El narcoestado español funciona así: 11 empresarios de Cádiz hablan de la necesidad de presionar y recompensar a cargos públicos de la Consejería de Turismo de la Junta o la Diputación de Cádiz por acelerar o conseguir contratos de patrocinio para sus festivales con los que presuntamente pretendían lavar dinero negro procedente del narcotráfico... Mario G. L., con múltiples antecedentes policiales por narcotráfico apunta: “Primero hay que usar siempre a Germán [Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente de la Diputación de Cádiz] y PP”... e intenta averiguar si se le ha dado “algo” a un tal Gordo, Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global (Jesús A. Cañas)

"El 24 de octubre de 2023, el grupo de WhatsApp de empresarios de Cádiz y Sevilla investigados en una supuesta trama de blanqueo de dinero del narco con contratos con la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, estaba especialmente creativo. Tenían prisas por cerrar contratos de patrocinio con la Junta y así expandir su festival de reguetón Puro Latino, nacido en El Puerto de Santa María, a otras localidades. Mario G.L., el narco cabecilla, intenta averiguar si se le ha dado “algo” a un tal Gordo, un cargo de la Administración andaluza, y comienza la lluvia de ideas. “Yo es que para eso soy muy generoso”, avanza. Así que propone una mordida “del 10%” de lo que consiga y “regalitos todo el año”. Miguel V., otro de los investigados replica: “Un jamón y dentro métele tres o cinco mil euros”.

El extracto de esa charla —de la que por ahora no queda claro si, finalmente, ese Gordo recibió alguna dádiva o no— es tan solo una de las tantas que habla de intentos de sobornos a políticos del PP andaluz, que recoge la documentación judicial del caso, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que investiga a 11 empresarios de Cádiz por blanqueo de capitales, cohecho o malversación de caudales públicos. En distintos mensajes y audios enviados entre ellos hablan de la necesidad de presionar y recompensar a cargos públicos de la Consejería de Turismo de la Junta o la Diputación de Cádiz por acelerar o conseguir contratos de patrocinio para sus festivales con los que presuntamente pretendían lavar dinero negro procedente del narcotráfico.

En una esas conversaciones grupales, el 27 de octubre de 2023, Mario G. L., con múltiples antecedentes policiales por narcotráfico apunta: “Primero hay que usar siempre a Germán [Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente de la Diputación de Cádiz] y PP”. Apenas unos días antes, el mismo investigado alardea en otra conversación de no tener ideología: “Soy de quien me ayuda y El Puerto me ayuda mucho”. Ambas aseveraciones forman parte de las pesquisas realizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, aportadas al Juzgado Número 5 de El Puerto. En ellas, se desgrana todo el entramado societario que unía a Mario con Pascual Llopis, un potente empresario de la noche y hostelero de El Puerto, amigo de Beardo. Sin embargo, por ahora, la investigación no ha logrado recabar pruebas fehacientes y concretas de si él y el resto de cargos mencionados cedían a esas presiones o aceptaban esos “regalitos”.

En busca de esas pruebas, la Guardia Civil entró el miércoles de la semana pasada en el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz que dirige Beardo para solicitar documentación y correos. Los agentes se llevaron datos de cinco contratos de patrocinio que, en los últimos dos años, había rubricado ese departamento con Bahía Luz Restauración S. L. y Luna Bahía S. L. —controladas por Llopis y su hijo— por seis eventos en los que la Administración provincial abonó 1,1 millones de euros. En el caso de la segunda empresa, el dinero se entregó después de la premisa “incierta”, como asegura uno de los autos, de que el festival Pal Sur había tenido “gran éxito” el año anterior, cuando el evento del que hablaban era otro y ni había sido organizado por esa empresa, que se había constituido apenas tres meses antes de solicitar el patrocinio.

Los investigadores también recopilaron información en la Consejería de Turismo de Sevilla, en este caso para recabar todos los datos relativos a los contratos de patrocinio dados al Festival Puro Latino desde 2023 hasta ahora, en un importe aún desconocido. La única certeza es la que aportaba el propio Mario G. L. cuando, en sus conversaciones con el resto de empresarios, apuntaba a intentar conseguir “un millón y pico”. Para ello, era clave la figura de un cargo de dicha Consejería al que citan como el Gordo —sin llegar a identificar con claridad— y del que Llopis asevera: “A ese le gusta tela”. Además, la trama se organizó para presionar a otro cargo de la Junta de Andalucía e intentar conseguir hueco para su festival en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, al que también hablaron de dar “regalitos”. Ni uno ni en otro caso, en la documentación de la investigación aparecen pruebas de que ambos sobornos se llegasen a materializar de alguna forma.

La investigación contra la supuesta trama de blanqueo por la que Llopis y Mario G. L. están ya en prisión provisional nace del extenso cerco policial por narcotráfico que atenazan al segundo, que aparece investigado en dos operaciones y está a la espera de juicio por un sabotaje del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de Conil en diciembre de 2015. En la denominada Operación Caramelo —en la que se recuperaron 5,5 kilos de cocaína—, la Guardia Civil de Cádiz se hizo con un iPhone de Mario, de cuyo volcado se extrajeron todas las conversaciones de la actual causa. A eso se sumó la detención de un guardia civil en otra operación, la Turister, acusado de colaborar con un grupo que se dedicaba al narcotráfico y el blanqueo. En su declaración hace más de un año, el agente aseguró trabajar para los “dueños de varias discotecas de El Puerto de Santa María y de la organización del festival denominado Puro Latino”.

Resultó que esos supuestos jefes de la trama eran el propio Mario y Pascual Llopis. Ambos se conocían desde 2016 y mantenían un intrincado sistema societario en el que Llopis actuaría como “testaferro”, según asegura el auto que les llevó a prisión provisional. Sin embargo, los investigadores acusan a Mario G.L. de ser el administrador real de esas empresas. Entre ellas destaca Pisgo de Inversiones S. L., que actuaba como nodo central del holding del que pasaron a depender las empresas que gestionan negocios de hostelería y de ocio nocturno de El Puerto. Además, Pisgo también era propietaria al 39% de la empresa que organiza el Puro Latino, un festival que, según la documentación judicial, resultó deficitario en 2022 y 2023. De ahí que Mario inyectase dinero en efectivo de supuesto origen ilícito y el grupo presionase para hacerse con fondos públicos de la Diputación y la Junta.

