"Iberia y Vueling han recibido más de 1.000 millones de euros
en préstamos avalados por el Estado. Air Europa también se ha
beneficiado del respaldo estatal a través de un crédito de 130 millones
con aval público.
Y OHL, la constructora investigada por corrupción, se
ha hecho con otro crédito de 140 millones gracias a las medidas
económicas adoptadas durante la crisis por el covid-19. La compañía de
Villar Mir llevaba dos años sin conseguir ningún tipo de préstamo de los
bancos, pero siendo avalista el Estado es otra cosa.
Estos son solo
algunos ejemplos de las grandes empresas que han accedido al plan de
choque económico que ha puesto en marcha el Gobierno en estos dos meses.
En total, se van a destinar 100.000 millones de euros para avalar los
préstamos que otorgan los bancos al tejido empresarial y a los
autónomos. Por comparar con el presupuesto dedicado a otras medidas, el
tan debatido ingreso mínimo para la ciudadanía,
en sus múltiples formas, oscila entre 5.000 millones de euros al año,
en el caso de la propuesta del Gobierno, y 10.000 millones según otras
versiones más amplias y garantistas.
En el marco de ese gigantesco respaldo público al sector privado, el
Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales.
Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las
compañías, y quienes emiten este tipo de deuda no son precisamente
pymes.
Acabamos de conocer el listado de las empresas a las que el
Estado puede inyectarles presupuestos millonarios, entre ellas nos
encontramos a la casa de apuestas Codere, el fabricante de armamento
Maxam, la cadena El Corte Inglés y otras compañías que van desde
constructoras hasta inmobiliarias. Ninguna de estas corporaciones encaja
en el relato oficial, con el que se insiste en que el apoyo público se
está centrando en las empresas y autónomos más débiles y con menor
capacidad de afrontar la actual crisis socioeconómica. ¿Cuál es el
engranaje que ha hecho posible el rescate de grandes empresas con un
amplio historial de impactos sociales y ambientales? (...)
El ICO se presenta como un banco público, creado en 1971 y adscrito al
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los créditos y
apoyos financieros que ofrece se gestionan habitualmente a través de
bancos comerciales como Bankia, BBVA, Caixabank, Santander y Sabadell,
entre otros. Con esta colaboración público-privada los bancos obtienen
un beneficio, pues se quedan parte del margen que existe entre el
interés del crédito que obtienen del ICO y el que fijan ellos en los
préstamos que ofrecen a las compañías. El ICO es la institución
encargada de gestionar los avales multimillonarios y la compra de
pagarés que ha aprobado el Gobierno durante el confinamiento por la
covid-19.
Los 100.000 millones de euros de avales públicos se han puesto en marcha
a través de diferentes tramos, cuatro hasta la fecha. El primero y el
tercero han repartido las ayudas a partes iguales entre pymes y
autónomos, por un lado, y grandes empresas, por otro. No es fácil
conocer las empresas que están siendo agraciadas con estos avales
estatales porque el ICO no publica a quién ofrece financiación ni para
qué.
Hemos podido conocer algunas de las compañías avaladas indagando en
sus comunicados y en noticias de prensa, ya que están obligadas a
publicar cualquier operación de préstamo relevante. Así es como hemos
llegado a las aerolineas Iberia y Vueling, que pertenecen a
International Air Group (IAG). IAG es una corporación británica que
tiene como principales accionistas a las líneas aereas de Qatar y a diversos fondos de inversión transnacionales.
Cuando
el objetivo declarado es apoyar fundamentalmente a pymes y autónomos,
cabe preguntarse qué sentido tiene sostener con fondos públicos
compañías con accionistas puramente financieros, que cuentan con
capacidad sobrada para aportar recursos.
Tampoco se entiende el aval del
Estado para inyectar dinero a una empresa como Air Europa, que iba a
ser comprada por Iberia
e iba a pagar a sus dueños, el grupo Globalia, 1.000 millones de euros.
La explicación quizás hay que buscarla en las palabras del ministro de
Fomento, José Luis Ábalos,
que aseguró que iba a hacer todo lo posible para que Iberia tuviera
liquidez. Por cierto, la financiación que está ofreciendo ahora el
Estado no se dirige únicamente a cubrir necesidades puntuales de dinero a
corto plazo, son operaciones que están vigentes durante un periodo de cinco años.
Si
los criterios económicos para acceder a la financiación pública son
discutibles, los ambientales son inexistentes. Y es que se está
rescatando a uno de los principales sectores responsables del cambio climático.
