Los obradores compartidos se han consolidado como una alternativa para que pequeños productores agroalimentarios puedan elaborar, transformar y comercializar productos de valor añadido sin tener que asumir grandes inversiones iniciales. Compartiendo maquinaria, instalaciones y conocimiento, estos espacios permiten profesionalizar proyectos artesanos, generar sinergias entre productores y mantener vivo un modelo arraigado en el territorio... el obrador es propiedad de Tres Cadires Cooperativa y, mediante el pago de una cuota en función de la actividad, los proyectos externos pueden acceder a maquinaria —en su caso, centrada en bebidas como licores y vermuts— para hacer sus productos y venderlos en su totalidad. Esto permite evitar una inversión inicial que, a menudo, sería inasumible para un productor individual... Uno de los problemas más graves es la rigidez legislativa: los pequeños obradores deben cumplir las mismas exigencias sanitarias y burocráticas que una gran industria... "Hemos sobrevivido porque hemos sabido encontrar aquellas tiendas que valoran este producto y lo explican al cliente", pero "estas pequeñas tiendas también están en peligro de extinción"... de cara a un futuro "todo el mundo debe poder acceder a los obradores compartidos" y "deben especializarse" para evitar el estancamiento. "No es lo mismo un obrador lácteo, que cárnico, que vegetal"... su labor ha permitido que emprendedores tuvieran una oportunidad para sacar adelante sus proyectos, y se han creado sinergias y una red de trabajo entre productores "para poder sobrevivir todos juntos" (Aleix Camprubí)

" El uso compartido de maquinaria, espacios y experiencias permite a los pequeños productores esquivar las grandes inversiones, profesionalizar la actividad artesana y crear sinergias... los obradores que plantan cara a la producción a gran escala... 

 En un mercado agroalimentario dominado por las grandes cadenas y la producción a gran escala, los obradores compartidos se han consolidado como una alternativa para que pequeños productores agroalimentarios puedan elaborar, transformar y comercializar productos de valor añadido sin tener que asumir grandes inversiones iniciales. Compartiendo maquinaria, instalaciones y conocimiento, estos espacios permiten profesionalizar proyectos artesanos, generar sinergias entre productores y mantener vivo un modelo arraigado en el territorio. Cada vez son más las propuestas que reivindican este modelo cooperativo mientras luchan por hacerlo viable en un mercado y una legislación pensados, a menudo, para las grandes empresas.

Parte de la culpa de este auge que ha llevado decenas de propuestas en todo el territorio catalán radica en la cooperativa Tres Cadires, ubicada en Arbeca (Lleida), que elabora licores y vermuts artesanales de calidad con materias primas de proximidad, ecológicas y de recolección propia. El año 2018, el proyecto dio un paso adelante abriendo las puertas de su obrador a terceros. El miembro de la entidad Quim Pérez detalla que el motivo fue doble: por un lado, una necesidad práctica de ayudar a productores afines - Los Corremarges - que buscaban espacio para elaborar mermeladas; por otro, una voluntad política de transformación social del territorio de Ponent: "Era una gran herramienta", dice al diario Públic.

Lo que entonces era una anécdota ahora se ha estabilizado en todo el territorio: "Nos juntamos para rebajar costes y ser más competitivos", resume Pérez. En este caso, el funcionamiento es claro: el obrador es propiedad de Tres Cadires Cooperativa y, mediante el pago de una cuota en función de la actividad, los proyectos externos pueden acceder a maquinaria —en su caso, centrada en bebidas como licores y vermuts— para hacer sus productos y venderlos en su totalidad. Esto permite evitar una inversión inicial que, a menudo, sería inasumible para un productor individual. "Cuando son productos transformados, la gracia del obrador es que puedas poner los pies y hacer el proceso de maceración, filtrado...", explica el responsable, detallando que descartan el maquila, un sistema que consiste en producir para terceros.

Actualmente, hay unos cinco productores trabajando con el obrador compartido de Tres Cadires, donde también hace una especie de filtrado y "no entra todo el mundo": "Si alguien quiere venir a hacer un proyecto con naranjas de China, este no es su lugar", dice Pérez, reivindicando la "vocación de servicio al territorio" de su iniciativa. Además, en los casos de bebidas alcohólicas tienen que "supervisar un poco", a raíz de los controles sanitarios y "el hándicap que tiene que pasar por Hisenda".

Un caso diferente es el de La obradora – Espai Agroalimentari Compartit de la Catalunya Central, que nace hace unos cuatro años nace de una propuesta pública, entre el Ayuntamiento de Manresa (Bages), la Asociación de Iniciativas Rurales y Marítimas de Cataluña (Arca) y la Xarxa per la Sobirania Alimentària de Catalunya Central (XaSACC). En este caso, hicieron un estudio que confirmó que era necesario un obrador de huerta, así como de derivados de la carne como el caldo de pollo. La coordinadora Xell Saus recuerda que en las sesiones de gobernanza, con participación de los agricultores y los ganaderos, se vio que el modelo cooperativo era el ideal para la decena de socios variados. "Todos tienen su modelo y ya estaban establecidos", destaca, remarcando que querían "una infraestructura" y "otra salida al mercado" para su producto, más allá de un rédito económico directo.

Por el camino se han encontrado "muchos problemas", especialmente en un momento en que no había prácticamente obradores compartidos, más allá de algunas iniciativas privadas: "Éramos como la primera concesión pública en gestión privada cooperativa", sostiene. Destaca que los principales obstáculos fueron en el local, la adaptación del espacio y el registro sanitario porque "el modelo de obrador compartido les cuesta todavía entender". "Hemos ido aprendiendo", admite Saus en palabras a Públic.

Además, destaca que se han tenido que diversificar. El servicio inicialmente nació ofreciendo alquiler de espacio para producir comidas y también maquila, es decir, que los productores llevan los productos a los obradores y desde allí una persona los transforma y los deja listos para salir a la venta. Pero enseguida se dieron cuenta de que sería una buena idea juntar producciones, por lo que crearon la marca La obradora y ahora producen sofritos, cremas o mermeladas. "Nuestras socias han dejado de hacer su sofrito propio y particular, y nos hemos juntado", destaca, admitiendo que lo que necesitan ahora es mejorar la distribución y comercialización.

Llegados aquí, se dieron cuenta de que el proyecto redefinido no era viable económicamente. Por eso, ahora han abierto varias patas y están desarrollando dos líneas más: talleres de sensibilización a escuelas o público en general sobre el despilfarro y el producto de temporada y proximidad; Y los caterings con productos del territorio que los socios hacen conjuntamente. "Uno de los principales problemas es ser viable ofreciendo un precio justo a nuestros proveedores, a los clientes y a las socias. Dependemos de subvenciones para sobrevivir", admite.

Un reto estructural: la legislación y el mercado

A pesar del auge de estos espacios, la realidad de los pequeños productores es dura en general, más allá de los obradores compartidos. "Desgraciadamente, no nos podemos enfrentar a la gran industria. Son dos modelos bastante incompatibles, siempre seremos un nicho de mercado aguantando el barco como podemos", admite Pérez. Uno de los problemas más graves es la rigidez legislativa: los pequeños obradores deben cumplir las mismas exigencias sanitarias y burocráticas que una gran industria, a pesar de contar con volúmenes de producción radicalmente diferentes y un presupuesto mucho más bajo. "El reto más importante es encontrar cuota de mercado sin tener las herramientas de la agroindustria, la legislación es más favorable a la gente que hace grandes volúmenes", relata. "Nos queremos ganar la vida bien, nos autoexplotamos, pero intentamos tener un sueldo digno, y pagamos mejor de lo que paga la industria", añade.

El reto más importante es encontrar cuota de mercado sin tener las herramientas de la agroindustria

Esta desigualdad de condiciones se extiende al marketing. Mientras las grandes empresas utilizan técnicas de venta agresivas para convencer al consumidor, el pequeño productor debe hacer pedagogía. En este contexto, la comercialización se convierte en el gran reto. Según Pérez, el papel del pequeño comercio es poner en valor la calidad organoléptica del producto artesano, ya que, a menudo, el consumidor no tiene acceso a esta información en los lineales de los supermercados convencionales. "Tienes un producto de más calidad, que repercute positivamente en las personas que lo hacen y en el territorio... No tiene color. Compra un queso artesano o uno del súper, no tiene color", insiste. Así, lamenta que la agroindustria "juega en su marco que es el capitalismo y con técnicas de marketing puede hacer creer al consumidor que aquello es más bueno".

Con todo, admite que "cada vez hay más conciencia" del valor de estos productos artesanales, de proximidad y con historias detrás, pero sigue siendo "un nicho muy pequeño". En este sentido, destaca la importancia de los canales de venta: "Hemos sobrevivido porque hemos sabido encontrar aquellas tiendas que valoran este producto y lo explican al cliente", dice. Destacando así el papel de las tiendas pequeñas que hacen un trabajo más allá del packaging del producto, que es la única herramienta que tienen una vez el producto está en el supermercado, pero alerta que "estas pequeñas tiendas también están en peligro de extinción". Pérez también destaca la venta directa, sea en sus espacios o a través de las ferias, y el "trabajo constante de comercial".

Ante los problemas para competir con la gran industria, Saus también apuesta por la pedagogía. "No vendemos un producto o un servicio, nosotros vendemos un producto. Si compras en L'obradora estás ayudando a los payeses del territorio", reivindica. Ve "imposible" competir con la industria por los volúmenes y su propuesta artesanal, pero destaca que sus productos están más cuidados y personalizados. "Nos dirigimos a un público objetivo que puede ser medio afín, que ya no compra por precio sino por militancia", celebra la coordinadora de L'Obradora de la Catalunya Central.

"La industria agroalimentaria es un monstruo muy grande con el señor Joan Roig que te manda y dice qué tiene que comer todo el mundo, y la mayoría de gente le hace caso, es un drama muy importante", lamenta, señalando también otros supermercados, más allá de Mercadona. "Estoy hablando de Casa Ametller, que tienen los productos súper bien metidos y bonitos, que parece que sean de aquí cuando no son de aquí. Tienen marketing muy bueno y el pequeño productor lo tiene jodido", lamenta. Así Saus insiste también en la venta directa y crear redes.

