Casi la mitad de los adultos norteamericanos tuvo dificultades para pagar la atención médica el año pasado... El cuarenta y seis por ciento de los adultos en EE. UU., independientemente del tipo de seguro, declaró haber tenido dificultades para pagar la atención médica el año pasado... Más de 7 de cada 10 personas que sufrieron accidentes cerebrovasculares declararon problemas para pagar la atención para sus familias, seguidos por el 70% de aquellos con EPOC, bronquitis crónica o enfisema, y aproximadamente el 64% de aquellos con cáncer y enfermedades cardíacas... La mitad de los adultos que viven en el Sur—una región que alberga varios estados que no han ampliado la elegibilidad para Medicaid—y aquellos en áreas rurales del país también declararon desafíos de asequibilidad, en contraste con aproximadamente el 45% de los adultos en áreas urbanas (MRonline)

"Casi la mitad de los adultos tuvo dificultades para pagar la atención médica el año pasado, según una encuesta

Publicado originalmente: Minnesota Reformer el 11 de junio de 2026 por Nada Hassanein (más de Minnesota Reformer) (Publicado el 15 de junio de 2026)

El cuarenta y seis por ciento de los adultos en EE. UU., independientemente del tipo de seguro, declaró haber tenido dificultades para pagar la atención médica el año pasado, según un informe publicado el miércoles por el Urban Institute, un centro de investigación sin ánimo de lucro.

El informe analizó los hallazgos de una encuesta de diciembre de 2025 a 10.000 adultos en edad laboral de todo el país. Financiada por la Fundación Robert Wood Johnson, la investigación se produce en un momento de preocupación por el costo de vida y dificultades económicas en EE. UU.

Los adultos sin seguro eran los más propensos—un 60%—a declarar al menos un problema de asequibilidad.

Los investigadores definieron los desafíos de asequibilidad como: dificultades para pagar las facturas médicas familiares en el último año, que algún miembro de la familia no recibiera la atención médica que necesitaba debido a los costos, o que la familia tuviera deudas médicas en el momento de la encuesta.

Casi el 40% de los adultos con cobertura privada a través del empleador, aproximadamente el 54% de aquellos con planes del Mercado o individuales, y el 57% de los adultos con Medicaid declararon tener problemas para pagar la atención médica.

Más de un tercio—alrededor del 35%—de todos los adultos encuestados afirmó que algún miembro de la familia no había recibido la atención médica necesaria debido a los costos.

La encuesta también encontró disparidades en la asequibilidad de la atención.

Los adultos con discapacidades, por ejemplo, eran más propensos a tener problemas para pagar la atención médica para sus familias, con casi un 69% de los encuestados, en comparación con el 40% de los adultos sin discapacidades. Y la mayoría de los adultos negros e hispanos declararon haber tenido dificultades para pagar la atención, en comparación con aproximadamente el 42% de los adultos blancos y el 28% de los adultos asiáticos.

Las condiciones de salud también coincidieron con problemas de asequibilidad: Más de 7 de cada 10 personas que sufrieron accidentes cerebrovasculares declararon problemas para pagar la atención para sus familias, seguidos por el 70% de aquellos con EPOC, bronquitis crónica o enfisema, y aproximadamente el 64% de aquellos con cáncer y enfermedades cardíacas.

La mitad de los adultos que viven en el Sur—una región que alberga varios estados que no han ampliado la elegibilidad para Medicaid—y aquellos en áreas rurales del país también declararon desafíos de asequibilidad, en contraste con aproximadamente el 45% de los adultos en áreas urbanas.

Los resultados de la encuesta también mostraron que aproximadamente 1 de cada 5 adultos con cobertura de seguro médico privado declaró grandes aumentos en las primas del seguro—pero los adultos con planes individuales del Mercado tenían casi el doble de probabilidades de declarar grandes aumentos de primas que aquellos con cobertura a través del empleador.

Según la organización de investigación de políticas de salud KFF, la deducible promedio del Mercado aumentó en aproximadamente $1,000 por persona este año, a medida que más inscritos se cambian a planes con deducibles más altos después de que expiraran los subsidios mejorados."                    (MRonline, 15/06/26, traducción Deep Seek)

2025, el año de los efectos de la privatización sanitaria... el Hospital público de Torrejón, pidiendo a trabajadores que rechacen pacientes para que cuadren las cuentas, ha servido para ver las consecuencias de la privatización sanitaria... “En el listado de pacientes por atender, junto a su nombre, aparecía un color. El color indicaba si era residente del área de salud o si venía de fuera. Me vinieron a decir que lo que nos interesaba era hacer más pruebas a las personas que estaban fuera de área”... Lo que no se acaba de entender es que haya gente que se haya rasgado las vestiduras, son coherentes con la filosofía del libre mercado y la justificación de una empresa que es la obtención del beneficio (Sara Plaza Casares)

"2025 acaba con una negativa del Partido Popular para crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, propuesta por la oposición, sobre los desmanes ocurridos dentro del Hospital público de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud. El gobierno popular de Isabel Díaz Ayuso se negaba a investigar semanas después de que El País revelara unos audios en los que se escuchaba al CEO de la empresa gestora, Pablo Gallart, pidiendo a varios jefes de servicio que priorizaran las ganancias por encima de la atención a pacientes cuyos tratamientos resultaban más costosos. En otras palabras, que rechazaran pacientes para ganar más dinero.

Audios que han levantado una polvareda y que han puesto en evidencia lo que muchas y muchos llevan tiempo denunciando: la privatización sanitaria va en detrimento de la calidad asistencial y así lo reflejan diversas investigaciones. Una revisión de la literatura publicada en The Lancet en 2024 encontró un aumento de la mortalidad evitable en aquellas regiones en las que se había pasado por una privatización de los servicios sanitarios. Además, un paper de 2021 publicado en Health Care Management Review, demuestra que los procesos de privatización conllevan una reducción de las plantillas que puede afectar a la calidad de la asistencia sanitaria.

Todo esto se daba en la sombra hasta que el escándalo de Torrejón saltaba a las portadas. Pero el modelo público privado lleva instaurado en el Estado español desde hace algunas décadas, concretamente desde 1999, cuando se creó el Hospital de la Ribera en Valencia, conocido como Hospital de Alzira y que bautizaba este modelo, en el que la administración cede un terreno y la empresa construye y gestiona el centro. La adjudicataria, Ribera Salud, ha gestionado varios hospitales públicos bajo esta fórmula y mantiene la gestión de dos: el Hospital Universitario de Torrejón y el Hospital de Vinalopó. En este tiempo ha perdido la gestión de cuatro hospitales de la Generalitat Valenciana: el que inauguraba la saga, el Hospital de la Ribera, además del Hospital Universitario de Torrevieja, el Hospital de Manises y el Hospital Marina Salud (Denia). Concesiones que tocaron a su fin y que empezaron a ser revertidas por el gobierno saliente del pacto del Botànic (PSOE- Compromís).

El modelo Alzira aterrizaba en la Comunidad de Madrid con fuerza de la mano de los gobiernos del PP de Esperanza Aguirre. El hospital de Torrejón, inaugurado en 2011, era el décimo que estrenaba la que era presidenta de la Comunidad de Madrid bajo el mantra de la colaboración público-privada.

Rosa—nombre ficticio— extrabajadora de este hospital explicó a El Salto diversas estrategias utilizadas por este hospital para ganar más dinero. Entró a trabajar en este centro en Urgencias en 2019. “En el listado de pacientes por atender, junto a su nombre, aparecía un color. El color indicaba si era residente del área de salud o si venía de fuera. Me vinieron a decir que lo que nos interesaba era hacer más pruebas a las personas que estaban fuera de área”, explica.

Vicente Losada, portavoz de la Auditaría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), calificaba las declaraciones del CEO de Torrejón como “esperables”. “A estas alturas de la película no creo que a nadie se le escape que la prioridad número uno de una empresa privada, que está gestionando un hospital, es la obtención de beneficio. En las declaraciones del CEO de Ribera Salud hay una coherencia máxima. Lo que no se acaba de entender es que haya gente que se haya rasgado las vestiduras, son coherentes con la filosofía del libre mercado y la justificación de una empresa que es la obtención del beneficio”, expresaba en un artículo para El Salto.

 

Una sanidad que camina hacia la privatización

Mientras, el modelo de privatización sanitaria, asentado sobre las conocidas como “colaboraciones público-privadas”, crece a pasos agigantados en todo el Estado. Según un estudio presentado por el Ministerio de Sanidad tras el escándalo de Torrejón, uno de cada tres hospitales de los que operan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) están en manos privadas y su número ha aumentado un 36,8 % en la última década: de 106 en 2011 a 145 en 2023. Además, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023.

En consecuencia, el gasto total en hospitales privados pertenecientes al SNS se incrementó un 84,6 % entre 2011 y 2023, alcanzando los 4,8 mil millones de euros y constituyendo la subida más importante de todo el sistema hospitalario en ese periodo.
La privatización sanitaria tiene una implantación desigual en todo el Estado. Según el último informe de FADSP Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña lideran el proceso, acentuando desigualdades entre comunidades

Sin embargo, la privatización sanitaria tiene una implantación desigual en todo el Estado. Según el 11º Informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización sanitaria en las Comunidades Autónomas Madrid, Canarias, Baleares y Cataluña lideran el proceso, acentuando desigualdades entre comunidades. El informe, que valora otros aspectos más allá de la colaboración público-privada, como la contratación de seguros privados o el gasto sanitario de bolsillo per cápita, y asigna una puntuación a cada comunidad, indica que otras como Andalucía o el País Valencià han incrementado sus puntos en un 30% desde 2019.

Desde FADSP valoran que el informe muestra una gran “desigualdad” entre autonomías, "lo que evidencia que la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno “natural “ de evolución de los Sistemas Autonómicos de Salud sino que responde a políticas explicitas de privatización algunas de larga evolución, como Madrid, Cataluña o Baleares.

Este mismo informe indica que según los últimos datos disponibles España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30 % del total y hasta un 3 % del PIB, frente al 21 % y 2,2 % de la OCDE respectivamente.
Las derogaciones pendientes

Pero, ¿cómo hacer frente a la situación? Tras el escándalo de Torrejón la Ministra de Sanidad, Mónica García anunció una norma para “limitar” la colaboración público-privada. Una propuesta de norma, llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que no es nueva: en mayo de 2024 salía a consulta pública una escueta ficha con un esbozo de su contenido.

La norma incluiría la derogación de la Ley sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la famosa Ley 15/1997, que abrió la puerta a la privatización de servicios y que fue refrendada en el Congreso por todos los grupos parlamentarios (incluido el partido socialista), a excepción de IU y BNG.
 

Hoy se propone una nueva ley que debe ser más ambiciosa, tal y como explicaban expertas a El Salto. La norma no parte de la filosofía de acabar con la privatización sanitaria, sino de acotarla. Carmen Esbrí, portavoz de la Asociación Mareas Blancas, explicaba que si la ley no tiene contundencia, “puede ser inútil”. Desde su asociación avisan de que cualquier “excepcionalidad” para lo privado puede ser utilizado como una ventana para el negocio.

En 2026, la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud deberá aprobarse en el Consejo de Ministros. Tras esto tendrá que atravesar diferentes obstáculos en el Congreso, ante la complicada aritmética parlamentaria. Desde el Ministerio de Sanidad trasladan a El Salto que harán todo lo posible para que esta ley sea aprobada y lo sea en esta legislatura. Se dejarán la piel en ello. Veremos qué depara el próximo año."

