"La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de las instituciones públicas para el bienestar de la sociedad, en particular de una asistencia sanitaria debidamente financiada y de un Estado del bienestar que proteja contra las crisis y las dificultades económicas. Ya no se acepta, como en las últimas tres décadas en Europa, que los retos sociales y medioambientales se dejen en manos de los mercados y las grandes empresas; más bien, los gobiernos deben asumir un poderoso papel de liderazgo para garantizar los resultados sociales y medioambientales.
Sin embargo, anunciar la "muerte del neoliberalismo" sería prematuro: más que un conjunto de ideas nacidas entre los economistas de la "escuela de Chicago", se ha arraigado profundamente en la clase política europea, firmemente anclada en los tratados de la Unión Europea y en la legislación clave. Fuerzas poderosas, en particular el grupo de presión empresarial de la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT), no sólo siguen defendiendo las doctrinas neoliberales, sino que tratan de reforzar su dominio sobre las sociedades europeas.
Un ejemplo clave es la obsesión por "completar el mercado único", lanzado en 1993 y que permite la circulación sin restricciones de bienes y servicios entre los Estados miembros de la UE. La Comisión Europea (especialmente su departamento DG GROW) busca constantemente ampliar las normas del mercado único a todos los ámbitos de la sociedad, al tiempo que refuerza su aplicación. El punto final lógico sería una Europa en la que incluso el agua, la sanidad y la educación estarían abiertas a la privatización y la expansión empresarial, mientras que las autoridades públicas disfrutarían de un margen cada vez menor para regular la economía en aras del interés público.
Directiva de servicios
Ejemplar es la "reforma del procedimiento de notificación de servicios" que la comisión propuso en 2017. Su nombre, que suena inocuo, oculta sus posibles repercusiones sociales. Habría aplicado con mucha más fuerza la directiva de 2006 sobre los servicios en el mercado interior (la "directiva Bolkestein"), cuyo objetivo era la comercialización a gran escala, prohibiendo los obstáculos a la "libertad de establecimiento" y a la "libertad de prestación de servicios" en toda la UE.
La Comisión y el Tribunal de Justicia de la UE trabajan continuamente para ampliar el ámbito de aplicación de la directiva y socavar las exenciones de los servicios públicos introducidas hace 15 años. La Comisión lo hace mediante procedimientos de infracción, "dictámenes motivados" y otras medidas contra normas y reglamentos que considera -en una interpretación neoliberal maximalista- que violan la directiva. Las recientes sentencias del tribunal han ampliado igualmente el ámbito de aplicación de la directiva para incluir el cuidado de los ancianos, la planificación urbana y los servicios de bomberos.
Ciudades como Ámsterdam, Berlín, Madrid, Barcelona, Budapest y Riga se levantaron en armas contra la propuesta de reforma, ya que habría obligado a las autoridades locales, así como a las regionales y nacionales, a notificar a la comisión cualquier normativa prevista que afectara a la directiva de servicios con tres meses de antelación (y no después). Sus alcaldes escribieron una carta muy contundente a los negociadores de la UE, alegando que ello frenaría su capacidad de actuar y regular en interés del público.
La disposición no sólo habría supuesto retrasos, sino que habría otorgado a la Comisión amplios poderes para imponer su interpretación de la legislación del mercado único favorable a las empresas y controlar lo que pueden hacer las autoridades públicas. Y esto en una amplia gama de servicios, incluyendo el cuidado de los niños, el agua, la educación y la formación, la salud, el gas y el suministro de electricidad.
Ámsterdam lo describió en una resolución de 2018 como "una amenaza para la democracia local". Por ejemplo, habría facultado a la comisión para impedir que Ámsterdam, París y otras ciudades introduzcan medidas ambiciosas para regular AirBnB y otras corporaciones de plataforma cuya expansión pone en peligro la vivienda asequible.
Una carta abierta en contra de la propuesta había acumulado a principios de 2019 más de 160 firmas de grupos de la sociedad civil, sindicatos, alcaldes y partidos municipales progresistas, y la comisión la retiró en octubre de 2020. Fue una victoria importante, pero el núcleo neoliberal de la directiva sigue intacto. Impide las empresas públicas sin ánimo de lucro necesarias para prestar servicios de acceso universal e inhibe las especificaciones para las empresas de servicios, como los requisitos mínimos de personal para la atención privada. Muchas regulaciones sólo se permiten si se pueden justificar por una "razón imperiosa de interés general" y se carece de una alternativa.
