"La Ley General de Sanidad (1986), aunque recortada respecto a los borradores iniciales más progresistas, estableció un nuevo marco para la asistencia sanitaria. Este permitió, entre otros aspectos, poner en marcha el modelo de atención primaria. Sin embargo, las presiones políticas obligaron a dejar la puerta abierta para que las empresas privadas hicieran negocio a costa del Sistema Nacional de Salud.
Así, el artículo 90 permitía derivar actividad a hospitales privados, siempre que los hospitales públicos hubieran optimizado previamente sus recursos. Es decir, si un hospital mantenía camas, quirófanos, servicios o tecnología infrautilizada o cerrada, no podría derivar actividad a los privados. La realidad durante estas tres décadas ha sido otra. Se han sucedido los recortes y cierres en los hospitales públicos, mientras se derivaba lo poco complejo y económicamente rentable a los privados (bajo lo que se denomina “conciertos”).
Ha sido la tónica en todo el Estado, independientemente de quien gobernara. Todos los políticos la han utilizado, lo que demuestra las conexiones entre los gestores de lo público y la sanidad privada. Ninguno de nuestros maravillosos jueces, durante 30 años, ha apreciado ningún tipo de indicio irregular en esta práctica cotidiana.
De esta forma cada año se dejan de utilizar en nuestros infrautilizados centros unos 8.000 millones de euros, que son dirigidos a los bolsillos privados a través de conciertos. Con todo, hay grandes variaciones territoriales. En Cataluña suponen el 25% de su presupuesto sanitario, mientras que a nivel estatal es un 12%. Para hacernos una idea de la magnitud, 8.000 millones de euros es el gasto sanitario anual de Madrid (6,5 millones de habitantes) o la suma del gasto sanitario anual de Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura y Aragón. (...)
se elaboró la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que permitía, a partir de su aprobación por PP, PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria, que cualquier centro sanitario o sociosanitario del Estado español fuera gestionado y explotado por empresas con ánimo de lucro.
La penetración del sector privado era muy diferente según territorios. Cataluña contaba con un modelo propio, ya en manos privadas en su gran mayoría. Sin embargo la ley permitió “legalizar” el modelo catalán.
A partir de ahí, todo fue mucho más fácil. (...) proceso de deterioro e incluso cierre de los centros “públicos” de gestión directa, que son sustituidos por centros del modelo “colaboración público-privada” —como en el caso de Puerta de Hierro en Madrid, que pasa de ser un centro de gestión directa a uno de colaboración público-privada—. La colaboración está en que lo público es nuestro dinero, y lo privado sus beneficios. Con el problema añadido de que cada uno de estos centros, adjudicado por décadas a fondos de capital riesgo, constructoras o bancos, va a tener un coste para las arcas públicas de hasta siete veces el valor de la inversión.
Tamaño negocio, llamado por algunos “gestión sin riesgo” (¿qué administración se atrevería a no rescatar un hospital de este tipo que quiebre?), se extendió como la pólvora por la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castilla y León... dejando un reguero de sobrecostes y corruptelas y una reducción de la capacidad de los centros sanitarios “públicos”, como se ha evidenciado con la crisis del covid-19. Curiosamente, en el caso de Madrid, los centros privatizados fueron repartidos entre municipios gobernados por el PP, PSOE e IU. Todos ponían gratuitamente a disposición de las empresas privadas el suelo público, haciendo negocio hasta con los aparcamientos. Todos en el ajo.
Lo demás es conocido y resultado lógico de lo anterior. Incremento espectacular de las listas de espera quirúrgicas y diagnosticas hasta límites desconocidos. Crecimiento exponencial de los seguros privados. Continuo cambio de manos de las acciones de los hospitales privatizados. Deterioro planificado de la atención primaria. Recorte de las plantillas. Reducción del presupuesto dirigido a los centros de gestión directa… Estaba claro que cualquier incremento de las necesidades asistenciales de la población iba a provocar el colapso y la falta de respuesta del sistema sanitario, como así ha sido.
El sistema sanitario está en horas bajas, mientras que la sanidad privada goza de buena salud, por desgracia. No esperamos nada de la derecha ni de sus cachorros, pero el Gobierno es consciente del problema. En 2009, gobernando el PSOE, presentamos 500.000 firmas en el Congreso de los Diputados exigiendo la derogación de la Ley 15/97. Zapatero respondió con el silencio y con recetas de austeridad.
