"La incursión de ex-militares y civiles, producto de un contrato
entre sectores opositores y una empresa de seguridad con sede en Miami,
presupone una absurda tercerización de la acción armada contra el
gobierno de Nicolás Maduro en una firma privada. Al mismo tiempo, este
tipo de acciones improvisadas no solo son contrarias a una salida
pacífica, sino que terminan por fortalecer las políticas más represivas
del gobierno venezolano, aun un contexto de permanente descomposición
social e institucional del país.
El mes de mayo encontró a Venezuela sumergida en una crisis de enormes
dimensiones. Con el salario mínimo en dólares más bajo del planeta
(alrededor de cinco dólares mensuales), la pobreza extrema no hace más
que crecer. En ese escenario dramático surgieron noticias alarmantes (...)
Finalmente, un apagón de carácter nacional que afectó a 17 estados
por varias horas ha dejado un severo racionamiento eléctrico en muchas
partes del país.
En ese maremágnum, apareció una extraña noticia
entre el 3 y el 4 de mayo: la Policía y el Ejército habían capturado dos
pequeñas lanchas con civiles (incluidos dos estadounidenses) y
militares desertores que habían llegado, provistos de armas de alto
calibre, a combatir al gobierno de Nicolás Maduro. La sorpresiva
información llenó de estupor a la oposición democrática que lucha por la
paz y por una resolución negociada de la crisis política.
La rápida
neutralización de las dos embarcaciones le brindó al gobierno una
especie de pequeña «Bahía de Cochinos», que explotada por el aparato
mediático de las izquierdas bolivarianas, se vendió como una gesta
histórica protagonizada por humildes pescadores, pertenecientes a la
milicia, que repelieron la invasión y capturaron a los mercenarios.
El
ala de la oposición que insiste en la legitimidad de la presidencia de
Juan Guaidó, «reconocida por más de 50 países», cayó en el desconcierto.
Al inicio dijeron que fue una «olla», un vil montaje de la
narcodictadura. Poco después expresaron que la narcotiranía había
masacrado a valerosos combatientes por la libertad. Más tarde comentaron
que la operación era una charada, pero que defenderían los derechos
humanos de personas que estaban equivocadas. Al final dijeron que la
supuesta «invasión» había sido diseñada y ejecutada por Diosdado
Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, para
inculpar a la oposición.
¿Qué sucedió realmente? ¿Qué consecuencias trae esta nueva aventura paramilitar? Veamos.
Desde el 23 de enero de 2019, día en el que el diputado y presidente de
la Asamblea Nacional Juan Guaidó se autojuramentó como presidente de la
República (encargado) en un mitín popular en la plaza Juan Pablo II, ha
habido un crecimiento del discurso belicista del ala más extremista de
la oposición, que constantemente es aupada por Donald Trump y por las
insinuaciones de que «todas las opciones están sobre la mesa». (...)
El 23 de febrero debía ser una especie de break point: la ayuda
humanitaria internacional estacionada en Brasil, y sobre todo Colombia,
ingresaría «sí o sí». Cuatro camiones entrarían con equipamiento médico
elemental y cajas de comida desde Cúcuta.
El plan era que la gente se
abalanzara sobre los camiones y el Ejército se uniera a la insurrección
popular. Se había contactado a militares de baja gradación para
atraerlos a la rebelión. Este desaguisado fue un rotundo fracaso: no se
pudo hacer ingresar ni una caja en una frontera donde el contrabando de
gandolas de gasolina y alimentos es inmenso.
Cuando se creía que
el intento frustrado de asesinar a Maduro con un dron cargado de
explosivos, el pasado 4 de agosto de 2018 en la Avenida Bolívar, era la
última intentona subversiva, amanecimos el 30 de abril de 2019 con un
conato de golpe de Estado protagonizado por Guaidó, que traía la novedad
de haber liberado al líder de Voluntad Popular Leopoldo López. El joven
«presidente» aseguraba haber tomado, o estar dentro, de la base aérea
La Carlota, ubicada en el corazón de Caracas. Rodeado de un pequeño
grupo de civiles y militares de baja gradación, Guaidó habló de una
insurrección militar, de un alzamiento.
Pocas horas después, y sin un
solo tiro, la sedición fue aplacada. Varios de los militares se
entregaron aduciendo que los habían engañado y otros huyeron a embajadas
extranjeras esa misma tarde. Nadie se responsabilizó del bochornoso
coup d’état, que terminó ampliamente ridiculizado en redes sociales. En
2018 ya habíamos presenciado la masacre del grupo armado encabezado por
Óscar Pérez, ex-comando policial famoso por disparar contra el Tribunal
Supremo de Justicia y robar armas de alto calibre en el Fuerte de
Paramacay. La subestimación del poder militar y policial del gobierno
bolivariano es realmente asombrosa. (...)