Mientras a la gente "sólo le importe comida barata y no le importe de dónde es", cree que la administración tiene que hacer "mucha pedagogía" en las escuelas y en todas partes para dar importancia "a lo que comemos y de dónde es lo que comemos". En este sentido, pone sobre la mesa ideas como la compra pública o los propios obradores compartidos: "Han surgido para que el pequeño productor tenga una vida más de negocio" y para "pequeños emprendedores que quieren crear un negocio y no tienen la capacidad económica". Por ello, reivindica que los obradores compartan entre ellos para crear solidez a sus proyectos.

De la anécdota a la institucionalización

El escenario ha cambiado radicalmente en menos de una década. Lo que antes era una actividad casi testimonial con "dos o tres obradores compartidos públicos", ha pasado a estar en el radar de las administraciones, especialmente el Arca y la Generalitat de Catalunya. Así, la creación de mapas, la pedagogía y redes de obradores compartidos que Tres Cadires reivindica que asumió inicialmente, ahora es una tarea que ha sido asumida y coordinada por organismos oficiales. "Por nuestro impulso se empezó a trabajar el tema, hicimos una formación que trajimos del País Valencià y funcionó. Se creó el grupo de Telegram y el mapa obradorscompartits.cat, que ahora la Generalitat nos ha copiado", explica el responsable, destacando que han dado un "paso al lado".

Sin embargo, Pérez se muestra crítico con algunos aspectos: "Las administraciones juegan a dos velocidades. Cuando sacan ayudas, parecen mucho dinero, pero están dando más a la agroindustria; a ellos les ponen la alfombra roja". Pese a ello, valora positivamente que existan líneas de subvención específicas, también para privados sin ánimos de lucro, ya que, antes, el sector estaba desamparado. "Ha cambiado muchísimo el panorama", celebra. 

Por su parte, Saus admite que la administración ha sido "muy necesaria" para L'obradora, en este caso desde su impulso. "Tiene que estar para potenciarlo, ayudar a que crezca y se consolide. Es un modelo frágil, le falta tiempo de experiencia y que se vean los resultados, que la gente crea más", insiste tras los cerca de cuatro años de vida de su iniciativa.

La administración tiene que estar ahí para potenciarlo, ayudar a que crezca y se consolide. Es un modelo frágil

El futuro: especialización y colectividad

En este sentido, cree que de cara a un futuro "todo el mundo debe poder acceder a los obradores compartidos" y "deben especializarse" para evitar el estancamiento. "No es lo mismo un obrador lácteo, que cárnico, que vegetal. A veces, no se pueden compartir. Habría que tener muy presente esto, tanto por zonas como por sectores", dice la coordinadora de la iniciativa de la Catalunya Central. "Encuentro necesario una buena representación de obradores y que la administración lo tenga presente y lo esté potenciando", añade.

Pérez descarta que se haya llegado a un tope de obradores compartidos: "La cuota sólo estará completa cuando una persona que quiera elaborar tenga uno a menos de 40 minutos de su casa. Podríamos tener uno en cada comarca y aún no llegaríamos a la cuota. Hay margen", sostiene. No obstante, cree que los obradores compartidos tienen un "poder de transformación limitado" porque, si el proyecto crece, "se queda pequeño". "Si son por pocos proyectos que están en un momento estable, perfecto. Pero si no, no pueden apoyar siempre lo mismo, y lo normal es que después de unos cuantos años vuelen solos", argumenta, destacando el problema de conseguir que la gente dé el salto a su obrador propio y no se estanque por el camino.

En este sentido, el responsable de Tres Cadires cree que hace falta una reflexión pues hay "una obsolescencia en el modelo": "Seguramente la especialización funciona un poco mejor que estos obradores multiproducto con una autoclave pequeña", aunque esto suponga que la gente tenga que ir más lejos para encontrar lo que corresponde a su actividad. Descarta que esto supusiera muchos obradores en Barcelona ciudad, pero sí en las coronas metropolitanas, en "un punto intermedio entre encontrar la leche o los tomates". 

Al mismo tiempo, plantea otra reflexión necesaria ante este modelo que "se puede estancar un poco". "Hay que pensar más en colectivo y recuperar fórmulas como las de las cooperativas agrarias de antes. Los obradores compartidos deben ser un modelo de servicio colectivo en el territorio, y eso las cooperativas lo sabían mucho. Un nuevo modelo que coja lo mejor de los obradores compartidos y los mejores de las cooperativas agrarias", dice sobre este "nuevo camino para los obradores compartidos".  

Es necesario que consigamos pensar más en colectivo y recuperar fórmulas como las de las cooperativas de antes

A su vez, Saus es también optimista sobre el futuro del modelo de los obradores compartidos. "Espero y deseo que la gente ponga cada vez más valor a qué compra. Que haya infraestructuras que permitan que el pequeño campesinado pueda elaborar productos de aquí, lo veo de una manera muy positiva", dice, insistiendo en el hecho de que hace falta un acompañamiento y ayudas de la administración para hacerlo viable: "Nadie saca beneficio, es para dar respuesta a las necesidades del territorio". La coordinadora de La obradora remarca que su labor ha permitido que emprendedores tuvieran una oportunidad para sacar adelante sus proyectos, y se han creado sinergias y una red de trabajo entre productores "para poder sobrevivir todos juntos".

Para aquellos que se plantean dar el salto, el consejo de Pérez es  salir adelante con el apoyo de un equipo, con una estructura cooperativa para hacerse fuertes y ahorrar la inversión inicial y, sobre todo, con una visión comercial clara que permita sacar el producto a la calle y hacer valer el trabajo bien hecho. "Los de la cooperativa La Sobirana empezaron en nuestra casa y ahora ya están haciendo su segundo obrador: sin Tres Cadires les habría costado más", recuerda. Saus reivindica que los obradores compartidos son unos lugares perfectos para "hacer un testaje" y ver la viabilidad económica de un proyecto. "Tienes gente alrededor con quien puedes hacer aprendizajes, líneas de negocio conjunta y se crea red. Es un buen espacio de encuentro y de inicio de proyectos", remacha."

 (Aleix Camprubí , Público, 21/08/26) 

Dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes: supermercados públicos y/o seguridad social alimentaria... la propuesta de supermercados públicos del alcalde de Nueva York, Mandani, busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita... en Francia se debatió la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? Consistiría en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población, para gastar en establecimientos asociados... establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente... pues el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados “producto agroecológico”, y porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español)... En España hace ya se cuenta con un proyecto piloto en Getafe... y Podemos ya propuso la creación de un supermercado público... En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial... pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables (Alberto Garzón Espinosa)

"La disyuntiva entre supermercados públicos o seguridad social alimentaria está mal formulada. Las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes: la primera actúa sobre la distribución; la segunda, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI

En pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes han entrado en el debate político internacional. Por un lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, ha dado un nuevo paso en su proyecto para crear cinco supermercados públicos en la ciudad, con el objetivo declarado de reducir los precios de la cesta de consumo de la clase trabajadora. La iniciativa es eco del socialismo municipal de Milwaukee, ciudad estadounidense que tuvo alcaldes del Partido Socialista durante la mayoría del período entre 1910 y 1960, y que municipalizó muchos servicios otrora privados. Como ha recordado recientemente el sociólogo del trabajo Eric Blanc, aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una alternativa al neoliberalismo demócrata y el autoritarismo trumpista en los Estados Unidos. En este caso, la propuesta de supermercados públicos busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita.

Por otro lado, en Francia se debatió el año pasado en la Asamblea nacional otra propuesta con espíritu similar: la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? La propuesta no llegó a aprobarse por el boicot de los diputados conservadores, pero consiste en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población para gastar en establecimientos asociados. En Francia, hay varias decenas de proyectos piloto, siendo el más destacado el de Montpellier. Aunque a primera vista parezca una propuesta asistencialista, el programa va mucho más allá de la necesidad de combatir el hambre entre las familias con menos recursos. En España hace poco tuvo lugar un debate, promovido por la Fundación Carasso, en el que además de debatir la experiencia francesa se presentó una propuesta para España (que ya cuenta con un proyecto piloto en Getafe).

Esta renovada preocupación por el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026. Como se ve en el siguiente gráfico, los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo, pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis de 2007-08. Además, en la mayoría de países los precios de los alimentos han subido mucho más que los salarios, provocando un deterioro preocupante en los presupuestos familiares, especialmente entre las clases trabajadoras (que dedican más recursos a la alimentación).

En el debate público, sin embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera. Es también el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de nemercantilismo y proteccionismo. En este sentido, a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumarse la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose.

En todo caso, el crecimiento de los precios de los alimentos ha provocado reacciones políticas también en España, donde en el año 2023 el partido Podemos ya propuso la creación de un supermercado público; en febrero de este año 2026, Más Madrid presentó en la Asamblea regional una propuesta para crear una red de supermercados públicos —fue rechazada por la derecha, pero tampoco la apoyó el Partido Socialista—; en junio, a propuesta de Sumar, el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al gobierno a crear “infraestructuras públicas que distribuyan productos saludables, ecológicos y de proximidad”; y hace unas semanas Adelante Andalucía anunció que propondrá la creación de supermercados públicos.

A primera vista, el debate parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados públicos o implantar una seguridad social alimentaria. Pero, en realidad, como dice el economista político de la alimentación Raj Patel, ambas son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que actualmente afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes.

Democratizar el acceso a los alimentos

La primera de las propuestas, la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público. Debe recordarse que un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares —que se concentran generalmente en las ciudades—. La mayoría de esa infraestructura es hoy de naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de las señales del mercado. Esto es importante porque bajo el capitalismo los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero. Y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa lógica.

Lo que sucede es que la estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y comercialización, que concentran un enorme poder de negociación. Por ejemplo, en España las cinco principales cadenas de distribución reúnen algo más de la mitad del mercado y una sola empresa, Mercadona, concentra en torno al 27 % del gasto en distribución alimentaria. Ese poder se ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué productos llegan finalmente a los lineales. Tal estructura atrapa a los productores entre la provisión industrial de inputs (semillas, fertilizantes, pesticidas, gasoil, etc.) y la compra de su producción por parte de grandes cadenas.