(...) es imprescindible, en primer lugar, derogar las leyes que permitieron convertir nuestra sanidad en un bazar turco. Y blindar el sistema de forma que ni un euro de nuestros impuestos, pueda jamás ir a parar a bolsillos privados. No hay caminos intermedios para recuperarlo, lo demás es simbolismo." (Juan A. gómez Liébana, Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, El Salto, 19/05/20)
Así, el artículo 90 permitía derivar actividad a hospitales privados, siempre que los hospitales públicos hubieran optimizado previamente sus recursos. Es decir, si un hospital mantenía camas, quirófanos, servicios o tecnología infrautilizada o cerrada, no podría derivar actividad a los privados. La realidad durante estas tres décadas ha sido otra. Se han sucedido los recortes y cierres en los hospitales públicos, mientras se derivaba lo poco complejo y económicamente rentable a los privados (bajo lo que se denomina “conciertos”).
Ha sido la tónica en todo el Estado, independientemente de quien gobernara. Todos los políticos la han utilizado, lo que demuestra las conexiones entre los gestores de lo público y la sanidad privada. Ninguno de nuestros maravillosos jueces, durante 30 años, ha apreciado ningún tipo de indicio irregular en esta práctica cotidiana.
De esta forma cada año se dejan de utilizar en nuestros infrautilizados centros unos 8.000 millones de euros, que son dirigidos a los bolsillos privados a través de conciertos. Con todo, hay grandes variaciones territoriales. En Cataluña suponen el 25% de su presupuesto sanitario, mientras que a nivel estatal es un 12%. Para hacernos una idea de la magnitud, 8.000 millones de euros es el gasto sanitario anual de Madrid (6,5 millones de habitantes) o la suma del gasto sanitario anual de Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura y Aragón. (...)
se elaboró la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que permitía, a partir de su aprobación por PP, PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria, que cualquier centro sanitario o sociosanitario del Estado español fuera gestionado y explotado por empresas con ánimo de lucro.
La penetración del sector privado era muy diferente según territorios. Cataluña contaba con un modelo propio, ya en manos privadas en su gran mayoría. Sin embargo la ley permitió “legalizar” el modelo catalán.
A partir de ahí, todo fue mucho más fácil. (...) proceso de deterioro e incluso cierre de los centros “públicos” de gestión directa, que son sustituidos por centros del modelo “colaboración público-privada” —como en el caso de Puerta de Hierro en Madrid, que pasa de ser un centro de gestión directa a uno de colaboración público-privada—. La colaboración está en que lo público es nuestro dinero, y lo privado sus beneficios. Con el problema añadido de que cada uno de estos centros, adjudicado por décadas a fondos de capital riesgo, constructoras o bancos, va a tener un coste para las arcas públicas de hasta siete veces el valor de la inversión.
Tamaño negocio, llamado por algunos “gestión sin riesgo” (¿qué administración se atrevería a no rescatar un hospital de este tipo que quiebre?), se extendió como la pólvora por la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castilla y León... dejando un reguero de sobrecostes y corruptelas y una reducción de la capacidad de los centros sanitarios “públicos”, como se ha evidenciado con la crisis del covid-19. Curiosamente, en el caso de Madrid, los centros privatizados fueron repartidos entre municipios gobernados por el PP, PSOE e IU. Todos ponían gratuitamente a disposición de las empresas privadas el suelo público, haciendo negocio hasta con los aparcamientos. Todos en el ajo.
Lo demás es conocido y resultado lógico de lo anterior. Incremento espectacular de las listas de espera quirúrgicas y diagnosticas hasta límites desconocidos. Crecimiento exponencial de los seguros privados. Continuo cambio de manos de las acciones de los hospitales privatizados. Deterioro planificado de la atención primaria. Recorte de las plantillas. Reducción del presupuesto dirigido a los centros de gestión directa… Estaba claro que cualquier incremento de las necesidades asistenciales de la población iba a provocar el colapso y la falta de respuesta del sistema sanitario, como así ha sido.
El sistema sanitario está en horas bajas, mientras que la sanidad privada goza de buena salud, por desgracia. No esperamos nada de la derecha ni de sus cachorros, pero el Gobierno es consciente del problema. En 2009, gobernando el PSOE, presentamos 500.000 firmas en el Congreso de los Diputados exigiendo la derogación de la Ley 15/97. Zapatero respondió con el silencio y con recetas de austeridad.
(...) es imprescindible, en primer lugar, derogar las leyes que permitieron convertir nuestra sanidad en un bazar turco. Y blindar el sistema de forma que ni un euro de nuestros impuestos, pueda jamás ir a parar a bolsillos privados. No hay caminos intermedios para recuperarlo, lo demás es simbolismo." (Juan A. gómez Liébana, Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, El Salto, 19/05/20)
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