(Sara Plaza Casares , El Salto, 31/12/25)

Sí, yo también tenía un seguro médico privado –hasta que me enfermé... un día un doctor jovencito me dijo lo peor que me han dicho en mi vida, que tenía ELA, y me dio una cita con un neurólogo en una clínica Quirón... y este señor neurólogo rápidamente me transfirió a su consulta en un hospital público de la capital. O sea: a la semana del diagnóstico de ELA, la sanidad privada dejó de atenderme, y durante estos tres o cuatro años la sanidad pública se ha ocupado de mí con un cuidado que nunca deja de maravillarme... Lo quiero contar porque, por desgracia, es exactamente lo mismo que le pasó a la gran mayoría de mis compañeros de enfermedad: en cuanto cada uno de ellos fue diagnosticado de ELA, su seguro médico lo mandó a la Seguridad Social, y adiós muy buenas... Y lo cuento como ejemplo de algo que todos sabemos aunque disimulemos: que la medicina privada española se deshace de ti cuando más la necesitas, que allí se acaba todo ese cuento de elegir. Ese debe ser el famoso concierto público-privado: el privado te cobra, el público te atiende... ya es momento de dejar de hacernos los tontos: quieren instalar una salud de primera para los ricos y una de segunda o tercera para los demás. Sería coherente: es lo que hacen con todo. ¿Seremos privados de nuestra sanidad? ¿O debo decir privatizados? ¿Nos privatizarán, nos privarán? Ahora argumentan que la sanidad privada cubre ese 30% que la pública no “alcanza” a cubrir. No alcanza porque las administraciones privatistas no le dan los presupuestos que necesitan. Sería fácil derivar los miles de millones que entregan a las empresas privadas hacia la mejora del servicio público y entonces esas privadas no tendrían siquiera la excusa de su supuesta necesidad (Martín Caparrós)

 "Sí, yo también tenía un seguro médico privado –hasta que me enfermé.

Somos tontos. Somos rematadamente tontos; pelotudos, dirían en mi otro pueblo. Tenemos algo que casi todo el mundo envidia y estamos intentando destruirlo. No, claro que no es el sol; todavía no inventamos la tecnología necesaria para eso. Y además el sol lo tiene cualquiera; esto, nosotros y muy pocos más.

Yo no lo sabía. Cuando llegué a España por última vez, hace doce años, estaba preocupado: tenía que conseguir un seguro médico porque venía de la Argentina, un país donde la sanidad pública —que era excelente 60 años atrás— fue sistemáticamente destruida por diversos gobiernos liberales privatistas y ahora solo atiende a los pobres, esa mitad de la población que no puede pagarse otra cosa y que por eso, según la lógica actual, recibe una atención decididamente inferior —y vive menos.

Así que, aprensivo de mí, pijo de mí, enseguida me busqué un seguro. Tras tentativas fracasadas, alguien me dijo que la Asociación de la Prensa de Madrid tenía uno bueno; pensé que podría afiliarme y disfrutar de él. Cuándo al fin logré que me inscribieran —no fue fácil, no tengo diploma de periodista así que no debo serlo—, me mandaron a ver a un médico para contarle mi historia clínica y le hablé de mi stent y mis juanetes; dos días después me llamaron para decirme que no iban a aceptarme porque tenía “condiciones preexistentes”.

A los 60 años es difícil no haber preexistido aunque sea un poco. Monté ligeramente en cólera y alguien de la APM me organizó una cita con un gerente de la empresa que me negaba el seguro. El señor, muy atildado, muy amable, cuarentón en escritorio sin papeles, decidió explicarme la cuestión y fue muy claro: mire, aquí en España la medicina pública es muy buena, entonces nosotros para tener clientes tenemos que cobrar barato porque, si cobráramos más, todos se quedarían en la pública. Así que nuestras cuotas son bajas, pero entonces no podemos darnos el lujo de tener enfermos muy enfermos; si nuestros socios estuvieran enfermos no nos cerrarían las cuentas. La explicación me pareció intachable —sobre todo desde el punto de vista de las ratas de puerto.

En público, sus explicaciones suenan más presentables, más caritativas. Pero hay una cuenta simple e innegable: la pública, cuando te da cualquier servicio, no necesita ganar plata; la privada, sí. O sea que cada acto de la privada le cuesta al paciente, directa o indirectamente, más caro que el mismo acto en la pública, porque hay que sumarle la ganancia de los dueños, su razón de ser. Para contrarrestar esta evidencia inventaron aquel viejo mito de que la empresa privada hace las cosas mejor que la administración pública. A veces las hace, a veces no. En cualquier caso, el mito es bobo: ¿no confiamos en el Estado para sacarnos las amígdalas pero sí para manejar nuestros misiles, nuestras centrales atómicas y todo lo demás? El mito es bobo, y todavía más bobo cuando se refiere a la sanidad pública española, cuyo único gran problema es que las empresas privadas —y sus políticos más privados aún— quieren destruirla.

(Ahora argumentan que la sanidad privada cubre ese 30% que la pública no “alcanza” a cubrir. No alcanza porque las administraciones privatistas no le dan los presupuestos que necesitan. Sería fácil derivar los miles de millones que entregan a las empresas privadas hacia la mejora del servicio público y entonces esas privadas no tendrían siquiera la excusa de su supuesta necesidad.)

Aquel gerente, al fin, aceptó negociar: me harían un seguro que excluiría cualquier consecuencia de mi stent. Podría enfermarme un poco, pero no del corazón; no lo hice. Sí tuve problemas menores, algún huesito roto, el dolor de una hernia no muy grave hasta que, en 2021, empecé a sentir una debilidad inexplicada. Fui a mi hospital privado de referencia y me tuvieron muchos meses llevándome de aquí para allá sin entender o animarse a entender que tenía la famosa ELA. Hasta que al fin un día un doctor jovencito me dijo lo peor que me han dicho en mi vida y me dio una cita con un neurólogo en una clínica Quirón de los suburbios y este señor neurólogo rápidamente me transfirió a su consulta en un hospital público de la capital.

O sea: a la semana del diagnóstico de ELA, la sanidad privada dejó de atenderme, y durante estos tres o cuatro años la sanidad pública se ha ocupado de mí con un cuidado que nunca deja de maravillarme. Los privados, en cambio, desde ese día desaparecieron. Deben haber quedado muy satisfechos de poder aplicar una vez más su mecanismo habitual: si no estás muy enfermo, yo te atiendo; si estás enfermo en serio, vete a que te recoja papá Estado.

Lo quiero contar porque, por desgracia, es exactamente lo mismo que le pasó a la gran mayoría de mis compañeros de enfermedad: en cuanto cada uno de ellos fue diagnosticado de ELA, su seguro médico lo mandó a la Seguridad Social, y adiós muy buenas.

Y lo cuento como ejemplo de algo que todos sabemos aunque disimulemos: que la medicina privada española se deshace de ti cuando más la necesitas, que allí se acaba todo ese cuento de elegir. Ese debe ser el famoso concierto público-privado: el privado te cobra, el público te atiende. Y el problema se complica: ahora mismo varios gobiernos regionales están degradando la sanidad pública, con menos presupuesto y menos atención, para que estas empresas ocupen su lugar. Así quieren cargarse el mejor patrimonio —el mejor patrimonio— que tenemos los españoles: la certeza de que, cuando llegue la necesidad, seremos atendidos y cuidados: que todos seremos atendidos y cuidados. La sanidad pública solía ser el principal —si no el único— principio igualitario serio que teníamos: a la hora de la hora, el rico y el pobre entraban al mismo quirófano. Hay pocos vínculos que cohesionen una sociedad tanto como ese, y muy pocos países lo mantienen; no entiendo la indiferencia de millones ante la posibilidad de perderlo.

La cuestión es muy clara y, por una vez, es realmente política –no como los insultos y tonterías que suelen decirse esos señores y señoras para que no pensemos en asuntos como este. Digo, realmente política: cada partido hace su tarea. El partido de derechas trabaja sin descanso para aumentar las ganancias de las grandes empresas, que para eso están los partidos de derechas. Mientras tanto, se supone que el partido de centroizquierda defienda a los ciudadanos del abuso de esas grandes. Para eso están, pero no es seguro que siempre suceda. Y ese es el problema: con frecuencia, la derecha hace lo que debe hacer y no lo dice mientras la izquierda dice lo que debe decir y no lo hace.

Por eso, también, la despreocupación, este desinterés con que miramos cómo nos lo roban. Es brutal: no me gustan las grandes trompetas pero estoy convencido de que la subsistencia de la sanidad y la educación públicas —con todas sus consecuencias— será el tema más importante que nuestra sociedad enfrentará en los próximos años. Por eso, supongo, ya es momento de dejar de hacernos los tontos: quieren instalar una salud de primera para los ricos y una de segunda o tercera para los demás. Sería coherente: es lo que hacen con todo. ¿Seremos privados de nuestra sanidad? ¿O debo decir privatizados? ¿Nos privatizarán, nos privarán? Costó mucha lucha mantener estos espacios fuera del modelo capitalista despiadado; sería terrible que los dejáramos apoderarse también de eso –y creo que, por una vez, depende de nosotros. Nosotros, a veces, puede ser una palabra fuerte.

Hijos e hijas, nietos y nietas y demás entenados nos miran desde allá, 2050. Con las brumas del tiempo, no se alcanza a ver si sus caras son de agradecimiento o de desprecio."

 (Martín Caparrós , El País, 18/12/25) 

Cuando la rentabilidad desplaza a los pacientes. El caso de Torrejón no es una anécdota ni un error de comunicación: es un síntoma de un modelo que permite que intereses ajenos a los pacientes se impongan sobre las necesidades clínicas... Por ello, se vuelve urgente avanzar hacia una auténtica Ley de Gestión Pública que blinde el sistema frente a las inercias del mercado... La nueva ley llega en un momento crítico... es imprescindible blindar la gestión pública frente al ánimo de lucro, garantizando que las áreas esenciales —hospitales, urgencias, atención primaria, emergencias, diagnósticos estratégicos— no queden en manos de empresas sometidas a intereses financieros... debe derogarse de manera efectiva la Ley 15/97, que abrió la puerta a modelos de gestión privatizada sin mecanismos de control suficientes. Restaurar la gobernanza pública como modelo preferente requiere un calendario claro de reversión de los centros externalizados... debe impedir la doble pertenencia y las puertas giratorias profesionales... Además, es imprescindible crear un sistema nacional de trazabilidad de listas de espera. Si algo ha revelado el caso Torrejón es que la opacidad favorece la manipulación... El futuro del sistema sanitario público dependerá de que esta ley no sea un parche, sino un blindaje (Joan Carles March)

 "El escándalo del Hospital de Torrejón ha hecho saltar por los aires un debate que llevaba décadas latente: ¿Qué ocurre cuando la gestión de un servicio público esencial se entrega a empresas cuyo fin último es la rentabilidad? La pregunta no es nueva, pero las revelaciones recientes han dado una respuesta tan cruda como incómoda. Los audios y correos internos divulgados muestran un sistema donde la prioridad no era atender mejor, sino seleccionar mejor: escoger a los pacientes más rentables, reorganizar prioridades clínicas en función del beneficio empresarial y frenar procedimientos costosos, aunque fueran necesarios desde el punto de vista médico. La lógica implícita era diáfana: restringir la atención a quienes generaban menos ingresos y reservar recursos para pacientes derivados desde otras zonas cuya atención resultaba más lucrativa.

La grabación en la que un alto directivo de Ribera Salud reconoce que “la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa” sintetiza ese modo de operar: cada paciente no atendido era un ahorro, y cada ahorro, un incremento del beneficio. Lo que hasta hace poco era un argumento político o ideológico hoy es un hecho documentado: cuando un servicio público esencial se somete a presiones mercantiles, termina comportándose como un negocio.

