Mostrando entradas con la etiqueta b. Política de Rajoy: mentiras. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta b. Política de Rajoy: mentiras. Mostrar todas las entradas

16.10.23

El espectro de Cospedal sigue volando sobre el 'cierre en falso' de la Operación Kitchen... Kitchen fue posible porque el gobierno de Rajoy convirtió a la Policía, es decir, a la cúpula policial, en una sucursal del PP... el juez García Castellón asume con naturalidad que una operación de espionaje como la realizada entre 2013 y 2015 por la cúpula policial para proteger al PP pudo hacerse con el desconocimiento del director general de la Policía, Cosidó, a la sazón alto cargo del PP... El segundo ausente es el coronel de la guardia civil Diego Pérez de los Cobos que autorizó el pago de fondos reservados para realizar una operación que duró dos años. El coronel declaró, en calidad testigo, que ignoraba el detalle de lo que había pagado... Y 'last but not least', Mariano Rajoy. Tampoco fue citado a declarar como testigo o investigado (Ernesto Ekaizer)

 "El juez Manuel García Castellón dictó el pasado viernes 13 de octubre el auto de apertura de juicio oral para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su exnúmero dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, cinco excomisarios de la Policía Nacional, un comisario y tres policías por múltiples delitos, incluyendo el de organización criminal, por la llamada Operación Kitchen. Se trata de la actuación policial y política dirigida a recuperar entre 2013 y 2016 material comprometedor para el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy en poder del que fuera tesorero nacional Luis Bárcenas (gerente del PP entre 1990 y junio de 2008 y tesorero nacional entre 2008 y 2009). 

Fuentes jurídicas consultadas señalan el hecho de que el juez firmase el citado auto a pocos días de iniciar diligencias relacionadas con la pieza número 34, bajo secreto, en el que se investigan nuevas pruebas o indicios de la participación en la operación de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El juez ha citado para el próximo 24 de octubre a la directora del diario El País, Pepa Bueno, y al director del digital Fuentes Informadas, José Antonio Hernández, cuyos medios difundieron el 23 y 24 de mayo de 2022 esos nuevos audios sobre la participación de Cospedal.

El juez abrió dicha pieza a petición de la Fiscalía Anticorrupción el 13 de septiembre de 2022. La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía realizó un oficio, el 13 de junio, el número 1094/2022 -inmediatamente después de la difusión periodística de las grabaciones- y aportó, entre los anexos documentales, una serie de audios. 

Sin embargo, aparte de la unión a la pieza 34 de esos audios, a petición de los fiscales, las diligencias que solicitaban para investigar esa pieza, según su escrito de 2 de septiembre de 2022 (declaración de Cospedal y de Francisco Martínez como investigados), siguen a expensas del ritmo peculiar de instrucción del juez.  

Si los audios ya están en el juzgado y se han incorporado a la pieza separada, la declaración de los periodistas, que amparan su labor en el secreto profesional, ¿qué va a dar de sí? Se gana tiempo. Mientras, el juez ya ha dictado el auto de apertura de juicio sin Cospedal -no se podía hacer otra cosa según funciona nuestro sistema procesal- y se da así a entender que se ha salvado definitivamente. 

García Castellón reaccionó con dureza cuando la acusación popular del PSOE le pidió que se verificara la existencia de los audios y en tal caso la reimputación de Cospedal.  

“Sobre la base de una afirmación realizada por Cospedal se realiza la inferencia a la que se llega por las acusaciones [PSOE y Podemos], conclusión que no se puede compartir con un mínimo rigor profesional”, señaló en el auto de apertura de la pieza separada. Pero ya se ponía la venda antes de la herida sobre el alcance del audio al apuntar que él mismo había planteado de forma reiterada “la insuficiencia indiciaria que supone sustentar acusaciones sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia”. 

Sobresueldos y donaciones

En una de los audios, de mediados de enero de 2013, Villarejo recibe una llamada de Cospedal. Es el momento en que están por publicar los llamados papeles de Bacenas con sobresueldos y donaciones al PP en negro. 

Villarejo: “Yo, la libretita…tiene fotocopia de algunas hojas… Por dónde van a respirar y qué van a hacer, y cuál es la evolución y tratar de anticiparnos un poco a la jugada” 

Cospedal: “Eso es lo más importante”. 

Villarejo: “Voy a estar super al loro” 

Cospedal: “Por eso te estoy llamando…la libretita sería mejor poderlo parar” 

En otro de los audios, en una conversación del 22 de agosto de 2014, Villarejo refiere a Francisco Martínez, que Cospedal y él han acordado que adelante dinero suyo que luego se le devolverá de fondos reservados para pagar al confidente Javier de la Rosa, cantidad que se le abonaría en septiembre de 2014. También hay en dicho audio referencia a un encuentro de Villarejo, junto con El Capillas -como llamaban al abogado Javier Iglesias - en la puerta del despacho de Cospedal, en la sede del PP de Madrid, con Mariano Rajoy. Y a la operación Kitchen y la entrada de la policía de manera ilegal en el taller de restauración de Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas.

Todos estos indicios, pues, se corporizan en el espectro que sobrevuela lo que la Fiscalía Anticorrupción llamó el “cierre en falso” de la Operación Kitchen el 29 de julio de 2021, cuando el juez decidió archivar la causa para Cospedal por entender que “no se podía criminalizar el derecho de reunión” entre Cospedal y Villarejo, en alusión a los encuentros que ambos habían mantenido. 

Los fiscales, a su vez, vieron ratificados en los nuevos audios sus argumentos contrarios al cierre de la investigación. 

"Sin embargo, y aunque en todo caso las manifestaciones de los investigados [Cospedal, Ignacio López del Hierro] faltando a la verdad [sobre sus reuniones con Villarejo] se encuentre amparada por el ejercicio del derecho de defensa [a no declarar contra sí mismos], el contenido de los nuevos audios publicados no se compadece con lo declarado en la instrucción por la inicialmente investigada María Dolores de Cospedal, pues las grabaciones de sus encuentros reflejan que la auténtica finalidad de esas reuniones era el seguimiento de las novedades y avances de la investigación del caso Gürtel, llegando a dar al policía en el curso de una de ellas indicaciones para recuperar y que desaparezca la "libretita" de Luis Bárcenas, cuyas anotaciones pudieran afectar a una financiación irregular del Partido Popular", señalan en su escrito del 2 de septiembre de 2022.

Connivencia policial

Kitchen fue posible porque el gobierno de Rajoy convirtió a la Policía, es decir, a la cúpula policial, en una sucursal del PP. La mayor parte de los procesados, precisamente, son altos mandos policiales, empezando por el que era director adjunto operativo, Eugenio Pino. 

 La mayor parte de los procesados, precisamente, son altos mandos policiales, empezando por el que era director adjunto operativo, Eugenio Pino.  

Según el auto de transformación dictado en julio de 2021, el objetivo de la operación Kitchen era “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”. Este era, señala el auto, “el vector” que unía a los implicados y “el fundamento de la operación”. Es más: “Y existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba [Bárcenas]”.

