"La Sala Segunda del Tribunal Supremo quiere morder hasta el hueso: llegar a determinar si fue el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien en la noche del 13 de marzo de 2004, a las 23:51 horas, filtró a un medio de comunicación - repercutido después a otros- citas textuales de un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirigió el día 2 de febrero de 2024 a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Lo que supondría, de confirmarse. la comisión de un delito de revelación de secreto que consagra el artículo 417 del Código Penal.
El objeto de la investigación abierta este miércoles 16 de octubre por la Sala Segunda no es la nota de prensa como tal de la Fiscalía de Madrid, difundida el 14 de marzo, sino el itinerario de los correos electrónicos sobre el caso González Amador que tuvo lugar la noche anterior, a través de la cual la Fiscalía de Madrid trasladó al fiscal general del Estado la noche del 13 de marzo, a efectos de confeccionar el citado comunicado, desde donde se filtró el contenido a un medio de comunicación.
El fiscal general del Estado ha convocado para este jueves 17, una junta de fiscales de sala del Supremo y una reunión del Consejo Fiscal, para tratar la apertura de las diligencias en ambos órganos asesores de la Fiscalía General del Estado.
Fuentes judiciales señalan que la junta de fiscales de sala -los 34 fiscales de más alto rango de la carrera- no tiene, estrictamente, competencia sobre este tipo de asuntos.
Se ocupa, en efecto, de formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno, y cualesquiera otras de naturaleza análoga que el fiscal General del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio.
Pero ninguno de estas materias está relacionada con la situación derivada este miércoles 16 de octubre por las diligencias iniciadas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Álvaro García Ortiz, asimismo, ha citado al Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Fiscal, integrado por el fiscal general, la teniente fiscal, el fiscal inspector jefe y nueve fiscales de diferentes asociaciones.
La mayoría del Consejo solicitará, según se ha comentado entre sus miembros, la dimisión inmediata del fiscal general del Estado a raíz de su imputación, pero dicha exigencia no es vinculante para Álvaro García.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no prevé una situación - inédita en la historia judicial - semejante a la que se ha creado. Y, por tanto, no existe provisión alguna sobre qué paso debería dar el FGE en caso de ser imputado. Álvaro García siempre ha puntualizado que, pese a ello, seguirá ejerciendo sus funciones. Esto es: no dimitirá solamente al ser imputado.
Batalla mediático-judicial
La filtración que investiga a partir de este miércoles 16 el magistrado Ángel Hurtado, instructor designado por la Sala Segunda, emergió en el fuego cruzado de informaciones en relación con el fraude fiscal cometido por Alberto González Amador -pareja de Isabel Díaz Ayuso- en un contrato de venta de mascarillas (dos delitos fiscales por valor total de 350.000 euros).
Un medio de comunicación informó sobre los hechos. A continuación, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, filtró a medios el contenido de un correo reservado de la defensa de González Amador con el argumento de había partido de la Fiscalía de Madrid la propuesta de un pacto sobre los delitos y de que altas instancias políticas habían obligado al fiscal Julián Salto, que actúa en la sección de delitos económicos de Madrid, a retirar esa oferta.
La realidad es que fue la defensa jurídica de González Amador la que había ofrecido en febrero de 2024 el pacto, con el reconocimiento de dos delitos y la disposición a pagar hasta 500.000 euros para evitar dos penas de prisión de cuatro meses cada una mediante la habitual transacción una vez que se presentara la denuncia de la Fiscalía ante los juzgados.
El fiscal se había limitado a tomar nota de la propuesta.
En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de perseguir a González Amador por ser pareja de Díaz Ayuso y proclamaron su inocencia, una campaña que contradecía la iniciativa del abogado de la pareja de Ayuso de pactar con la Fiscalía.
Fue en ese contexto que en lugar de limitarse a desmentir la información manipulada “vendida” por la Comunidad de Madrid a los medios, el fiscal general del Estado, según admitió públicamente, consideró que era necesario explicar la situación con mayor amplitud.
Y para ello, solicitó la tarde noche del 13 de marzo de 2024 a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Salto, los correos intercambiados con el abogado de González Amador, con el cometido, según se ha apuntado, una nota de prensa al día siguiente, 14 de marzo.