La mayoría de los detenidos entre el miércoles y el jueves de la semana pasada se acogió a su derecho de no declarar. Los pocos que lo hicieron, además del abogado que representa a Llopis en un vídeo subido a sus redes sociales, aseveraron desconocer el origen en el narcotráfico del dinero bajo la lupa. Sin embargo, la documentación recoge como, tras una detención en 2019 por tráfico de drogas, el supuesto narco realizó una venta de acciones de una de las empresas que compartía con Llopis a favor de su esposa. A eso se suma, de nuevo, las conversaciones en WhatsApp en las que el resto de los investigados llegaban hasta bromear con él sobre su pasado. En una de esas charlas, uno de ellos dijo, hablando de un tercero, que tenía “más antecedentes que el propio Mario”. 

(Jesús A. Cañas , El País, 09/07/26)

 

"Un testigo identifica al 'Gordo' como Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global.

Uno de los investigados, en la causa de supuesto blanqueo de dinero del narco a través festivales patrocinados por la Junta y la Diputación de Cádiz, hablan de intentar sobornarlo

Este jueves han continuado las declaraciones de testigos en el caso de supuesto blanqueo de dinero del narco a través de contratos con la Diputación de Cádiz y la Junta. Interrogatorios en los que se ha escuchado a la Fiscalía Anticorrupción preguntar quién es la persona a la que mencionan como el 'Gordo' en el grupo de WhatsApp de empresarios de Cádiz y Sevilla, implicados en esta supuesta trama de blanqueo. Al menos uno de esos testigos, según le han contado a la Cadena SER fuentes de la investigación, lo ha identificado como Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global.

La Fiscalía preguntó por el 'Gordo' porque supuestamente uno de los cabecillas, Mario, en esas conversaciones que están en el procedimiento, quiere saber si se le ha dado algo y propone supuestamente que se le ofrezca una mordida del 10 %y regalitos todos el año. A lo que uno de los hermanos Veiga, que también está siendo investigado, añade que también puede ser un jamón con tres o cinco mil euros dentro.

El testigo negó a renglón seguido que los organizadores de Puro Latino hayan intentado sobornar a ningún cargo público. Y de momento en la investigación no hay pruebas de que haya habido sobornos a políticos para conseguir organizar conciertos y recibir subvenciones."

(Mercedes Díaz , SER, 09/07/2026 ) 

Auge y caída de los Pocholos, el grupo al que Ayuso confió un presupuesto de 7.000 millones... manejaron la Consejería de Educación y también una fundación pública que recibió seis millones del Gobierno autonómico durante casi tres años, hasta que resultaron vencidos en las luchas por el poder en el PP madrileño... La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional... cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor... Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso... compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo... Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio (José Precedo)

 "Rasputín y sus discípulos, apodados 'los Pocholos', manejaron la Consejería de Educación y también una fundación pública que recibió seis millones del Gobierno autonómico durante casi tres años, hasta que resultaron vencidos en las luchas de poder del PP madrileño

El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'

Los elementos folclóricos de la trama pueden despistar. Un dramaturgo amateur con tesis supremacistas y nostalgia del imperio español convertido en gurú de la presidenta de Madrid. Sus jóvenes pupilos, que gracias a su influencia, pasan de tocar el sacabuche o bailar en sus espectáculos a ser directores generales en la Comunidad de Madrid con sueldos de 100.000 euros. El apodo de 'los Pocholos' con el que alguien en el PP bautizó al grupo de Antonio Castillo Algarra, también conocido como Rasputín, uno de los asesores más poderosos durante años en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pero la pregunta qué subyace a la mayor crisis del PP madrileño desde la caída de Cristina Cifuentes por su máster falso es en manos de quién han estado durante este mandato la Consejería de Educación, las universidades madrileñas y un presupuesto de 7.000 millones de euros cada año en Madrid. La respuesta corta es Emilio Viciana, un desconocido en el PP regional y también para la comunidad educativa, al que Ayuso hizo consejero en 2023 por recomendación de un asesor en la sombra y cuya carrera ha acabado de manera abrupta este lunes, destituido de forma fulminante sin ninguna explicación oficial.

Detalles pintorescos al margen, la principal consecuencia de su gestión es que la ley de universidades, uno de los proyectos estrella de la Comunidad de Madrid y que supuestamente se había estado elaborando en los últimos dos años, está muerta. Lo certificó el propio portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, este miércoles: “Tal y como está no va a salir”. Dos años perdidos en un contexto imposible para las seis universidades públicas de Madrid, a las que Ayuso -de eso no puede tener la culpa Viciana- ha asfixiado económicamente y en medio del avance de los centros privados que la propia presidenta se ha encargado de apadrinar.

El descontrol de la ley de universidades fue el último clavo en el ataúd de Viciana, pero las guerras de poder en el equipo de Ayuso habían empezado meses atrás. Enrique Ossorio, antecesor de Viciana en la consejería y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y la actual responsable de Hacienda, Rocío Albert, alto cargo con Ossorio en el anterior gobierno, nunca perdonaron al consejero que llevase a la fiscalía la denuncia que le hizo llegar un constructor sobre corrupción en la construcción de centros de Formación Profesional. Una nueva trama en el entorno de Ayuso que destapó elDiario.es.

Ossorio y Albert, temían entonces y también ahora que el sumario -con varios imputados y evidencias del fraccionamiento de facturas y el amaño de contratos- les acabe salpicando. Ambos dirigentes están aforados y solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras la causa sigue escalando en el juzgado y las pruebas recopiladas apuntan a que semejante red de corrupción no pudieron urdirla a solas unos cuantos directores de instituto ni cargos intermedios como los que de momento están imputados.

Con una parte del núcleo duro de Ayuso enfrentado a Viciana por razones poco confesables y la ley estrella del Gobierno a medio hacer cuando ya ha transcurrido la mitad del mandato, la caída del consejero, el primero que destituye Ayuso en siete años, se precipitó este lunes. La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional. Dos directores generales se fueron a las pocas horas: precisamente el responsable de Universidades, Nicolas Javier Casas y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Lera. El primero tocaba el trombón en la compañía de teatro de Castillo Algarra, el Rasputín de Ayuso, la segunda era la recepcionista de su academia de opositores, según adelantó El País.