La intervención de los máximos responsables gubernativos del Ministerio resulta solventemente constatada”, afirma el juez, para quien Fernández Díaz está en ”el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”. Según el juez, el número dos, el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez tuvo un papel activo en la trama porque recibió “órdenes concretas” de Fernández Díaz, quien le instruía sobre la “prioridad” de la operación. Destaca el relato “la ascendencia [de ambos] sobre los funcionarios policiales de mayor rango que materializaron la operación”, lo que “resulta evidente y vertebra la operación, desde la ideación hasta la autorización de los gastos materiales que permitieron que se materializara”. 

A María Dolores de Cospedal se unen tres ausentes en el banquillo de los acusados de una operación que contó directa e indirectamente con la participación de unos cincuenta policías. El juez consideró “innecesaria e inútil” llamar a declarar por la “falta de indicios que justifiquen" al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. El juez señala a la fiscalía que “si lo considera necesario interese la presencia de esta persona en el plenario para declarar como testigo”.  

Es decir: García Castellón asume con naturalidad que una operación de espionaje como la realizada entre 2013 y 2015 por la cúpula policial para proteger al PP pudo hacerse con el desconocimiento del director general de la Policía, a la sazón alto cargo del PP. Cosidó no fue convocado ni como testigo ni como investigado durante tres años de diligencias de investigación.  

El segundo ausente es el coronel de la guardia civil Diego Pérez de los Cobos que autorizó el pago de fondos reservados para realizar una operación que duró dos años. El coronel declaró, en calidad testigo, que ignoraba el detalle de lo que había pagado.  

Y 'last but not least', Mariano Rajoy. Tampoco fue citado a declarar como testigo o investigado."                                  ( Ernesto Ekaizer, El Periódico, 14/10/23)

1.3.23

Axitar o medo ás ocupacións de vivendas, nos obxectivos da trama do Ministerio do Interior de Rajoy que investiga a Xustiza

 "En setembro do pasado ano, a Xunta expuxo ao Goberno de España que a súa "principal demanda" en materia de vivenda é a loita contra as ocupacións ilegais. Fíxoo malia admitir que non manexa "cifras exactas" ao respecto e mentres os datos oficiais do Poder Xudicial acreditan non só que este fenómeno é escaso, senón que é claramente minoritario fronte a outros problemas vinculados á vivenda, como os desafiuzamentos. Por cada novo caso de ocupación ilegal, Galicia rexistra trece desaloxos, segundo os datos máis recentes.

Estas posicións públicas do Goberno e do PP galego a respecto das ocupacións -case oito de cada dez, ademais, atinxen a propiedades dos bancos e non a vivendas de particulares- véñense enfatizando en vésperas das vindeiras eleccións municipais. Tamén tras poñer en marcha un servizo de asesoría antiocupacións que recibiu só 30 chamadas no seu primeiro ano de existencia.

Boa parte dos argumentos dos populares galegos neste ámbito cadran cos defendidos pola mesma formación política noutros puntos do Estado. E, segundo publica este 28 de febreiro o xornal El País, tamén coinciden con algúns dos obxectivos explicitados por membros da trama do Ministerio do Interior do Goberno do PP de Rajoy investigada no marco da operación coñecida como Kitchen. Nesa causa a Fiscalía Anticorrupción acusa o ex-ministro Jorge Fernández Díaz -para quen pide 15 anos de prisión- de estar á fronte dunha ampla serie de operacións ilegais para roubar información a Luis Bárcenas e evitar a inculpación do PP no caso Gürtel de financiamento ilegal. Tamén para impulsar investigacións sen orde xudicial e difundir informacións falsas aos medios sobre Podemos e o independentismo catalán.

No marco dese caso, El País desvela mensaxes de WhatsApp intercambiados en 2015 entre o daquela secretario de Estado de Seguridade -número dous do Ministerio-, Francisco Martínez, e o secretario e quen na altura era o máximo xefe da Policía Nacional, Eugenio Pino. Nun deles, sempre segundo o divulgado por El País, o secretario de Estado dille ao xefe policial que "interesa mover moito o dos okupas de Barcelona" contra o quen fora alcalde da capital catalá por CiU, Xavier Trías. 

Pero tamén "sobre okupas e Colau", é dicir, sobre a antiga líder da Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) e naquel tempo nova alcaldesa barcelonesa por Barcelona en Comú. "Todo o que teñamos de anarquismo é interesante.. e de okupas", insistía o alto cargo do Ministerio. Fragmentos do informe sobre ocupación de vivendas encargado en 2021 pola Xunta a Silvia Valmaña, profesora da Universidade de Castilla-La Mancha e ex-deputada do PP CC-BY-NC-SA Praza Pública

Anos despois dese intercambio de mensaxes, en 2021, a Xunta presentaba dous informes encargados a senllos profesores universitarios sobre a ocupación de vivendas en Galicia. Por un deles, procedente da Universidad de Castilla-La Mancha, o Goberno galego pagou 8.000 euros. Estaba elaborado por Silvia Valmaña, profesora de Dereito Penal desa universidade e deputada do PP no Congreso entre 2016 e 2019.

No seu traballo para a Xunta, ademais de reproducir parágrafos enteiros dunha proposición de lei do PP castelán-manchego, Valmaña falaba dun "alarmante incremento" de casos de ocupacións tamén en Galicia (comparaba os datos de 2019 cos de 2018, pero obviando que durante 2018 os tribunais estiveran practicamente paralizados en territorio galego a causa da folga do persoal da Administración de Xustiza). E atribuíao, entre outros factores, a un "amparo" da ocupación ilegal por parte de Ada Colau, de quen dicía que "que chegou á política dende o activismo okupa". 

Para sustentar a afirmación, a ex-deputada do PP e profesora de Dereito Penal citaba unha ligazón da publicación OK Diario que acusaba o Concello de Barcelona de "impartir cursos de okupación". Segundo reflicten as mensaxes divulgadas agora por El País, esa mesma publicación era a receptora de boa parte dos informes elaborados pola trama do Ministerio do Interior investigada no marco da operación Kitchen."                             (Praza.Gal, 28/02/23)

23.11.22

Los 62.000 “pioneros” de la energía fotovoltaica en España arruinados por el 'impuesto al sol' de Rajoy, siguen esperando su compensación 15 años después

 "En el lado derecho de la alcoba, Cati Alcázar, de 61 años, trata de conciliar el sueño sin éxito. Acurrucado en la parte izquierda, su marido, Juan Ruiz Reinaldo, de 65, hace lo propio sin mejor suerte. Él trabaja de sol a sol como fontanero, ella limpiando casas de particulares y oficinas. No se han visto en todo el día, pero los dos saben que se encontrarán de nuevo en sus desvelos durante otra madrugada eterna.

—¿No estás durmiendo?, le dice Cati.

—Se ha ido el sueño.

—Así estoy yo.

Ambos se incorporan. Están al borde de la ruina económica y hoy tampoco podrán dormir.(...)

 Corren el serio riesgo de ser embargados y quedarse en la calle con sus dos hijos.