Sanidad pública y negocio privado: una tensión estructural

La cuestión de fondo es si puede conciliarse el afán de lucro con la prestación de un derecho fundamental. No se trata de demonizar al sector privado —que históricamente ha desempeñado un papel complementario en el Sistema Nacional de Salud—, sino de reconocer que cuando la gestión de los elementos esenciales del sistema se externaliza, la lógica empresarial invade el espacio de las decisiones clínicas. Y cuando un hospital público gestionado por una empresa privada debe elegir entre operar a un paciente o mejorar su EBITDA, la frontera ética se desdibuja.

El caso de Torrejón no es una anécdota ni un error de comunicación: es un síntoma de un modelo que permite que intereses ajenos al bienestar de los pacientes se impongan sobre las necesidades clínicas. Durante años se advirtió de que esto podía ocurrir. Ahora sabemos que, al menos en este caso, ocurrió.

El episodio que marca un antes y un después

Lo sucedido obliga a replantear con rigor el papel de la gestión privada en servicios donde la vida, la dignidad y la igualdad están en juego. No es solo una discusión técnica, sino democrática. Un sistema público sometido a incentivos privados termina generando desigualdades y opacidades incompatibles con el derecho a la salud.

Por ello, se vuelve urgente avanzar hacia una auténtica Ley de Gestión Pública que blinde el sistema frente a las inercias del mercado. Una norma que recupere la gobernanza pública de los centros sanitarios, limite la participación de empresas con ánimo de lucro y garantice que decisiones como las conocidas en Torrejón sean imposibles por diseño, no únicamente por sanción.

Hacia dónde debe ir la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS

La nueva ley llega en un momento crítico. Para ser transformadora debe abordar los elementos estructurales que han permitido que la rentabilidad se deslizara por las rendijas del sistema.

En primer lugar, es imprescindible blindar la gestión pública frente al ánimo de lucro, garantizando que las áreas esenciales —hospitales, urgencias, atención primaria, emergencias, diagnósticos estratégicos— no queden en manos de empresas sometidas a intereses financieros.

En segundo lugar, debe derogarse de manera efectiva la Ley 15/97, que abrió la puerta a modelos de gestión privatizada sin mecanismos de control suficientes. Restaurar la gobernanza pública como modelo preferente requiere un calendario claro de reversión de los centros externalizados.

La ley debe también regular estrictamente la colaboración público-privada: prohibir acuerdos con fondos de inversión, imponer transparencia contractual absoluta y establecer cláusulas de rescisión automática ante incumplimientos sanitarios o éticos.

Otro aspecto clave es impedir la doble pertenencia y las puertas giratorias profesionales, incompatibilizando la toma de decisiones en el sistema público con la actividad simultánea en empresas privadas del sector.

Además, es imprescindible crear un sistema nacional de trazabilidad de listas de espera. Si algo ha revelado el caso Torrejón es que la opacidad favorece la manipulación. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre en cada tramo del proceso asistencial.

Por último, la ley debe reforzar la atención primaria, garantizar la soberanía pública en datos e infraestructuras y recuperar la participación ciudadana como mecanismo de control democrático.

Un blindaje para lo que es de todos

El futuro del sistema sanitario público dependerá de que esta ley no sea un parche, sino un blindaje: cerrar la vía por la que el ánimo de lucro penetró en lo más profundo del sistema; recuperar el control público de lo esencial; garantizar transparencia, equidad y responsabilidad; y, sobre todo, recordar que la salud es un derecho que no puede sacrificarse en el altar de la rentabilidad. El caso Torrejón muestra que donde manda el negocio, la equidad se resiente y la confianza pública se erosiona. Y sin confianza, ningún sistema sanitario puede sostenerse." 

(Joan Carles March Cerdá , El País, 15/12/25) 

Así vive a sanidade privada galega dos fondos públicos... os fondos públicos pagan o 46% das estancias ou o 51% das cirurxías maiores ambulatorias rexistradas nos hospitais privados.

 "En plena polémica pola orde de reducir atención a pacientes para gañar máis cartos dada nun hospital madrileño polo grupo Ribera Salud, propietario tamén dos hospitais galegos Povisa, Polusa e Juan Cardona, o Ministerio de Sanidade vén de facer público un informe de avaliación da sanidade privada dentro do sistema sanitario estatal. O documento diferencia hospitais públicos, concertados e privados, e detalla non só o gasto público nos dous primeiros tipos senón tamén no terceiro, revelando que en Galicia os fondos públicos pagan o 46% das estancias ou o 51% das cirurxías maiores ambulatorias rexistradas nos hospitais privados.      

O informe do ministerio considera como pertencentes ao sistema nacional de saúde (SNS) tanto aos hospitais públicos como aos privados "de utilización pública", nos que inclúe tanto aos que teñen un concerto substitutorio para prestar toda a súa oferta asistencial a unha poboación asignada do sistema público -o caso de Povisa- como aos que dedican máis do 80% dos seus recursos á prestación de servizos financiados polo sistema nacional de saúde. Pola súa banda, inclúe no concepto Privado non SNS os centros sen concerto ou cun concerto parcial para realizar actuacións médicas puntuais para a sanidade pública.

Segundo o Catálogo Nacional de Hospitais do ministerio, en Galicia hai 19 hospitais privados, dos que dous teñen concertos substitutorios ou completos co Sergas (Povisa en Vigo e o Centro Oncolóxico de Galicia na Coruña), sete teñen concertos parciais e dez non teñen concerto. Pero tamén os que non teñen concerto poden recibir financiamento público para actuacións sanitarias concretas. De feito, os fondos públicos poden superar aos privados no financiamento de diversas actividades asistenciais realizadas nos 17 hospitais privados galegos sen concerto ou con só concerto parcial.

Por exemplo, o informe do ministerio sinala que no total de cirurxía maior ambulatoria rexistrada nos hospitais privados galegos sen concerto o 50,7% do custe foi financiado en 2023 con fondos públicos, o que sitúa Galicia como segunda comunidade só por detrás de Extremadura e moi por riba da media estatal.  

Outro dos conceptos analizados polo ministerio é o financiamento dos procesos vinculados a altas hospitalarias. As tres rexións cunha maior proporción de financiamento público en centros privados non concertados, e polo tanto non considerados parte do sistema nacional de saúde, foron Extremadura, Murcia e Galicia (40,1%). 

Se a análise se fai sobre as estancias rexistradas en hospitais privados non concertados Galicia aproxímase máis á media estatal. Pero aínda así os datos reflicten que case a metade (45,9%) do custo das estancias en hospitais privados galegos acaban sendo pagadas con fondos públicos. 

Moito menor peso teñen os fondos públicos no global de consultas rexistradas nos hospitais privados. Aínda así, Galicia é a segunda comunidade na que eses fondos públicos representan máis para os hospitais privados, un 18,9%, a pouca distancia de Castela-A Mancha e co dobre que na media estatal. Tampouco teñen gran peso os fondos públicos no financiamento das urxencias ou das sesións de hospitalización de día rexistradas nos hospitais privados galegos.

Galicia segue sendo das comunidades con menor peso do aseguramento privado, con só o 24% da poboación, pero medrou do apenas 9% que había en 2018

O informe do ministerio tamén reflicte que Galicia segue sendo unha das tres comunidades con menor peso do aseguramento privado, con só o 24% da poboación con algún tipo de políza sanitaria, moi lonxe do 44,6% da poboación de Madrid. Porén, partindo dunha situación aínda máis baixa, o 9%, o aseguramento privado medrou en Galicia desde 2018 ata 2024 un 166,7%, o que o informe atribúe ás demoras producidas nese período coincidente coa pandemia da COVID-19." 

(David Reinero  , Nós, 15/12/25) 

El médico del Sacyl (Sanidad de Castilla y León) es responsable de la lista de espera, por eso le interesa generarla, porque luego cobra de la privada... se investiga a 15 médicos del Hospital Universitario de Burgos... la entidad beneficiaria es Grupo Recoletas, que está multiplicándose en la comunidad con millonarios conciertos con la Junta (PP) para desahogar al Sacyl. De hecho, el Hospital de Burgos es donde más días de espera quirúrgica asumen los pacientes... Los médicos llevan alertando de estas irregularidades desde 2021, y lamentan la escasa atención recibida a sus protestas estos años: “Era un ‘Aquí no pasa nada’, que el Colegio de Médicos no puede actuar y la gerencia da la callada por respuesta (Juan Navarro)

 "La Sanidad de Castilla y León (Sacyl) ha admitido que investiga a 15 médicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) “por supuestos incumplimientos de la normativa que regula la compatibilidad de la profesión con el sector privado para quienes están en nómina de la sanidad pública”. Según una portavoz de la Administración castellano y leonesa, la Inspección de Sacyl está analizando diferentes denuncias contra intensivistas, cirujanos y anestesistas por irregularidades con la normativa que busca limitar que los doctores del sector público se excedan en sus posibles actividades independientes.

Médicos denunciantes del HUBU con los que ha hablado EL PAÍS precisan que estos incumplimientos se producen especialmente por rebasar las horas permitidas en empresas privadas o directamente por no tener solicitada esta compatibilidad. Según señalan, la entidad beneficiaria es Grupo Recoletas, en cuyos centros privados afirman que hay médicos en formación del HUBU realizando cirugías o personal de baja por paternidad que acude al quirófano. “Es un círculo vicioso, el médico del Sacyl es responsable de la lista de espera, le interesa generarla porque luego cobra de la privada”, explica un denunciante, indignado porque Recoletas está multiplicándose en la comunidad con millonarios conciertos con la Junta (PP) para desahogar al Sacyl. De hecho, el Hospital de Burgos es donde más días de espera quirúrgica asumen los pacientes, con 117, lo que supone 30 días más que la media autonómica al cierre del tercer trimestre de 2025.

Los médicos llevan alertando de estas irregularidades desde 2021 y han expuesto una “presunta corrupción público-privada” que han remitido al Colegio Oficial de Médicos burgalés, a la Consejería de Sanidad, a la inspección del HUBU, a la gerencia del Sacyl en Burgos, a la Inspección de Trabajo o a la Seguridad Social. EL PAÍS ha accedido a los documentos que avalan que han llevado el caso a esas instancias, de momento sin apenas respuestas.

Uno de los denunciantes anuncia que llevarán los hechos a la Fiscalía porque “se incumple masivamente la ley de incompatibilidades” y que él, trabajador en uno de los centros privados donde existen estas aparentes irregularidades, ha visto a cirujanos superando las horas de trabajo semanales que como máximo pueden destinar al sector privado, algunos incluso ilegalmente por hallarse de baja por paternidad o siendo residentes, esto es, sin capacitación aún para intervenciones. Los agraviados lo tienen comprobado porque disponen de las actas donde un cirujano firma estar practicando una determinada intervención en fechas o momentos donde debiera estar en su puesto en el HUBU o de baja o descanso.

“Las víctimas son los pacientes y los médicos honrados que trabajan o en la pública o en la pública y privada o en la privada solamente y que ganan menos dinero por competencia desleal”, critica el sanitario, que acusa al Grupo Recoletas de recibir fondos para aliviar los problemas de lista de espera que ella misma genera con la actitud de sus doctores. Según este denunciante, al ser Burgos una “ciudad pequeña”, de 175.000 habitantes, estas prácticas son más evidentes que en grandes urbes “donde todo se diluye”. “Pagamos todos, a la pública y a la privada”, remata.

Recoletas tiene concertadas en Burgos especialidades como la cirugía general, traumatología, urología y ginecología. El portal de Contrataciones del Estado acredita que esta entidad privada recibe anualmente conciertos por valor de decenas de millones de euros, al menos 30 entre varios documentos, para soporte quirúrgico al Sacyl en toda la comunidad, Burgos incluido. La gerencia sanitaria burgalesa asignó a Recoletas en 2024 contratos concretos como el de 945.400 euros para “externalización procedimientos quirúrgicos”.

La secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras, Ana Rosa Arribas, asegura que “en Burgos hay casos flagrantes de ir a intervenir a la privada estando de guardia en la pública, o en su jornada habitual, o MIR que están en formación y no deben operar”. “Lo tienen comprobado con los partes de intervención, firmados por el médico, tienen las horas y días”, precisa la también sanitaria. Además, detalla que Recoletas tenía dos hospitales en Castilla y León hace 12 años y ahora suma 25: “Es un negocio para la privada, tienen el protocolo ya hecho en connivencia con el PP”.

Su homóloga en el sindicato UGT, Rosa López, reitera esas “varias denuncias por incumplimientos del régimen de incompatibilidad” y reclama “transparencia e igualdad de trato dentro del sistema público de salud, es imprescindible que todas las actividades profesionales sigan la ley y no perjudiquen la calidad asistencial a los ciudadanos”. Los denunciantes lamentan la escasa atención recibida a sus protestas estos años: “Era un ‘Aquí no pasa nada’, que el Colegio de Médicos no puede actuar y la gerencia da la callada por respuesta, dicen que han abierto investigaciones de información reservada que a saber qué supone”. 

(Juan Navarro , El País, 13/12/25) 

En el Hospital de la Ribera, privatizado, en Alzira, premiaban a los médicos por dar altas precoces. Pacientes que en realidad no estaban en condiciones de ir a casa, después del alta tenían que volver... Además, como por la población de su departamento ya cobraban un fijo, lo que hacían era poner por delante de estos a pacientes de otros zonas. Para hacer resonancias, operaciones… Cuando llegamos, había 19.000 pacientes en lista de espera para hacerse una prueba diagnóstica en rayos, de Alzira, y 1.700 informes pendientes, entre los cuales apareció algún cáncer. Iban a sacar dinero... Es el modus operandi de estas concesiones. Si tu fin es obtener beneficio, no puede ser lo mismo que la sanidad pública, cuyo fin es proporcionar salud o curación a los pacientes. ¿Es lo mismo tener una enfermera para dos camas de UCI que una para cuatro? Los responsables sanitarios que revirtieron la primera concesión del mismo modelo que opera en el hospital madrileño se encontraron almacenes casi vacíos y equipos obsoletos, y tuvieron que afrontar denuncias penales y campañas de desinformación

 "Isabel González, nacida en Avilés (Asturias) hace 76 años, fue radióloga, jefa de servicio y gerente del Hospital de Sant Joan de Alicante. En 2017 la nombraron directora general de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat valenciana con la misión de preparar la reversión del Hospital de la Ribera, en Alzira, el primero público de gestión privada en España, inaugurado en el año 2000, que dio nombre a un modelo que desde Valencia se extendió a otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid. Y que esta semana ha vuelto a ser cuestionado a raíz del escándalo del Hospital de Torrejón. La reversión de Alzira se concretó en el primer minuto del 1 de abril de 2018. González la vivió en el hospital, donde estuvo trabajando hasta avanzada la madrugada. “Fue como montarse a un tren en marcha”, responde por viodeollamada desde el edificio de Alicante donde vive, en un piso de la planta 18, frente al mar.

Pregunta. ¿Fue difícil revertir la concesión sanitaria de un hospital?

Respuesta. Privatizar es muy fácil, desprivatizar es difícil. Nosotros tuvimos que pelear mucho. De entrada, afrontamos decenas de recursos judiciales de la empresa, Ribera Salud, que acabó perdiendo la concesionaria. También nos presentaron demandas, por la vía penal, a varias de las personas que dirigíamos la reversión, empezando por la consellera [Carmen Montón], que también ganamos. Pusieron en marcha toda una campaña: con buzoneo en las casas de los ciudadanos, con un periódico que editaban y repartían en el hospital y los centros de salud del departamento, una televisión de circuito cerrado en la que hablaban de las bondades del sistema, anuncios en las traseras de los autobuses… Una asociación de médicos afín a ellos organizaba charlas por la comarca con pacientes, sobre todo de cáncer, diciéndoles que si se producía la reversión tendrían que desplazarse a Valencia para el tratamiento, lo cual no era cierto. Y anunciando que se iba a producir un colapso asistencial inmediato, lo que tampoco ocurrió. La concesionaria era una empresa grande, muy potente, y el hospital era muy emblemático para ella.

P. ¿Qué problemas se encontraron al hacerse cargo del hospital y el resto del departamento de salud de comarca de La Ribera?

R. Desde antes de que se produjera la reversión tuvimos muchos problemas para acceder a la información. La cláusula 17 del acuerdo de concesión decía que debían tener los mismos sistemas de información sanitaria que la consejería. Pero nunca lo cumplieron. Así que desde fuera no podíamos consultar los datos, ni tener acceso a los indicadores. Sus informes eran declarativos, lo que ellos decían, te los tenías que creer. Un sistema opaco. Por ejemplo, presumían de que no tenían lista de espera, pero es que su manera de contabilizarla no tenía nada que ver con la de los hospitales públicos.

P. En el escándalo de Torrejón ha salido a la luz la expresión “pacientes rentables”. ¿Se usaba en Alzira? ¿Qué significa?

R. El paciente rentable es, para ellos, el negocio. Es el que presenta determinadas patologías. Y el que es de fuera de la cápita, es decir, que pertenece a otro departamento de salud y acude a su hospital, porque esos los cobran aparte. En Alzira, que llegó a hacer el 37% de los partos del vecino departamento de Xàtiva, eso dio lugar a incentivos perversos. Como que si un médico captaba pacientes de fuera del departamento le daban un plus económico.

P. ¿Cómo los conseguían?

R. Pues con amigos, conocidos… lo que fuera.

P. ¿Como comerciales?

R. Efectivamente. Y había otro incentivo perverso, que también quitamos al llegar, que era que premiaban a los médicos por dar altas precoces. ¿Qué pasaba? Que tenían unos indicadores muy malos de retorno a urgencias. Pacientes que en realidad no estaban en condiciones de ir a casa, y después del alta tenían que volver. Además, como por la población de su departamento ya cobraban un fijo, lo que hacían era poner por delante de estos a pacientes de otros departamentos. Para hacer resonancias, operaciones… Cuando llegamos a Alzira había 19.000 pacientes en lista de espera para hacerse una prueba diagnóstica en rayos y 1.700 informes pendientes, entre los cuales apareció algún cáncer. Iban a sacar dinero.

P. Se parece a lo que se está viendo en Torrejón.

R. Es que no es una cosa aislada del hospital de Torrejón o del de Alzira. Es el modus operandi de estas concesiones. Si tu fin es obtener beneficio, no puede ser lo mismo que la sanidad pública, cuyo fin es proporcionar salud o curación a los pacientes. ¿Es lo mismo tener una enfermera para dos camas de UCI que una para cuatro? Por eso me parece importante la derogación de la Ley 15/1997, que fue la que abrió la puerta a las diferentes fórmulas de gestión público-privada.

P. ¿Se encontraron con más incumplimientos en el hospital?

R. Nos encontramos con un equipo de resonancias que se paraba cada dos por tres con unas averías gravísimas. Un equipo de radioterapia tan obsoleto que la empresa quería quitar el mantenimiento. Un déficit de respiradores terrible... Por contrato, tenían que haber hecho inversiones cada cierto tiempo, pero parte de ellas no las hicieron, como dijo la propia Intervención de la Generalitat. Lo que pasó fue que, con todas las inspecciones que hicimos antes de la reversión, ya sabíamos por dónde teníamos que ir. Y lo primero que hicimos fue una inversión de ocho millones de euros en todo esto.

P. El Hospital de Alzira cobraba por recibir a pacientes de otros departamentos, y tenía que pagar por los que enviaba fuera. ¿Funcionaba así en la práctica?

R. Cuando teníamos que cobrarles a ellos era muy difícil. A pesar de que presentábamos la facturación, la identificación del paciente, todos los datos... bastaba con que faltara algún detalle para que no pagaran. En general, supervisar las concesiones era mucho más complicado que hacerlo con los hospitales públicos. Son los llamados costes de transacción, y en las concesiones sanitarias son muy altos.

P. ¿Qué más recuerda de aquella primera noche en Alzira?

R. Que, aunque tenían que haber dejado una reserva, los almacenes estaban prácticamente vacíos. De fármacos, de ropa de hospital, de mascarillas… No dejaron ni una carpeta, ni un papel, y borraron todo lo que había en los ordenadores, así que no sabíamos ni qué proveedores teníamos. Para esa primera noche habíamos hablado con el Hospital La Fe, en Valencia, para que tuvieran preparado un estocaje con la medicación y material que pudiéramos necesitar." 

(Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira, Ignacio Zafra , El País, 08/11/25) 

Un grupo de accionistas de United Healthcare presentó una demanda contra la empresa en respuesta a una caída del valor para los accionistas de alrededor del 22 % tras la muerte de su director ejecutivo... creen claramente que UHC comenzó a aprobar un poco más de atención médica, y esto perjudicó sus finanzas... United Healthcare siempre se ha destacado en el mundo de la especulación con el sufrimiento ajeno, siendo la número uno en denegaciones y la pionera en la denegación de atención médica (me refiero a utilizar la inteligencia artificial para denegar los servicios recomendados por los médicos como primera respuesta). El hecho de que los accionistas se enfadaran cuando se redujeron las denegaciones es sorprendente, parece que simplemente se redujo ligeramente lo irrazonable... Es un sistema increíblemente cruel, que literalmente se lucra con los enfermos y los débiles de la sociedad, y Estados Unidos es el único que ve esta condición humana como «una oportunidad para obtener beneficios»... nos encontramos en un momento en el que la codicia se ha vuelto completamente insostenible (Kathleen Wallace)

 "Todos conocemos la historia. Alguien se enfada mucho por el comportamiento de una compañía de seguros médicos. Quizás estén muy molestos por las palabras y acciones del director ejecutivo y otros líderes de la empresa. Y entonces llega el momento de la verdad y deciden actuar.

Me refiero a que un grupo de accionistas de United Healthcare presentó una demanda en mayo de este año contra la empresa. Esta acción fue en respuesta a una caída del valor para los accionistas de alrededor del 22 % tras la muerte de su director ejecutivo. Los accionistas estaban enfadados y se sentían engañados cuando la empresa indicó que no habría cambios en sus previsiones de beneficios tras este suceso. Sin embargo, los accionistas demandantes creen claramente que UHC comenzó a aprobar un poco más de atención médica en respuesta a la muerte de su director general. Esto perjudicó sus finanzas, dicen, y en un arrebato que solo puede resolverse mediante un litigio, se lanzaron contra la empresa. En este caso, los resultados y la salud de las finanzas de esos accionistas son inversamente proporcionales a la salud de los accionistas que, lamentablemente, tienen un seguro de UHC. Verá, las reglas son que usted paga una fortuna por unas primas elevadas y se marchita si se enferma. Es un impuesto a los pobres. No se les puede pedir que cumplan con su parte del trato.

 United Healthcare siempre se ha destacado en el mundo de la especulación con el sufrimiento ajeno, siendo la número uno en denegaciones y la pionera en la denegación de atención médica (me refiero a utilizar la inteligencia artificial para denegar los servicios recomendados por los médicos como primera respuesta). El hecho de que los accionistas se enfadaran cuando se redujeron las denegaciones es sorprendente, porque no es que empezaran a aprobar toda la atención que los médicos indicaban que era necesaria. No, parece que simplemente se redujo ligeramente lo irrazonable. Es como si Howard Hughes solo te rociara con una solución de lejía al 25 % en lugar de al 28 % cuando entras en su ascensor para visitarlo.