El diputado que anunció el carrusel de dimisiones este martes en la Comisión de Educación de la Asamblea, Pablo Posse, ingeniero aeronáutico de formación, había hecho de regidor y microfonista en una obra de teatro de Algarra. Su compañera de escaño y de renuncia, Mónica Lavín, había sido actriz en la compañía y profesora en la academia. La tercera diputada que entregó el acta, Carlota Pasarón, pertenece también a ese mismo grupo.

Del clan de 'los Pocholos' también formaba parte la directora general de Juventud de la Comunidad, Laura Castilla, y el responsable de Enseñanzas Artísticas en la Consejería de Educación, Miguel Olive, que también fue bailarín en la compañía de Algarra. Estos dos no han dimitido de momento, pero en el Gobierno de Ayuso la mayoría los dan por amortizados.

Tras la reunión semanal del gabinete este miércoles, el portavoz Miguel Ángel García Martín, que intentó sin mucho éxito revestir la crisis de normalidad, no descartó nuevos ceses y pidió esperar a que la nueva responsable de Educación, Mercedes Zarzalejo, aterrizase en el puesto y conociese el equipo.

Así que de momento, lo que se sabe es que Castillo Algarra, alias Rasputín, había colocado en el Gobierno al consejero de Educación, a cuatro directores generales, además de tres diputados en el grupo parlamentario del PP y de garantizarse él mismo un asiento en el patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, un organismo que Ayuso había creado a su medida y que ha recibido seis millones de euros de ayudas públicas en sus primeros tres años de vida.

Algarra renunció esta misma semana a su puesto y su despacho en la sede de los Teatros del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí. Según su versión, dimitió el lunes, aunque el cese se conoció este miércoles. Varias fuentes confirman a elDiario.es que desde que supo de la destitución de Viciana, Algarra fue llamando uno a uno a todos sus discípulos, en el Gobierno y en el grupo parlamentario. “Tú verás lo que haces”, le dijo escuetamente a alguno de ellos, antes de colgar el teléfono. Mensajes parecidos recibieron los demás. El resultado es que cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor. Otros dos de momento intentan salvarse. Y en el partido cunde la sensación de que ese grupo bautizado con cierta inquina como 'los Pocholos' opera como una secta.

Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso. Cómo si no, iban a acaparar puestos en el Gobierno y en el grupo parlamentario que la lideresa maneja con mano de hierro. La relación entre Rasputín y la presidenta empezó a fraguarse en la etapa en que todavía era candidata. En 2019 ya tienen alguna foto juntos. La dirigente acababa de recibir el encargo de Pablo Casado de ser cabeza de cartel en Madrid. Algarra empezó a asesorarla, le impartió lecciones de historia remasterizada por él que luego constituirían el corpus ideológico de su gobierno: la idea de la Hispanidad, que la Comunidad celebra la semana del 12 de octubre con inversiones millonarias, las diferencias entre la inmigración latinoamericana que es incluso recomendable y la de África, que no debe ser bienvenida, la preponderancia del castellano...

Algarra se ganó su confianza mientras echaba pestes contra algunas de las políticas de su antecesora, Cristina Cifuentes, especialmente por la ley trans y su programación cultural en los teatros. Revoloteó durante los primeros años de gobierno y se hizo imprescindible tras la mayoría absoluta de 2023. Cuentan algunas fuentes que compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo. Otros dirigentes aseguran que MAR siempre mandó más, pero que Algarra se hizo fuerte en áreas que al jefe de gabinete no le interesaban tanto: la educación y la cultura.

Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, algunos muy formados académicamente, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio, diputados con portavocía de área en la Asamblea General o directores generales con salarios que rondan los 100.000 euros.

Ese grupo de jóvenes, muy ideologizado, como demuestran algunas de sus intervenciones en la Asamblea de Madrid, no se limitaron a cobrar y a esperar su momento, querían mandar. Dirigentes que estuvieron sentados en reuniones con el consejero de Educación se quedaron estupefactos cuando vieron a uno de los diputados, Pablo Posse, el portavoz de área en la Asamblea, hablando en nombre de la consejería e interrumpiendo las explicaciones del propio Viciana.

El ascenso de 'los Pocholos' causó perplejidad en un sector del PP madrileño y la ascendencia de Rasputín incomodó a parte del Gobierno. Corrían anécdotas de cómo obligaba a algún viceconsejero de educación a ir a despachar con él a los Teatros del Canal de Isabel II, donde se había instalado, como codirector del Ballet Español, un capítulo al que llegaremos luego. En la consejería no se movía un papel sin que él lo tuviese controlado.

Se sabía, por ejemplo, que Rasputín estaba en contra del proyecto de educación bilingüe instaurado en la época de Esperanza Aguirre, pero no por las razones que invocaban los docentes, sino por su defensa del español y de las glorias pasadas del imperio.

Toda esa influencia empezó a mermar a raíz de un viaje de la presidenta a Florida con los rectores. Transmitieron a Ayuso que, diferencias ideológicas y financiación al margen, la ley estaba manga por hombro, que contenía errores graves y que parecía hecha por alguien sin relación con el mundo universitario. A la vuelta de vacaciones, la presidenta intervino de facto la consejería de Viciana. Colocó de viceconsejera a Mercedes Zarzalejo, una persona de su máxima confianza, que había sido alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, un pequeño pueblo de la región, y se había hecho famosa ya en la Asamblea de Madrid por un duro interrogatorio, repleto de bulos, a la esposa del presidente, Pedro Sánchez.

El portavoz del Gobierno, García Martín, intentó vender los cambios como un relevo normal en mitad de la legislatura. Para entonces, él mismo empezó a participar en algunas reuniones con los rectores, Zarzalejo y el propio Viciana. Fue cuando Ayuso constató que lo que decían los rectores era cierto y la ley no iba a salir. El consejero estuvo a punto de caer, según distintas fuentes, antes de navidad, pero la huelga masiva en las universidades madrileñas, le dio, paradójicamente, una bola extra: Ayuso no quería entregar su cabeza a los sindicatos.

