"Aunque en todos los medios de comunicación se anuncia que llegan las
fiestas navideñas, lo que parece que está alumbrando esta temporada son
huelgas generales. Las inició Grecia a primeros de
octubre, en dos jornadas de huelga el 1 y el 15 de octubre contra una
reforma laboral que permite jornadas de hasta 13 horas diarias y semanas
de 6 días, y que paralizó transportes y servicios esenciales. Siguió Bélgica, con un crescendo de
huelgas de tres días de final de noviembre: el lunes 24 en el
transporte público (trenes, autobuses, tranvías, metros), el martes 25
en todos los servicios públicos (incluida la educación y los hospitales)
y el miércoles 26 de noviembre, con la suma del sector privado, un día
de huelga general interprofesional muy seguido en Flandes, Valonia y Bruselas. Ya en el mes de diciembre, se anunció una huelga general en Portugal para el pasado 11 de diciembre y otra en Italia para el viernes 12 de diciembre. Vuelve el conflicto en cascada al sur de Europa.
Las inició Grecia a primeros de octubre, en dos jornadas de huelga el
1 y el 15 de octubre contra una reforma laboral que permite jornadas de
hasta 13 horas diarias y semanas de 6 días
En lo que respecta a la huelga de finales de noviembre en Bélgica, es evidente el éxito del frente común sindical (Federación
General del Trabajo de Bélgica FGTB, Confederación de Sindicatos
Cristianos CSC y Confederación General de Sindicatos Liberales de
Bélgica CGSLB) tanto más significativo cuanto que se produce tras 11 meses de movilizaciones sin que la determinación del movimiento disminuya.
Esta huelga ha sido más seguida y larga que la del 31 de marzo y es
continuación de la gran manifestación nacional que había reunido en
Bruselas el 24 de septiembre a unos 140.000 trabajadores.
En Portugal, la huelga general convocada por CGTP-IN y UGT-Portugal, las dos centrales sindicales más representativas tiene como motivo la resistencia a la reforma laboral impulsada por el gobierno conservador, con el apoyo de la extrema derecha. El anteproyecto de ley -llamado
Trabajo XXI-, constituye un gravísimo retroceso para los derechos
sociales y laborales y ataca los pilares fundamentales de la democracia y
del Estado social.
Las medidas incluidas en este paquete legislativo -más de un centenar
de modificaciones que suponen un ataque directo a la clase trabajadora
portuguesa- incluyen el debilitamiento de la negociación colectiva y un
incremento del poder para las empresas, facilitar los despidos, nuevas
fórmulas sancionadoras para las y los trabajadores y un aumento
generalizado de la inseguridad laboral, la ampliación de la
subcontratación de cara a beneficiar a empresas intermediarias en
detrimento de las y los trabajadores, el aumento de los contratos
temporales y la promoción de bancos de tiempo individuales, medidas que
aumentan la precariedad, especialmente entre los jóvenes, la reducción
de derechos de maternidad y paternidad y finalmente, como no podía ser
menos, el ataque al derecho de huelga, la acción sindical y la
representación colectiva.
Siguió Bélgica, con un crescendo de huelgas de tres días de
final de noviembre: el lunes 24 en el transporte público, el martes 25
en todos los servicios públicos y el miércoles 26 con la suma del sector
privado
Este paquete laboral supone una de las mayores agresiones contra la
clase trabajadora lusa desde que se conquistó la democracia con la Revolución de los Claveles que derrocó el régimen del fascista Salazar. La
huelga ha tenido un amplísimo nivel de adhesión popular, según han
afirmado en la noche del jueves 11 los sindicatos convocantes.
Más de tres millones de personas en huelga ha sido las últimas noticias
por parte de los sindicatos respecto del éxito de la acción colectiva.
En Italia, la CGIL y la UIL convocaron una huelga general para
el pasado viernes 12 de diciembre, que ha sido precedida de una
convocatoria previa a finales de noviembre por parte de sindicatos
autónomos y comités de base. La huelga del día 12 respondió a una
situación conjunta que afecta a todo el mundo del trabajo. Es necesario -afirma la CGIL, la mayor y más representativa confederación sindical italiana- un cambio
de rumbo en el plano económico, social e industrial. Es necesario
devolver la dignidad a los salarios, a las pensiones y al contenido de
la negociación colectiva. Es necesario detener las derivas que amplían las diferencias y empobrecen a quienes viven con ingresos fijos.
La primera gran razón de la movilización tiene que ver con los salarios y las pensiones.
En los últimos tres años, los trabajadores, las trabajadoras, los
jubilados y jubiladas han pagado 25.000 millones de euros adicionales en
impuestos sin recibir nada a cambio. Los servicios públicos sufren una
crisis estructural. La sanidad pública se encuentra en su nivel más bajo
desde hace décadas, con una financiación que descenderá por debajo del
seis por ciento del PIB. Casi seis millones de personas renuncian a
recibir tratamiento médico. También la educación, la vivienda, el
transporte, la asistencia a las personas mayores y la seguridad en el
trabajo sufren recortes continuos, mientras que el dinero para el rearme
se encuentra con sorprendente rapidez. En materia de Seguridad Social,
la edad de jubilación se elevaría aún más, lo que afectaría al noventa y
nueve por ciento de las personas, y se eliminaría toda flexibilidad en
la edad pensionable. Lo que se perfila es una vida laboral más larga y
pesada, mientras que para los jóvenes se reducen los espacios de
autonomía.