Esta estructura ayuda también a entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente. Como ha señalado la economista Isabella Weber, cuando se produce un shock de oferta —como ocurrió tras la invasión de Ucrania o ante las tensiones en el estrecho de Ormuz— las empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio. Y estos shocks de oferta están afectando al canal de la alimentación no solo a través de la energía sino también de los fertilizantes. Al final, el resultado son precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo.

En este contexto, la propuesta de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder privado. Al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador público podría trabajar con márgenes menores y contribuir tanto a abaratar la cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy concentrado. Ésa es la principal argumentación económica de la propuesta, que también es aplicable, por ejemplo, al defender una empresa pública de energía.

No obstante, las experiencias pasadas nos recuerdan que el proyecto no es en absoluto sencillo. Hay precedentes de supermercados públicos en lugares donde ya no llega la iniciativa privada —los llamados desiertos alimentarios—, o creados para competir directamente con ella; y muchos han fracasado. Entre los principales problemas está la escala, ya que contar con unos pocos supermercados no es suficiente para servir realmente de contrapeso al poder privado o para negociar precios mayoristas baratos con los productores y distribuidores; pero también está la problemática de la gestión profesionalizada, la financiación, la oferta de productos (los supermercados de Mamdani no ofrecerán carne ni comida caliente), y la viabilidad política a medio y largo plazo, entre otros. La idea es buena y necesaria, pero la mejor forma de conseguir que funcione un supermercado público es integrarlo dentro de un programa más amplio y ambicioso capaz de transformar realmente el sistema alimentario.

Pero antes de entrar en ello, conviene subrayar un elemento ciego en esta propuesta. Un supermercado público nace con un mandato muy claro: vender más barato. Ahora bien, para vender barato hay que comprar barato. ¿Y dónde se compra barato hoy? En la cadena industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con centrales de compra. Es decir, exactamente en el modelo agroalimentario convencional. En ese sentido, el supermercado público es una buena política de coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el objetivo debería ser más audaz.

La razón es que vivimos en el contexto de una crisis ecosocial. Usar este concepto significa aceptar que la degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación. Y, sobre todo, que no se pueden jerarquizar. La formulación habitual de la izquierda es “primero garanticemos que la gente coma, y ya después nos ocuparemos de la sostenibilidad”. Pero la realidad es que los dos plazos han acabado coincidiendo, como demuestran los episodios de Ucrania u Ormuz: la inflación que hoy erosiona el presupuesto de un hogar trabajador tiene entre sus causas el encarecimiento de la energía y los recursos naturales, y ese encarecimiento anticipa la restricción biofísica de mañana. No son dos problemas sino uno. De modo que la pregunta no puede ser sólo cómo facilitamos a la clase trabajadora el acceso a los alimentos, sino también a qué alimentos y cómo se producen.

Estamos comiendo petróleo

Cada vez que llenamos el carro de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases. Decía con razón el ecólogo Howard Odum que una de las características centrales de las sociedades industriales era que habíamos aprendido a comer patatas hechas en parte de petróleo. El punto crítico es que, si consideramos toda la energía que gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, teniendo presente toda la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos mismos alimentos: un sistema completamente insostenible porque depende de lo que Joan Martínez Alier y Vaclav Smil llaman subsidio o dopaje fósil. Esto es parte de la anomalía de la era de los combustibles fósiles, ya que ninguna sociedad humana anterior pudo mantener durante mucho tiempo (antes de colapsar) rendimientos netos negativos de la energía.

Ese subsidio fósil sirve, sobre todo, para remendar una fractura. Marx, leyendo la química agrícola de su tiempo, describió una ruptura en el intercambio de materia entre el ser humano y la tierra: la ciudad consume los nutrientes que el campo produce y no los devuelve, de modo que el ciclo se rompe y hay que reponerlo desde fuera. John Bellamy Foster convirtió aquella intuición en concepto —la ruptura metabólica— y Kohei Saito la ha situado en el centro de la lectura ecológica del último Marx. Siglo y medio después la descripción sigue sirviendo, sólo que la fractura ha ido creciendo de escala: primero fue entre la ciudad y su campo, después entre unas comarcas y otras, y hoy es entre países enteros. En España se ve con toda claridad en la ganadería. Casi una cuarta parte de la biomasa que come nuestra cabaña se produce fuera, y con ese pienso entra también el nitrógeno que después se queda aquí. Como el animal está donde no está el cultivo, los nutrientes hacen un viaje de ida sin vuelta: allí donde se produce el pienso el suelo se empobrece, y donde se concentra el ganado el nitrógeno sobra hasta acabar en los acuíferos, contaminando ríos y suelos.

Todo esto tiene enormes implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra y el agua. Por ejemplo, la Unión Europea consume una superficie del tamaño de España en tierras agrícolas en otras partes del mundo. Como es evidente, dado que la disponibilidad de tierra en el planeta es finita, no es posible generalizar a todos los países este tipo de modelo de abastecimiento alimentario.

Por estas razones, en un mundo que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que cambiar radicalmente. Por eso mismo, garantizar el acceso universal a los alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe. En consecuencia, el objetivo debe ser transformar el modelo productivo agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo.

Transformar la demanda a través de la Seguridad Social Alimentaria

La segunda propuesta, la de Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos. El programa concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto se destina. Por esa razón las diferentes formulaciones del programa postulan que el objetivo no es sólo inyectar recursos económicos para compra de alimentos, sino también estimular la compra de alimentos con características tales como su sostenibilidad ecológica y su impacto positivo en la salud de los consumidores.

El programa de la seguridad social alimentaria no obliga a los ciudadanos a consumir ciertos tipos de alimentos, sino que establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente. Por un lado, porque el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados previamente. Por otro lado, porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. Es una forma menos invasiva de orientar el sistema alimentario hacia un nivel sostenible y saludable, lo que quiere decir que es también una herramienta de transición ecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español), pero asegura que los costes sanitarios ocultos con el patrón de consumo actual son de hasta 23.379 millones de euros anuales debido a las enfermedades asociadas.

La lógica de la propuesta es parecida a la que se usa actualmente con la compra pública alimentaria, que afecta a comedores escolares, hospitales, residencias, centros de día, cocinas centrales, etc. Cuando fui ministro de Consumo pusimos en marcha la redacción de nuevos criterios para esas compras, siguiendo guías científicas, y el ministerio actual, con Pablo Bustinduy al frente, ha continuado y culminado con éxito varios momentos críticos de esa hoja de ruta. Se trata de mover un volumen de demanda grande y planificable a varios años, que es justamente la señal que un agricultor necesita.

Sin embargo, la propuesta de seguridad social alimentaria no está exenta de dificultades. Desde la definición exacta de “producto agroecológico” hasta el diseño de sus instituciones de gobierno, que pretenden acercarse a una democracia participativa donde decide la comunidad implicada más que el Estado. Pero también ocurre que para que una propuesta como esta sea exitosa y vaya más allá de los canales cortos (donde el productor vende casi de forma directa) necesitará del apoyo de la infraestructura. Un agricultor puede producir estupendamente y no tener dónde almacenar, cómo enfriar, dónde transformar ni cómo llegar a un comprador grande. Es un problema de logística. Como en el caso de los supermercados públicos, en España podría utilizarse una infraestructura pública ya existente: la red de Mercas —los mercados mayoristas de titularidad mixta, estatal y municipal—, que junto con los mercados municipales de abastos constituyen un sistema de acopio, frío y distribución mayorista que ya está construido, ya está amortizado y ya está ubicado exactamente donde tiene que estar.

En resumen, si los supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento: intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos.

Política Industrial para el sector primario

Ya he mencionado que el sistema alimentario actual es ecológicamente insostenible, así como internacionalmente desigual e injusto. Ello también implica que es vulnerable a los shocks geopolíticos o climáticos, en tanto puede quedar comprometida la capacidad de abastecimiento. Transformar este sistema en uno que proporcione alimento suficiente al tiempo que se reducen sus impactos ecológicos debe ser el objetivo principal.

El problema es que los combustibles fósiles son precisamente la varita mágica principal que ha permitido la multiplicación de los rendimientos de las explotaciones agrarias, produciendo muchos más alimentos por superficie. Sin ellos, la capacidad de producción queda comprometida. No obstante, hay un debate muy importante abierto al respecto, ya que hay formas de producción agroecológica que ofrecen rendimientos iguales o más elevados para ciertos productos. Sin embargo, hay otro tipo de productos alimentarios cuya producción no puede de ningún modo generalizarse, como es el caso de la carne procedente de grandes explotaciones industriales y altamente dependiente de inputs importados (conocidas como macrogranjas).

Por esta razón, no se trata tampoco sólo de transformar un sistema agroalimentario basado en combustibles fósiles en otro basado en prácticas agroecológicas. Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ese desplazamiento exige, además, un cambio en las dietas o patrones de consumo. Sé que aquí entramos en terreno minado, porque es el de la famosa polémica sobre el consumo de carne que tanto me persiguió —o que tanto perseguí, según se mire— durante mi etapa política. Pero conviene plantearlo bien, porque casi siempre se plantea mal.

Los costes de la dieta actual no se reparten al azar. Las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios, como el alto consumo de ultraprocesados, presentan un gradiente social inverso a la renta: cuanto menos dinero tienes, más las sufres. Quien peor lo pasa con el patrón alimentario dominante es la clase trabajadora. De manera que la transición dietética consiste precisamente en la retirada de una carga que las familias más pobres vienen soportando de forma desproporcionada. Y debemos deshacer un malentendido sobre qué dieta estamos hablando. La que prescriben los sanitarios y dibujan los modelos biofísicos —con más peso de la legumbre, cereal, aceite de oliva, hortaliza de temporada y proteína animal ocasional y de calidad— no es un invento de nutricionistas urbanos. Es, básicamente, lo que llamamos dieta mediterránea, y que exportamos como marca país y celebramos como patrimonio de la humanidad, a pesar de que está en franco retroceso.

El problema es que el sistema alimentario actual está profundamente distorsionado, y transformarlo no es sencillo. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, en España se importa una gran cantidad de grano para pienso, con el que se alimentan animales cuya carne se exportará luego: es el modelo típico de la ganadería intensiva, sostenida sobre desequilibrios ecológicos muy serios. Es una dinámica muy arraigada y de la que viven muchos actores económicos, lo que dificulta la transformación.