 Una detrás de otra, así fueron las noches de Cati y Juan entre los años 2010 y 2013, cuando al igual que otras 62.000 familias españolas no podían hacer frente al pago de sus placas solares después de invertir en ellas los ahorros de sus vidas. Dos años antes, habían acudido a la llamada del Gobierno de España, que lanzó una campaña publicitaria denominada “El sol puede ser tuyo”, que incentivaba a la ciudadanía a invertir en la construcción de pequeñas plantas fotovoltaicas para que el país llegara a autoabastecerse de energía limpia. Una estrategia que formaba parte del compromiso adquirido con la Unión Europea después de sumarse al Protocolo de Kioto.

 Cada placa goza de unos 30 años de vida útil. De este modo, los ingresos prometidos por el Ministerio de Industria les permitirían pagar el coste de la instalación —unos 75.000 euros por cada 100 kilovatios — en los primeros 10 años, lo que dejaba otros 20 años de beneficios limpios. Un negocio redondo que nunca se cumplió. 

Con la inversión ya hecha y la deuda ante el banco, primero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y más tarde el de Mariano Rajoy, les aplicaron unos recortes con carácter retroactivo sobre sus ingresos de hasta el 50% que hizo imposible asumir el débito. Además, todos habían sido obligados a avalar la inversión con sus bienes personales. 

El Tribunal Superior de Justicia nunca les dio la razón. Sin embargo, a día de hoy, las empresas extranjeras que al igual que ellos invirtieron en renovables han ganado hasta la fecha 14 de los 17 laudos presentados ante una corte de arbitraje internacional con sede en Washington, el CIADI. Los tres restantes pertenecen a la época del Gobierno de Zapatero, cuando se aplicaron recortes retroactivos del 30% pero se ampliaron los años de productividad. Los pequeños inversores, que en su mayoría procedían del mundo rural, no tienen derecho a acudir a los tribunales internacionales por tratarse de inversiones realizadas en su propio país. (...)

“Cambiaron las normas a mitad de partido y ahora vemos cómo las empresas extranjeras, que en su momento solo representaban el 20% de la inversión inicial, no confiando en la justicia española, se han ido al CIADI. Lo que nosotros le decimos al Gobierno es que no es posible que sobre el mismo hecho —la inversión en la fotovoltaica—, los fondos de inversión obtengan laudos condenatorios de miles de millones de indemnización y a los nacionales, la clase media y trabajadora que eran todos esos pequeños inversores, les dejen con un recorte perpetuo sin compensación ninguna. Solamente pedimos que nos dejen seguir produciendo cinco años más de lo estipulado, hasta el 2035, y así compensar los 35 millones de euros que nos han recortado”, finaliza.

 Solo la refinanciación a 20 años que los particulares pactaron con sus respectivas entidades bancarias permitió aliviar un poco la economía de las familias. “Lo que en un principio eran 75.000 euros terminará costándonos 140.000. El doble de lo que se nos prometió. Estamos cambiando cebada por piedra, lo comido por lo servido. Cero beneficios. La situación ha llegado a tal punto que nos conformamos con empatar el partido, con no perder”, afirma Paco Fernández, de 70 años, profesor de francés jubilado y propietario de una instalación fotovoltaica en La Jeresa. (...)

Juan Fernández, electricista de 48 años, no corrió la misma suerte. Los recortes retroactivos, además del impuesto del 7% sobre los ingresos brutos aprobado en 2012, lo colocaron en un callejón sin salida. Después de un préstamo de su padre ―“un dinero que nunca le he podido devolver”, dice― con su mujer en paro y una hija, no tuvo más remedio que vender “por desesperación” su placa solar a un precio mucho menor del que la había adquirido. “El banco ya no me daba más préstamos. Era eso o quedarnos en la calle. A los inversores pequeños nos han abandonado, querían patriotas que contribuyeran a luchar contra el cambio climático y al final lo que hemos hecho ha sido arar el terreno para que entren ahora las grandes empresas”, cuenta. “Fue mi primera inversión y la última. Nunca he vuelto a tener una situación económica holgada”, reconoce.

Durante 2022, la energía fotovoltaica ha incrementado su producción en España un 37,3% con respecto al curso pasado, situándose como la cuarta tecnología en el mix de generación del país. Las 62.000 familias y pymes que en 2007 representaban el 80% de la inversión total, se van convirtiendo cada vez más en una minoría. “Ahora que la industria está madura, es más barata, y todo el mundo sabe que el futuro está en las energías renovables, son las grandes empresas nacionales e internacionales las que copan al mercado”, explica Antonio Alcázar, presidente de la cooperativa La Jeresa, que aglutina 418 instalaciones con una producción de 4 megavatios. “Se están aprobando megaparques de 400 MW. La inversión social que prometían y que representaban los particulares ha desaparecido. El pez grande vuelve a comerse al pequeño”, apunta desde la oficina del parque. Dioni Ruiz (52 años), administrativa de la cooperativa, interrumpe: “Este mes nos han llegado cuatro correos de empresas extranjeras para comprar el parque. Están como locos, se aprovechan y quieren comprarnos a precio de saldo”.

—¿Qué les van a contestar?

Alcázar deja unos segundos y medita su respuesta.

—No está en venta. Ya nos han estafado suficiente."                     (David Expósito, El País, 16/10/22)

4.6.18

Pues éste es el famoso presupuesto de Rajoy y del PNV... y ahora de Pedro Sánchez... el PIB oficial está sobrevalorado en un 16%... el déficit público 'oficial' de 2017 del 3,07% es falso... con unos déficits brutales y absolutamente fuera de control

"El Gobierno de Rajoy ha elaborado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de gasto descontrolado, que además de desmantelar todas las medidas de estabilidad y racionalidad económica y destruir la viabilidad futura del sistema de pensiones, ignoran el devastador impacto de la subida del precio del petróleo y del dólar sobre el crecimiento y el empleo, así como el cambio radical que supondrá para financiar España el fin de las compras masivas de deuda por parte del BCE, y la subida de los tipos de interés.(...)

 Ante tamaños desatinos, nosotros (1) hemos hecho lo único que podemos, explicar la situación a quienes pueden evitar el desastre: los responsables de Bruselas, el BCE y el ministro de Finanzas de Holanda, que lidera el grupo de ocho países que se oponen a seguir financiando los déficits del despilfarro.


“Muy Sr. mío:

Desde 2016, nosotros, los abajo firmantes, un grupo de profesores y economistas independientes, hemos sometido a varios comisarios europeos cálculos detallados que demuestran la manipulación de la contabilidad nacional de España.

Según nuestros cálculos, que en ningún momento ni sus servicios ni ninguna otra institución han podido afirmar que eran erróneos, se demostraba más allá de toda duda razonable que el PIB oficial está sobrevalorado en un 16% respecto al PIB real, lo que tiene consecuencias trascendentes sobre la magnitud de los déficits y sobre la sostenibilidad de la deuda.