Aunque su "reforma" fue finalmente derrotada, la comisión puso en práctica una de las principales demandas del lobby empresarial: dar a los "interesados" el derecho a ver y comentar las nuevas medidas notificadas por las autoridades públicas. (...)
Empresas multinacionales
En diciembre, la ERT, formada por los directores generales de unas 50 empresas multinacionales, lanzó una campaña de gran repercusión. El ERT, con un acceso sin precedentes a los gobiernos y a la Comisión, ha sido uno de los principales impulsores de la agenda, acelerando la integración impulsada por el mercado en los años 80 y 90, incluyendo el mercado único y la moneda única.
En su informe de diciembre, el ERT afirmaba que había un problema importante con las antiguas y nuevas "barreras reguladoras" en el mercado único y que era necesario un sistema de gobernanza de la UE mucho más fuerte para eliminar esos "obstáculos". Aunque la armonización de la UE suele estar justificada, muchas de estas últimas son normas legítimas y progresistas. Entre los ejemplos de lo que podría ser objeto se encuentran las medidas de vivienda asequible, las iniciativas de aire limpio, las leyes de zonificación de las ciudades y las regulaciones climáticas.
El informe exige, por ejemplo, la eliminación de "las restricciones proteccionistas al comercio minorista, a nivel regional y local". Sin embargo, las normas municipales para limitar la expansión de los hipermercados en la periferia de las ciudades son esenciales para proteger la salud de los centros urbanos y las economías locales.
La ERT se refiere a la recuperación de la pandemia y a las transiciones verde y digital como una cortina de humo para lo que realmente es un intento de debilitar las iniciativas sociales y medioambientales a nivel de la UE, nacional y local, siempre que no estén alineadas con la agenda corporativa. Defiende un mayor poder para la Comisión (dada su interpretación favorable a las empresas de la legislación del mercado único) y una aplicación mucho más estricta de la directiva de servicios, un renacimiento de la agenda desreguladora detrás de la fallida reforma de la notificación de servicios. (...)
De hecho, un estudio de 2021 muestra que el mercado único de la UE es mucho más completo que el de Estados Unidos. Los autores señalan que la UE "ha eliminado o mitigado una lista cada vez más larga de barreras interestatales que los estadounidenses conservan" y que "la UE reclama sin ambigüedad y ejerce activamente más autoridad para exigir la apertura interestatal de la que Estados Unidos ha contemplado nunca". El espacio normativo del que disponen los estados y las ciudades en EE.UU. es mucho mayor que en la UE, y sin embargo el "discurso de la "incompletud" racionaliza una agenda comunitaria en curso".
El sistema de aplicación del mercado único de la UE, basado en reclamaciones, dista mucho de ser un tigre de papel. Los grupos de presión empresariales lo utilizan para adelantarse a las nuevas normas de protección social y medioambiental que surgen a nivel nacional. Un ejemplo reciente es la denuncia presentada por grupos aeroportuarios franceses y de la UE contra la prohibición del gobierno francés de los vuelos nacionales de menos de 250 kilómetros (trayectos que pueden realizarse fácilmente en tren).
La prohibición formaba parte de la ley francesa "Clima y resiliencia", aprobada en julio de 2021, en respuesta parcial a la Convención Ciudadana del Clima. Los grupos de presión aeroportuarios alegaron que violaba "uno de los principios fundadores de Europa, es decir, la libertad de prestación de servicios".
En diciembre, la Comisión inició un procedimiento de examen, lo que significa que la prohibición está suspendida hasta que decida si es "proporcionada" y "no discriminatoria". El veredicto será una indicación importante para saber si la Comisión interpreta la legislación del mercado único de forma que impida iniciativas climáticas muy necesarias.
La prohibición francesa es sólo uno de los muchos ejemplos de iniciativas, grandes y pequeñas, para acelerar la transición hacia sociedades libres de carbono con una mejor calidad de vida, que están surgiendo a nivel nacional y local. En los últimos años, y sobre todo con la pandemia, cientos de ciudades europeas han introducido fuertes medidas para reducir la contaminación del tráfico de automóviles y crear más espacio para los ciclistas y los peatones.