Sin embargo, el informe del think tank Alimentta, publicado a instancias de Greenpeace, sostiene que tal transformación es perfectamente viable para España. Según su modelización, España puede llegar a tener un modelo agroalimentario perfectamente sostenible para 2050. En la actualidad, el sistema español emite 107 megatoneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a un cambio climático que, como recuerda el propio informe, «producirá una reducción mayor de la producción nacional» en el futuro. Esto no es en absoluto desconocido para el sector: hace unos años COAG presentó su informe “Empieza la cuenta atrás” en el que valoraba el impacto del cambio climático en la agricultura española. Según Alimentta, la modelización ecológica permite imaginar que en 2050 el sistema alimentario español podría convertirse en sumidero neto, es decir, no emitir dióxido de carbono, sino absorber 17 megatoneladas anuales. Las condiciones para lograrlo son una enorme transformación en el tipo de producción y consumo alimentario, acabando con modelos como la ganadería intensiva y promoviendo la producción de alimentos típicos de la dieta mediterránea.

Como se puede ver, todos estos elementos —supermercado público, seguridad social alimentaria, cambio del modelo— están profundamente interrelacionados. Piénsese en que pasaría si, siguiendo la política de reorientación de la demanda inducida por la seguridad social alimentaria, de repente entraran miles de millones de euros de nueva demanda de productos ecológicos. En España, actualmente sólo el 12% de la superficie cultivada se corresponde con estas características, un porcentaje del todo insuficiente para abastecer a la población. La consecuencia sería un proceso inflacionario tremendo en ese nicho de mercado, razón por la cual los programas de seguridad social alimentaria aconsejan el gradualismo a la hora de implantarse.

Sin embargo, hay otra opción: política industrial. En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial en los nuevos tiempos neomercantilistas, y particularmente en la transición energética, pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables.

Conclusiones

Volvamos entonces a la pregunta del principio: ¿supermercados públicos o seguridad social alimentaria? La respuesta es que la pregunta está mal formulada. No porque ambas propuestas sean equivocadas, sino porque las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Una actúa sobre la distribución; la otra, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI."

( Alberto Garzón Espinosa , Rebelión,  05/08/2026)

La agricultura regenerativa produce la misma cantidad de alimentos sin ningún sobrecoste... Ya hay un primer estudio científico que lo prueba... la escala no varía, los alimentos son más saludables y los campos mucho más resilientes al clima extremo... las calabazas cultivadas en las parcelas regeneradas tuvieron un mayor contenido mineral y de sustancias antioxidantes. Y las peras regenerativas también maduraron con un contenido superior en polifenoles y el doble de capacidad antioxidante, “todo esto ayuda a reducir el estrés oxidativo celular y favorece una mayor protección frente a enfermedades”... la concentración de carbono en el suelo regenerativo es de al menos un 35% mayor en las parcelas regenerativas en comparación con las convencionales... Otro dato clave es la retención de agua, un 9% más alta en las parcelas regenerativas «Esto supone que pueden absorber más agua en caso de inundación y tener más reservas en caso de sequía”

 "La agricultura convencional suele invalidar las técnicas regenerativas argumentando que ofrecen menos cultivos con costes productivos más elevados. Ya hay un primer estudio científico –liderado por el CREAF– que lo refuta: la escala no varía, los alimentos son más saludables y los campos mucho más resilientes al clima extremo.

Cuando se habla de agricultura regenerativa –modelo agrícola que busca regenerar, estimular y mantener la fertilidad y biodiversidad de la tierra–, los empresarios agrícolas, defensores de los usos intensivos del suelo, suelen comenzar sus frases con un “sí, pero”. En el sí reconocen algunas de las bondades de estas técnicas alternativas –suelos más sanos, tierras más fértiles, cosechas de mayor calidad, etc.–. Sin embargo, tras el pero, repiten siempre el mismo argumento: que es imposible alimentar a las 8.000 millones de personas del planeta con una agricultura que tiene una escala limitada y unos costes de producción más elevados. En enero de 2026, este mantra ha sido refutado por la evidencia científica. 

En una sala céntrica de Madrid, ubicada a pocos metros de la estación de Atocha, el CREAF y la Asociación Española de Agricultura Regenerativa Ibérica dieron a conocer esta semana los resultados del primer estudio científico (Regenera.cat) que, durante dos años, ha comparado en un mismo territorio (Cataluya) parcelas regenerativas con convencionales. Una de las principales conclusiones es que las primeras –después de un periodo de transición y una vez se recupera la salud del suelo– producen misma cantidad de alimentos que el sistema tradicional y lo hacen con un coste similar o incluso inferior. 

“Esto es importante porque echa por tierra ese falso argumento de que con la agricultura regenerativa no se puede producir a gran escala. Siempre lo refutamos, pero hoy tenemos la validación científica”, ha explicado Javier Retana, catedrático de Ecología de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del CREAF y coordinador de este proyecto.

Múltiples beneficios 

Entre los resultados del estudio –realizado entre enero de 2024 y enero de 2026–, el equipo científico destaca que los productos obtenidos por técnicas regenerativas incrementan la concentración de algunos nutrientes y son, por tanto, más saludables. «Existen pocos trabajos que hayan evaluado la densidad nutricional de los alimentos obtenidos por técnicas regenerativas”, indica Dolores Raigón, investigadora de la Universitat Politècnica de València y experta en análisis nutricional. 

Por ejemplo, las calabazas cultivadas en las parcelas regeneradas tuvieron un mayor contenido mineral y de sustancias antioxidantes. Y las peras destacaron por su equilibrio en la concentración de ácidos y azúcares totales. “Es decir, son frutas más compensadas en el sabor, ni muy dulces ni muy ácidas”, explica la experta. Al igual que en las calabazas, las peras regenerativas también maduraron con un contenido superior en polifenoles y el doble de capacidad antioxidante, “todo esto ayuda a reducir el estrés oxidativo celular y favorece una mayor protección frente a enfermedades”.  

Por su parte, la leche procedente de las vacas de las fincas regenerativas de Planeses (Girona) presentaron un índice aterogénico claramente más bajo, “esto quiere decir que hay menos ácidos grasos asociados a la formación de placas en las arterias”, añade la experta. En el caso del yogur regenerativo, los resultados son aún más positivos, ya que presenta índices aterogénicos y trombogénicos -que mide la tendencia de las grasas a favorecer la formación de coágulos en la sangre- más bajos. «En general, esto se asocia a un perfil lipídico más saludable, con menor riesgo cardiovascular y de formación de trombos”, explican los científicos.

Más agua y carbono en el suelo  

Más allá de los alimentos, los resultados de este estudio pionero revelan que la gestión regenerativa tiene “efectos muy positivos” sobre el suelo. En concreto, la concentración de carbono en el suelo regenerativo es de al menos un 35% mayor en las parcelas regenerativas en comparación con las convencionales. “Para hacernos una idea de la importancia de este dato, se ha estimado que aumentando cada año un 0,4% la retención de carbono de todos los suelos agrícolas y forestales podría compensarse la totalidad de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero”, destaca Sara Marañón, investigadora del CREAF, quien también forma parte del proyecto.

Otro dato clave es la retención de agua, un 9% más alta en las parcelas regenerativas «Esto supone que pueden absorber más agua en caso de inundación y tener más reservas en caso de sequía”, explica Marañón. Durante la presentación, Ana Digón, presidenta de la Asociación, mostró una foto de estos días de borrascas interminables de dos parcelas linderas pero con diferentes modelos agrícolas –tradicional/regenerativo–. Una estaba toda inundada, con la cosecha estropeada; la otra estaba verde, sin acumulación de agua, gracias a la esponja de su cobertura vegetal.

El estudio también muestra que el modelo regenerativo mantiene mejor el microclima del suelo. “Esto es muy positivo porque, por ejemplo, se amortigua la temperatura cuando hace calor y se mantiene mejor la humedad. De hecho, hemos visto que se pueden amortiguar hasta 3,6 ºC las temperaturas máximas del suelo en verano”, añade Marañón.

Se ha observado, además, que hay más biodiversidad de bacterias, hongos y microartrópodos en el suelo, y varias de las especies que se han detectado son bioindicadores de una mejor calidad del ecosistema. “También aparecen especies reconocidas como biopesticidas comerciales, como Metarhizium sp., es decir, que pueden actuar como control natural de plagas”, explica Xavi Domene, otro de los investigadores del CREAF.

10 criterios para evitar el greenwashing 

Con la presencia de agricultores que vienen desde hace años apostando por la agricultura regenerativa, la presentación de los resultados de este estudio sirvió para oficializar el primer documento que establece los diez criterios básicos que determinan qué es la agricultura regenerativa real.

El diagnóstico de la Asociación Española de Agricultura Regenerativa Ibérica es que el ansiado auge de este modelo no ha ido acompañado de una certificación oficial, “lo que ha provocado que empresas y otros actores se apropien de este término como herramienta de greenwashing”.

Este decálogo ha contado con el consenso de casi 200 personas productoras, entidades y representantes del sector, además de personal científico de universidades y centros de investigación de toda España. 

Los criterios:

1. Contextualidad: adaptar y aplicar las prácticas regenerativas al contexto territorial, ambiental, social y agronómico de cada finca, en coherencia con una planificación a largo plazo.

2. Agua: planificar, dimensionar y desarrollar la producción agroganadera acorde con la disponibilidad hídrica y la realidad geológica y edafoclimática de la región, y realizar prácticas de manejo hidrológico que promuevan un uso responsable y no contaminante del agua, favoreciendo la captación y retención de aguas pluviales en el paisaje.

3. Biodiversidad: realizar prácticas que activamente protejan y aumenten la biodiversidad tanto silvestre como cultivada/doméstica.

4. Pastoreo dirigido: en presencia de ganado herbívoro u omnívoro, que es una práctica altamente deseable y recomendable, integrarlo con pastoreo dirigido.

5. Sin labranza: eliminar el laboreo con volteo de las capas del suelo y reducir al máximo la labranza vertical.

6. Cobertura: mantener el suelo cubierto durante el mayor periodo de tiempo posible con materia vegetal o animal

7. Cultivos: en el caso de los cultivos estacionales, aplicar asociaciones y/o rotaciones y/o diversificación de cultivos combinándolos en el espacio y en el tiempo.