Según fuentes que conocen cómo se fraguó el cese, la presidenta trasladó hace dos semanas a Viciana que su ley no iba a salir, y le pidió centrarse en un plan de financiación con el que salvar la cara mientras se multiplicaban las noticias sobre la asfixia de la universidad pública en Madrid. El contexto era adverso y el Gobierno tenía que responder en cada rueda de prensa sobre ello: a la Complutense le concedió la Comunidad de Madrid un crédito de 34 millones que deberá devolver con intereses y que le obligará a redoblar los recortes. Otros centros corren el riesgo de seguir el mismo camino.

Según las mismas fuentes, Viciana no se lo tomó bien. Y Algarra en su despacho de los Teatros del Canal todavía se lo tomó peor. Para pasmo de la presidenta Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el pasado 6 de febrero, un viernes, a las cinco de la tarde, el anteproyecto de ley de universidades de Viciana apareció colgado en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Duró menos de una hora. Hasta que el gabinete de Ayuso exigió retirarlo sin avisar a Viciana. El pulso total había estallado. Viciana tardó poco más de una semana en caer. Este lunes 16 de febrero a media tarde fue destituido.

En su perfil de la red social X, Algarra, que no da entrevistas ni hace declaraciones pero comenta todas las noticias que se publican sobre él, intentó hacer ver que se trataba de una dimisión y que Viciana se había ido con la cabeza alta, “por coherencia”. En la Puerta del Sol el portavoz del Gobierno de Ayuso se limitó a citar el cese publicado en el BOE cuando los periodistas le preguntaron por la versión de Algarra. La presidenta lo más que ha dicho es que se ha ido “un funcionario honrado” mientras la oposición clamaba contra su gestión en la Asamblea de Madrid.

El martes se sucedieron las dimisiones en el Gobierno y el grupo parlamentario. En los casi tres años de gestión de 'los Pocholos' las polémicas se han multiplicado: desde las multas de hasta 100.000 euros por protestas a los campus que pretendían introducir en la ley hasta el mandato para que las universidades captasen un 30% del presupuesto de las empresas privadas. No está claro que todas las ideas fuesen suyas, hay quien ve la mano de Ayuso sobre ciertos artículos de la norma.

El encargo de la presidenta a la recién nombrada consejera, Mercedes Zarzalejo, otra soldado de Ayuso, es lograr un plan de financiación plurianual para presentar a las seis universidades públicas que están al borde del colapso. Para la famosa ley no hay fecha. Nadie se atreve a garantizar que vaya a estar lista antes de las autonómicas de 2027. Y está por ver si el cambio de caras implica un cambio de política en la educación madrileña en una región donde todo lo decide la presidenta madrileña. Miembros del Gobierno que conocen el conflicto aseguran que el error de Viciana fue desafiarla y ven la sombra de Miguel Ángel Rodríguez en la destitución. Pero el presupuesto y las líneas maestras las imponía Ayuso. Y está el caso de corrupción de la FP en el que no se puede culpar a Viciana, porque ahí el ya exconsejero ejerció de denunciante.

El fin de la era de 'los Pocholos' se notará también en la Consejería de Cultura y en la programación teatral. La Comunidad llegó a programar varias obras de la compañía de Rasputín, de ahí salen las fotos en las que caracterizado como un dios en su adaptación de la obra de Calderón El gran teatro del mundo. En total fueron 106.000 euros. Algarra, que no responde a las preguntas de los periodistas pero comenta todo en sus redes sociales, asegura que perdió dinero representando obras para la Comunidad de Madrid.

Luego está el asunto de la fundación creada a su medida para poner en marcha el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. España ya tenía un ballet nacional que depende del Instituto Nacional de Artes Escénicas, pero Rasputín convenció a Ayuso de que su Gobierno debía impulsar el suyo. Más guerra cultural. El primer espectáculo se estrenó, cómo no, el 12 de octubre de 2024: un programa doble compuesto por La Suite Española, de Albéniz y Epifanía de lo Flamenco. Su director artístico, Jesús Carmona, dimitió al poco tiempo sin dar muchas explicaciones.

Castillo Algarra se quedó al frente. Forma parte de la junta directiva de la fundación y también del patronato, donde colocó a otros miembros de 'los Pocholos', como el dimitido Viciana, el todavía director general de Enseñanzas Artísticas, Miguel Olite, y el consejero de Cultura, Mariano de Paco, que ha ido multiplicando las subvenciones al organismo. En el primer año fueron 1,3 millones, el segundo, 2,3 millones y para este ejercicio se han presupuestado, 2,5 millones.

El Rasputín de Ayuso dimitió de todo esta semana y movió sus piezas para provocar una crisis en el Gobierno y el grupo parlamentario de la misma presidenta y amiga que lo convirtió en gurú. En la Comunidad sobreviven aún dos discípulos suyos, los únicos que han decidido desobedecerle. Dicen las malas lenguas, y esta semana hay muchas en el PP de Madrid, que por poco tiempo."

(José Precedo, eldiario.es, 21/02/26) 

Ernesto Ekaizer: La estrategia política de Ayuso le resulta cara a su pareja, de 8 meses de prisión con pacto a la petición ahora de 3 años y nueve meses... Esa estrategia supuso hacer naufragar por razones de estrategia política un pacto sumamente beneficioso para González Amador... y también a Díaz Ayuso, que unió su destino al desarrollo de la causa contra su pareja, pero MAR y Ayuso siguen en su línea en la que niegan la realidad de los delitos fiscales y culpan al gobierno de Pedro Sánchez

 "La Fiscalía de Madrid pide tres años y nueve meses de cárcel para el presunto comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su escrito de acusación en el que solicita la apertura de juicio oral, el fiscal a González Amador imputa dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con falsedad documental.

La petición de pena (dos años y un día por uno de los delitos y un año y nueve meses por el otro) se atenúa gracias a la apreciación de la circunstancia de reparación del daño.

González Amador depositó los 300.000 euros que no pagó a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021.

Su plan era, según la Agencia Tributaria, eludir el delito fiscal con dicha regularización ilegal.