Se podría suponer que este tipo de políticas para evitar cientos de miles de muertes prematuras debidas a la mala calidad del aire no serían controvertidas. Pero la ERT considera que estas iniciativas municipales son un problema y pide "un enfoque armonizado y coordinado para la implantación de zonas urbanas de emisiones cero".
Las iniciativas de las ciudades, las regiones y los gobiernos son cruciales para la transición ecológica, ya que garantizan un verdadero cambio sobre el terreno y proporcionan ejemplos inspiradores. Esta dinámica no debe verse obstaculizada por la aplicación de las normas del mercado único con mano dura o por el hecho de dar a las empresas aún más poder para desafiar las regulaciones locales. (...)
la gobernanza del mercado único es demasiado rígida y otorga un poder excesivo a las empresas. Una Europa que dé la espalda al neoliberalismo debería modernizar esta gobernanza para revitalizar la democracia, proteger firmemente los servicios públicos y permitir la explosión de las fuertes medidas nacionales y locales necesarias para la justicia social y una transición ecológica radical."
(Olivier Hoedeman es investigador y activista de la organización de vigilancia con sede en Bruselas Corporate Europe Observatory , Brave New Europe, 24/03/22; traducción: DEEPL)
Para
luchar contra las epidemias y como alternativa a la salida del euro de los países del Sur, o
como salida de emergencia ante la (más probable) ruptura de la UE por parte de los países del
Norte... hay que conseguir la soberanía financiera... implantando una moneda digital paralela de circulación interna, en paridad 1:1 con el euro (¿europeseta electrónica?),
en España:
Cómo aplicar el Trabajo Garantizado en ayuntamientos y autonomías... financiándolo con créditos fiscales municipales
Para Ecuador:
Hacia una "moneda electrónica paralela" para afrontar la crisis... en Ecuador (o en España) ¿Por qué y cómo hacerlo?
Para conseguir un monopolio financiero mundial, Facebook propone su propia moneda digital... LIBRA
Otras propuestas:
Susana Martín Belmonte propone una 'coronamoneda' digital para potenciar la renta de cuarentena... una renta vehiculada a través de una moneda ciudadana digital descargable de una app y con respaldo del Banco de España.
Enlace: http://ojeandoelestadodelpais.blogspot.com/2020/04/coronamoneda-digital-para-potenciar-la.html
El prometedor dinero fiscal
Emitir 'GREUROS'. Entre la salida del Euro, y la aceptación de la austeridad de la Troika, existe una tercera vía que se basa en la recuperación parcial de la soberanía monetaria
Existe una descripción con mucho humor, de economía-ficción, sobre los beneficiosos efectos que se producirían si en Italia, el gobierno impusiera una moneda digital (la sitúa en el 2020), para salir de la quiebra económica y política a la que la permanencia en el euro habría llevado al país. El objetivo se conseguiría rápidamente.
Los únicos perjudicados, los especuladores de la deuda. Ver: J. D. Alt: ‘Europa, 2020: una ucronía iluminadora’. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5467 )
Los artículos de Juan José R. Calaza, Juan José Santamaría y Juan Güell muestran con gran claridad las ventajas de una europeseta electrónica de circulación interna:
- Para entender la europeseta electrónica. Qué es y, sobre todo, qué no es. Enlace: http://www.farodevigo.es/opinion/2012/12/02/entender-europeseta-electronica/720458.html
- Para salir de la crisis sin salir del euro: España debe emitir europesetas (electrónicas). Enlace: http://www.farodevigo.es/opinion/2011/11/27/salir-crisis-salir-euro-espana-debe-emitir-europesetas-electronicas/601154.html
- Las europesetas electrónicas, complementarias al euro, estimularán el crédito sin efectos colaterales perversos. Enlace: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165815
Juan Torres insiste en que es necesario emitir una moneda complementaria al euro. Sus artículos:
-Marear la perdiz. Enlace: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/08/andalucia/1360327224_588117.html
- Hay alternativas, incluso dentro del euro. Enlace: http://juantorreslopez.com/publicaciones/hay-alternativas-incluso-dentro-del-euro/ mmmm
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