8. Insumos: gestionar, como objetivo fundamental, la finca sin fertilizantes o biocidas de síntesis química (herbicidas, insecticidas y fungicidas), transgénicos ni los generados por edición genética (aplicando siempre el principio de precaución y teniendo en cuenta los posibles avances científicos).

9. Plásticos y residuos: minimizar el uso de plástico y de materiales no reciclables, y garantizar el reciclaje adecuado del que se utilice.

10. Vínculo social y territorial: fomentar la cooperación territorial y la transferencia de conocimiento para fortalecer la comunidad y la sostenibilidad del territorio."

( Andrés Actis , Rebelión, 13/03/26) 

La agroganadería regenerativa del olivar más sostenible de España... “Lo que estamos haciendo no es nada nuevo, se trata de enmendar el error histórico cometido al desconectar la agricultura de la ganadería, que fue cuando nos hicimos esclavos de las grandes compañías que venden los insumos”... “Las plantas autóctonas juegan un papel clave en la agricultura regenerativa, ya que ayudan a mejorar la salud del suelo mediante la fijación de nutrientes y la retención de agua. A través de la fotosíntesis, capturan carbono y contribuyen a reducir los efectos del cambio climático promoviendo ecosistemas agrícolas más resilientes”... Las aves insectívorasayudan con la dispersión de semillas y polen que transporta el animal de unas parcelas a otras, así como el aporte de materia orgánica a los suelos y para combatir dos de las principales plagas que sufre el olivar, como la mosca del olivo y el prays (polilla del olivo)... “El resultado es un suelo verde y rico, homogéneo y variado, con variedad de plantas y sin surcos o cárcavas, que demuestran la capacidad del terreno para soportar la sequía y las lluvias torrenciales”... La apuesta por la sostenibilidad ha significado la multiplicación del valor de su producto, un beneficio que viene sobre todo del ahorro que supone la no utilización de abonos químicos y otros productos (Ginés Donaire)

 "El canto de los jilgueros, verderones, abubillas, currucas, mosquiteros, chochines e incluso el sonido de los mochuelos alegra el paseo matutino por la finca regenerativa Valle del Conde, en Luque, en el parque natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba. Los buitres que anidan en cortados cercanos también dejan su impronta entre los visitantes, que transitan gratamente sorprendidos sobre un terreno con plantas autóctonas como la caléndula, achicoria o la mielga de caracolillo. Y en el otro extremo, cinco rebaños de ovejas participan en esta especie de simbiosis entre la naturaleza y el hombre, que es esta explotación agroganadera que acaba de ser reconocida con el premio al olivar más sostenible de España, galardón exaequo con la finca el Cortijo Guadiana (Úbeda), otorgado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

“Lo que estamos haciendo no es nada nuevo, se trata de enmendar el error histórico cometido al desconectar la agricultura de la ganadería, que fue cuando nos hicimos esclavos de las grandes compañías que venden los insumos”, explica Francisco Ruiz, director técnico de esta finca cordobesa convertida en referente en la regeneración de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático a través de la recuperación del suelo, de las relaciones entre seres vivos y el conocimiento científico.

El Valle del Conde es un reducto montañoso de 230 hectáreas en el que las lomas y picos se entremezclan con un paisaje donde domina el olivar y que completa el bosque mediterráneo. La familia Ruiz adquirió esta finca en 1985 con la intención de resarcirse de la crisis que se llevó por delante su negocio de la industria textil. Pero no fue hasta el año 2019 cuando se produjo el punto de inflexión en la gestión de la finca, convertida en una explotación ecológica que alberga hoy unos 20.000 olivos que producen 150.000 kilos de aceite de oliva.

Al llegar a esta finca, que se encuentra encajonada y extendida entre varias elevaciones calcáreas y lindando con terrenos pétreos y boscosos, llama la atención el verde intenso de la cubierta vegetal que se extiende por toda la superficie agraria. Es un paisaje atípico en una zona como esta, la Subbética cordobesa, que acostumbra a mostrar terrenos secos y apelmazados más propios de un desierto que de un bosque. “El suelo es nuestro mayor tesoro y la clave de esta agroganadería regenerativa que implantamos”, subraya Ruiz, que comparte con sus hermanos la gestión de esta finca familiar.

Suelo sano

“La cobertura vegetal protege contra la erosión y mejora la estructura del suelo, reduciendo la necesidad de insumos sintéticos”, explica. Aunque el elemento diferenciador de esta finca respecto a otras experiencias de prácticas regenerativas en el campo es la apuesta de agricultura y ganadería. Las aves ayudan con la dispersión de semillas y polen que transporta el animal de unas parcelas a otras, así como el aporte de materia orgánica a los suelos y para combatir dos de las principales plagas que sufre el olivar, como la mosca del olivo y el prays (polilla del olivo). El hábitat protegido de estas pequeñas aves insectívoras les permite también ofrecer rutas ornitológicas para los visitantes.

De otro lado, las plantas que brotan en el suelo (apenas existen los jaramagos) retienen el agua, aportan nitrógeno y gestionan el carbono. “Eso es señal de vida y de que el suelo está sano y sin herbicidas, se ha regulado solo respetándolo”, expone el agricultor de Luque. Y añade: “Las plantas autóctonas juegan un papel clave en la agricultura regenerativa, ya que ayudan a mejorar la salud del suelo mediante la fijación de nutrientes y la retención de agua. A través de la fotosíntesis, capturan carbono y contribuyen a reducir los efectos del cambio climático promoviendo ecosistemas agrícolas más resilientes”.

No menos importante resulta el pastoreo regenerativo. Hasta cinco rebaños de ovejas participan en esta simbiosis, que alimenta al ganado y produce una labor de recorte y abonado, un proceso que se repite varias veces a lo largo del año, dando como resultado una especie de manto recortado todo el año. Incluso la lana de las ovejas, con un tratamiento de procesos naturales, se convierte en abono orgánico. Las labores de poda producen el típico picado de ramas que se encargan una vez expandidas de aportar nutrientes naturales. Tras la tala, la madera de los olivos se lleva para ser carbonizada y se transforma en pequeñas piezas que se reparten por el suelo. A esto se unen los restos orgánicos y de tierra que se criba en las almazaras cuando se realiza la entrega de la recolección. Es decir, un tipo de agricultura donde casi todo lo que genera la finca se queda en ella.

“El resultado es un suelo verde y rico, homogéneo y variado, con variedad de plantas y sin surcos o cárcavas, que demuestran la capacidad del terreno para soportar la sequía y las lluvias torrenciales”, relata Ruiz. Un estudio realizado por la Universidad de Berna (Suiza) demostró que el suelo de la finca permanecía en los meses de más calor hasta 10 grados por debajo de la media en las fincas colindantes y, pese a disponer de varias charcas de agua que utilizan para alimentar al ganado, el olivar ecológico no tiene necesidad de riego.

Este olivar tradicional de montaña tiene más de 120 años de vida y las variedades dominantes son picudo y picual. Se trata de un aceite de recolección temprana, que se produce entre los meses de octubre y diciembre, y comercializan bajo la marca de AOVE Ancestral, nombre que rinde tributo a sus antepasados. La apuesta por la sostenibilidad ha significado la multiplicación del valor de su producto, un beneficio que viene sobre todo del ahorro que supone la no utilización de abonos químicos y otros productos que sí se emplean en el olivar tradicional.

En definitiva, una agroganadería regenerativa que va más allá de una simple técnica de cultivo. “Se trata de una práctica agrícola, pero también de una filosofía de vida, una herramienta para la producción sostenible y un compromiso con el futuro”, concluye Ruiz. La finca cordobesa sirve en la actualidad como lugar de acogida de investigadores, profesores o alumnos que llegan hasta aquí (la última semana lo han hecho desde Chile y Portugal) para estudiar in situ este tipo de agroganadería regenerativa y trasladar esta experiencia a otros lugares del mundo."               (Ginés Donaire , El País, 09/05/25)

Los únicos que obtienen beneficios son quienes están entre el productor y el consumidor: las multinacionales y la agroindustria... La estrategia 'De la granja a la mesa' desactiva los tratados de libre comercio, por eso los agricultores neoliberales y conservadores están en su contra... la Ley de la Cadena Alimentaria del Estado español debe plantearse en el marco europeo: con legislaciones que planteen que no se puede vender a pérdidas, venga el producto de donde venga... y la UE tiene prohibido la utilización de hormonas para la producción de leche de vaca, antibióticos para el engorde del ganado e, históricamente, ha planteado que toda la leche y carne que entre de fuera cumpla esos parámetros que se exigen a los productores europeos. Pero esa ley no planteaba reciprocidad. Y debe reconocerla

"En Bizkaia no hay latifundistas ni señoritos. Hay una orografía llena de montes y valles que dejan poco espacio para bancales, huertas y fondos inversión. La tierra heredada es muchas veces una losa que hernia la espalda y, desde los municipios, aún no se ha perdido del todo el cordón umbilical que une la mesa con el campo: los mercados agrícolas son sagrados, excepto para los inspectores de la Seguridad Social.

Los sindicatos agrarios de Bizkaia, EHNE y ENBA, realizarán mañana una movilización conjunta bajo tres ejes unitarios: el cese inmediato de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, la necesidad de que los precios de los alimentos incluyan los costes de producción y la simplificación de la burocracia. Tres columnas de tractores llegarán a Bilbao desde Karrantza-Margen Izquierda, Busturialdea-Mungia-Txorierri y Durangaldea-Lea Artibai para desfilar a primera hora por la Gran Vía, hasta llegar a las 11h al Arenal. Allí celebrarán un mercado con cuartos de cordero a 20 euros, para protestar contra el acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda. Piden una moratoria para que el cordero de la otra punta del planeta no eche por el suelo los precios de este animal, para que se respete la producción local y para no contaminar el mundo. Unzalu Salterain es el coordinador de EHNE Bizkaia, su objetivo es la agroecología y la soberanía alimentaria.

En el Eroski, y también en la verdulería de mi calle, las manzanas rojas son de Chile, y no lo soporto. Para comprar unas que venga de Larrabetzu o Derio tengo que ir al mercado, específicamente a los puestos de los baserritarras. Uno de vuestros ejes son los acuerdos de libre comercio. ¿Por qué?