El abogado Carlos Neira, exalto cargo de Hacienda, asesoró a González Amador. Al conocer el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) según el cual calificó que la crisis sanitaria de la Covid-19, a partir de 2020, "supuso una oportunidad de negocio" para una de sus compañías, Maxwell Cremona SL, e hizo un examen exhaustivo de sus operaciones, Neira aconsejó negociar un pacto de conformidad y de esa manera evitar el juicio en la Audiencia de Madrid.

González Amador ganó 1,9 millones de euros por intermediar en la venta de mascarillas durante la pandemia del coronavirus .Pero en los ejercicios 2020 y 2021, según los inspectores de Hacienda, su empresa Maxwell Cremona dejó de ingresar cuotas por valor de 350.951 euros.

Neira comunicó a la Fiscalía de Madrid el 2 de febrero de 2024 que González Amador, estaba en disposición de aceptar los dos delitos fiscales y pagar algo más de 500.000 euros. El borrador de acuerdo preveía cuatro años de cárcel por cada uno de los dos delitos, él pagó de una multa del 40% y los intereses correspondientes. Con ese acuerdo, González Amador no entraba en prisión, ya que carece de antecedentes penales.

Filtración del expediente

Pero la filtración del expediente de Hacienda llevó al jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, el exsecretario de Estado de Comunicación del Gobierno de José María Aznar en 1996, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, a entablar una batalla política. González Amador le permitió filtrar a MAR un correo del primer fiscal del caso Julián Salto, en el que este respondía a Neira que era posible llegar a un acuerdo cuando el caso pasara a un juzgado de Madrid. A su vez se filtró a los medios el primer correo enviado por Neira al fiscal Salto en el que proponía las condiciones del pacto a la luz de las conversaciones que ambos habían mantenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en línea con la estrategia de MAR, desarrolló una defensa de su pareja, con el argumento de que en realidad era Hacienda quien le debía 600.000 euros a él, y que, en todo caso, el procedimiento era una simple multa. El centro de sus argumentos era que el Gobierno de Pedro Sánchez castigaba a González Amador porque era su pareja, que se trataba de una operación política.

Esa estrategia supuso hacer naufragar por razones de estrategia política un pacto sumamente beneficioso para González Amador. Ahora ha pasado de los ocho meses de prisión por los dos delitos a los tres años y nueve meses, si se incluye la pena de falsedad documental. Y, claro, ahora corre el riesgo serio, si es condenado, de entrar en prisión.

Pero, además, González Amador es investigado también por sus actividades de negocios con el grupo sanitario Quirón, uno de los principales en la Comunidad de Madrid.

Los negocios de González Amador parecen haber crecido al compás del aumento de la actividad de Quirón en contratos con la Comunidad de Madrid.

Una pieza separada en el juzgado 19 de Madrid investiga -ahora con la participación de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO)- los negocios de González Amador bajo la calificación de posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investigación busca verificar si la compra de un ático que González Amador compró encima de su piso en el madrileño barrio de Chamberí (en el que vive Díaz Ayuso) por 955.000 euros, podría proceder de las cuotas defraudadas a Hacienda, por un lado, o si las actividades de González Amador podría ser un delito subyacente de un blanqueo de capitales, figura que por el momento no forma parte de los delitos bajo sospecha.

La estrategia política de MAR le ha salido ya muy cara a González Amador y también a Díaz Ayuso, quien negó cualquier atisbo de delito fiscal en la actividad de su pareja desde que se filtró el expediente de Hacienda, en marzo de 2024.

Díaz Ayuso unió su destino al desarrollo de la causa contra su pareja Y el resultado provisional es el que es: González Amador tendrá que sentarse en el banquillo del juicio en los próximos meses.

No se puede excluir teóricamente que intente al comenzar la vista oral renovar el pacto de conformidad, pero la estrategia de su defensa jurídica condicionaba esa posibilidad al archivo de la pieza separada sobre tráfico de influencias y corrupción en los negocios que sigue su curso, ahora con intervención de la UCO por la complejidad detectada en las operaciones realizadas.

En cuanto a MAR y Ayuso siguen en su línea en la que niegan la realidad de los delitos fiscales y culpan al gobierno de Pedro Sánchez.

Hay dos delitos fiscales. Hay falsedad en las facturas para simular gastos ficticios.

Pero para Díaz Ayuso se trata de una multa, de una inspección fiscal “salvaje” todo ello provocado por el gobierno comunista, norcoreano y bolivariano de Pedro Sánchez en sus últimos y contados días…" 

(Ernesto Ekaizer , blog, 17/07/25) 

¿Se atreverá alguien a registrar la sede de Acciona y resto de constructoras? ¿Se atreverá alguien a prohibir concursar a las empresas que paguen mordidas? (Inurrieta)

inurrieta @inurrieta

Se atreverá alguien a registrar la sede de Acciona y resto de constructoras? Se atreverá alguien a prohibir concursar a las empresas que paguen mordidas?   

9:58 p. m. · 13 jun. 2025 7.849 Visualizaciones

Pati R @pati_roger

Ya existe la prohibición de participar en contratos públicos en la Ley de Contratos del Sector Público. Ante este evidente amaño de licitaciones la CNMC puede actuar de oficio, iniciar expediente sancionador y activar el mecanismo de prohibición de contratar.

12:02 p. m. · 14 jun. 2025 540 Visualizaciones

El denunciante de los contratos de Mazón con un amigo empresario: “La sed de poder y el dinero son sus pretensiones”... sospechamos cuando en la Diputación de Alicante se normalizó que desde el gabinete de Presidencia se dictasen los titulares a determinados medios de comunicación, también vimos como proliferaban pseudomedios que se nutrían de 'fake news' como contenido y de publicidad institucional de la Diputación como vía principal de financiación... Hay todo un entramado de relaciones personales: Carlos Mazón; su jefe de gabinete en la Diputación de Alicante, Santiago Lumbreras [actual alto cargo en la Presidencia de la Generalitat Valenciana], y el empresario Miguel Quintanilla son amigos íntimos... la empresa de Quintanilla utiliza el dinero público para beneficiar o perjudicar a los diarios en función de su línea editorial. Esta última situación solo puede darse debido a la gran sintonía entre los actores... Hay medios de comunicación que están excluidos de forma sistemática del reparto de publicidad institucional. En cambio, medios con mucha menos audiencia reciben dinero de la Diputación de Alicante de forma discriminada

 "Ximo Perles (Calp, 1990) es abogado y portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal después de que Perles denunciara, el pasado 25 de octubre, dos contratos millonarios adjudicados por la institución provincial a una UTE formada por un empresario del círculo de amistades de Carlos Mazón, presidente de la Diputación durante el anterior mandato.