Si a ello unimos el que el crecimiento económico de España necesita por cada euro de riqueza creada más de un euro de incremento de deuda ( p.e. en 2017 un crecimiento del PIB 'oficial' de 34.000 millones de euros ha requerido un incremento de la deuda total de 56.000 millones), es obvio que España depende del programa de estímulos del BCE para no declararse en suspensión de pagos.

Pero es que, además, la dinámica de incumplimientos sistemáticos del Gobierno no solo no tiene fin sino que se acentúa. Para empezar, el déficit público 'oficial' de 2017 del 3,07% es falso. Por un lado han retenido las devoluciones de 400.000 contribuyentes y de otro han tenido que utilizar 6.834 millones del Fondo de Reserva de las Pensiones, lo que significa que el déficit real ha sido del 3,75%.

Y para seguir, los PGE 2018 enviados a la UE contemplan un incremento del gasto público de 9.200 millones (incremento salarial a los empleados públicos, coste del rescate de autopistas), y ni un solo euro de recorte del gigantesco despilfarro político, donde solo las duplicidades entre AAPP representan 36.000 millones de euros al año de un despilfarro total del orden de los 100.000 millones. En resumen, no hay recortes relevantes de gasto por ninguna parte en un Presupuesto 2018 que se ha pactado con Bruselas, y sí incrementos injustificados del gasto.

Pero esto no es lo peor, lo verdaderamente grave es el completo abandono de cualquier política de control de gasto, y sobre todo el ignorar totalmente las devastadoras consecuencias de la subida del precio del petróleo y el gas y la depreciación del euro respecto al dólar, lo cual reducirá el crecimiento presupuestado en un 0,8% y destruirá 187.000 empleos solo en 2018.

El pacto político entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco ha aplazado varios años la aplicación de la Ley de Sostenibilidad de las Pensiones, con la que el Gobierno pretendía frenar los crecientes déficits de la Seguridad Social. 

Unos déficits brutales y absolutamente fuera de control, que en 2018 ascenderá a 21.660 millones de euros que serán financiados con 15.160 millones de deuda y 6.500 millones del Fondo de Reserva, que prácticamente desaparecerá. La no aplicación de la Ley de Sostenibilidad, que afecta a 350.000 nuevos pensionistas, añadirá un déficit adicional de 1.500 millones en 2019, 3.000 millones en 2020 y 4.500 millones en 2021. En resumen, un desbarajuste presupuestario absoluto.

Pero todo lo expuesto resulta empequeñecido ante los efectos de la evolución del precio del crudo y del gas y del tipo de cambio EUR/USD. Los Presupuestos 2018 enviados por el Gobierno de España se han realizado bajo los supuestos de un precio medio del crudo Brent de 67,7 $/barril y un tipo de cambio EUR/USD de 1,20. 

Nada más lejos de la realidad, incluso siendo optimistas, porque las cosas van a ir a peor, una media de 79 $/barril para el resto del año y de tipo de cambio en 1,18 como a día de hoy sería la hipótesis mas probable. Esto significa que frente a un precio de crudo previsto en los PGE 2018 de 56,4 EUR/barril, la realidad será a partir de ahora de 66,9 EUR/ barril, un 18,6% mas.

Para los años 2019, 20 y 21, la previsión de los Presupuestos es un precio del Brent de 63,9 $/barril, cuando la media de analistas estiman una horquilla entre 85 y 95 $. El Bank of America afirmaba el viernes que “el crudo Brent podría llegar a 100 $/barril en 2019 o incluso antes”, y Goldman Sachs estima un precio de 82,5 $ en la segunda mitad de este año. 

Una media de 85 $ en 2019, 90 $ en 2020 y 95$ en 2021 parece una hipótesis razonable. ¿Y cómo afecta a España? El Ministerio de Economía estima que cada 10% de incremento del precio del crudo reduce el crecimiento en 0,7 puntos y el empleo en 150.000 personas. Dado que restan 7,5 meses para acabar el año, 79 $/barril y tipo de cambio EUR/USD en 1,18 reducirían el PIB en 0,8 puntos y 137.000 empleos.

Adicionalmente, con las estimaciones de precio antes señaladas, la caída del PIB en 2019 será del 2,8% y se destruirán 600.000 empleos, y peor aún en los años siguientes, una situación insostenible. Esto significa crecimiento cero y creación de empleo cero a partir de 2019, por lo que la finalización de la política de compra de deuda por el BCE y la subida de tipos conducirá a España a suspender pagos.

El futuro de España y de la eurozona se encuentra en riesgo cierto. Solo la Unión Europea puede obligar al Gobierno a tomar las drásticas medidas de recorte de despilfarro político, que asciende a 100.000 millones de euros, para evitar el desastre económico de nuestra nación. No pueden ya seguir ignorándolo.

No es necesario decir que quedamos a su total disposición para reunirnos en Madrid o en Bruselas con los responsables de sus servicios y mostrarles las cifras y los hechos que, sin su ayuda, nos llevarán a todos al abismo.
Atentamente.”
  1. Roberto Centeno; Juan Laborda; Juan Carlos Barba y Juan Carlos Bermejo."                     (Roberto Centeno, El Confidencial, 21/05/18)

30.5.18

El poder adquisitivo de las pensiones ha bajado en los años de Rajoy... a pesar de lo cual siete de cada diez mayores prestan una ayuda económica imprescindible para que los beneficiarios puedan vivir dignamente... a pesar de lo cual el gobierno los acusa de egoismo... ¿Qué pasa si los comparamos con el 1% más rico que capturó el 40% de toda la riqueza creada? ¿A quién ayudaron?

"La salida de los pensionistas a la calle en protesta por la bajada de la capacidad adquisitiva de sus pensiones ha creado una respuesta del establishment conservador-neoliberal, próximo al capital financiero, de clara hostilidad (expresada en los medios de información que controlan y/o influencian) hacia los pensionistas, acusándolos de todo. 

Un ejemplo fue un reciente programa sobre las pensiones en La Sexta Noche donde el economista del programa, el Sr. Gonzalo Bernardos (cuya mayor “aportación” había sido el negar en 2004 que habría una burbuja inmobiliaria de carácter especulativo, poco antes de que esta explotara), riñó a los dirigentes del movimiento de protesta de los pensionistas (presentes en el programa) criticándolos por desear más dinero público cuando ya tenían más que suficiente, mucho más –según él- que lo que tenían los pensionistas de los países de la Unión Europea. 

Lo que caracterizó aquel intercambio fue el tono pedante que el economista utilizó para ridiculizar a los pensionistas, dirigiéndose hacia ellos –gente normal y corriente– con un tono condescendiente y ofensivo. Los acusaba de ignorantes y de escasa sensibilidad hacia los demás, que estaban en una situación peor.

En un artículo ampliamente documentado, mostré que, en realidad, los pensionistas estaban mucho mejor informados sobre la situación de las pensiones que el “supuesto” experto. (...) (ver mi artículo “La falsedad de la supuesta ‘excesiva’ generosidad de las pensiones en España”, Público, 02.02.2018).   (...)

