"Uno de los objetivos básicos que persigue la Ley de Vivienda, ahora en tramitación, es la reducción o eliminación de las dificultades de acceso a la vivienda que encuentran los colectivos más afectados como es el caso de los jóvenes y los hogares con rentas más bajas. Para ello se han buscado algunas medidas tendentes a colaborar con este objetivo como es el fomento de la oferta o la prohibición de privatizar viviendas públicas para el alquiler.
Sin embargo, aún tendrá que pasar un tiempo para que el conjunto de medidas que contempla esta ley, de sus frutos ya que la realidad es muy distinta.
Según el ultimo informe anual del Banco de España, publicado el pasado miércoles y basándose en datos de Eurostat, considera prioritario actuar para reducir los efectos adversos de la desigualdad para el acceso a la vivienda.
El dato que ofrece es contundentes ya que prácticamente la mitad, el 48,7% de los españoles que vivían en alquiler en 2020 a precios de mercado, se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social. Se trata del porcentaje más elevado de toda la Unión Europea (UE), fijándose la tasa media del conjunto de países que la integran en el 32,3%.
Pero la contundencia del dato además se ve reforzado cuando también puede extraerse que un 35,9% de estos inquilinos, algo más de un tercio, dedicaban más del 40% de su renta disponible a la vivienda, lo que contrasta con una tasa del 25,8% de promedio en la UE. Sin duda, y como consecuencias de la situación económica de estos dos años que han pasado, las cifras han podido incluso empeorar. (...)" (Cinco Días, 21/05/22)
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