Pedimos una moratoria en todos los acuerdos de libre comercio que se están firmando. No es aceptable que se firmen sin analizar sus impactos en la producción local. Estamos hablando de, por ejemplo, la ratificación del nuevo acuerdo con Nueva Zelanda, que permitirá la importación de cordero y leche.

¿Importaremos leche de Nueva Zelanda, después de habernos cargado la ganadería de vacas lecheras tirando por el suelo el precio del litro durante los últimos 20 años? 

Europa importará leche de Nueva Zelanda y exportará otro tipo de productos, que no tienen por qué ser alimentarios. Esta lógica carece de sentido. Los alimentos viajan de punta a punta del mundo, haciendo dumping y destruyendo la economía de la zona y, lo más grave, tienen un gran impacto en la crisis climática.

Como las manzanas que detesto.

Los sistemas globales no funcionan: agotan al planeta y al sector, y lo que no se dice es que la consumidora acaba pagando muchísimo por los productos. Hay que relocalizar los sistemas alimentarios y la Unión Europea lo plantea en la estrategia conocida como 'De la granja a la mesa' y la Agenda 30.

¿De qué hablamos cuando hablamos de libre comercio y de la PAC?

La PAC ha estado dirigida durante muchos años por la Organización Mundial del Comercio. La OMC aún tiene muchos tentáculos en la PAC, pero la estrategia 'De la granja a la mesa' es contraria a los tratados de libre comercio. Eso plantea dos debates: hay una parte de la izquierda que ha dicho que 'De la granja a la mesa' no es aceptable. Nosotros hemos dicho: vamos a fijarnos en qué ingredientes incluye y qué nos aportan en la producción alimentaria de Euskal Herria. Entendemos que el impacto será bestialmente positivo, que plantea virar hacia la agroecología, porque exige una disminución del uso de pesticidas, fertilizantes y antibióticos, algo que cambia absolutamente el modelo, pasando de uno industrial a otro con menos inputs. Además, dibuja un horizonte a 10 años en el que el 25% del territorio debe ser de producción ecológica. Consideramos que todo eso es suficiente, ya que podemos iniciar una transición muy profunda. La estrategia 'De la granja a la mesa' desactiva los tratados de libre comercio, por eso los agricultores neoliberales y conservadores están en su contra.

¿Hay algún pero?

Estados Unidos lo tiene clarísimo: con estas exigencias no podrá exportar a Europa carne hormonada, por eso trata de liderar el mercado de la carne sintética, donde también se han metido de lleno los fondos de inversión. Desde EHNE entendemos que 'De la granja a la mesa' no es perfecto, pero los procesos perfectos no existen y tienen contradicciones en cada etapa. Lo que debemos medir es si 'De la granja a la mesa' nos acerca a nuestro objetivo de la agroecología. Por ello desde EHNE decimos que estamos de acuerdo con estas estrategias, pero los mecanismos que la UE pone en marcha para hacer la transición no funcionan, también por la burocracia que implican.

En todas las protestas del campo se reclama “menos burocratización”. ¿Puedes explicar qué es el cuaderno digital de explotación?

Es el registro digital de toda actividad. Es un proceso que se suma a toda la burocracia que ya tienes que hacer, en un sector bastante envejecido y con una brecha digital evidente, por lo que el cuaderno genera rechazo y no es eficaz. Parece que la UE está dispuesta a revisarlo.

Burocracia para los agricultores y libre mercado para las empresas.

Sí, otra cuestión básica de los acuerdos de libre mercado es que la regulación del mercado es absolutamente liberal, con grandes multinacionales y fondos de inversión que están invirtiendo en alimentación, creando procesos de especulación. El cereal para los ganaderos, por ejemplo, está por las nubes porque desde la bolsa de Chicago está desorbitando los precios. Tiene que haber mecanismos de control para el mercado. Esas subidas a las que estamos asistiendo son absolutamente especulativas y repercuten en el precio de los alimentos que paga el consumidor. Y no olvidemos que la inflación de ahora es fruto, en gran medida, de la especulación.

Pasemos al tercer eje de vuestra tabla reivindicativa: los precios. Pedro Sánchez dijo ayer en el Congreso que se compromete a “fortalecer” la Ley de la Cadena Alimentaria. Los observatorios dependen de las comunidades autónomas. ¿Tenemos observatorio en la CAV?

Sí, lo tenemos. Pero además de observar, los observatorios tienen que hacer algo y los gobiernos deben poner mecanismos para que actúen de oficio frente a las infracciones, no solo cuando hay denuncia. Y esta misma lógica de la Ley de la Cadena Alimentaria del Estado español debe plantearse en el marco europeo: con legislaciones que planteen que no se puede vender a pérdidas, venga el producto de donde venga. Esto también es regular el mercado. Y, sin embargo, en estos últimos 30 años de política agraria del mercado libre, aunque hayan puesto ayudas, ha fracasado, tanto para el productor como para el consumidor. Ya que no hay alimentación barata para el consumidor. Los únicos que obtienen beneficios son quienes están entre el productor y el consumidor: las multinacionales y la agroindustria.

Sin embargo, indicas que aprecias un cambio en la UE.

Hay que resaltar que la Vía Campesina de Europa, en la Comisión Europea, está abriendo canales de interlocución para abordar estos temas y esto es muy importante. No vamos a ver cambios en dos días, pero es importante que el proceso empiece.

Recientemente, ha saltado a la prensa que inspectores de la Seguridad Social se han pasado por los mercados vascos y han aplicado, como mínimo, una docena de sanciones a baserritarras jubilados que venden lo que cultivan en casa.

Nos parece absolutamente inaceptable que se aplique de oficio y con miles de euros de multa, cuando hasta ahora hemos interpretado que la actividad era legal, siempre y cuando los ingresos no superaran el SMI. Nos parece absolutamente alucinante que la Seguridad Social vaya a por personas jubiladas seguramente con pensiones inferiores a 700 euros al mes, cuando vemos que en los consejos de administración de las grandes empresas hay jubilados cobrando miles y miles de euros cada mes.

La instrumentalización de la extrema derecha de las protestas en el campo, ¿qué?

Es clara: las movilizaciones del 6 de febrero están instrumentalizadas y, en parte, organizadas por la derecha. No solo por partidos políticos, sino por lobis de la agroindustria y de las empresas fitosanitarias, que son los que están abanderando las peticiones de la disminución del uso de plaguicidas, colocándose contra la estrategia ‘De la granja a la mesa’. Estos ‘promotores’ están haciendo una utilización indebida del sector agrario, beneficiando a la gran industria, porque detrás de todo está esa gente. Y el rechazo que han planteado a los sindicatos agrarios es claro. ¿Y por qué? Porque la interlocución con el Gobierno debe ser con nosotros, por ley es así. De ahí que traten de instrumentalizar las protestas.

En Bizkaia no la ha habido.

Hemos conseguido que no ocurra y los dos sindicatos agrarios que tenemos representación hemos acordado tres ejes de acción y una salida unitaria. En el proceso no ha habido intereses corporativistas, como los hay en otras provincias y comunidades autónomas. A la calle está saliendo mucha gente con elementos en común, como la falta de precios, pero no debemos olvidar que los intereses son distintos. No hay más que mirar a Francia: hay gente con muchas hectáreas, como el presidente del sindicato agrario mayoritario en Francia, FNSA, una persona muy conocida e inversor en bolsa. Está metido en el meollo de la especulación. En el Estado hemos salido todos a la calle, sí, pero no todos reivindicamos lo mismo.

En mi opinión, esta instrumentalización trata de opacar la línea divisoria entre señoritos y labradores, al menos en el Estado español.

Efectivamente. Están intentando meter a todo el mundo en el mismo saco: terratenientes legitimándose y utilizando a gente que vive de lo que produce, sin tener en cuenta que los grandes productores son los grandes explotadores de los temporeros inmigrantes, como en Peralta de Nafarroa. Nosotros, aquí en Bizkaia, siempre estaremos más con los temporeros que con los terratenientes.

Von der Leyen retiró el martes su proyecto para reducir los pesticidas en la UE para, supuestamente, contentar las protestas del campo. ¿Estás más contento?

Ha retirado un proyecto de ley, pero no ha especificado del todo. Da a entender que retira la obligatoriedad por ley de bajar los pesticidas. Si es así, es el camino equivocado. Es necesario articular y rebajar el uso de pesticidas, fitosanitarios y fertilizantes para 2030 un 50%. Todo lo que no sea eso, es mala noticia para nosotros. Ahora bien, el proyecto de ley no era muy de agrado incluso para una organización como la nuestra.

¿Por qué?

La UE tiene prohibido la utilización de hormonas para la producción de leche de vaca, antibióticos para el engorde del ganado e, históricamente, ha planteado que toda la leche y carne que entre de fuera cumpla esos parámetros que se exigen a los productores europeos. Pero esa ley no planteaba reciprocidad. Y debe reconocerla.

Volviendo al tema de las manzanas rojas y perfectas de mi calle, una vez hablé con un trabajador de los que hacen tratos comerciales para las distribuidoras. Decía, con razón, que como consumidores queremos manzanas rojas, perfectas y de tamaño uniforme. ¿Cuánta pedagogía necesitamos las consumidoras?

Muchísimos años. Para que las consumidoras quieran manzanas rojas brillantes iguales, la industria ha pasado décadas acostumbrando a la gente para que desee eso. Ahora ni siquiera se conoce a la manzana de Errezil y otras variedades autóctonas. Esas son las verdaderamente buenas, las que aguantan meses. Pero no se trata de ridiculizar a la consumidora, sino de sensibilizar, de explciar mucho y bien.

En tu comarca existe un movimiento fantástico que impulsa el producto de km 0 en los comedores escolares, esos sitios que desmanteló el Gobierno vasco para instaurar el menú de cátering.

Efectivamente. Los centros de enseñanza son clave. Debemos recuperar la conexión entre la producción y la urbe. Y esa conexión se hace a través de la alimentación. Cuando eso se rompe, aparecen las grietas que tenemos. La compra pública de alimentos no vamos a cambiar de noche a la mañana, pero si en 5 años ponemos como objetivo que el 40% se producto local y dentro de 7, el 60%, eso tendrá un efecto tractor en la parte productora, que demandaría más producción local y daría más seguridad a los que quieran instalarse. Y así debe ser, porque este planeta no aguanta este ritmo y desde la alimentación podemos contribuir a pararlo.