En cuanto a la fiscalidad, lo único que se exige es que no tengan la
sede social en un paraíso fiscal, pero esto difícilmente puede ser útil
para evitar la evasión de impuestos si no hace referencia a la
existencia de filiales en esos territorios.
Como limitaciones a posteriori se encuentra la de no repartir
dividendos durante un tiempo, algo bastante obvio si el objetivo de
estas ayudas es paliar necesidades urgentes de liquidez.
Paradójicamente, quienes sí imponen criterios son los intermediarios
necesarios para la operación: la banca comercial privada. El resultado
final es un listado de compañías sostenidas con ayudas públicas, algunas de ellas con una más que cuestionable trayectoria empresarial. (...)
Existe, eso sí, una novedad en relación a la actividad habitual del ICO: la lista de grandes compañías
a las que el Estado puede comprar pagarés es pública. Si tenemos en
cuenta su currículum, podemos hablar de un rescate antisocial y
antiecológico. Además de Codere (Operibérica), Maxam, Sacyr y la
inmobiliaria Renta Corporación, nos hemos encontrado en ese listado a
empresas como:
1) El Corte Inglés, la empresa que puede traspasar
más deuda al Estado: hasta 1.200 millones de euros. En su historial
aparece el derrumbe del Rana Plaza
en Bangladesh, donde varios de sus proveedores estaban alojados. La
ausencia de medidas de seguridad en el edificio hizo que colapsara
dejando más de 1.100 víctimas mortales.
2) Elecnor, una compañía
de ingeniería que desarrolla proyectos de infraestructuras y energía en
más de 30 países. Alguno de estos proyectos ha estado envuelto en graves
violaciones de derechos humanos contra las comunidades locales. Entre
los casos más graves está el Proyecto Integral Morelos en México, donde el pasado año fue asesinado uno de los principales líderes comunitarios que se enfrentaban al proyecto.
3)
Cobra, una de las filiales del grupo ACS, presidido por Florentino
Pérez, que pretende ser referente mundial en infraestructuras
industriales. Cobra se ha visto envuelta en diferentes conflictos laborales y ambientales, entre los que destaca la construcción de la hidroeléctrica Renace en Guatemala. Ya hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que
obligó a la empresa a realizar una consulta previa, libre e informada a
las 29.000 personas afectadas del pueblo indígena q'eqchi, aunque la
obra ya estaba prácticamente acabada.
4) Jorge Pork Food, el
segundo productor de carne porcina en España con 5,8 millones de cerdos
sacrificados en 2018. El modelo de macrogranjas es otro sector
enormemente controvertido por ser uno de los que más contribuyen a la crisis climática, además de deteriorar gravemente los territorios que ocupa y favorece la rápida propagación de virus y nuevas enfermedades.
| EL CORTE INGLÉS | 1200000000 |
| GESTAMP | 350000000 |
| SACYR | 350000000 |
| BURAN ENERGY IM 1 | 300000000 |
| ELECNOR | 300000000 |
| EUROPAC | 300000000 |
| AUDAX | 200000000 |
| MANGO | 200000000 |
| MASMOVILÂ | 200000000 |
| URBASER | 200000000 |
| AEDAS HOMES | 150000000 |
| COBRA | 150000000 |
| TSK | 150000000 |
| TUBACEX | 150000000 |
| HOTUSA | 100000000 |
| MAXAM | 100000000 |
| PRYCONSA | 100000000 |
| VIDRALA | 100000000 |
| FLUIDRA | 75000000 |
| GLOBAL DOMINIONÂ | 75000000 |
| JORGE PORK | 75000000 |
| TRADEBE | 75000000 |
| VOCENTO | 75000000 |
| ATLANTICA YIELD | 50000000 |
| CECOTEC | 50000000 |
| COREN | 50000000 |
| GRUPOPIKOLIN | 50000000 |
| INSUR | 50000000 |
| MINERSA | 50000000 |
| ORMAZABAL | 50000000 |
| Pagarés GRUPO SORIGUÉ | 50000000 |
| SAMPOL | 50000000 |
| ULMA | 50000000 |
| AMPER | 30000000 |
| OPERIBÉRICA (CODERE) | 30000000 |
| COPASA | 30000000 |
| NEXUS ENERGÃA | 30000000 |
| RENTA CORPORACIÓN | 30000000 |
| SIDENOR | 25000000 |
| TEKNIA | 25000000 |
| LOGITRAVEL | 20000000 |
| VOLOTEA | 20000000 |
Urge un cambio en las políticas de apoyo financiero al sector privado (...)"
(Erika González , Miguel Espada , Ecologistas en Acción , Alfons Pérez
, ODG; El Salto, 22/05/20)
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