Otro ejemplo más reciente es el artículo de nada menos que de un catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Julio Carabaña, en el que, con el mismo tono beligerante, insulta a los pensionistas, llamándolos egoístas y demagogos (“Pensionistas, egoístas y demagogos”, publicado con toda visibilidad en lugar preferente en El País, 09.04.2018). 

Presenta a los pensionistas que han salido a la calle para protestar como “egoístas dirigidos por demagogos” que mienten, tergiversando la realidad, ocultando que en realidad “los pensionistas nunca han estado mejor que ahora”. Llamarlos egoístas se justifica, según el autor, porque este elevado bienestar se ha conseguido a costa de un mayor sacrificio de las personas que trabajan (y que contribuyen a la Seguridad Social), cuyo nivel de vida ha descendido. 

En general, este tipo de artículos (que pertenecerían más a la órbita de La Razón, ABC o El Mundo que a lo que era antes El País) no merecen una contestación. Pero al ser firmado por un catedrático de Sociología, Julio Carabaña, que utiliza toda una serie de datos en un intento de añadir credibilidad a su mensaje, exige una respuesta. (...)

Las falacias y “fake news” sobre las pensiones

Veamos pues lo que el artículo de Carabaña dice. El artículo se inicia con la contundente frase “nunca los pensionistas han estado mejor que ahora”. De ahí que concluya en el artículo que no tienen razón en su queja, la cual está llenando las calles. Pero la falsedad de tal dictamen es muy fácil de demostrar.

 El poder adquisitivo de las pensiones contributivas ha bajado en los últimos años durante el mandato del gobierno de Rajoy. Desde 1997 a 2010 la capacidad adquisitiva de las pensiones (la diferencia entre la revalorización acumulada de las pensiones y la subida acumulada del IPC) aumentó. 

En otras palabras, las pensiones aumentaron más que la inflación. En cambio, a partir del 2012, con el gobierno Rajoy, tal capacidad adquisitiva disminuyó ya que las pensiones crecieron menos que la inflación. En lenguaje plano quiere decir que vivieron peor, no mejor, que en los años anteriores. ¿De dónde saca el Profesor Carabaña que los pensionistas viven mejor? Los datos muestran claramente que están cargados de razón para salir a la calle. 

(...) los acusa también de egoístas pues en realidad la pobreza entre pensionistas (población con 65 años o más) ha ido bajando y bajando mientras que la pobreza entre la población de 16 a 64 años ha ido subiendo. Además de quejosos, los pensionistas son, pues, insensibles hacia la situación de los demás.
 
Pero ahí, de nuevo, el profesor Carabaña también confunde los datos y su interpretación. La tasa de pobreza relativa de Eurostat se calcula como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por lo tanto, esto quiere decir que aumenta y disminuye en función de lo que pase con la mediana de los ingresos.  

Al disminuir los ingresos generales de la población también disminuye la tasa de pobreza de Eurostat. Los jubilados han mantenido ingresos estables durante la crisis, y por eso salen mejor parados que el resto de los colectivos, pero esto solo es debido a que los demás se han empobrecido mucho más. Además, según el informe “La crisis económica y la solidaridad familiar de los mayores”, publicado por la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) en marzo de 2014, seis de cada diez personas mayores (59,5%) ayudan económicamente a familiares o amigos en los peores años de la crisis. Dicho porcentaje ha experimentado un incremento de 19,1 puntos con respecto a 2012 y de 44,4 con respecto a 2010. A su vez, ocho de cada diez mayores (81,5%) ayudan a los hijos e hijas.

 Siete de cada diez mayores (69,6%) proporcionan una ayuda que es imprescindible para que los beneficiarios que la reciben puedan vivir dignamente.  

Así pues, aunque han mantenido sus ingresos, los usan para ayudar a toda la familia, lo cual distorsiona el cálculo de la unidad de consumo, dando una visión sesgada y poco realista de la situación real de esos ingresos.

 Y ello lleva a la absurdidad de la acusación de ser egoístas asumiendo erróneamente que sus mejoras ocurren a costa del empeoramiento de la situación de los demás. Aunque es cierto que los pensionistas han resistido mejor a la pobreza respecto al resto de la población, esto no significa que sean egoístas por protestar porque haya gente aún en peor situación.

 ¿Qué pasa si los comparamos, en cambio, con los que mejor les ha ido durante la crisis? El último informe de Oxfam Intermón “¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría?”, publicado a finales de 2017, señala que mientras el 10% más pobre ha visto disminuir un 17% su participación en la renta nacional durante la década de la Gran Recesión (años 2007 a 2016), el 10% más rico la ha visto incrementada en un 5%. Y el 1% más rico, en un 9%. 

A su vez, el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total del país (un 53,8%), más que el 90% restante, i el 1% de ricos entre los ricos posee la cuarta parte de la riqueza, casi el mismo porcentaje que el 70% de toda la población. Al mismo tiempo, en el último año contabilizado, de 2016 a 2017, el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada, mientras el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7% de ese crecimiento. 

En cambio, en España dos millones de pensionistas reciben entre 600 y 646 euros al mes (que son unas cifras menores que el salario mínimo interprofesional, fijado en 735,90 euros para 2018), y 4,5 millones menos de 1.000 euros al mes (ver Lo que debes saber para que no te roben la pensión escrito por Juan Torres y yo, Espasa 2013).

 ¿Son egoístas los pensionistas por protestar para que se redistribuya la riqueza, pidiendo nuevas formas de financiación de las pensiones tal como están exigiendo? (...)

España se gasta menos, no más que la UE

En realidad, España se gasta en pensiones mucho menos de lo que debería gastarse por su estructura demográfica (que es muy semejante a la del promedio de la UE-15) y por su nivel de riqueza (...)

Sin embargo, el gasto en pensiones de jubilación asciende en España a un 8% del PIB, el tercer gasto más bajo de los países de la UE-15, cuando el promedio de la UE-15 es del 9,5% del PIB.   (...)

 Es más, la Comisión Europea, en su informe The 2015 Ageing Report, ha calculado que la tasa de reemplazo de las pensiones españolas podría caer al 48% en 2060, lo que hace evidente el proceso de deterioro en el que está entrando el sistema español de pensiones debido a las carencias actuales del mercado laboral y a la reforma de las pensiones de 2013. En resumen, lo que estamos viendo en España es la pérdida de un derecho colectivo constitucional. (...)"                   (Vicenç Navarro, Público, 18/04/18)

17.5.18

El BCE no podrá exigir ante ningún tribunal la devolución de los préstamos insensatos, ofrecidos sin condicionalidad alguna, realizados desde que en 2016 se le demostró que España era insolvente

"(...) acaba de conocerse el nuevo presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, que perjudica gravemente a nuestro país. Las ayudas agrícolas se reducen en un 5% y los fondos regionales y de cohesión de los que dependen las regiones españolas mas pobres, en un 7%. Pero como España pinta menos que nada, la reducción para nosotros será seguro superior a la media, porque países como Francia o Polonia saldrán mucho mejor librados 'as usual'.