El guion siempre será aferrarse a una rígida desmentida, aunque
parece imposible pensar que Estados Unidos, más allá de su
participación, no supiera del contrato que «legalizaba» la invasión y
que se había firmado en Miami (había literalmente un contrato
comercial). Hay que recordar que Washington acusó a Maduro de
narcoterrorismo y le puso precio a su captura: 15 millones de dólares.
El
contrato fue un secreto bien guardado hasta que el mayor general
retirado Clíver Alcalá Cordones habló frontalmente de su existencia a
finales de marzo de 2020. Esto ocurrió luego de que este militar cercano
a Chávez, y uno de los desertores de más alto rango, fuera sorprendido
por la policía colombiana con una gran cantidad de armas, y después de
que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en
inglés) ofreciera 10 millones de dólares por su captura, ya que lo
vincula con carteles de droga en Venezuela.
Su reacción fue subir un
video a las redes sociales donde admitía haber estado armando y
entrenando a un comando rebelde de venezolanos en Colombia para tumbar
al régimen. En su relato, Alcalá Cordones habló de un contrato firmado
por Guaidó y un estadounidense dueño de una empresa de seguridad que
había estado entrenando a tropas venezolanas rebeldes en Colombia. Días
después, Cabello cuenta que saben de todas esas operaciones subversivas y
que conocen al contratista estadounidense, que es nada más y nada menos
que Jordan Goudreau.
Goudreau había sido contratado en febrero de
2019 para dar seguridad al concierto de Cúcuta financiado por el
millonario británico Richard Branson. La empresa Silvercorp participó
como proveedora de seguridad en mítines políticos de Trump. Tan íntima
relación le permitió ser recomendado por la Casa Blanca para ofrecer
seguridad en el concierto y asesorar a Guaidó en su lucha para derrocar a
Maduro.
Goudreau es bastante amigo de las redes sociales y saltó al
estrellato mediático por la estrafalaria sugerencia de «poner a policías
antiterroristas en las escuelas disfrazados de maestros». El mediático
contratista también tuvo la delicadeza de amenazar de muerte a la
periodista venezolana Érika Ortega, afirmando que a los mercenarios se
les paga para matar, aunque ellos podrían hacerlo gratis en un tuit que
provocó el cierre de su cuenta.
En una operación en Jamaica a
finales de 2019, este veterano de las Fuerzas Especiales de Estados
Unidos ya había incorporado a otros dos ex-boinas verdes y ex-compañeros
de equipo, Airan Berry y Luke Denman, los dos estadounidenses
actualmente presos por la incursión militar fallida. En esa ocasión,
Goudreau los convenció de lo fácil y lucrativa que sería la operación
contra Maduro. Es sabido que el contrato firmado al parecer por el
propio Guaidó se estaba mostrando a personas en el campamento en Jamaica
dirigido por Goudreau como una tentadora oferta laboral.
Cuando se le
preguntó a Goudreau cuál era su plan, dijo que se proponían lanzar una
incursión armada en Venezuela para capturar y/o eliminar a objetivos de
alto valor. Es conocido que un veterano combatiente que estaba en
proceso de ser reclutado se mostró muy escéptico con la oferta de
Goudreau, ya que Silvercorp no tenía ni una sola ametralladora en ese
momento, lo cual es normal porque esa empresa (constituida en 2018)
provee seguridad en eventos públicos, no realiza operaciones militares.
Es bastante verosímil el rumor de que la CIA se había enterado de la
operación que Goudreau planeaba en Jamaica y advirtió en numerosas
ocasiones a Silvercorp que no lo llevara a cabo porque era un suicidio.
En un documento publicado recientemente por el diario The Washington
Post, sale a la luz que miembros de la oposición de Venezuela negociaron
en octubre un acuerdo con una compañía de seguridad de Florida para
derrocar a Maduro. En ese documento aparece la firma de Guaidó,
comprometiéndose con Goudreau a acometer una operación militar que
capture o elimine a Maduro y a varios de los miembros de su gabinete.
Ese era el contrato al que Alcalá Cordones había hecho alusión antes de
entregarse a la DEA y que Guaidó había negado. El general desertor
afirmó en una entrevista antes de entregarse que el contrato había sido
incumplido pese a que las operaciones estaban bastante adelantadas.
Cuando
Goudreau llegó el 7 de septiembre a la oficina de Juan José Rendón,
alto comisionado presidencial de Guaidó radicado en Miami, el comité de
estrategia ya se había reunido con un puñado de empresas de gestión
paramilitar que ofrecían los servicios de eliminación o captura de
Maduro y su entorno.
