"Las macroinvestigaciones sobre pederastia en la Iglesia católica en el mundo muestran miles de víctimas y pocos condenados. Estados Unidos, Australia, Irlanda, Bélgica, Alemania y ahora Francia han ido destapando la magnitud de unos crímenes sepultados por décadas de silencio.
La falta de voluntad para dar con la verdad resulta vergonzosa y perpetúa una herida que ha destrozado las vidas de quienes la padecieron y configuran, a pesar de la posición oficial del Vaticano y del papa Francisco, en un verdadero agujero negro para el catolicismo..
(...) Desde que en 2002 el diario The Boston Globe destapó el primer gran escándalo de pederastia en la Iglesia de Estados Unidos, se han sucedido las revelaciones y las investigaciones. En algunos casos, como Francia o Alemania, han sido las propias conferencias episcopales las que han iniciado las investigaciones. En Bélgica ha sido iniciativa del Parlamento, y en otros, como Australia o Irlanda, de sus gobiernos.
España es, junto a Italia y Portugal, el país donde mayor resistencia muestra la Iglesia a esclarecer la verdad. Tampoco el Estado ha hecho nada hasta ahora para que se investigue de forma más rápida y segura. La actitud de la Conferencia Episcopal española ha sido siempre tan negacionista como obstruccionista. No solo perpetúa así la vejación sufrida por las víctimas, sino que también desobedece l mandato del papa
Las instrucciones del papa Francisco han sido de colaboración y
transparencia fueron muy precisas y ha señalado su vergüenza por “la
larga incapacidad de la Iglesia” para afrontar esta cuestión. Al
permitir y en muchos casos encubrir los abusos, la Iglesia católica
traiciona la confianza de las familias que han puesto una parte de la
vida de sus hijos en sus manos, y también ha traicionado la confianza
del Estado, que le ha concedido –incluso- el privilegio de intervenir en
su educación.
Negociación
Según la prensa española, la Compañía de Jesús y los maristas exigen a las víctimas de abusos de la Iglesia firmar un pacto de confidencialidad para negociar compensaciones, algo prohibido por el Papa en 2019 en su documento Vox estis lux mundi, destinado a reforzar la lucha contra la pederastia en el clero y acabar con el secretismo.
Alfonso Caparrós, de 76 años, víctima de los abusos de un jesuita en el colegio San Estanislao de Kostka de Málaga en los años cincuenta, se reunió en junio de 2020 con el provincial de España de la orden. “Conté mi caso por desahogo, no por esperar dinero, ni sabía que eso se podía. Tras escucharme, me dijo: ‘¿Cuánto crees que te corresponde?’. Le dije que habían perdido mi alma, porque me hice ateo, y que tasara él lo que vale un alma perdida como la mía”, relata Caparrós a E l País.
Entró entonces en un proceso de indemnización que define como impersonal, frío y humillante, a través de un despacho de abogados, y en el que, para empezar a negociar, se le exigía la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Los maristas, en Cataluña, también impusieron la misma condición en 2020, en la primera indemnización colectiva emprendida por una orden católica en España. Caparrós descubrió que los jesuitas manejan un tarifario sobre los abusos “en función de su gravedad”: hasta 5.000 euros, leve; hasta 10.000, media; hasta 15.000 alta. Ahora, dice, sabe cuánto vale su alma: “Mi violación vale solo 7.500 euros”. Los recibió el pasado mes de junio en su cuenta bancaria.
En un claro desprecio a la verdad, a través del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, la Iglesia católica ibérica descartó investigar activamente los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos, una postura inquietante en un país en el que un millón y medio de niños estudian en escuelas de dicha confesión.
Es también un desprecio al reconocimiento que el Papa ha hecho de los errores de la Iglesia en el manejo de las denuncias de abuso, llamando a terminar con la negligencia frente a estos actos, y con los profundos procesos impulsados en otros países para conocer la verdad, erradicar esta lacra y reparar el daño a las víctimas.
La nula disposición de la cúpula clerical hispánica para esclarecer y subsanar los delitos sexuales perpetrados por sus integrantes no puede desvincularse del enorme poder económico e influencia política de que goza. En España la Iglesia católica se encuentra subvencionada por el Estado, tanto de manera directa como indirecta. (...)
Más allá de lo financiero, su ascendiente entre la clase política es de tal envergadura, que el gobierno del presidente socialdemócrata Pedro Sánchez ha sido el primero en prescindir de biblias y crucifijos en su toma de posesión.
Mientras en Estados Unidos muchas diócesis han tenido que declararse
en bancarrota por las indemnizaciones pagadas a los sobrevivientes de
los abusos, en España apenas reconocen 220 episodios de este tipo de
2001 a la fecha." ( , Rebelión, 10/11/2021)
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