinos o a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)?
Sí, por
supuesto. Vamos a hablar con todo el mundo y además yo creo que los
sindicatos de inquilinos, asociaciones de consumidores, los ciudadanos
en general, son una parte muy importante de este debate, porque son los
más afectados desde el punto de vista social en esta situación.
No
estaba en este cargo el año pasado, pero cuando se debatió la
posibilidad de introducir estos límites de precios en el decreto de
reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Gobierno o el PSOE
prefirió no hacerlo pese a estar en el pacto con Unidas Podemos. ¿Qué ha
cambiado?
Pues creo que ha cambiado nada más
que ahora sí tenemos datos. Yo creo que el Gobierno acertó en aquel
momento porque fue prudente a la hora de avanzar en medidas sin tener la
rigurosidad de los datos. Se ha estado trabajando a lo largo de este
año en un sistema de índices de precios de referencia que también va a
ser una referencia, en el ámbito no solamente español sino
internacional, porque va a estar nutrido de millones de datos. El
Gobierno acertó en no seguir avanzando y profundizando hasta no tener
esa rigurosidad y esos datos científicos que se han ido conformando. "
(ENTREVISTA al Secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, Marina Estévez, eldiario.es, 28/02/20)
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