Ante esto, el grupo de economistas y profesores independientes que hemos venido denunciando la falsificación sistemática de la contabilidad nacional, demostrando mas allá de toda duda razonable que el PIB real es hoy un 16% inferior al oficial, hemos cuantificado por escrito las consecuencias del nuevo festival de gasto a la Comisión, el BCE y a los ministros económicos de los ocho países que exigen el cumplimiento estricto de los objetivos de déficit. 

Y aunque Bruselas lleva años mirando para otro lado, la reacción de los ministros económicos firmantes del manifiesto puede ser otra historia. Y en cuanto al BCE, no podrá exigir ante ningún tribunal la devolución de los préstamos insensatos, ofrecidos sin condicionalidad alguna, realizados desde que en 2016 se le demostró que España era insolvente.  (...)

Y así las cosas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mintió primero en el déficit de 2017, que no es del 3,07% sino al menos del 3,75% —no contabilizó como déficit 6.834 millones que sacó del Fondo de las Pensiones y retrasó ilegalmente la devolución de las declaraciones negativas de 400.000 contribuyentes, y eso sin contar las trampas y trucos habituales—, y después en la cifra de recaudación de 2017, que fue 4.000 millones inferior, según la Agencia Tributaria. 

 Y sobre estas mentiras se han elaborado unos PGE 2018 que son un auténtico festival de gasto: subidas salariales a los empleados públicos cuyos sueldos medios son un 55% superiores a los del sector privado, rescate de autopistas y recorte cero del despilfarro político. El déficit del 2,2% es pura ciencia ficción, y en contra de lo pactado con Cs —a quienes toman con toda razón por imbéciles—, van a realizar una subida brutal de impuestos sobre la clase trabajadora y la clase media.

Pero si los PGE no había por dónde cogerlos, el pacto con el PNV representa el desbarajuste presupuestario total.  (...)

Ante esta explosión del gasto que mantendrá el déficit de las AAPP por encima del 3% hasta que Bruselas o los mercados digan basta, la correcta valoración de la burbuja de deuda es vital. El pasado lunes, Juan Ramón Rallo, que se posiciona abiertamente como el globalista George Soros a favor de la destrucción de España, realizó en este periódico un cálculo delirante de la deuda, tachando de “conspiranoicos” a los que sabemos sumar y restar de forma independiente. Pero para probar la falsedad de su cálculo, nada mejor que reproducir lo que le responde el economista del Banco de España, el Sr. Navascués:

"JM Rallo ofrece un artículo hoy en defensa del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) de Bruselas, que permite reducir la deuda pública española de 137% a 98% de PIB por una serie de artimañas, unas más serias que otras. No estoy de acuerdo con Rallo (…) de ninguna manera es admisible la consolidación de deuda entre administraciones, cuando el único agente con capacidad de pagar es el Estado central. Tener un pasivo frente a los mercados consolidado por un activo de igual cuantía frente a, por ejemplo, la comunidad catalana, es una ficción, porque ese activo del Estado vale cero, mientras que su deuda emitida y que habrá de devolver vale su valor nominal.
Ya he explicado varias veces que esto es como si un padre de familia le dice a su hijo: Fulanito, te voy a dar tu paga mensual pero la voy a contabilizar como deuda tuya a mí, aunque nunca me la pagues, pero así la consolido y la deuda familiar es cero. Y luego Rallo reconoce que los créditos comerciales, como anticipos, pagarés, garantías y deuda de las empresas públicas [Rallo, esto se te ha olvidado] sí que deberían contabilizarse como deuda. Por lo que la deuda total ajustada resulta al final posiblemente incluso por encima del 137% de PIB”.

¿Quién es el conspiranoico, don Rallo? ¿Es que no sabe don Rallo que España declara un déficit superior al 3% precisamente para no declarar una serie de pasivos, a lo que se vería obligado si no estuviera bajo la calificación de protocolo de déficit excesivo?

 En resumen, la deuda total de las AAPP es del 137% del PIB oficial, pero del 163% del PIB real, algo que arruinará la vida de las generaciones futuras, que por primera vez en siglos viven ya peor que sus padres, durante al menos 50 años. (...)"               (Roberto Centeno, El Confidencial, 07/05/18)

12.4.18

El Gobierno vuelve a mentir sobre el déficit y la deuda. Lo verdaderamente relevante, algo que todos los analistas y medios están ocultando, es que el país entero está quebrado, que lo peor está por llegar...

"El grupo de profesores y economistas independientes (¹) que hemos venido cuantificando la manipulación sistemática de la contabilidad nacional desde febrero de 2008 (...) utilizando las propias cifras oficiales, cómo el Gobierno ha vuelto a mentir sobre el déficit y los ingresos públicos correspondientes a 2017.

Y lo más importante, no solo que el 80% de la población se haya empobrecido desde 2008 y destruido un 12% de la clase media, no solo que la tasa de paro se haya duplicado (desde el 8,6% en 2007 al 16,5% en 2017), no solo que el riesgo de pobreza esté en máximos históricos (más de 13 millones de personas) y seamos el país con mayor desigualdad de Europa —la renta de los hogares jóvenes, aquellos cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años, cayó en un 22,5% entre 2011 y 2014, y en términos de riqueza neta la situación es aún más dramática, cayó en un 46%, solo tienen deudas, algo que no ha sucedido en ningún otro país— o que el sistema de pensiones esté quebrado. 

Lo verdaderamente relevante que resume el desastre económico (...) —algo que todos los analistas y medios casi sin excepción están ocultando a los españoles— es que el país entero está quebrado, es decir, que lo peor está por llegar.

 La deuda pública total (pasivos en circulación) —que no la falsa cifra de la deuda PDE, una convención contable de Bruselas que no recoge toda la deuda aunque la clase política y los medios la presentan como tal— es del 138% del PIB oficial, y sobre todo que por cada euro de crecimiento oficial necesitamos endeudarnos en varios euros —casi dos en 2017—, una situación en la que hasta un niño de primaria se daría cuenta de que España no camina hacia la recuperación sino hacia la suspensión de pagos, algo que sucederá en cuanto el BCE deje de comprar deuda y empiece a elevar los tipos de interés hoy negativos. 

Esta es la realidad y todo lo demás es simplemente negarse a contemplar los grandes agregados macroeconómicos y extrapolar las consecuencias, como ha ocurrido con las pensiones. (...)

El pasado martes santo, el ministro Montoro compareció en rueda de prensa para anunciar que España había cerrado el año 2017 con un déficit del 3,07% y para presentar las cifras generales del, nuevamente optimista, proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. 

Se mostraba contento porque, según él, España había cumplido el objetivo de déficit con Europa, aunque se mostró molesto cuando algún periodista le preguntó las razones por las que el Gobierno no había contraído un poco más el déficit siete centésimas (cosa bastante sencilla) para llegar al 3% y de ese modo que España pudiera abandonar el dudoso honor de ser el único país que se mantendría en 2018 bajo el Protocolo de Déficit Excesivo.

 Una vez más, y sin que le tiemble el pulso, porque con una oposición de indocumentados y unos medios a su servicio nadie le pide la verdad, ha vuelto a mentir en todas las cifras esenciales.  