En esta entrevista con elDiario.es, Perles desgrana las presuntas irregularidades detectadas por Compromís en el expediente de contratación así como la actual etapa en la Diputación presidida por Toni Pérez, alcalde popular de Benidorm

¿Por qué sospecharon en un principio de los contratos de publicidad adjudicados por la Diputación de Alicante?

En la Diputación de Alicante se normalizó que desde el gabinete de Presidencia se dictasen los titulares a determinados medios de comunicación, también vimos como proliferaban pseudomedios que se nutrían de 'fake news' como contenido y de publicidad institucional de la Diputación como vía principal de financiación.

En la Diputación de Alicante se normalizó que desde el gabinete de Presidencia se dictasen los titulares a determinados medios de comunicación

¿Qué relación mantiene Carlos Mazón con el empresario adjudicatario?

Hay todo un entramado de relaciones personales: Carlos Mazón; su jefe de gabinete en la Diputación de Alicante, Santiago Lumbreras [actual alto cargo en la Presidencia de la Generalitat Valenciana], y el empresario Miguel Quintanilla son amigos íntimos, tenían incluso una especie de grupo gastronómico en el que quedaban periódicamente y celebraron juntos la investidura de Mazón como presidente de la Generalitat. 

¿Considera que esta relación de amistad influye en las adjudicaciones que investiga Anticorrupción?

Naturalmente. Nosotros denunciamos un doble fraude. El primero es la maquinación en la contratación. El segundo es que la empresa de Quintanilla utiliza el dinero público para beneficiar o perjudicar a los diarios en función de su línea editorial. Esta última situación solo puede darse debido a la gran sintonía entre los actores. 

¿Qué presuntas irregularidades han detectado en el expediente de contratación?

En principio hemos detectado tres irregularidades. La primera es muy técnica y difícil de explicar; para simplificarlo diremos que hay deficiencias por lo que respecta a la determinación del presupuesto base de licitación. Se supone que el contrato se basa en las tarifas generales de los medios de comunicación, dando por sentado algo que no es así. Los medios de comunicación no tienen obligación de tener unas tarifas generales publicadas. De hecho, es habitual que las tarifas cambien en función de la temporada, se apliquen 'rapels' [descuentos] y demás. Por lo tanto, la primera premisa en la que se basan para determinar la oferta económica y el precio base de licitación no es cierta. 

La segunda, es que la UTE aportó como oferta económica un documento en el que aseguraba que había obtenido una serie de descuentos de los medios de comunicación. Tras investigarlo, resulta que hay medios que no ofrecieron los referidos descuentos, por lo que este documento es falso. 

Es como presentarse a un examen habiendo tenido antes las preguntas y las respuestas

Por último, en la licitación se exigía que la empresa realizase una simulación de una campaña publicitaria. Pues bien, en la última licitación se solicitó que simulasen la campaña de la Feria del Libro, exactamente el mismo ejercicio que se solicitó en la anterior licitación, de forma tal que la UTE que acabó siendo adjudicataria tenía previamente el ejercicio hecho y corregido. Para que la gente lo entienda: es como presentarse a un examen habiendo tenido antes las preguntas y las respuestas. 

¿Y en la ejecución del contrato?

La ejecución del contrato es un auténtico escándalo. Hay medios de comunicación que están excluidos de forma sistemática del reparto de publicidad institucional. En cambio, medios con mucha menos audiencia reciben dinero de la Diputación de Alicante de forma discriminada. 

Existe una ley que exige que el reparto de publicidad siga unos criterios objetivos. Hemos preguntado en varias ocasiones cuáles son los criterios objetivos que sigue la empresa para repartir la publicidad y nunca han sido capaces de respondernos. 

Ha vivido tanto la etapa de Mazón, cuando era asesor de Compromís, como la actual de Toni Pérez, en la que es portavoz. ¿Ve algún cambio en la línea del PP en la Diputación?

Lamentablemente no. Esperaba mucho más de Toni Pérez. Creo honestamente que es una persona mucho más capaz y conciliadora que Mazón, lo valoro, o valoraba, como una persona conservadora del siglo XXI capaz de gestionar. Muy distinto de mi consideración hacia Mazón, del que me da la impresión que sus pretensiones son exclusivamente la sed de poder y el dinero.

Pero la Diputación se ha convertido en una sucursal de la Generalitat, donde el impulso político brilla por su ausencia y da la impresión que Toni Pérez, junto con el resto de diputados del equipo de Gobierno, son meros figurantes de una función que se dirige desde València."

(Lucas Marco , eldiario.es, 01/02/25 )

Las contrataciones de Mazón: “Ni para los valencianos, ni para Gaza: para la Gürtel”... El presidente valenciano vuelve a contratar a dedo a empresarios vinculados con la trama Gürtel para la reconstrucción tras la DANA...

 "Con el telón de fondo de la reconstrucción de Valencia se han dado dos parámetros que continúan bajo la lupa política y mediática. Por un lado, la reciente polémica suscitada por el Partido Popular situando en una misma balanza la tragedia en Gaza con la DANA para cargar contra las ayudas estatales; por otro, las contrataciones que está realizando la Generalitat para este cometido recurriendo a empresarios y personalidades vinculadas a la trama Gürtel.

Es sobre este último apunte del que ha trascendido otro contrato más ‘a dedo’ por parte del Consell de Carlos Mazón. Según recoge este viernes El País, el PP valenciano ha adjudicado un contrato de 9,5 millones de euros a una constructora vinculada con un empresario que fue condenado por la Gürtel. Una adjudicación que se ha tramitado por la vía de urgencia, séase, sin concierto público, con la premisa de la reconstrucción de Valencia.