Ahora bien, ¿de qué tipo de beneficios estamos hablando en este mundo de explotación corporativa? Pues bien, en el año 2023, los gastos del sistema sanitario estadounidense ascendieron a la grotesca cifra de 4,9 billones (o 14 570 dólares por persona). Digo grotesca porque esa cifra no indica realmente «atención». Proporciona ingresos parasitarios a un gran número de intermediarios, accionistas y una red general de sinvergüenzas. Es un sistema increíblemente cruel, que literalmente se lucra con los enfermos y los débiles de la sociedad, y Estados Unidos es el único que ve esta condición humana como «una oportunidad para obtener beneficios».

 Por supuesto, muchos estadounidenses están mal informados y desinformados. Creen que esta situación y la falta de atención se deben a la escasez, cuando en realidad nada más lejos de la realidad. Entre 1979 y 2019, la productividad de los trabajadores en Estados Unidos se disparó del 85 % al 112 %. En 1979, la atención sanitaria era relativamente accesible, mientras que hoy en día se ha convertido en un lujo. Los recursos están ahí, la escasez impuesta se debe a la codicia cada vez mayor que vemos en la cima. Los recursos existen, pero están atrapados por acaparadores que necesitan que se desmantelen puentes para que sus yates puedan pasar. La gente trabaja cada vez más duro por cada vez menos. Por supuesto, esto no es una revelación para nadie que preste atención, pero millones de estadounidenses creen que nos encontramos en esta situación por cualquier cosa menos por la causa fundamental (los oligarcas y la codicia desenfrenada). Creen que los inmigrantes se están quedando con la asistencia sanitaria o cualquier otro bulo que producen los medios de comunicación y los políticos y que ellos se tragan.

El impulso de privatizarlo todo conduce, en el mejor de los casos, a una menor calidad y a un mayor gasto para el individuo y, en el peor, a un fraude descarado y a un comportamiento delictivo. Este fue el caso del sistema penitenciario privatizado, en el que los jueces aceptaban sobornos para suministrar presos a las cárceles juveniles. Algunos aspectos de la vida humana, como la libertad, la salud y la seguridad, nunca deberían haberse convertido en un ámbito del que se aprovechan los codiciosos. Pero aquí estamos.

 He trabajado en el ámbito sanitario durante muchos años. Es difícil describir ciertas cosas debido a las leyes de privacidad, pero hay una historia que siempre me ha perseguido. No es identificable personalmente, así que no debería haber ningún problema. Creo que su historia es importante y que ilustra claramente parte del sufrimiento que se vive ahí fuera.

 Había una mujer que trabajaba en una de las cadenas de restaurantes, todos reconocerían el nombre. No era mayor, ni joven. Estaba en esa edad intermedia que puede dar paso al trabajo pesado en una economía pobre. El brillo del mundo ha perdido su esplendor y las dificultades de la vida se acumulan. Todo esto en un entorno en el que el trabajo manual comienza a pasar factura. Le duelen las articulaciones, es más difícil no sentirse cansada todo el tiempo. Trabajaba como camarera en esta mega cadena de restaurantes, de pie todo el día, luchando por ganar lo suficiente para sobrevivir. No tenía seguro médico, ya que se aseguraban de que sus horas fueran tales que pudieran afirmar que le proporcionaban seguro, pero mantenían a la mayoría de los empleados un microsegundo por debajo de ese nivel. Utilizaban este truco o hacían que las horas fueran tan irregulares que la persona nunca alcanzaba los «requisitos para obtener prestaciones». Al no tener seguro, no investigó el dolor punzante que sentía en el abdomen. Simplemente siguió tomando aspirinas para aliviarlo. Cada vez más aspirinas para enmascarar el dolor y poder seguir trabajando. 

  Esto continuó durante un par de años y el consumo masivo de aspirina tuvo el efecto habitual. Le provocó una hemorragia gastrointestinal y, por ello, no tuvo más remedio que acudir al último recurso para quienes no tienen seguro médico: el servicio de urgencias local. Se investigó la hemorragia y, al hacerlo, se descubrió una enfermedad metastásica masiva. El cáncer estaba en un punto en el que realmente no se podía hacer nada; estaba demasiado avanzado. Se convirtió en otra víctima del sistema lucrativo. Pero esa cadena de restaurantes sigue obteniendo enormes beneficios, muy superiores a lo que le habría costado proporcionarle un seguro. Ahora, tomemos esta anécdota y multipliquémosla por... ¿cuánto? ¿Miles y miles?

Es difícil saber cuánto sufrimiento provoca esta crueldad institucional. El sistema sigue funcionando, haciendo tan ricos a unos pocos que no se quedarían sin dinero aunque quemaran literalmente cientos de dólares cada momento durante el resto de su vida.

 El hecho de que el seguro esté vinculado al empleo en los Estados Unidos es en sí mismo un método para reprimir la autonomía de los trabajadores. Por supuesto, debería ser una expectativa de ser ciudadano de tu nación. Nunca se oye a los derechistas quejarse del ejército socialista que financian con sus impuestos, pero destinar dinero al cuidado de sus conciudadanos se considera algo impensable. Les han lavado el cerebro y ni siquiera pueden permitirse programar una visita al médico para hacerse una resonancia magnética que muestre las zonas lavadas y lisas.

Pero estas víctimas tienen familias, tienen amigos, personas que las quieren. Su vida vale tanto como la de Peter Thiels y Elon Musks. La pérdida de la vida de uno de los suyos, como el director general de UHC, se trata como el fin de la sociedad civilizada, mientras que las innumerables vidas perdidas de la manera anterior... bueno, son simplemente estadísticas.

 Esto plantea preguntas enormes, como cuál es el valor inherente de un ser humano y si no tenemos el deber de ayudarnos unos a otros en una sociedad civilizada. Creo que, en el fondo, la mayoría de las personas saben que tenemos esa responsabilidad. Tener esa reciprocidad nos beneficia a todos. No es saludable sentir un desprecio tan profundo por los demás. Basta con fijarse en nuestros oligarcas y sus problemas de salud mental, que se ponen de manifiesto a diario, para ver que acumular riqueza y negar a los demás no hace que uno se sienta nunca tranquilo y en paz. En el fondo, probablemente saben que el odio que sienten por los demás se vuelve contra ellos mismos y, en lugar de trabajar en su decencia, redoblan su enfermedad, la codicia y la glotonería de recursos.

El «Informe sobre la felicidad» analiza una miríada de detalles de la vida de los ciudadanos para encontrar a aquellos que realmente disfrutan de su tiempo aquí en la Tierra. Y no es nada sorprendente que las naciones que ocupan los primeros puestos den prioridad al bienestar de sus conciudadanos. Seis de las siete naciones que encabezan la lista son del norte de Europa, donde simplemente no se tolera la implementación de una sociedad en la que el ganador se lo lleva todo y no hay red de seguridad.

 ¿Por qué los estadounidenses son tan arrogantes como para creer que su sistema es inherentemente mejor cuando ni siquiera es capaz de producir un producto básico, como es la felicidad de las personas? Es absurdo seguir escuchando a aquellos que continúan vendiendo la miseria como su punto fuerte, cuando ellos mismos son miserables.

A través de todo esto, nos encontramos en un momento en el que la codicia se ha vuelto completamente insostenible. La miseria es tan exponencial como la riqueza de los oligarcas. Pero, en palabras de Percy Bysshe Shelley, «vosotros sois muchos, ellos son pocos». Es hora de que actuemos como tal."   

(Kathleen Wallace , blog, 07/12/25, traducción DEEPL, enlaces en el original) 

El CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital privatizado de Torrejón, ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”... y ha ordenado subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. "Por ejemplo, actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese. No sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar”... como pacientes que requieran diálisis peritoneal en el hospital, por su baja rentabilidad... si acumulan demoras, gastarán menos en intervenciones porque necesitarán menos personal y medios... esta empresa gestiona un hospital que es público a todos los efectos para los más de 150.000 habitantes de la zona del Corredor del Henares a los que da servicio, pide a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de “cuatro o cinco millones (Pablo Linde)

 "En los hospitales públicos de gestión privada, cada euro que no se gasta en los pacientes es un euro más para la empresa. El grupo sanitario Ribera quiere exprimir esta idea en el Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público madrileño gestionado por la compañía. El CEO del grupo, Pablo Gallart, ha ordenado subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Lo hizo en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre, a cuya grabación ha tenido acceso EL PAÍS, que ha confirmado su contenido con una de las personas presentes. “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice Gallart, quien reclama “hacer iteraciones”, es decir, ajustes, para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

El empresario ha rechazado atender a este periódico a través de un portavoz de la empresa, que asegura que fuera de “contexto” el contenido de esos audios “puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido”.

En aquella reunión, lo que solicitó Gallart a sus mandos es dejar de hacer intervenciones que no sean rentables para la empresa que gestiona un hospital que es público a todos los efectos para los más de 150.000 habitantes de la zona del Corredor del Henares a los que da servicio, así como los pacientes del resto de Madrid que decidan acudir al centro, en virtud de la libre elección sanitaria de la comunidad.

“¿Cuál es nuestra capacidad de gestión?”, se pregunta Gallart. Y se responde: “Pues entiendo que somos capaces de determinar la actividad que podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y, determinando la actividad [...], determinaréis cuáles [son] los gastos y qué nivel de EBITDA tendremos. Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”.

El empresario señala que si acumulan demoras, gastarán menos en intervenciones porque necesitarán menos personal y medios. El consejero delegado justifica esto ante su audiencia alegando que el Hospital de Torrejón es deficitario, que nunca va a dar beneficios hasta el final de la concesión, ya que cada año pierden nueve millones de euros en amortizaciones y gastos financieros. Asegura que lo que aporta la administración no es suficiente para cubrir los gastos que tiene el hospital.

Gallart era hasta mayo director financiero de Ribera. Ascendió a consejero delegado interino después de que Vivalto Santé, el grupo francés propietario de un 75% de la compañía, destituyera al que era alma mater de Ribera, Alberto de Rosa, y a su mano derecha, Elisa Tarazona. Después de proponer estas políticas en Torrejón, Gallart ha sido confirmado como CEO del grupo, a las órdenes de Emmanuel de Geuser, consejero delegado de Vivalto, que asumió en mayo de forma interina la presidencia de Ribera.

Ribera ha enviado una contestación por escrito de Santiago Orio, que es desde hace un mes el director gerente del Hospital de Torrejón: “Las reuniones empresariales internas son de carácter privado y su contenido está dirigido a personas con responsabilidad que conocen su área de trabajo y son capaces de entender el contexto. Fuera de este entorno, el contenido puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido”.

Orio asegura que “Ribera tiene único plan: ofrecer una atención de la máxima calidad a los pacientes de Torrejón y de toda la Comunidad de Madrid que eligen ser atendidos en nuestro hospital, tal y como muestran los resultados de las auditorias de diferentes organismos independientes y los registros de la propia Consejería de Sanidad”.

Un portavoz de la Consejería asegura a este diario que la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de estas órdenes y que, si los tuviera, actuaría de inmediato. “El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta”, ha agregado.

“El camino contrario” a bajar las listas de espera

Durante la reunión de septiembre, Gallart dice: “Estoy convencido de que vamos a llegar. Igual de fácil que ha sido en el pasado aumentar cuatro o cinco millones los gastos de personal para aumentar o reducir la lista de espera, no me cabría en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario, de verdad. La elasticidad siempre va en las dos direcciones”.

Gallart se refiere a la reducción de las listas de espera que logró el hospital tras la covid, cuando se dispararon, y que regresaron en 2023 a niveles prepandemia. El CEO continúa: “Y no solo estoy hablando de listas de espera, seguro que tenéis mucha imaginación, seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad [rentables] y que procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer”.

