"La tramitación de la Ley de Vivienda tendrá un nuevo retraso después de que el Consejo de General del Poder Judicial (CGPJ) rechazara este 14 de enero la propuesta de informe sobre este anteproyecto.
La ley iba a ser relanzada desde el Consejo de Ministros el 28 de diciembre. Tampoco podrá ser, como se tenía previsto, el 18 de enero. Habrá que esperar, por lo menos, hasta el 27 de enero para que el CGPJ elabore y debata un nuevo informe. Hasta febrero no podrá volver, como pronto, al Consejo de Ministro.
El informe, realizado por el juez vinculado al Partido Socialista Álvaro Cuesta, fue tumbado con seis votos a favor y 15 en contra. La ponencia de este ex diputado del PSOE se mostraba favorable a la tramitación de la Ley de Vivienda lanzada por el Gobierno al considerar el texto como “un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda, que la Constitución recoge en su artículo 47.1.”
Pese a que el informe partía de “una consideración favorable”, advertía sobre la “inconcreción e imprecisión” que afecta a algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, algo que “dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar”. Sin embargo, el informe rechazaba que el anteproyecto supusiera un ataque al derecho a la propiedad privada.
Para la elaboración de un nuevo informe, la mayoría del CGPJ ha nombrado al vocal conservador José Antonio Ballestero y el juez afín al PNV Enrique Lucas. Fue precisamente Lucas quien realizó una enmienda a la totalidad del informe de Cuesta, que el pleno terminó aprobando, según el comunicado del CGPJ.
Lucas señaló en sus alegaciones “dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia —el derecho a la vivienda— que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3”. Según su apelación es una “idea errónea” que la garantía del derecho a la vivienda “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal", tal como defendía el juez progresista.
El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del nuevo informe debe ser este artículo de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.
Desde Unidas Podemos han manifestado su “preocupación” por unos retrasos que califican de “injustificables” en la primera ley que regula el derecho a la vivienda desde 1978." (El Salto, 14/01/22)
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