Se trata de CHM Obras e Infraestructuras S.A., vinculada a Rafael Martínez Berna, expresidente de la patronal de Alicante, la cual ha recibido la mencionada adjudicación de parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Con respecto a la relación del empresario con una de las tramas de corrupción más notables que rodean al PP, éste fue condenado en 2018 a un año y medio de cárcel por dos delitos electorales y otro de falsedad continuada por la financiación irregular del PP valenciano al haber emitido facturas falsas a una red corrupta. Trámite que se cometió cuando Francisco Camps estaba al frente de la Generalitat. Pese a la condena, Martínez Berna eludió entrar en prisión al lograr un acuerdo con la Fiscalía, por lo que terminó pagar una multa de 132.000 euros.

Ahora, el vínculo mercantil del empresario con la constructora a la que Mazón ha adjudicado este último contrato de casi diez millones, se remite a que Martínez Berna ya figuraba desde 2014 como consejero empresario de Grupo Vallalba SL, entidad que tiene en propiedad el 92% de CHM Obras e Infraestructuras. Además, éste mismo ejerció de presidente de esta última empresa entre 2007 y 2016.

El Gobierno de Mazón, pese a este escenario, ha encargado la tarea de reconstruir el barranco del Poyo a esta empresa. Sin embargo, esta entidad ya se le encargó previamente otras misiones, debido a que el pasado mes de noviembre ya recibió la licitación de 4,2 millones de parte de la misma Conselleria, además de otra en septiembre por parte de la Diputación de Valencia.

Mazón carga contra las ayudas del Gobierno a Gaza

El conocimiento de estas adjudicaciones también ha trascendido bajo el reciente marco de unas declaraciones de Mazón contra las ayudas estatales. El presidente valenciano dio este jueves “la enhorabuena” al pueblo palestino tras el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien anunció 24 millones de euros en ayudas directas tras el alto el fuego pactado entre Hamás e Israel.

En este sentido, Mazón se expresó así: “Me alego mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez”, sentenció, equiparando así ambas tragedias.

Y es que, al tiempo, y bajo la esfera de las redes sociales, las Nuevas Generaciones del PP también compartieron dos mensajes de la misma índole que han generado un nuevo frente de crispación política: “Gaza, municipio de la provincia de Valencia”. A esta, se suma otro mensaje en la misma red social: "Si pides la ayuda en árabe llega antes". 

Y es que la crítica sobre este respecto también ha venido de parte de otras formaciones. Más Madrid ha reaccionado este viernes a ambos aspectos: tanto las palabras de Mazón sobre Gaza como este último contrato vinculado a la Gürtel: “Ni para los valencianos, ni para Gaza: para la Gürtel”, han sentenciado en X -antigua Twitter-.

Lazos con el entorno de Zaplana y vínculos con ‘empresas Gürtel’

Desde que comenzaron las labores de gestión política para reconstruir Valencia tras la devastadora DANA del 29 de octubre, que dejó 224 fallecidos, las adjudicaciones del Consell de Mazón se han postulado en primera línea por sus relaciones directas con empresas de la Gürtel, así como el refuerzo de los lazos con el entorno de su antecesor, Eduardo Zaplana.

En esta hoja de ruta, además de figurar la ya mencionada CHM Obras e Infraestructuras SA, también aparecen la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que abonó 300.000 euros a la Caja B de Rita Barberá entre 2006 y 2007, recibió contratos que superan los 9,5 millones de euros."                 (Marta Alberca , El Plural, 17/01/25)

La Fiscalía pide investigar el posible “soborno” de la pareja de Ayuso a un directivo de Quirón... “La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado González Amador pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria”... Se da la circunstancia de que esa operación se produjo en 2020, poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes

 "Giro en la investigación al empresario Alberto González Amador. La Fiscalía presentó el pasado 10 de enero un escrito en el que apoya que la causa sume a los dos presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos otro de “corrupción en los negocios”. El Ministerio Público aprecia indicios del pago encubierto de una “comisión” de medio millón de euros por parte de González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año. El fiscal incluye en su escrito el término “soborno”.

“La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado González Amador pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria”, recoge el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. Alberto González Amador pagó medio millón de euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, su principal cliente en los últimos años, para adquirir una pyme que estaba a nombre de la esposa del ejecutivo y que no tenía empleados, ni casi activos, y que apenas facturaba 30.000 euros anuales, según desveló este periódico en marzo de 2024.

Se da la circunstancia de que esa operación se produjo en 2020, poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes. Las acusaciones populares pidieron a la jueza del caso que investigue si pagar un precio desmesurado por una empresa que no valía tal cantidad de dinero fue la forma que encontró González Amador para pagar su parte de la comisión de las mascarillas a Fernando Camino, el directivo de Quirón y consejero de Mape.

El informe del fiscal del pasado día 10 incluye otra novedad respecto a la postura de la Fiscalía y es la connivencia que apunta de Quirón en los hechos que deberían ser ahora investigados. Reprocha, por ejemplo, que la defensa del novio de Ayuso haya pretendido justificar la comisión de medio millón de euros con un “certificado de Emilio Conde, alto cargo de Quirón Prevención”. Recuerda el fiscal que “la acusación popular señala [a Conde] como partícipe en estos manejos, por lo que evidentemente no es una prueba de descargo creíble”.

Pero el fiscal va más allá al señalar la convivencia del gran adjudicatario de la sanidad madrileña con la pareja de la presidenta de la Comunidad. “Que Quirón Prevención va a confirmar todo lo que diga el investigado González Amador es algo que ya apreció la inspección tributaria, según expresamente observa la inspectora en su informe al folio 61 de las actuaciones. Sus razones tendrá para ello la mercantil”, recoge el fiscal.

González Amador pagó cerca de 500.000 euros por esa empresa a finales de 2020. La operación se llevó a cabo poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes.

En cuatro palabras encerradas entre dos guiones, la Fiscalía apunta por primera vez desde que arrancó el caso, y aunque sea de forma indirecta, posibles implicaciones políticas en los hechos. Lo hace al referirse a González Amador con un “es notorio quién es”, en alusión a su condición de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Aunque queda claro que el interés patrimonial de la mercantil Quirón Prevención no se ha visto menoscabado por el cobro de la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros, por ser el investigado González Amador –que es notorio quién es– quien la paga, el bien jurídico que está afectado es el orden socioeconómico. Esto es que los precios de mercado se formen mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos”, recoge el escrito fiscal.