El directivo se centra en seleccionar estos procesos en la actividad denominada “cápita”, es decir, la población a la que le corresponde el hospital: la de Torrejón de Ardoz y algunas localidades cercanas. Pero también habla de la “no cápita”: aquellos pacientes que eligen el hospital sin que sea su zona. Todos los residentes en Madrid tienen ese derecho desde la ley que el gobierno de Aguirre aprobó en 2009.

“Seguro que estamos haciendo mucha actividad no cápita que no nos es contributiva, es decir, que nos está perjudicando. No sé si hay posibilidad de captar o no actividad que más nos interese. Por ejemplo, actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese. No sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar”, añade Gallart.

Fuentes del hospital aseguran a este diario que en posteriores reuniones los directivos están estudiando qué intervenciones no son rentables, para tratar de derivar a esos pacientes a otros centros de la comunidad. En documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS queda reflejada la orden expresa de no atender a pacientes “no cápita” que requieran diálisis peritoneal en el hospital, por ejemplo, por su baja rentabilidad.

Un sistema inventado por Ribera

Fue justamente Ribera el grupo que inventó este modelo de gestión privada de hospitales públicos en la Comunidad Valenciana a finales de los años noventa: el entonces famoso modelo Alzira. El Gobierno de Esperanza Aguirre lo importó a principios de los 2000. En la Comunidad de Madrid, además del Hospital Universitario de Torrejón, hay otros tres con este modelo: el General de Villalba, el Infanta Elena y el Rey Juan Carlos, gestionados por Quirón. Esta empresa también es propietaria de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, pero opera por medio de un “concierto singular”, distinto de los anteriores.

La gestión por concesión consiste en que la empresa construye la infraestructura y la gestiona durante un plazo de tiempo a cambio de prestar el servicio público, dando asistencia sanitaria a una población protegida. En el caso de Torrejón, se abrió en 2011 y contará con una gestión de 30 años. La Administración paga un canon per cápita ―por la población asignada, independientemente de la actividad que realice― que obliga al concesionario a prestar todos los servicios que daría cualquier otro hospital de la red pública. Esto diferencia el modelo de otro tipo de concesiones a centros privados, a los que se les paga en función de la actividad.

El último acuerdo de Ribera con la Comunidad de Madrid fue una inyección adicional de 32,7 millones de euros al Hospital de Torrejón en julio para reestructurar la deuda que arrastra desde su apertura. Se suman a los 88 millones que el gobierno madrileño ha pagado al grupo desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta. Según Gallart, esto es insuficiente para mantener la actividad que desarrollaban hasta ahora.

En julio, un portavoz de la comunidad explicó a EL PAÍS que el contrato se tuvo que “reequilibrar” por desembolsos no contemplados, “como el gran incremento del gasto farmacéutico de medicamentos innovadores y de alto impacto que no estaban previstos al inicio, junto a otros de medicina nuclear o dispositivos de glucosa”.

Críticas al modelo Alzira

Los partidos de izquierdas en las comunidades donde se ha implantado este modelo siempre lo han criticado, alegando que poner a empresas a gestionar la salud de los ciudadanos era como poner al zorro a cuidar al gallinero; que harían negocio a costa de la salud. En 2018, el gobierno del socialista Ximo Puig desprivatizó el hospital de La Ribera y solo quedó con este modelo el del Vinalopó, gestionado por el grupo Ribera, que también se encarga de Povisa, en Vigo.

Desde que comenzaron a funcionar, se han sucedido acusaciones a los hospitales que operan bajo este modelo por primar el beneficio sobre la salud en Galicia, Madrid y Valencia, todas gobernadas por el PP. Pero las estrategias para mejorar los resultados nunca habían quedado patentes como en estos audios. Fuentes de Ribera que llevan años en el grupo se muestran escandalizadas ante este tipo de actuaciones que “ponen en peligro la salud de los pacientes”, que “van contra la deontología médica” y que, afirman, jamás se habían puesto en marcha.

El pasado octubre, Almudena Quintana Morgado, directora general asistencial del SERMAS, defendió la gestión del Hospital de Torrejón ante una pregunta de Más Madrid sobre los planes de mejora: “Cuenta con un funcionamiento asistencial sólido, resultados contrastados y con una clara orientación a la mejora continua”. 

( Pablo Linde , El País, 03/12/25)

El próximo año, se estima que cinco millones de personas quedarán sin seguro de salud en los Estados Unidos. Soy uno de ellos... Cuando fui a renovar la póliza de mi familia, me sorprendió descubrir que mi prima había subido a 2,600 dólares por mes, un precio que mi hogar de cuatro personas simplemente no puede pagar... Por primera vez en mi vida adulta, estaré sin seguro, uniéndome a los millones que han navegado esta arriesgada realidad durante años... como mujer en mis cuarenta años con antecedentes familiares de cáncer de mama, prescindir de cobertura es una apuesta con mi vida... Después de hacer algunos cálculos, concluimos que solo podíamos permitirnos llevar seguro para dos de los cuatro. Esto nos dejó con una elección inhumana: decidir de quiénes valoramos más las vidas. Esto no es solo un dilema abstracto que muchas familias están enfrentando; es necropolítica en acción, el poder sancionado por el estado para decidir quién vive y quién muere... Esto no es una hipérbole; los estudios muestran que más de 40,000 personas en los EE. UU. mueren anualmente debido a la falta de atención médica (Melissa Garriga)

 "El próximo año, se estima que cinco millones de personas quedarán sin seguro de salud en los Estados Unidos. Soy uno de ellos. Cuando fui a renovar la póliza de mi familia, me sorprendió descubrir que mi prima había subido a 2,600 por mes, un precio que mi hogar de cuatro personas simplemente no puede pagar. Por primera vez en mi vida adulta, estaré sin seguro, uniéndome a los millones que han navegado esta arriesgada realidad durante años. Es una píldora amarga de tragar, especialmente cuando el seguro de salud ya hace que el acceso a la atención médica sea costoso con deducibles extremadamente poco realistas y altos costos de bolsillo. Sin embargo, como mujer en mis cuarenta años con antecedentes familiares de cáncer de mama, prescindir de cobertura es una apuesta con mi vida.

Después de hacer algunos cálculos, concluimos que solo podíamos permitirnos llevar seguro para dos de los cuatro. Esto nos dejó con una elección inhumana: decidir de quiénes valoramos más las vidas. Esto no es solo un dilema abstracto que muchas familias están enfrentando; es necropolítica en acción, el poder sancionado por el estado para decidir quién vive y quién muere. Esta crisis es un resultado directo de las decisiones políticas tomadas por aquellos elegidos para servir al pueblo y sus necesidades. Al permitir que los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) caduquen, nuestros funcionarios electos están actuando como paneles de la muerte, cómodos con tomar una decisión que matará a decenas de miles de sus propios electores. Esto no es una hipérbole; los estudios muestran que más de 40,000 personas en los EE. UU. mueren anualmente debido a la falta de atención médica.

Sin embargo, estas necropolíticas domésticas son simplemente un síntoma del mayor deseo de muerte de los EE. UU.: una economía de guerra que sirve a los fabricantes de armas cuyo trabajo es crear máquinas de muerte y destrucción. Como nación, logramos reunir billones cada año para financiar el conflicto y la destrucción global mientras afirmamos que el costo de mantener a nuestros propios vivos es demasiado. Las prioridades de nuestro gobierno no podrían ser más claras. Por ejemplo, en el reciente cierre del gobierno, el National Priorities Project informó que el Senado logró encontrar una unidad bipartidista para aprobar un aumento de $32 mil millones para el Pentágono como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), aprobándola con una abrumadora votación de 77-20. Sin embargo, se negaron a extender los subsidios de salud ni siquiera por un solo año, una medida que habría costado aproximadamente $35 mil millones, una suma bien merecida que habría evitado que millones, incluido yo mismo, perdieran su seguro de salud.

Sin embargo, esto no es un caso aislado. El Congreso aprueba un presupuesto del Pentágono en constante crecimiento cada año, que ahora se prevé que supere el billón de dólares. La NDAA de 2026 se votará a mediados de diciembre. Al mismo tiempo, hay rumores de una votación sobre los subsidios de salud que podrían salvar a millones de familias de nuestra pesadilla. Sin embargo, solo uno de estos proyectos de ley tiene asegurado pasar con poco debate, y no es el que salvará vidas.

Para entender las consecuencias mortales de estas prioridades, considere que el costo anual de continuar con los subsidios de la ACA es de aproximadamente $30 mil millones, o alrededor de $82 millones por día. El costo diario de operar un solo portaaviones estadounidense es de aproximadamente $8 millones. Esto significa que el costo de un portaaviones por un solo día es equivalente a aproximadamente el 10% del costo diario de proporcionar subsidios de atención médica para toda la nación. En otras palabras, los fondos gastados en un buque de guerra por solo un día podrían, en cambio, garantizar un día de acceso a la atención médica para cientos de miles de estadounidenses.

Las cifras dejan claro que el gobierno de los Estados Unidos no está en el negocio de servir al pueblo y sus necesidades. En cambio, nuestros funcionarios electos se sientan en altos cargos, decidiendo con frialdad a quiénes están dispuestos a sacrificar para proteger su interés personal, ya sean palestinos en Gaza, niños en Sudán, navegantes en Venezuela, migrantes que buscan una vida mejor o familias trabajadoras que intentan desesperadamente llegar a fin de mes en una economía que solo sirve a unos pocos en lugar de a muchos. Vivimos en un sistema que valora la guerra y el conflicto por encima de la protección de la vida, y cada día deciden que está bien que más y más de nosotros mueran. Es necropolítica, hasta el fondo, y todos estamos en la lista de sacrificio. A menos que…

Para obtener más información sobre cómo financiar las necesidades de la gente en lugar de la codicia de los fabricantes de armas, visite nuestro sitio web Cut The Pentagon para conocer más formas de actuar."

(Melissa Garriga , Scheer Post, 27/11/25, traducción DEEPL, enlaces y vídeos en el original)

¿Por qué es tan cara la asistencia sanitaria en Estados Unidos? Nuestros costes sanitarios totales ascenderán a más de 5,4 billones de dólares este año, 16.000 dólares por persona. En comparación, Alemania y los Países Bajos gastan 6.000 dólares por persona... Este año gastaremos más de 700.000 millones en medicamentos que probablemente costarían alrededor de 150.000 millones... Concedemos a las empresas farmacéuticas monopolios de patentes. Estos monopolios permiten a las empresas farmacéuticas vender medicamentos por miles o decenas de miles de dólares, cuando probablemente estarían disponibles por decenas o cientos de dólares si se vendieran sin estos monopolios concedidos por el Gobierno... Los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias gubernamentales solían gastar más de 50.000 millones de dólares al año en investigación biomédica. Podemos triplicar esta suma y hacer que todos los hallazgos sean de código abierto para que los nuevos medicamentos puedan producirse como genéricos el día en que se aprueben... Este año pagaremos más de 350.000 millones de dólares por los costes administrativos de los seguros médicos privados... también hay enormes costes indirectos. Los hospitales, las consultas médicas y otros proveedores tienen que gastar una enorme cantidad de dinero en contratar personal para hacer frente a las diferentes normas y formularios de las distintas aseguradoras. Un estudio reciente reveló que, en 2017, casi un tercio de nuestros gastos sanitarios se destinó a cubrir los costes directos e indirectos de los seguros, casi cinco veces más de lo que Canadá gastaba por persona en su sistema universal de Medicare... Pagamos a nuestros médicos aproximadamente el doble que a los médicos de otros países ricos... Reducir la remuneración de los médicos a un nivel similar al que reciben en Alemania y Canadá podría suponer un ahorro de unos 100.000 millones de dólares al año... Señalar que los medicamentos son caros debido a los monopolios de las patentes, o que tiramos a la basura cientos de miles de millones al año para mantener en funcionamiento el sistema de seguros, no es algo que guste a las personas con dinero... Las formas de reducir el costo de la atención médica en Estados Unidos no son un secreto, pero supondrían un duro golpe para los principales donantes de los políticos republicanos y también de muchos políticos demócratas ( Dean Baker)

 "Ahora que el cierre del Gobierno se ha debido en gran medida al futuro de Obamacare, es un buen momento para hablar un poco sobre el ridículo coste de la asistencia sanitaria en Estados Unidos. Aunque los republicanos culpan a Obamacare de los elevados costes sanitarios, como ocurre con la mayoría de las cosas que dicen, esto no tiene nada que ver con la realidad.