Pero esa noche del 13, el contenido textual de uno de los correos que se le enviaron a Álvaro García Ortiz apareció en un medio de comunicación.
Los abogados de González Amador presentaron una querella por revelación se secreto contra García Ortiz ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Mientras el tribunal examinaba los hechos, el fiscal general del Estado se puso de facto en manos del Tribunal Supremo al enviar un escrito al TSJM el 11 de junio en el que afirmaba que la competencia para investigarle no era del TSJM sino del propio Supremo.
El 15 de julio de 2024, el TSJM, en efecto, consideró que era necesario conocer la versión sobre los indicios que obraban en la querella sobre la actuación del Fiscal General del Estado durante el intercambio de correos electrónicos y pidió a la Sala Segunda su imputación, resuelta, finalmente, este miércoles, 16 de octubre.
Largo me lo fiáis
García Ortíz ha decidido seguir en su puesto. El Gobierno, en principio, ha resuelto no pedirle la dimisión.
¿Pero por cuanto tiempo?
Las diligencias durarán meses ya que serán llamados a declarar en calidad de testigos los fiscales de la división de delitos económicos de Madrid, aparte de la fiscal superior, Almudena Lastra, que se negó a emitir el comunicado y exigió una orden escrita de García Ortiz, que este le envió por wathsapp. Lastra se ha convertido, según la exposición razonada del TSJM a la Sala Segunda, y la propia apertura de diligencias contra el fiscal general del Estado en testigo de cargo contra García Ortíz.
Con todo, lo que a la instrucción le interesa no son las discrepancias en torno a la nota de prensa -sobre la cual el fiscal general del Estado ha asumido públicamente su responsabilidad directa- sino la filtración del correo electrónico la noche del 13 de octubre.
La diferencia de tiempo entre que García Ortiz recibió los correos enviados desde la Fiscalía de Madrid la noche del 13 de marzo -el fiscal Salto se los envió a su jefa Pilar Rodríguez, y esta al Fiscal General del Estado- y el medio de comunicación que difundió el contenido entrecomillado de uno de ellos parece rondar la media hora.
Precisamente, la solicitud de esos correos electrónicos por parte de la fiscal del TSJM, María de la O Silva, para reconstruir el itinerario que siguieron, llevó a la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, a sustituirla por el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, quien se hizo cargo de seguir las diligencias.
Montero Juanes sostuvo que la filtración del correo electrónico podía partir del personal de la división de delitos económicos en Plaza de Castilla. Un abánico bastante amplio.
La Sala Segunda, pues, tiene la impresión, según fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya, de que el teléfono u otros dispositivos de Álvaro García podría aportar la solución del misterio.
Lo que exige, claro, pedir al fiscal general del Estado -una intromisión en la intimidad en la intimidad inédita- su teléfono y revisar sus ordenadores.
En estas condiciones, mantenerse al frente de la Fiscalía General del Estado será un calvario que acumulará una tensión que puede explotar en cualquier momento.
Según fuentes próximas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz no piensa dimitir “porque tiene la convicción de que no ha cometido delito alguno y de que, por tanto, al final de la investigación no será condenado”.
Pero más allá de ese final está el recorrido de las diligencias que impulsará el magistrado Hurtado.
Se trata del juez que redactó en la Audiencia Nacional, en calidad de ponente, el borrador de la sentencia del caso Gürtel, una ponencia que cedió al discrepar con la afirmación de los otros dos magistrados de que en dicho caso formaron mayoría, y quienes votaron a favor de considerar que el Partido Popular había creado “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.
En ese recorrido lo que se llama la pena de banquillo y de telediario supone una presencia muy desgastante para el propio Fiscal General del Estado y para el gobierno de Pedro Sánchez.
“Eso es una cosa; otra es condenar a alguien [ en el Tribunal Supremo] por hacer lo que tú estás haciendo un día sí y otro también”, señala una fuente judicial no sin ironía.
Una alusión que evoca a la película Casablanca, cuando el capitán Louis Renault, de la gendarmería francesa, irrumpe en el garito de Rick´s café, pita y dice:
-¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!
-Sus ganancias, señor- dice entonces el croupier, mientras le entrega un fajo de billetes, la comisión por permitir el juego
-Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera!" (Ernesto Ekaizer , blog, 17/10/24)
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