En primer lugar, si tomamos las cifras publicadas por el Banco de España, la financiación de las administraciones públicas ha necesitado un endeudamiento de 36.233 millones de euros en 2017, precisamente para cubrir el déficit de tres de las cuatro AAPP. La cuarta, la Seguridad Social, ha necesitado sacar del Fondo de Reserva 6.834 millones para cubrir el déficit. En total, 43.067 millones de euros.

Por lo tanto, como mínimo, el déficit de 2017 ha sido el 3,7% del PIB (eso si hacemos como que nos creemos la cifra de PIB) y no el 3,07%. Es decir, España, a diferencia de lo que el Gobierno afirma, ha incumplido el objetivo que tenía acordado con Bruselas.

En segundo lugar, Montoro mostró en unas diapositivas a los asistentes a la rueda de prensa las cifras de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. En ellas, afirma que se recaudaron 198.000 millones de euros en 2017. 

Sin embargo, lo cierto es que, según los datos publicados por la Agencia Tributaria, la recaudación en 2017 fue de 193.951 millones de euros. Por lo tanto, Montoro ha vuelto a incumplir por enésimo año el objetivo de Presupuestos, ya que pronosticó una recaudación de 200.963 millones y se ha quedado más de 7.000 millones por debajo.

En tercer lugar, en esas mismas diapositivas, Montoro pronostica una recaudación 'récord' para 2018, nada más y nada menos, que de 210.015 millones de euros que le permita alcanzar el objetivo de déficit del 2,2% pactado con Bruselas. Esto supone una subida del 8% sobre 2017. 

Sin embargo, esta previsión, tanto de recaudación como de déficit, es pura ciencia ficción si tenemos en cuenta las diferentes partidas incluidas en los Presupuestos (pendientes de aprobarse en el Congreso) que reducirán la recaudación (reducción del IRPF y otras deducciones) y aumentarán el gasto (subida salarial de funcionarios, equiparación salarial, subida de pensiones, etc.).

 Mal empieza Montoro, ya que solo en los dos primeros meses del año la recaudación apenas ha crecido un 2,5%, mientras que los gastos de la Seguridad Social han crecido otro tanto.

 En cuanto a la Seguridad Social, el agujero total en 2017 ascendió a 35.416 millones, cifra que no han visto Uds. por ningún lado pero que es la diferencia entre los ingresos y los gastos.(...)

 En conjunto, y como ya hemos explicado, la deuda total de las administraciones públicas, según los datos publicados por el Banco de España, ha alcanzado la descomunal cifra de 1,6 billones de euros, es decir, el 138% del PIB.

 En seis años, el Gobierno de Rajoy ha endeudado a los españoles en 646.378 millones de euros, la cifra más alta en términos de PIB de toda la historia. Solo en 2017, la deuda ha aumentado en 53.816 millones de euros. 

Esta evolución demuestra que el nivel de recaudación sobre la deuda hace imposible la amortización de la misma, colocando a España en una situación extremadamente grave ante el inminente cese (anunciado por Mario Draghi) de la compra de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo, lo que puede provocar el colapso de las cuentas públicas al no poder acceder al nivel de financiación requerido, con la correspondiente subida de tipos que dispararán el déficit público. (...)"               (Roberto Centeno, catedrático de Economía de la UPM. Juan Laborda, profesor de Economía. J. C. Bermejo, economista y empresario. J. C. Barba, analista económico y empresario. Vox Populi, 02/04/18)

9.4.18

Los presupuestos de Rajoy: el gasto social de 2018 no sólo no es el más alto, sino que es el más bajo desde el año 2009... los grandes beneficiados son los miembros del Tribunal Constitucional... se le sube el sueldo a sus magistrados, un 13% a su presidente y un 12% a los magistrados rasos

"Los nuevos Presupuestos que presentamos a la Cámara son los  presupuestos más sociales de la historia de la democracia española”.  ¿Suena esta frase? Es de Cristóbal Montoro, claro. Creo que no habrá periódico, televisión o radio que no la haya recogido estos días. Y no será por su novedad.

 Lo que entrecomillamos arriba no corresponde a los Presupuestos que acaba de presentar el Gobierno. La pronunció, así, literalmente, el mismo Montoro el 23 de octubre de 2012, el año de los macro recortes, de la llegada en tromba del PP para reducir derechos sociales y prestaciones públicas.

Y hablaba de los Presupuestos del año siguiente, 2013. Para este Gobierno decir que los Presupuestos son los más sociales se ha convertido en algo así como para los periodistas deportivos que cada trimestre califican un encuentro de fútbol como el partido del siglo. La realidad es que ni los Presupuestos que presentaba Montoro aquel 2012, ni los que acaba de presentar para este 2018 son los más sociales de la historia de la democracia. (...)

Para comprobarlo hay varias maneras. (...) Otra forma, admitida en cualquier estadística seria, empleada por ejemplo en la oficina estadística europea, Eurostat, es la de calcular el porcentaje de gasto social sobre el dinero que genera ese año todo el país, lo que se llama Producto Interior Bruto. 

Visto así, el gasto social de 2018 no sólo no es el más alto, sino que es el más bajo desde el año 2009, es decir, desde que la crisis abarcó un año completo. El dinero que ha destinado el Gobierno a gasto social representa el 16,2% de todo el dinero que va a generar España este año, de todo el PIB.  

 También podemos mirarnos al espejo de la Zona Euro para compararnos. El gasto público español (aquí incluyo también a comunidades autónomas y ayuntamientos) supone el 40% de PIB. En el conjunto de la eurozona, el gasto público representa el 47%. Significa que otros destinan más dinero de la riqueza del país a satisfacer el bien público. 

En gasto social, incluidos salud y educación, España destina el 27% de su PIB, el conjunto de la Eurozona el 32%. Sólo en pago a los parados nos mantenemos en puestos de cabeza: en segundo lugar, por la lógica de nuestra descomunal bolsa de desempleo. En el resto estamos por debajo de la media.  (...)

Repasamos. 

El acceso a la vivienda. Debería ser esencial cuando 160.000 familias han sido expulsadas de sus casas y los jóvenes que trabajan reciben bajos salarios y apenas pueden costearse una o viven en un alquiler encarecido. Este año, ha descendido de nuevo la dotación presupuestaria en vivienda y es ya raquítica: 473 millones, frente a 1.210 millones en 2011.

Fomento del empleo. Dinero para facilitar un puesto de trabajo: ha caído un 22% desde que el PP llegó al Gobierno. Este año sube la “astronómica cifra” de 217 millones de euros, un 3,9%.

Dependencia. Dispone de 1.400 millones de euros, un 6,7% menos que en 2011. 

Becas. Ha alcanzado por primera vez la cuantía que tenía al llegar Rajoy al Gobierno. Se destinan 1.450 millones, un 3,6% más.

Sanidad y Educación se financian casi en su totalidad con dinero de las comunidades autónomas. Fueron el blanco de los recortes. Ahora “cuando las cosas comienzan a ir bien” en expresión de Rajoy, todavía disponen de 4.500 millones menos que en 2011. 