Ya en diciembre, se anunció una huelga general en Portugal para el
pasado 11 de diciembre y otra en Italia para el viernes 12. Vuelve el
conflicto en cascada al sur de Europa
El objetivo de la huelga italiana es el de cambiar esta trayectoria.
Se pide la renovación de los convenios colectivos vencidos. Se solicita
una decimocuarta mensualidad reforzada, más equidad fiscal y una pensión
contributiva garantizada para quienes tienen carreras discontinuas.
Reclama políticas industriales reales para gestionar la transición y
crear empleo de calidad. Pide garantías en materia de seguridad, un plan
extraordinario de contratación en la administración pública, más
servicios para el estudio, la vivienda, la discapacidad y la paternidad,
y medidas concretas contra la precariedad y el trabajo irregular. Los
recursos están ahí. Deben recuperarse de los beneficios, los beneficios
extraordinarios, las grandes fortunas y la evasión fiscal, con una
contribución solidaria del 1 % más rico que generaría 26.000 millones al
año. Por último, es necesario detener la carrera armamentística, que
restaría casi mil millones a las prioridades sociales.
Esperemos a la valoración que de esta huelga general efectúen los sindicatos convocantes.
En resumen, hay señales preocupantes de que en varios países europeos
se están adoptando iniciativas de reforma que reducen y restringen
derechos individuales y colectivos de los trabajadores –como sucede
emblemáticamente con los proyectos legislativos en Grecia o Portugal– o
políticas fiscales y sociales que no solo debilitan los servicios
públicos, sino que reducen el gasto social y utilizan el instrumento
impositivo en una dirección contraria a cualquier objetivo
redistributivo junto con un presupuesto claramente restrictivo y
antisocial.
De momento la situación en España, pese al tremendismo con el
que se adornan las relaciones políticas y parlamentarias, las
acusaciones de corrupción y los impúdicos intentos de socavar la
actuación democrática del gobierno mediante la entrada directa en el
juego político de la mayoría de la sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, no ha entrado en este cambio de sentido de la normación laboral. El gobierno y en especial el Ministerio de trabajo y de Economía Social mantienen una adecuada actividad en el marco del proyecto reformista que llevan adelante desde inicios del año 2020.
Hay señales preocupantes de que en varios países europeos se están
adoptando iniciativas de reforma que reducen y restringen derechos
individuales y colectivos de los trabajadores
Hay, sin embargo, indicaciones críticas en Comunidades Autónomas como la de Madrid,
donde la degradación de los servicios públicos y la predilección del
gobierno por derivar a los espacios mercantilizados la satisfacción de
intereses y necesidades comunes de los ciudadanos está asumiendo ya
caracteres insoportables. La
movilización de las universidades públicas madrileñas y la huelga
llevada a cabo masivamente los días 26 y 27 de noviembre en estos
centros universitarios por profesores, PTGAS y estudiantes han sido
una llamada de atención, pero todavía no hay una reacción generalizada
ante este ataque decidido a los servicios públicos en oros sectores
clave como el de la sanidad.
Por si fuera poco, el líder de la derecha política que aspira a
gobernar en el próximo ciclo electoral, ha visitado al empresariado
catalán, invitado por el presidente de Foment del Treball, Sánchez Llibre, lo
que aprovechó para concretar su plan de “rebajar las cargas
administrativas y burocráticas para las empresas que tienen entre 50 y
250 trabajadores”, para evitar burocracia y trámites para las empresas
que superen el umbral de los 50 trabajadores. Entre estas medidas, se
incluiría “la derogación de la norma que obliga a constituir comités de
empresa de representación laboral en las empresas que tienen 50 o más
trabajadores y solo se aplicaría a partir de los 250”, una propuesta
que, a juicio de los asistentes, fue acogida “con expreso entusiasmo”.
Es obvio que las promesas pre-electorales son siempre dudosas, pero
permiten entrever cual es el propósito de cambio que las fuerzas
políticas de oposición tienen en mente. El sindicato de CCOO ha
respondido en las redes sociales que esta propuesta desmantela la
estructura de representación de los trabajadores en empresas medianas,
dejando a miles de trabajadores sin voz, y que no podrá llevarse a cabo
ante la respuesta colectiva del conjunto de las personas que trabajan.
Pero para ello es lo cierto que la movilización y la huelga sean tan
potentes y continuadas como para que generar realmente una presión
irresistible, más aún teniendo en cuenta que en las previsiones de la
derecha contaría con una mayoría parlamentaria holgada para proceder a
la misma. La reciente derrota sindical -y política- del sindicalismo
español en el tema de la reducción de jornada,
en donde la movilización sindical no fue capaz de generalizar el
conflicto frente a la potencia de la patronal y sus voceros políticos,
es una llamada de atención frente a estos indicios de profunda
antisindicalidad y destrucción de la capacidad organizativa del
sindicato del trabajo asalariado de este país.
Se acercan negras tormentas y agitan los aires. El conflicto laboral y
social comienza a plasmarse en las convocatorias de huelga de forma
cada vez más frecuente. Estaremos atentos."
( Antonio Baylos , Nueva Tribuna, 17/12/25)