Una de mis iniciativas municipales preferidas, bien sea en Mallabia, Zarautz o Bilbao, son las huertas municipales. En las últimas elecciones municipales te presentaste por EH Bildu en tu pueblo, Abadiño, donde ahora eres concejal. ¿Qué ha pasado con las huertas?

Estaban al lado del río y había riesgo de que el agua se llevara la tierra. Ha habido que hacer limpieza y asegurar taludes. Cuando se termine la acometida, las huertas volverán y se ampliarán. Para nosotros el cultivo de la tierra es clave. El otro día llevé a mi hijo al instituto de Rekalde, en Bilbao, a jugar un partido de deporte escolar, y vi cómo habían instalado jardineras por todos los lados y los chavales cultivaban productos hortícolas. Esa pequeña pedagogía me parece muy importante. Están rodeados de asfalto, pero ahí tienen sus jardineras. Me alegró ver que el mensaje con el que tanto tiempo llevamos insistiendo esté calando. Los chavales que cultivan lechugas y que comen en el comedor son los consumidores de mañana."                (Gessamí Forner , El Salto, 08/02/24)

«Mientras no se garantice la renta de los agricultores vía precios hay un problema grave»... La cesta de la compra cada vez cuesta más y los agricultores cada vez ganan menos. Las cuentas no salen. El dinero se queda en el camino. Ahí está el problema. La agroindustria, la agricultura y ganadería intensiva, las macrogranjas, la mecanización a gran escala, los tratados de libre comercio y los acuerdos geopolíticos están acabando con el medio de vida de las y los agricultores. Los fondos buitres y las grandes fortunas especulan con los alimentos, van comprando las mejores tierras, las explotan, ponen regadío en tierras de secano y cuando agotan los acuíferos se van a esquilmar otros terrenos en los que tampoco viven. Es el neoliberalismo en estado puro... Es una lucha de clase: de un lado los agricultores, de otro las grandes corporaciones, los fondos de inversión y las grandes fortunas... Están enfrentando a los agricultores que se dedican a producir alimentos contra quienes se dedican a especular con ellos a escala mundial. Esta es la cuestión de fondo (Andoni García, COAG)

"La ciudad se divorció del campo hace mucho tiempo, los agricultores y agricultoras desaparecieron del imaginario urbano y sólo se acuerdan de ellos cuando organizados y movilizados cortan las carreteras y paralizan las calles de las grandes urbes para hacerse oír. Empezaron a hacerlo en Alemania el 15 de enero con una gran manifestación. Les siguió Francia y Bélgica. La oleada de protestas se ha ido extendiendo por toda Europa. En España comenzó el 6 de febrero. Y todos se unieron en Bruselas. Las reivindicaciones se adaptan a la coyuntura de cada país, pero el problema es común y la demanda se repite en todos los idiomas: proteger la agricultura europea, la de los pequeños y medianos agricultores. Hoy, por ejemplo, en Alemania dos tercios de la tierra están en manos de grandes explotaciones. Una tendencia de los últimos años que se replica globalmente. La uberización ha llegado al campo.

El pan, la leche y los garbanzos ya no vienen de la tierra sino de los lineales del supermercado, envasados y etiquetados. Muchos llegan de otros continentes. La cesta de la compra cada vez cuesta más y los agricultores cada vez ganan menos. Las cuentas no salen. El dinero se queda en el camino. Ahí está el problema.

La agroindustria, la agricultura y ganadería intensiva, las macrogranjas, la mecanización a gran escala, los tratados de libre comercio y los acuerdos geopolíticos están acabando con el medio de vida de las y los agricultores. Los fondos buitres y las grandes fortunas especulan con los alimentos, van comprando las mejores tierras, las explotan, ponen regadío en tierras de secano y cuando agotan los acuíferos se van a esquilmar otros terrenos en los que tampoco viven. Es el neoliberalismo en estado puro: sacar el máximo beneficio en el mínimo tiempo y a costa de quien sea. Se avanza peligrosamente hacia una agricultura sin agricultores.

En ese contexto, a los agricultores les piden que produzcan más y más barato para poder competir con los precios de los alimentos que llegan de países donde no se respetan los derechos laborales y se utilizan pesticidas prohibidos en el país de destino. Esos productos se venden más baratos y hunden los precios. Es así como se sustituye la producción local por otra que juega a la competencia desleal. En estas circunstancias muchas veces los pequeños y medianos agricultores y agricultoras acaban vendiendo por debajo de coste. Los tratados de libre comercio engordan con la globalización y socavan la renta de los agricultores. Pero hay que tener cuidado de dónde poner el foco: el enfrentamiento no es entre agricultores de uno y otro continente. Es una lucha de clase: de un lado los agricultores, de otro las grandes corporaciones, los fondos de inversión y las grandes fortunas. Muchos problemas a los que además se añaden todas las consecuencias provocadas por el cambio climático que se traducen en la pérdida de cosechas provocadas por la sequía, las plagas y los incendios cada vez más agresivo. El resultado es que no hay relevo generacional. En 10 años el 60 % de los agricultores y agricultoras se habrá jubilado. La España vaciada es esto. Por eso, las y los agricultores demanda regulación y ayudas para seguir existiendo. Hay que cambiar el modelo. Eso son decisiones políticas que competen a los gobiernos y administraciones, pero los consumidores también contribuyen cuando se informan y se responsabilizan de lo que compran

Hay una agricultura a dos niveles: las grandes explotaciones, que producen excelentes beneficios económicos y que cuentan con un gran capital y las pequeñas explotaciones familiares que sufren miedos existenciales y ansiedad económica. Y esos dos modelos de la agricultura se reflejan en dos perfiles diferentes de convocantes: el de las pequeñas explotaciones que luchan por sobrevivir y el de las grandes empresas, desde una posición más confortable. Unas movilizaciones las convocan las organizaciones agrarias y buscan la negociación; otras responden a otros intereses y trabajan el enfrentamiento frontal y transversal.

Andoni García responsable de organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), y miembro del Comité Coordinador de La Vía Campesina Europa, nos acerca a los problemas del campo y nos explica las reivindicaciones que traen al Ministerio de Agricultura. La agricultura necesita un cambio estructural, un cambio de modelo que deje da favorecer a la agroindustria para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones.

ANDONI GARCÍA: ¿Cómo valoráis estos casi dos meses de movilizaciones?

GEMA DELGADO: La valoración que hemos realizado en unidad de acción las tres organizaciones agrarias, en este caso COAG, ASAJA y UPA, es positiva porque ha habido una respuesta muy importante por parte de los agricultores y de las bases. Se han hecho movilizaciones bastante importantes en muchos territorios y la de Madrid del 26 de febrero fue una movilización muy fuerte en número de agricultores; también sirvió para distinguir entre las movilizaciones de personas y las de los tractores.

A.G.: ¿En qué se diferencian unas y otras movilizaciones?

G.D.: Las movilizaciones de las tres organizaciones agrarias han tenido unas reivindicaciones muy claras que reflejaban lo que respondían los agricultores de a pie o que conducían los tractores, al mismo tiempo que se abrieron las negociaciones con el Ministerio desde el principio. Por otra parte ha habido otras movilizaciones con otros intereses y una radicalización que rechazamos profundamente, como los intentos de entrar en el Parlamento de Navarra y en el de Aragón y los insultos que se hacían. Eso no tiene nada que ver con las movilizaciones unitarias que han hecho los tres organizaciones agrarias. Nosotros hemos ido respetando y buscando a la ciudadanía como un elemento clave.

En toda la trayectoria, desde el primer momento, además de tener una parte reivindicativa muy importante, se ha estado tratando con el Ministerio de Agricultura de forma constante; no sólo con el ministro, también en mesas de trabajo, y ha habido posibilidades de profundizar en los temas. Otra cuestión es dónde están los límites que plantea el gobierno en torno a algunas reivindicaciones como son los Tratados de Libre Comercio y en concreto Mercosur. Ahí directamente el gobierno no entra; el Ministerio de Agricultura y el gobierno mantienen una posición favorable a los acuerdos de Libre Comercio. En este punto, que es un elemento importante para nosotros, no hay cambio de opinión. Desde hace muchos años estamos viviendo una política agraria adaptada totalmente a la globalización: los tratados de libre comercio, la desregulación de los mercados, las importaciones de choque, la sustitución de las mujeres y hombres que producen alimentos para priorizar el negocio. Estás enfrentando algo absolutamente imposible: alguien que produce alimentos sobre alguien que está especulando con ellos a escala mundial. Esta es la cuestión de fondo.

COAG como parte de Vía Campesina tienen el mismo análisis: los agricultores en Europa, y también a nivel mundial, sufren el mismo problema, que es cómo la globalización impulsa a reducir los precios en todas las partes del mundo generando una competencia donde las reglas las fijan las grandes empresas del agro negocio y no se puede competir y donde continuamente se sustituyen los pequeños y medianos agricultores por otro tipo de modelo de agricultura.

A.G.: ¿Os estáis coordinando a nivel europeo?

G.D.: Sí, desde el principio. Cuando comenzaron las movilizaciones en Alemania y, posteriormente, en Francia, en Bélgica y aquí, hubo una coordinación a través de La Coordinadora Europea Vía Campesina Europa (ECVC) apoyando las movilizaciones y siendo parte convocante en Bruselas frente a las instituciones. No todo lo que se movía era igual. En Alemania, en Francia, en Bélgica y aquí no se ha movilizado la misma gente.

En esas reivindicaciones, y desde el primer momento, ECVC planteó el rechazo a los acuerdos de libre comercio, el impacto interno que provocan y cómo hunden los precios. También se reclama la modificación de la directiva marco sobre prácticas desleales y que aquí se ha desarrollado en la Ley de la Cadena que contiene un elemento muy importante y que es que los precios cubran los costes de producción y la prohibición de la venta a pérdidas. E igualmente se plantea la renovación generacional y la flexibilización de la PAC.

Son los 4 ó 5 elementos muy importantes que se trabajan a nivel europeo y que están incluidos en las reivindicaciones y las movilizaciones de COAG, ASAJA Y UPA.

A.G.: ¿Qué pasa con la Política Agraria Común (PAC)?