Desempleo. El pago a los parados disminuye un 3,4%. Viene ocurriendo hace ya algunos años.(...)

En realidad los grandes beneficiados del actual presupuesto son los gastos militares. Con 9.635 millones aumentan el 10%. Y copan el primer lugar en inversiones, en armamento, con 2.164 millones. En este caso más de lo que dispone el Ministerio de Fomento para construir carreteras o ferrocarriles, que no llega a los 2.000 millones.

En Investigación y Desarrollo el dinero destinado es todavía un 17% menos que en 2011, pese a que entonces el Gobierno de Zapatero ya había metido la tijera.  (...)

Me refería antes a los grandes beneficiados del actual presupuesto, al señalar los gastos militares. No es del todo correcto. En realidad los grandes beneficiados son los miembros del Tribunal Constitucional. 

En el momento en que su papel está siendo clave para la estrategia del Gobierno, este ha decidido subir el sueldo de sus magistrados, un 13% a su presidente y un 12% a los magistrados rasos. Aquí no cabe análisis presupuestario alguno, más allá de calificarlo de indecencia. "         (Emilio de la Peña, CTXT, 04/04/18)

23.3.18

No es cierto que España tenga un gasto insoportable en pensiones ( tres puntos menos del PIB que nuestros vecinos europeos ); no es verdad que los pensionistas españoles sean privilegiados; no es verdad que España sea el único país que afronta un “problema” demográfico; 16 países manejan el IPC entre otros parámetros (salarios, crecimiento del PIB, etc) para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones

"(...) MENTIRAS ACERCA DE LAS PENSIONES

¿Por qué desde hace tantos años todo debate en torno a las pensiones públicas arranca poniendo en duda su sostenibilidad ? ¿Por qué desde al menos 1995 (con Pedro Solbes de ministro) se atiza el miedo a la quiebra del sistema y se reclama a la ciudadanía que invierta en fondos privados independientemente de su capacidad de ahorro o de la rentabilidad (mínima) de esos planes? 

La discusión pública y la decisión democrática acerca de las pensiones sería muy diferente si este debate se iniciara desde una premisa muy diferente. Por ejemplo: las pensiones dignas son un derecho democrático fundamental , y vamos a preservarlas y mejorarlas tomando medidas concretas que preserven y garanticen ese derecho constitucional.

 O por ejemplo: ¿Por qué España es el único país de Europa cuyo único criterio para revalorizar las pensiones es el llamado factor de sostenibilidad impuesto a solas por el PP?

Si alguien se molesta en repasar los hechos, los datos contrastables (pinche aquí el dossier de infoLibre sobre pensiones) podrá comprobar las mentiras y medias verdades que venimos escuchando como premisas que condicionan el debate y que siembran el miedo necesario para lograr imponer los planes que interesan ideológica y pragmáticamente a las fuerzas conservadoras y neoliberales. 

No es cierto que España tenga un gasto insoportable en pensiones ( tres puntos menos del PIB que nuestros vecinos europeos ); no es verdad que los pensionistas españoles sean privilegiados, cuando la realidad es que tienen un 30% menos de poder adquisitivo que la media europea; tampoco es cierto, como se empeña Rajoy en proclamar, que la referencia del IPC para la subida de las pensiones “sólo existe en dos países de Europa, que son Bélgica y Hungría”, porque la propia Comisión Europea informa de que son cuatro los países donde el único criterio de indexación es la subida de los precios y son otros 16 países los que manejan el IPC entre otros parámetros (salarios, crecimiento del PIB, etc) para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones; no es verdad que España sea el único país que afronta un “problema” demográfico que consiste en que durante las próximas décadas crecerá el número de jubilados en una mayor proporción que el de cotizantes que sostengan sus pensiones. ¡Dejen ya de analizarlo como “problema” y actúen para que signos de progreso y de mejora de la calidad de vida como una mayor longevidad no se conviertan en un factor negativo y divisivo en la sociedad!

Se trata de voluntad política y de dar la cara de una vez por todas ante la ciudadanía. ¿Creen o no creen ustedes que las pensiones dignas son un derecho? Si Mariano Rajoy y Albert Rivera son partidarios de cambiar el Pacto de Toledo, incluso la Constitución, y defienden en realidad un sistema mixto de capitalización y reparto , o una variante en la que el Estado sólo garantice una pensión mínima (cada vez más mínima), o un “sálvese quien pueda” … atrévanse a decirlo e inclúyanlo en sus programas electorales. 

Lo que Rajoy hizo con gran habilidad táctica este miércoles en el Congreso fue utilizar el miedo desatado y la presión de los jubilados en las calles como herramienta de negociación de los Presupuestos . Su anuncio de que se elevarán las pensiones mínimas y de viudedad tanto como el IPC o ciertas desgravaciones fiscales (sin concretar) demuestran que su interés prioritario es continuar en el poder y diluir la indignación de los jubilados, pero no abordar cambios en profundidad que pongan fin al debate.

 ¿Qué disposición sincera al diálogo tiene alguien que empieza por decir que una nueva reforma de las pensiones exige “consenso” pero a continuación proclama que de ninguna forma va a derogar la reforma que decidió en soledad con su mayoría absoluta? (Una reforma que lo que garantiza es que las pensiones irán recortándose año tras año desde el próximo enero ). (...)"                        (Jesús Maraña, InfoLibre, 16/03/18)

8.3.18

Rajoy: España tiene un nivel en ciencia de primer orden, lideramos importantes proyectos en Europa. El baño de realidad no tardó en llegar. “Cierto, los científicos españoles lideramos proyectos... desde fuera de España. Un saludo desde Reino Unido"... “Un saludo de otra científica desde Bélgica”... “Saludos desde Helsinki”. Y la cascada continúa en forma de sonoro zasca global: Holanda, Italia, Australia, Alemania, Japón…

"Rajoy presumió de la ciencia en España durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Si era un chiste no le vimos la gracia por ningún sitio. 


Desde 2009 el sistema nacional de ciencia ha perdido 20.000 millones de dinero público, según la Confederación de Sociedades Científicas de España. Un observatorio de la Comisión Europea cifra en un 9% los investigadores que España ha perdido en 5 años, lo que supone un retroceso a los niveles del año 2007.

 Entre el 2008 y el 2014, la publicación de artículos científicos de calidad y las patentes nacionales de origen español han caído en picado. En el caso de las patentes han experimentado una reducción del 60%, según datos del Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España de la Fundación Alternativas.


Ajeno a toda realidad, Rajoy se permitió también el lujo este miércoles de publicar un tuit en el que volvía a alardear de la ciencia española y aseguraba que el Gobierno va a serguir “fortaleciento este sector”.

  Mariano Rajoy Brey ✔ @marianorajoy
 
España tiene un nivel en ciencia de primer orden, lideramos importantes proyectos en Europa. Con la recuperación económica lograda gracias a los españoles y a las reformas del Gobierno, seguiremos fortaleciendo este sector clave.