Algunas querían hasta 5.000 millones de dólares por
el trabajo. Goudreau, por el contrario, ofreció un plan con un par de
pequeños anticipos y un pago total mucho más económico –212,9 millones
de dólares–, considerando que iban a invadir un país de 30 millones de
habitantes, con una Fuerza Armada de alrededor de 150.000 combatientes y
916.000 kilómetros cuadrados. El contrato contemplaba el cobro de 75%
del contrato después del derrocamiento de Maduro y de la toma de control
pleno del país. El dinero restante de la operación crediticia que
dejaba el pago central en cómodas cuotas provendría de futuras
exportaciones de petróleo bajo un gobierno de Guaidó.
El curioso
contrato tiene ocho páginas principales y 42 más de anexos, según varias
fuentes relacionadas con el caso, aunque en una entrevista con Patricia
Poleo Goudreau asevera que el documento posee más de 70 páginas. El
contrato para una invasión a la carta tuvo un testigo formal: el abogado
Manuel J. Retureta, un reconocido penalista especializado en la defensa
de afamados narcotraficantes latinoamericanos. El litigante que firmó
como testigo no ha dicho aún una sola palabra a ningún medio de
comunicación. (...)
El contrato promete un adelanto primario a Silvercorp de 1,5 millones
de dólares. Luego el texto contempla un anticipo de 50 millones para
servicios como planificación estratégica, adquisición de equipos y
«asesoría para la ejecución de proyectos». Resulta llamativo que el
contrato afirma que Silvercorp no combate sino que solo asesora. La idea
primigenia era que la incursión, sumada a acciones de propaganda
armada, desmoralizarían a la Policía y a la Fuerza Armada. Como un
castillo de naipes, el gobierno caería rápidamente y ellos podrían
secuestrar a personeros solicitados por la DEA y exigir sus respectivas
recompensas. Al ver eso, el pueblo saldría a las calles y expulsaría al
dictador. Guaidó sería por fin presidente de verdad y el cuento se
acabaría.
Como era de esperar, las cosas no salieron bien. El
domingo 3 de mayo, horas después de la primera incursión, la periodista
Patricia Poleo publicó el acuerdo. Además, en el informe, difundido en
la cuenta @FactoresdePoder en Twitter, Goudreau explica que Guaidó
mentía al decir que la operación en Macuto era «una farsa del régimen» y
que su empresa había diseñado las operaciones. Goudreau habló de la
firma de Guaidó y mostró un video donde se puede escuchar el momento en
que todos presentes firman el contrato (en Miami) y el «presidente
encargado» dice que enviará su firma escaneada, por email, desde
Caracas.
Como comentó Goudreau, el costo de de esta misión sería
de 212,9 millones de dólares. Esa parte del plan duraría 495 días,
porque ellos continuarían como «fuerza de seguridad del gobierno»
mientras estabilizaban la situación. Ahí se acuerda pagar mensualmente
al contratista, después de la culminación del proyecto, entre un mínimo
de 10.860.000 y un máximo de 16.456.000 dólares. De ser exitoso el plan,
la empresa recibiría un bono de 10 millones por buen desempeño. En el
contrato destacan algunas cláusulas muy llamativas:
- el Comité
Estratégico tendrá autoridad para aprobar cualquier ataque y activar el
fuego contra objetivos militares y no militares, «infraestructura y
objetivos económicos venezolanos», «vías y medios de comunicación»;
-
en el anexo B, numeral catorce, punto a, se establece que se podrán
usar minas antipersonales en todo el territorio según disposición de la
empresa;
- en el anexo L, se establece que Silvercorp no será
responsable ante la ley de ningún acto de violencia o destrucción
durante la ejecución del contrato. Si demandan a Silvercorp en Estados
Unidos, el gobierno de Guaidó deberá pagar todos los gastos de defensa y
asumirá la responsabilidad financiera;
- en el anexo N se señala
que la cadena de mando de la operación está compuesta de la siguiente
manera: comandante en jefe, Juan Guaidó; supervisor del proyecto, Sergio
Vergara; jefe de estrategia, Juan José Rendón; comandante en el sitio,
por determinar (aunque en el desembarco efectivo fue el capitán Antonio
Sequea quien estuvo a cargo; como ex-oficial de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB), Sequea aparece en videos y fotos protagonizando junto
con Guaidó el intento de golpe del 30 de abril);
- en el anexo B,
numeral 1, punto c, se explicita: «El personal del Proveedor de
Servicios solo tiene capacidad de asesoramiento. No son combatientes»;
-
en el anexo D, numeral 4, se ratifica lo anterior de manera taxativa:
«El personal del Proveedor de Servicios son solo asesores, no son
combatientes. Sin embargo, se les permite defenderse».