G.D.: Este ha sido el primer año de aplicación de la nueva PAC y se ha visto no sólo la complejidad sino también lo absurdo en algunos casos de la adaptación en el territorio de la normativa que llega desde Bruselas. Ya no es que se esté en contra del medioambiente, que es falso, sino que directamente hay normativas que no puedes cumplir porque no están adaptados al territorio. Hay muchos elementos técnicos que acaban siendo políticos y que al adaptarlos al territorio son una auténtica locura.

A.G.: ¿Puedes darnos algún ejemplo?

G.D.: Cuando te exigen dejar 5 metros libres de tu parcela en los cauces de los ríos, por ejemplo. El primer problema es que esos cauces no están definidos. Y luego, si eres un pequeño agricultor pierdes mucho espacio de tu terreno. No está adaptado si se trata de un cauce grande o de un cauce pequeño; si afecta a una parcela grande o a una parcela pequeña. Y esto perjudica también a la producción ecológica que debiera estar exenta de las exigencias y que generalmente se realiza en pequeñas parcelas.

Cuando se trazan las directivas desde Bruselas se ve el territorio desde arriba y no se dan cuenta que cuando hay que bajar a cada finca y a cada agricultor o agricultora no hay forma de entenderlo. Puede cumplirlo quien tiene capacidad financiera para hacerlo: grandes empresas, grandes extensiones, etc. Son técnicas agronómicas, pero hay una política por detrás que es no querer definir qué modelo de agricultura apoyar, y no hacerlo significa apostar por modelos de agricultura a gran escala. Y esa es la apuesta de fondo de la Unión Europea que luego se sigue tanto en el territorio español como en las comunidades autónomas.

A.G.: Habláis de la uberización del campo. ¿Qué significa?

G.D.: La industrialización de la agricultura. No es nuevo, ya lleva años. Llevado al comercio se podría entender lo que sucede con un pequeño comercio que se sustituye por cadenas y se franquician cuando llegan las transnacionales. Por una parte, con la industrialización de la agricultura se pierden los agricultores a favor de la gran escala. Ahora se ve de forma muy transparente cómo están entrando fondos de inversión y grandes fortunas acaparando tierra, producción y agua. Están comprando los mejores terrenos. Pero si hablamos de futuro, que es una de los puntos de las reivindicaciones de ECVC y de las tres organizaciones agrarias, tenemos que hablar de la protección de la tierra para facilitar la incorporación de los jóvenes al campo; hay que hacer políticas para el traspaso de la tierra a los jóvenes y favorecer el relevo generacional.

A.G.: Si en los próximos 10 años se va a jubilar el 60 % de los agricultores, ¿qué va a pasar con el campo?

G.D.: Ese es un gran problema. La agricultura es uno de los principales motores de la vida en el campo, pero si no hay una política estratégica de incorporar nuevas personas a la agricultura, qué va a pasar con esos pueblos. Y a su futuro va unido el del pequeño comercio y el autónomo en las zonas rurales. Hablamos de abandono, de reto demográfico pero no se toman medidas para abordarlo.

A.G.: ¿Qué medidas harían falta?

G.D.: Por una parte se necesitaría parar los acuerdos de libre comercio y, por lo tanto, cuestionar esa política de abrir y abrir acuerdos de libre comercio. Y, por otra parte, ver qué pasa con la OMC (Organización Mundial del Comercio). Si tu apuestas por que la alimentación en Europa esté basada en el comercio mundial, estamos hablando de otro modelo de alimentación y de otro modelo de agricultura. O se reconsidera eso o la seguridad y la soberanía alimentaria queda en entredicho. Lo vimos con el COVID y lo vemos con las guerras. La UE está reconociendo que hay problemas y que hay que abordarlos. En la política agraria y en la política alimentaria se han dado muchas mesas de trabajo y hay muchas reflexiones sobre la necesidad que hay de preservar la alimentación en Europa por parte de los y las agricultoras . Pero luego las políticas, al concretarlas, no llevan a ese nivel o hacen lo contrario.

A.G.: También demandan la regulación de los mercados, ¿Cómo afectaría?

G.D.: No se trata de cuestionar el comercio internacional pero hablamos de complementariedad; ese comercio tiene que estar basado en reglas de la soberanía alimentaria. Se necesita una política agraria con instrumentos de regulación de los mercados para que los precios cubran los costes y que las ayudas sean complementarias para hechos específicos. Mientras no se garantice la renta de los agricultores vía precios hay un problema grave.

La renta agraria a nivel europeo es un 50 % de la renta media de la población. En los últimos diez años en Europa se han perdido 5 millones de pequeñas y medianas explotaciones. Hay que abordar todo esto.

Por otra parte también se plantean la directiva sobre la tierra, la directiva marco sobre prácticas desleales para que también se actúe sobre los precios. Reivindicamos que la ley de la cadena sea mucho más efectiva y hay que reforzar instrumentos para que así sea: más inspecciones, pero además también estudios de la cadena de valor que deben hacerse por parte del Ministerio y las comunidades autónomas para que sirvan de referente. Ya sabemos que no se puede hacer una fijación de precios pero sí tener elementos más referenciales. Por otra parte hay que hacer un control sobre esas importaciones que están entrando, su precio y su cantidad; y un observatorio para que se vean los impactos internos y se adopten las medidas oportunas, cosa que no se está haciendo.

A.G.: Uno de los lema de las movilizaciones ha sido: “El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento”. ¿Creéis que desde las ciudades y las administraciones hay un desconocimiento del mundo rural y agrícola?

G.D.: Sí. Inmenso. De hecho, desde COAG hemos planteado, y ha sido apoyado además por el Ministerio de Asuntos Sociales, que en educación, desde las primeras edades, haya una asignatura sobre la alimentación porque vemos un desconocimiento enorme sobre la producción de los alimentos y el trabajo que se hace en el campo. Y pasa también con las normativas, que tienen poco que ver con la realidad.

Hace falta mucha más información, un fortalecimiento de esas relaciones entre lo rural y lo urbano; y hace falta que lo urbano integre a lo rural como propio de una cultura más amplia no como algo ajeno al cual hay que enseñar. Y no es así. En la ciudad quieren decirle al campo lo que tiene que hacer desde una perspectiva urbana. En muchos casos se puede hacer con buena intención, pero la voz de los agricultores será la voz de los agricultores, y esa no se sustituye. O se abraza, se entiende y se asimila como parte propia de una sociedad o de lo contrario la puedes rechazar. Y eso es peligroso, más ahora cuando la extrema derecha está intentando aprovechar el descontento de las y los agricultores y dar una visión de que todo el sector agrario es suyo. Y esto hace mucho daño, además de no ser real.

A.G.: ¿Cuál es la relación entre el movimiento ecologista y los agricultores?

G.D.: Hay que hablar de varios elementos. Por una parte el mayor interesado en que la tierra produzca en buenas condiciones es el agricultor. Igual que con los animales. Eso está claro. Por otra parte está la presión que se recibe del comercio cuando a ti te exigen producir más barato, y a ver cómo compites en una situación desigual.

El mundo ecologista ha sentido que se ha empoderado en la política. Pero el mundo ecologista es diverso. Hay una política medioambiental que se ha olvidado de lo social porque es una política medioambiental en un sistema neoliberal. Parece que hay un ecologismo que entiende que la mejor manera de cuidar la naturaleza es sin agricultores. Pero al final son las grandes empresas las que van a gestionar ese territorio sin personas. No se si el turismo es más medioambiental frente a agricultores y ganaderos cuidando la tierra.

Pero hay otro ecologismo que entiende muy bien que la naturaleza, la agricultura y la ganadería forman parte del cuidado del medioambiente. Para nosotros no hay un medioambiente que no integre lo social y ese es el ecologismo que nos está apoyando.

A.G.: Potenciar la soberanía alimentaría, el comercio directo, los circuitos cortos es una demanda generalizada, pero ¿es suficiente?

G.D.: La clave de todo está por supuesto en la relación con el conjunto de la ciudadanía y de los consumidores. Cuanto más directa sea mucho mejor. Hablamos de venta directa, de circuitos cortos, de compra pública de alimentos, pero la realidad es que no hay venta pública ni se ha potenciado la venta directa ni los circuitos cortos. Y luego, si estás en Castilla y produces cereales, a ver qué haces con ellos.

Y si también hablamos del derecho a una alimentación sana para toda la población, hay que ver cómo se realiza. Esa producción no va a responder únicamente a la venta directa. Y para eso hacen falta más agricultores. La clave no está en «menos personas haciendo más, sino en más personas produciendo alimentos”.

A.G.: ¿Hace falta intervenir?

G.D.: Absolutamente. Sin regulación de los mercados no se va a poder hacer. Si regularizas el mercado ya estás ayudando. Otra forma es a través de apoyos públicos y económicos para incorporar nuevas personas a la agricultura, y para ayudar a zonas con mayores dificultades. Para abordar el abandono igual hay que hablar de un apoyo especial para garantizar que haya vida en el medio rural; de la misma forma en que se apoya al pequeño comercio o a otros sectores.

A.G.: ¿Qué hacemos con el agua?

G.D.: Hay que saber que el agua significa riqueza a la hora de producir alimentos y que siempre ha habido regadío. Otra cosa es que se estén realizando grandes inversiones para poner regadío en terrenos de secano. Una cosa es la agroindustria y otra el agricultor. Por eso no se puede estigmatizar ni condenar al agricultor que siempre ha tenido agua. Es un debate difícil y profundo

A.G.: ¿Qué podemos hacer como ciudadanos y consumidores?

G.D.: Mucho. Es absolutamente vital. A la hora de comprar hay que identificar muy bien lo que se compra y ser exigentes con ese productos. Y ser muy conscientes de que es lo que está en juego en la alimentación, que es también el poder sobre la tierra y sobre los recursos naturales.

A.G.: La ultraderecha, aquí y en otros países, quiere capitalizar el descontento de los agricultores. ¿Es el campo es un feudo de Vox?

G.D.: No. Mayoritariamente el campo no está ahí. Otra cosa es que la extrema derecha quiera dar esa visión, y que sea muy fácil comprarlo. No ayuda nada alguna de la imágenes que se han dado, pero a lo mejor es eso lo que buscaban. En cualquier caso el campo probablemente está reflejando una sociedad que también está evolucionando y que es muy compleja."                    (Gema Delgado, Mundo Obrero, 21/04/24)