De hecho, los costes sanitarios estaban aumentando mucho más rápidamente antes de que se aprobara Obamacare en 2010. En la década anterior a la aprobación de Obamacare, los costes sanitarios aumentaron 4,0 puntos porcentuales como porcentaje del PIB, lo que equivale a más de 1,2 billones de dólares en la economía actual.

Por el contrario, en los 15 años transcurridos desde su aprobación, los costes sanitarios solo han aumentado 1,4 puntos porcentuales del PIB. Si los costes sanitarios hubieran seguido aumentando al ritmo anterior a Obamacare, estaríamos gastando otros 1,4 billones de dólares al año, 11.000 dólares por hogar, en asistencia sanitaria.

Obamacare no fue el único factor que frenó el crecimiento de los costes sanitarios, pero sin duda contribuyó a ello. En cualquier caso, no hay ninguna duda de que si el crecimiento de los costes sanitarios hubiera aumentado después de 2010, se habría culpado a Obamacare. Dada la realidad, los republicanos se equivocan: Obamacare ralentizó, en lugar de aumentar, la tasa de crecimiento de los costes sanitarios.

Pero incluso si Obamacare ralentizó el crecimiento de los costes sanitarios, seguimos pagando una cantidad anormal por la asistencia sanitaria. Pagamos el doble que la media de otros países ricos, sin que ello se traduzca en mejores resultados. Nuestros costes sanitarios totales ascenderán a más de 5,4 billones de dólares este año, más de 40.000 dólares por hogar o 16.000 dólares por persona. En comparación, Alemania y los Países Bajos gastan alrededor de 6.000 dólares por persona en asistencia sanitaria.

La costosa trinidad: medicamentos, seguros y médicos

La razón por la que pagamos más por la asistencia sanitaria que los demás no es ningún misterio. Pagamos el doble por todo y tenemos un sistema de seguros privados enormemente derrochador.

El mejor lugar para empezar en la categoría de derroche son los medicamentos recetados. Este año gastaremos más de 700.000 millones de dólares en medicamentos que probablemente costarían alrededor de 150.000 millones en un mercado libre. La diferencia de 550.000 millones de dólares supone 4.400 dólares anuales por hogar.

Este es un caso en el que realmente es culpa del Gobierno que los medicamentos sean caros. Concedemos a las empresas farmacéuticas monopolios de patentes. Estos monopolios permiten a las empresas farmacéuticas vender medicamentos por miles o decenas de miles de dólares, cuando probablemente estarían disponibles por decenas o cientos de dólares si se vendieran en un mercado libre sin estos monopolios concedidos por el Gobierno.

Los monopolios de patentes tienen una finalidad: incentivan la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Pero hay alternativas a la concesión de monopolios de patentes. Podemos pagar a las personas. Los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias gubernamentales solían gastar más de 50.000 millones de dólares al año en investigación biomédica.

Podemos triplicar esta suma y hacer que todos los hallazgos sean de código abierto para que los nuevos medicamentos puedan producirse como genéricos el día en que se aprueben. Esto abarataría los medicamentos y eliminaría la mayor parte de la motivación para la corrupción en la industria farmacéutica.

Las empresas farmacéuticas tienen un gran incentivo para mentir sobre la seguridad y la eficacia de sus medicamentos cuando pueden vender una receta por 3.000 dólares que les cuesta 30 dólares fabricar y distribuir. Tendrían mucho menos incentivo para difundir historias falsas que ponen en peligro la salud de las personas si el medicamento se vendiera a 50 o 60 dólares por receta.

Algunos de nosotros teníamos la esperanza de que RFK Jr., con sus quejas sobre la corrupción en la industria farmacéutica, intentara modificar el sistema de investigación financiada por el monopolio de las patentes, que es la fuente obvia de esta corrupción. En cambio, ha impulsado una agenda incoherente, atacando al Tylenol y a las vacunas baratas en general, que tienen un historial probado de seguridad y eficacia.

De todos modos, en lo que respecta a la reducción del coste de los medicamentos, no debemos esperar mucho de la administración Trump. Es posible que escuchemos una retórica enrevesada sobre la reducción de los precios en un 700, 800 o incluso 1.500 %, pero no conseguiremos que bajen los precios de los medicamentos.

También es importante señalar que ocurre lo mismo con los equipos médicos. Los miles de dólares que se pueden cobrar a las personas por una resonancia magnética o una tomografía computarizada no se deben a que la maquinaria sea tan cara de fabricar, ni a la electricidad y el tiempo del técnico. Es porque los monopolios de patentes permiten a los fabricantes venderlos por cientos de miles o incluso millones de dólares.

Nuestro inflado sistema de seguros privados es otra fuente de enorme despilfarro en la asistencia sanitaria. Este año pagaremos más de 350.000 millones de dólares por los costes administrativos de los seguros médicos privados. Esto supone más del 25 % de lo que pagan a los proveedores. Por el contrario, los costes administrativos de Medicare son algo más del 1,0 % de lo que paga a los proveedores.

Hay varias razones que explican estas diferencias, pero una de las más evidentes es que las aseguradoras pagan a sus altos ejecutivos decenas de millones al año. Los altos cargos de Medicare ganan algo más de 200.000 dólares al año. Si alguien busca el despilfarro, los salarios excesivos de los ejecutivos de las compañías de seguros son un buen punto de partida. (¿Dónde está la motosierra de Elon cuando la necesitamos?).

Además, las aseguradoras están en el negocio para obtener beneficios para sus accionistas, y al menos algunas de ellas lo han estado haciendo bien últimamente. Las acciones de UH, la empresa matriz de la aseguradora más grande del país, se han duplicado en los últimos cinco años.

Además del dinero que se paga directamente a las aseguradoras, también hay enormes costes indirectos. Los hospitales, las consultas médicas y otros proveedores tienen que gastar una enorme cantidad de dinero en contratar personal para hacer frente a las diferentes normas y formularios de las distintas aseguradoras. Un estudio reciente reveló que, en 2017, casi un tercio de nuestros gastos sanitarios se destinó a cubrir los costes directos e indirectos de los seguros, casi cinco veces más de lo que Canadá gastaba por persona en su sistema universal de Medicare.

También es importante reconocer que los precios anormales de los medicamentos y los equipos médicos crean una necesidad de aseguradoras que de otro modo no existiría. Si una empresa farmacéutica cobra 100.000 dólares por un año de tratamiento con un medicamento contra el cáncer, tiene sentido asegurarse de que este medicamento sea realmente más eficaz que otros que pueden costar una décima o una centésima parte.

Sin embargo, si el medicamento se vendiera en un mercado libre y costara unos pocos cientos de dólares, habría pocas razones para cuestionar la decisión del médico que lo recetó originalmente. Lo mismo ocurre con las pruebas de diagnóstico por imagen o el uso de otros equipos médicos. El escrutinio que las aseguradoras imponen a muchos medicamentos y procedimientos es en gran medida el resultado de los altos precios que se cobran en Estados Unidos.

La última parte de la historia de los inflados costes sanitarios es la excesiva remuneración de los médicos. Pagamos a nuestros médicos aproximadamente el doble que a los médicos de otros países ricos. (Esto se aplica mucho más a los especialistas que a los médicos de familia). Reducir la remuneración de los médicos a un nivel similar al que reciben en Alemania y Canadá podría suponer un ahorro de unos 100.000 millones de dólares al año.

Reducir el costo de la atención médica significa quitar dinero a los grandes donantes políticos

Las formas de reducir el costo de la atención médica en Estados Unidos no son un secreto, pero supondrían un duro golpe para los principales donantes de los políticos republicanos y también de muchos políticos demócratas. Por eso estas cuestiones no son temas importantes en los debates políticos y, por lo general, ni siquiera se plantean en los principales medios de comunicación, como el New York Times o la National Public Radio.

Señalar que los medicamentos son caros debido a los monopolios de las patentes, o que tiramos a la basura cientos de miles de millones al año para mantener en funcionamiento el sistema de seguros, no es algo que guste a las personas con dinero. Por lo tanto, lo mejor que parece que podemos hacer por el momento es algo como Obamacare. Es una pena, pero no debe haber confusión. Obamacare supuso un gran paso adelante en la ampliación de la cobertura y la contención de los costes." 

( Dean Baker , Sin Permiso, 07/11/2025

Hablemos claro: privatizar la sanidad mata. Lo dicen los datos... sé perfectamente que en la sanidad privada hay facultativos y todo tipo de personal empeñado en salvar vidas y que las salvan haciendo lo mejor que pueden su trabajo. Pero mi análisis no evalúa su desempeño particular, sino el del sistema sanitario de propiedad privada, que actúa como un negocio más... la afirmación que hago no es una opinión subjetiva, sino la conclusión a la que han llegado estudios científicos que han evaluado el rendimiento y los efectos de los sistemas sanitarios en todo tipo de países... En Inglaterra, el aumento del gasto externalizado a proveedores privados entre 2013 y 2020 (lo que viene ocurriendo en muchas comunidades autónomas españolas desde hace tiempo) se asoció con incrementos significativos de muertes que no deberían ocurrir con atención oportuna y eficaz... Los estudios comparativos internacionales muestran que los sistemas sanitarios con mayor fragmentación y peso privado tienen peores resultados... Las tasas de mortalidad de pacientes atendidos en los servicios de emergencia de los hospitales de Estados Unidos aumentaron con posterioridad a sus adquisiciones por empresas privadas... La OCDE ha mostrado que la “mortalidad evitable” (suma de la que se puede evitar con salud pública y primaria fuertes y con la evitable con asistencia clínica eficaz y a tiempo) aumenta donde se debilitan la prevención y la atención primaria por lógicas de mercado... privatizar los servicios sanitarios y alejarse del modelo de asistencia universal garantizada es una forma más de matar a la gente... el 53% de los hospitales en Andalucía ya son de propiedad privada, lo que se está traduciendo ya, y esto irá en aumento, en desatención y en muertes evitables. La forma más inhumana y cruel de hacer que se muera la gente inocente (Juan Torres López)

 "Soy consciente de que el titular de este artículo es duro y quiero advertir de entrada de dos cosas importantes. En primer lugar, sé perfectamente que en la sanidad privada hay facultativos y todo tipo de personal empeñado en salvar vidas y que las salvan haciendo lo mejor que pueden su trabajo. Pero mi análisis no evalúa su desempeño particular, sino el del sistema sanitario de propiedad privada en general, que actúa como un negocio más en el ámbito de la salud.

En segundo lugar, quiero señalar que la afirmación que hago en el título no es una opinión subjetiva, sino la conclusión a la que han llegado estudios científicos que han evaluado el rendimiento y los efectos de los sistemas sanitarios en todo tipo de países.

Se puede decir taxativamente que la privatización de los sistemas sanitarios mata por razones de diverso tipo, aunque todas tienen que ver con una fundamental: la sanidad privada es un negocio y, por tanto, sólo puede proporcionar los servicios sanitarios que le proporcionen rentabilidad. No puede ser de otro modo porque, en caso contrario, desparecería como tal. En consecuencia, deja que enfermen o incluso que mueran sin darles atención las personas que no dispongan del dinero suficiente para pagar los servicios que pudieran necesitar. No hay otra posibilidad. Ningún negocio privado vende algo a quien no le pague por ello.