Es evidente
que el contrato viola todo estamento legal conocido, empezando por la
carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (...)
La aparición que Goudreau hizo en televisión fue para dar un rostro a
la incursión. Para combatir el rumor opositor que hablaba de una
operación de bandera falsa. La intención de el ex-militar estadounidense
era denunciar a Guaidó y a sus acólitos por incumplir el contrato.
Según Goudreau, él nunca recibió el dinero estipulado en el contrato, ni
siquiera los 1,5 millones de anticipo. Por eso se sintió estafado y
delató a todos los firmantes y dijo que nunca en su vida vio un nivel de
traición y de indiferencia como ante esta situación. Cuando la
periodista le preguntó lo evidente: ¿por qué habían llevado adelante la
operación aun sin cobrar?, su respuesta fue inverosímil: «Lo hicimos
porque estamos comprometidos con la libertad de Venezuela».
Los
hechos fueron los siguientes: entre el 3 y el 4 de mayo entraron por la
bahía de Macuto y de Chuao un par de peñeros con alrededor de 22
personas. Ahí estaban ex-militares armados, había uniformes, equipos y
todos portaban sus documentos de identidad. Entraron por el litoral
central a plena luz del día, a pocos kilómetros del mayor puerto del
país y de una base naval, en un área densamente poblada. Ingresaron en
medio de una rígida cuarentena llena de militares y policías desplegados
en las calles, con escasez total de gasolina, con vías desérticas y con
las carreteras llenas de puestos de control. No parece haber un momento
más absurdo que este para una incursión.
Como era de esperarse,
antes de llegar a su punto de desembarco, fueron fácilmente divisados
por las fuerzas de seguridad venezolanas. Según el gobierno, la lancha
se acercó a la costa y sus integrantes abrieron fuego. La versión
oficial habla de un combate que duró unos 45 minutos. La embarcación
zozobró, con el resultado de ocho fallecidos y solo un par de apresados.
Un día después, el 4 de mayo, otros 13 atacantes fueron capturados en
Chuao (estado de Aragua) en una rendición sin enfrentamientos.
Entre los
detenidos destacan los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry,
empleados de Silvercorp. A la fecha, hay alrededor de 40 apresados y
varias órdenes de captura adicionales. Poco a poco, las fuerzas de
seguridad han ido arrestando a presuntos guerrilleros asociados a la
incursión, que salieron a buscar comida o estaban dando vueltas por la
zona.
Horas después, la televisión estatal venezolana, VTV, emitió
un video en el que uno de los dos estadounidenses detenidos «confiesa»
que el plan era capturar a Maduro y llevarlo a Estados Unidos. Al ser
interrogado sobre quién le daba las órdenes a Goudreau, Denman responde:
Donald Trump. De manera increíble, declara: «se me contrató para llegar
a Caracas, asegurar un aeropuerto y seguir el plan, mi misión era tomar
un aeropuerto hasta que pudieran hacer un traslado seguro de Maduro
hasta un avión que lo llevara hacia Estados Unidos». (...)
La comunidad internacional ha guardado un atronador silencio ante las
operaciones paramilitares en Macuto. Los partidos y gobiernos europeos
que han apoyado de manera frontal al «gobierno interino» no se han
pronunciado. Quienes se consideran demócratas y han empleado grandes
recursos del erario público para financiar a los protagonistas de estos
hechos no los han condenado. Pareciera que hay muy poca claridad en
cuanto a la verdadera situación en Venezuela y muy poco compromiso con
el respeto al derecho internacional. (...)
La oposición sensata debería pensar en
la posibilidad de construir un frente amplio que aglutine a las fuerzas
democráticas y constitucionales. Un frente que condene acciones
paramilitares y terroristas, y se concentre en la lucha pacífica por la
reconstrucción de una República ahogada en una mar de problemas que no
paran de crecer.
De no avanzarse en un proceso de negociación que
conlleve micro acuerdos humanitarios que conduzcan a un acuerdo
político-humanitario a gran escala, el gobierno podría resistir,
apelando a distribuciones de alimentos, si bien disminuidas respecto del
pasado, manteniendo algunos subsidios e incrementando la fuerza
represiva del Estado. El problema es que sin una mejora de la situación
económica en el mediano plazo, la economía podría deteriorarse mucho más
y una pobreza extendida estructuraría la vida social en los siguientes
años."
(Manuel Sutherland
. Economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), Caracas. Sin Permiso, 22/05/20. Fuente: Nueva Sociedad, mayo 2020)
No hay comentarios:
Publicar un comentario