"A pesar de que la Unión Europea, fiel defensora de la contención, por no decir los recortes, de las pensiones, ha dado su visto bueno a la situación actual de nuestro sistema público de pensiones, fruto de las reformas introducidas por el actual gobierno de coalición, los ataques no cesan por parte de diferentes grupos autodenominados “de expertos”, financiados por o en abierta colaboración con el sector financiero. Un último ejemplo es el trabajo publicado recientement por la Fundación BBVA y el Ivie, como Esenciales 03/2025 (BBVA-Ivie, 2025), con un título llamativo, que ha conseguido así la atención de los medios de omunicación.
Ese breve estudio empieza por cuantificar el efecto, entre 2025 y 2065, de la maduración de las reformas introducidas a partir de 2021, sobre la Tasa Bruta de Reemplazo (TBR)[1]. En particular, destaca que, para los que solo han cotizado durante 30 años:
– los que tienen ingresos bajos, mejoran su TBR: de 77,1% en 2025 a 79,6% en 2065.
– los que tienen ingresos medios sufren una ligera disminución: de 77,1% a 75,3%
– los que tienen ingresos altos se benefician de un aumento: de 53,4% a 64,8%
Para los que han cotizado 35 o 40 años, la TBR para los ingresos bajos y medios se mantiene y aumenta ligeramente para los altos. Todas se sitúan en torno al 90%[2].
La conclusión, que no se menciona en el texto, es que, con la legislación actual, la variación de la TBR será mínima de aquí a 2065. Como es evidente, los que han cotizado menos (por ejemplo 30 años, en vez de los 38.5 que se van a exigir, a partir de 2027, para recibir el 100% de la Base Reguladora (BR)) van a recibir una pensión inferior y, por lo tanto, su TBR será también inferior.
En el estudio, también se afirma, por una parte, que los que quieran mantener su nivel de vida previo, habiendo cotizado solo 30 años, podrán jubilarse más tarde, añadiéndo así años de cotización (otra evidencia) o bien contratar una pensión privada (un deseo interesado que tal vez explique la motivación de este trabajo). Por otra parte, mediante un deslizamiento que no se explica de manera convincente, se afirma que son los jóvenes de ahora los que van a tener menos años cotizados (por ejemplo, solo 30). Como argumento, se esgrimen las tasas de ocupación de los jóvenes de 16-29, hoy por debajo de su nivel de 2007. Se omite señalar que en 2007 se dieron máximos de la tasa de ocupación a todas las edades y que las tasas de los jóvenes (como las de otras edades) dejan de disminuir a partir de 2013 y han subido desde entonces, como muestra el primer gráfico que presenta el propio estudio BBVA-Ivie. Teniendo en cuenta la situación actual del mercado de trabajo y el aumento considerable de ocupados que se está produciendo, es previsible que la tasa de ocupación de los jóvenes va a seguir aumentando en el próximo futuro. Por otra parte, para llegar a la jubilación a los 67 años con solo 30 años cotizados, hay que haber empezado a cotizar a los 37 años, una edad muy improbable, por tardía, para la mayoría. El retraso de la entrada en el mercado de trabajo de los jóvenes actuales no puede por tanto explicar que sean ellos los que más sistemáticamente van a tener menos años cotizados en el momento de la jubilación. La temporalidad, otro argumento para asociar los jóvenes y la insuficiencia del tiempo cotizado, está disminuyendo, gracias a la reforma laboral promovida por el actual gobierno. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, ha pasado de 50,3% en 2007 a 34,7% en 2023, y la tendencia es a que siga disminuyendo (MTSS, 2024, p. 21).
Sin duda habrá personas que no consigan llegar al mínimo de años cotizados para obtener una pensión plena, pero son colectivos que habrán tenido carreras laborales fraccionadas o truncadas. Es más probable que estén formados por mujeres de bajo nivel educativo e ingresos reducidos (con mayoría de inmigrantes) que no podrán costearse una pensión privada.
El planteamiento de los autores es, por lo demás, bastante sorprendente. Parecen asumir, como normalidad, que la TBR sea máxima para todos y consideran que los que no la alcancen a la edad legal de jubilación (67 años a partir de 2027) deberán retrasar su salida de actividad. Esto haría de España uno de los paises de la OCDE con las TBR más altas, en el que la media coincidiría con la máxima, en torno a 90%, válida para todos. Actualmente (en 2023, último dato disponible) la TBR media en España es de 80,4% para ingresos bajos y medios y de 49,6% para los altos (OCDE, 2024, p. 151). En algunos países es menor, como en Suecia que, con su sistema de cuentas nocionales, que tanto gusta al entorno intelectual de los autores, tiene una TBR de 62,3% para los ingresos bajos y medios, con jubilación a los 70 años (OCDE, 2024, p. 151). No hablemos de los Estados Unidos que, para ingresos bajos, asegura el 49,4% y para los altos, el 27,8% del último salario (OCDE, 2024, p. 151). El planteamiento es tanto más sorprendente cuanto los autores contemplan las siguientes hipotéticas reformas, que podrían aprobarse en el futuro, que, todas, hacen disminuir la TBR:
a) Elevar el período utilizado para el cómputo de la BR hasta los 35 años
b) Aumentar hasta 40 años de cotización el mínimo para obtener una pensión igual al 100% de la BR
c) Vincular la pensión inicial a la esperanza de vida (Factor de sostenibilidad, también llamado de Equidad Intergeneracional) a partir de 2044
El resultado, como era esperable, es una reducción sistemática de la TBR, cualquiera que sea el número de años cotizados. Los autores no plantean de cuanto tendrían los jóvenes que retrasar su jubilación, si se aprobaran estas reformas (bastante más que los 6 años anunciados). Sin embargo, en el resumen que encabeza el artículo, existe cierta confusión al respecto.
Las dos primeras medidas están en la línea habitual de los reformadores que buscan reducir el gasto en pensiones. La tercera formaba parte de la Reforma de 2013, aprobada con la entonces mayoría absoluta del PP (sin consenso en el Pacto de Toledo), y que fue objeto de rechazo general, por la temible bajada de la pensión inicial que implicaba, por su carácter socialmente regresivo y que fue finalmente abolida.
¿A qué viene traerlas aquí? Podemos pensar que se trata de un ejercicio de prospección, de cuantificar el efecto de algunas reformas, pero entonces: ¿por qué estas y no otras? No lo justifican los autores. Pero es más probable que se trate de una anticipación del futuro que nos espera, en el caso de que se produjera un cambio de mayoría política. Son estas algunas de las reformas que serían propuestas y, entonces, con seguridad, aprobadas. Todas conducen al mismo resultado: una disminución de las pensiones de los jubilados.
En su afán de denunciar el supuesto conflicto generacional entre viejos con pensiones demasiado generosas y jóvenes olvidados por las políticas públicas, los autores rizan la incoherencia, al presentar como negativo para los jóvenes unas reformas (hipotéticas) que conducen a recortar las pensiones, una política que ellos mismos promueven.
Se puede comprender que los bancos y las aseguradoras promuevan y financien estudios cuyos resultados favorecen sus intereses. Menos comprensible es que eso incluya estudios cuya única aportación es un título llamativo, que no se justifica por el contenido, como ocurre en este caso."
( , Economistas frente a la crisis, 04/07/25)