Sabiendo que esto último es un hecho innegable, quienes defienden la sanidad privada argumentan que tal problema se soluciona por medio de las pólizas de seguros privados que la población suscriba para que, llegado el momento, sus respectivas compañías se hagan cargo de las facturas correspondientes a los tratamientos que necesitaran.

Sin embargo, quien responde de esta manera se olvida de algo igualmente esencial: los seguros son también un negocio privado. Un negocio que quebraría sin remedio si asegurase a personas que le supusieran un gasto sanitario mayor que la cuota que pagaran por él. Recurren a estudios de probabilidades para hacer que su negocio resulte, en promedio, beneficioso, pero no pueden sobrepasar un determinado umbral de riesgo a la hora de proporcionar las coberturas particulares. O se las cobran muy caras, o dejan directamente fuera a las personas con patologías que necesiten tratamientos muy costosos. En ambos casos, excluyen a una parte importante de la población que termina enfermando o muriendo sin atención. Si se quiere tener pruebas de ello y ver cómo funciona el negocio de los seguros de salud privados, recomiendo ver aquí la película documental Sicko, de Michael Moore.

Hay que decirlo claro y conviene que nadie se deje engañar: el objetivo del sistema de sanidad privada, de sus empresas sanitarias, no es curar o prevenir enfermedades, sino maximizar su beneficio económico. Es legítimo. No lo critico, simplemente expreso un hecho. Si no lo hicieran así, como he dicho, tendrían que cerrar y perder el dinero que sus propietarios han invertido.

Eso significa que, para obtener beneficios y maximizarlos, un sistema sanitario privado no puede tener como objetivo reducir el número de enfermos, sino tener clientes recurrentes. Lo cual lleva, como está ampliamente demostrado, a incentivar la sobreprescripción de tratamientos rentables y, como he dicho, a descuidar o no atender a los menos lucrativos (los que necesitan prevención, atención o salud mental o cuidados crónicos). Esto es lo que produce daños médicos y mortalidad por mala praxis o por ausencia de seguimiento adecuado que son perfectamente evitables, tal y como confirman investigaciones de cuyos resultados doy cuenta resumida más abajo.

Puesto que un sistema sanitario privatizado no atiende a quien no tiene dinero o seguros, copagos o ayudas para medicamentos, la consecuencia inevitable es la desatención, el retraso de la consulta o sencillamente la renuncia al tratamiento. Eso agrava dolencias que serían perfectamente curables y multiplica muertes evitables por cáncer, diabetes, hipertensión o infecciones, por ejemplo. Un estudio de hace diez años mostró que, en Estados Unidos, un aumento de 10 dólares en los copagos mensuales por consultas médicas y medicamentos recetados provocaba una reducción del 8,6% en el gasto por esos servicios.

Puesto que la sanidad privada sólo puede funcionar bien allí donde hay dinero, produce además un agrandamiento de las brechas de salud. Los recursos (personal, tecnología, camas UCI) se concentran donde son más rentables, no donde hay más necesidad, y las zonas rurales o empobrecidas quedan desatendidas. El resultado también es el aumento de las tasas de mortalidad evitable y el descenso de la esperanza de vida en los grupos de población con menores ingresos.

Cuando la sanidad pública se privatiza se producen más enfermedades y muertes por otra razón adicional: los servicios sanitarios públicos, de cobertura universal actúan como una infraestructura de prevención, y cuando se privatiza se pierden capacidades de vigilancia epidemiológica, de vacunación masiva o de respuesta ante pandemias. Sin olvidar, además, que cuando eso sucede la información sanitaria se fragmenta y los datos clínicos se tratan como propiedad privada, por no decir que como una mercancía más con la que se puede ganar dinero adicional.

Por otro lado, está ampliamente demostrado que el personal sanitario, facultativos, personal de enfermería, auxiliares, etc. está sometido a mucha mayor presión para aumentar su productividad en los centros sanitarios de propiedad privada. Es lógico que ocurra eso pues, como he dicho, allí hay que recuperar la inversión realizada y obtener el mayor beneficio posible. La consecuencia es el menor tiempo dedicado a los pacientes, contratos precarios y una presión constante que aumenta los errores y el agotamiento, lo que empeora la atención y termina produciendo más muertes evitables.

Hay otra razón más que hace que los sistemas sanitarios privados produzcan muertes. Aunque pueda parecer mentira, la lógica del mercado es la de curar cuando ya hay enfermedad (en eso justamente consiste el negocio) y no evitar que la haya (pues entonces no lo hay). Dicho muy claramente: la prevención de la enfermedad no es negocio y, por tanto, no es lo que puede ponerse como objetivo la sanidad privada. Y, sin embargo, es bien sabido que la prevención es la mejor vía para evitar muchas enfermedades y millones de muertes.

Este hecho es el que provoca que los programas de vacunación, educación nutricional, detección temprana o salud comunitaria, sin los cuales se producen más muertes evitables, sean más débiles y mucho menos efectivos en países, como Estados Unidos, en donde la sanidad privada está generalizada.

A todo lo anterior hay que añadir que el negocio sanitario es muy poderoso y que las grandes empresas hospitalarias y farmacéuticas tiene capacidad suficiente para actuar como grupos de presión que imponen precios inflados y políticas que le sean favorables, normas que permitan tratamientos marginalmente eficaces pero carísimos y el abandono de los baratos y efectivos. Lo cual afecta también a la salud y llega a producir la muerte de muchas personas. Una de las consecuencias de esto último son las trabas de todo tipo que se ponen a la realización de estudios científicos que permitan mostrar mucho más ampliamente que, como se dijo en la revista The Lancet, «la privatización de la atención sanitaria casi nunca ha tenido un efecto positivo en la calidad de la atención» y que «el respaldo científico para una mayor privatización de los servicios sanitarios es débil». Los escándalos que rodean la actuación del Grupo Quirón en Madrid son buena prueba de ellos, aunque no la única ni la más onerosa para las arcas públicas.

Por último, hay una razón más por la que se puede afirmar que privatizar la salud mata. El negocio sanitario privado obtiene beneficios (de carácter extraordinario generalmente, al no haber perfecta competencia en ese mercado) no sólo como exclusivo resultado de poner en valor los capitales y recursos que proporcionan sus propietarios. Se nutre muy ventajosamente del valor producido durante decenios por el capital público (investigación básica, infraestructuras, formación del personal…) por el que no paga, puesto que no se cuantifica en sus balances contables. Además, obliga a que el Estado tenga que asumir el coste derivado de sus déficits de gestión a los que he hecho referencia. Y, por si todo esto fuese poco, se nutre de una constante aportación privilegiada de fondos procedentes del sector público. Dicho de otro modo: el sector sanitario privado, al menos en países como España no podría ser rentable sin recibir fondos multimillonarios del Estado o sin excluir de sus servicios a la mayor parte de la población. Su negocio es parasitario y oportunista: gana dinero con los servicios sanitarios rentables y deja los que no lo son al Estado. Eso mina los recursos públicos y, al final, el servicio público se deteriora e incluso allí aumenta el número de muertes evitables.

Como dije al principio, las afirmaciones que acabo de hacer no son opiniones subjetivas, sino que está avaladas por investigaciones y estudios empíricos realizados en los centros científicos más prestigiosos del mundo. Afirmar, por tanto, que la privatización de la sanidad mata es sostener un hecho objetivo y cierto que la experiencia real demuestra día a día.

Expongo a continuación sólo algunos datos que lo demuestran:

– En Estados Unidos, la falta de seguro sanitario se asocia con 45.000 muertes anuales y un 40% más de riesgo de morir respecto a personas aseguradas, en general, e incluso con un 50% mayor que los asegurados en algunos grupos de población de menor ingreso.

– En Inglaterra, el aumento del gasto externalizado a proveedores privados entre 2013 y 2020 (lo que viene ocurriendo en muchas comunidades autónomas españolas desde hace tiempo) se asoció con incrementos significativos de muertes que no deberían ocurrir con atención oportuna y eficaz.

– La OCDE ha mostrado que la “mortalidad evitable” (suma de la que se puede evitar con salud pública y primaria fuertes y con la evitable con asistencia clínica eficaz y a tiempo) aumenta donde se debilitan la prevención y la atención primaria por lógicas de mercado. Por el contrario, señala que fortalecer la atención primaria, la salud pública y el acceso universal reduce esas muertes.

– Los estudios comparativos internacionales muestran que los sistemas sanitarios con mayor fragmentación y peso privado tienen peores resultados. Según un estudio comparativo entre diez países de 70 indicadores de desempeño del sistema de salud relativos al acceso a la atención sanitaria, proceso de atención, eficiencia administrativa, equidad y resultados de salud, Estados Unidos destaca «por el bajo rendimiento de su sistema de salud». Y, sobre todo, por no «mantener a su población sana».

– Estados Unidos es el país que más gasta en sanidad (más del doble que los de la OCDE de media) pero al ser privatizada, obtiene peores resultados que los demás: tiene menos camas hospitalarias por 1.000 habitantes, menos esperanza de vida, mucha más mortalidad evitable, mortalidad infantil y materna, menos vacunación infantil y mayor extensión de las epidemias… El exceso de mortalidad acumulado durante la pandemia de la Covid-19 fue sustancialmente mayor en Estados Unidos que en los demás países de la OCDE.

Estados Unidos es la primera potencia económica mundial, la que más gasta en salud, pero la que en mayor medida lo hace en un sistema de salud y seguros privados. La consecuencia es que ocupa el lugar 54 en el ranking que ordena a todos los países por eficiencia del gasto sanitario atendiendo a todos sus resultados, y -como acabo de decir- es el último de entre todos los más adelantados atendiendo al acceso, eficiencia, equidad, resultados y atención preventiva.

– Tras analizar casi 700.000 hospitalizaciones en Estados Unidos se descubrió que las llevadas a cabo en centros adquiridos por fondos de inversión de capital privado registraban un 24 % más de infecciones provocadas en el hospital que en el resto, y son más costosas para la sociedad.

– Las tasas de mortalidad de pacientes atendidos en los servicios de emergencia de los hospitales de Estados Unidos aumentaron con posterioridad a sus adquisiciones por empresas privadas.

Estas son las razones y los hechos que permiten afirmar sin duda ninguna que privatizar los servicios sanitarios y alejarse del modelo de asistencia universal garantizada es una forma más de matar a la gente.

Ningún político va a reconocer nunca que está dando ese paso. Como no lo hace el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que acaba de decir que su partido, el PP, es «que más hace por los servicios públicos en esta comunidad», cuando el 26% de las camas y el 53% de los hospitales en Andalucía ya son de propiedad privada y el 51,7% de los hospitales públicos tiene conciertos con el privado.

Esos porcentajes, en aumento constante, no son cifras frías. No tenga ninguna duda quien lea estas páginas: se están traduciendo ya, y esto irá en aumento, en desatención y en muertes evitables. La forma más inhumana y cruel de hacer que se muera la gente inocente. La que van a tener docenas de miles de personas, quizá millones, en Andalucía en donde vivo, en España y en todo el mundo, si siguen votando y dejando hacer a los políticos y partidos que actúan, por muy callada y vergonzantemente que lo hagan, al servicio del capital sanitario privado que hace negocio con la salud y la vida de la gente.

1. Me ahorro calificar a los responsables políticos y dirigentes sociales, económicos, empresariales o mediáticos que, sabiendo perfectamente lo que supone privatizar la sanidad para la vida de la gran mayoría de la gente, siguen privatizándola con el único objetivo de ganar más dinero." 

(Juan Torres López, blog, 15/11/25)