La Fiscalía se pronuncia así después de que la jueza del caso le consultara sobre el recurso presentado por la defensa de González Amador a la decisión de la magistrada de abrir una pieza separada a propuesta de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Más Madrid. El actual fiscal del caso rechaza los planteamientos de González Amador: Hay indicios de la existencia del pago de la comisión y esto constituiría un delito adicional de “corrupción en los negocios”. También aprecia que de las diligencias que se practiquen podría derivarse el endurecimiento de la acusación por delito fiscal al descubrirse un tipo agravado del mismo, tal y como ya planteaba la jueza en su resolución.

La primera consecuencia de este escrito de la Fiscalía es que desaparece la posibilidad de cualquier pacto, como el que propuso González Amador para evitarse el ingreso en prisión a cambio de reconocer los dos delitos fiscales y el de falsifidación de documentos. La propia defensa del investigado esperaba a que la Audiencia Provincial se pronunciara, y en su caso rechazara, la ampliación de la investigación que habían propuesto las acusaciones populares antes de retomar las negociaciones. Ahora los jueces de la Audiencia Provincial deberar valorar también la postura que presenta la Fiscalía a favor de seguir adelante con esa pieza separada.

González Amador debe “someterse al imperio de la ley”

El fiscal concluye su escrito con una defensa de la solidez de la investigación a la pareja de Ayuso y en su diferencia con otras causas judiciales abiertas a partir de recortes de periódico. “En nuestro procedimiento la notitia criminis, como es sabido, no ha consistido en informaciones periodísticas más o menos contrastadas, sino en un procedimiento administrativo contradictorio llevado a cabo por la Agencia Tributaria”, dice.

“Los indicios de delito apreciados por la instructora –prosigue el fiscal– se observan de los documentos públicos y privados aportados en dicho procedimiento, y respecto a ellos el investigado recurrente no ha dado explicación alguna, realizando en su lugar consideraciones ajenas al núcleo de lo imputado en la pieza separada”.

El mensaje final incluye una advertencia contra la búsqueda de impunidad. “La pretensión del recurrente de archivar libremente la pieza separada sin siquiera comenzar la investigación no debe ser estimada, pues la decisión contraria sería muy lesiva para la confianza de la sociedad en la imparcialidad de la justicia y en el sometimiento de todos los ciudadanos al igual imperio de la ley”, añade el fiscal."                 ( Pedro Águeda , eldiario.es, 15/01/25)

La "reconstrucción" de Mazón... Los corruptos sueños húmedos del PP y el poder económico se cumplen en la Valencia de Mazón estilo Ayuso... el urbanismo para los especuladores y una cuerda de presos al asalto del dinero público. Mazón, a lo suyo, a sus negocios, y aprovechándolo todo, aunque tenga que ser sobre 222 muertos... Ahí van algunos nombres (Julià Álvaro Prat)

Julià Álvaro Prat @JuliaAlvaroPrat

Mientras las víctimas de la DANA, un mes después, siguen en el barro y la buena gente lamentándose, los “dueños del dinero” están, con Mazón de ariete, a lo suyo, a sus negocios, y aprovechándolo todo, aunque tenga que ser sobre 222 muertos. Este hilo lo aclara.

Los corruptos sueños húmedos del PP y el poder económico se cumplen en la Valencia de Mazón estilo Ayuso: la política convertida en campo de batalla militarizado; el urbanismo para los especuladores y una cuerda de presos al asalto del dinero público. Ahí van algunos nombres

 El presidente de Agricultores de la Vega, Ricardo Martínez Valls, reconoció, no recordaba por qué, haber donado 450.000 euros a la campaña 2007 de Rita Barberá que le pagaba 400 millones por recogida de basuras. Mazón le acaba de dar a dedo 10 millones de la “reconstrucción”.

 Enrique Gimeno, de FACSA, de Castellón, pactó con la fiscalía 21 meses de prisión por haber pagado al PP y falsificado facturas, también manipuló la contabilidad de su empresa para financiar a Carlos Fabra. Le han dado ya, de momento, 1’5 millones.

 Rafael Martínez Berna, de CHM, también fue condenado a 21 meses por financiar al PP en Gurtel, quebró la patronal alicantina y lo sancionó la CNMV por pactar precios. Mazón le ha dado, via urgencia, a CHM 2’8 millones de la “reconstrucción”

 FCC, exKoplovitz hoy Carlos Slim, amigo de Felipe González, está metido en pagos delictivos por partida doble. Financió al PP estatal vía Barcenas y 200.000 euros para la campaña electoral de Rita Barberá en 2007. De la “reconstrucción” ya lleva, a dedo, 7 millones y medio

 Becsa, de la familia Batalla de Castellón, que estuvo controlada por Roberto Centeno, yerno de Juan Roig de Mercadona, también tiene sentencias por delitos electorales y falsificación y por pagos a Carlos Fabra y Rita Barberá. Mazón le acaba de dar contratos por 6’2 millones

 La familia Quesada, que ocupa el puesto 220 entre los ricos de España, pagó a través de empresas pantalla 240.000 euros para la campaña de Rita Barberá, “caso Taula”. Su empresa, Pavasal, a dedo, y por vía de urgencia, acaba de recibir 6 millones

 La UCO está investigando en el marco del “caso Azud” a la empresa Ocide, de la familia Alfaro, por supuestos pagos de más de 200.000 euros al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, a cambio de 9 millones en contratos. De la “reconstrucción” acaban de sacar 15 millones

 Hasta aquí los delincuentes, sin citar los contratos que Mazón ha otorgado a empresas vinculadas a su jefe de Gabinete José Manuel Cuenca. De militares, llama la atención que se apueste más por la guerra que por la ciencia, y por generales “apolíticos”

(...)

 Y sobre especuladores, que con DANA y 220 muertos podían pensar que venían tiempos de prudencia, en absoluto. Por decreto, los ayuntamientos ya no pueden oponerse a las macroplantas energéticas en sus localidades y vuelven los hoteles a 200 metros del mar

 Por las zonas inundables tampoco hay que preocuparse. Como muestra, ahí está el ayuntamiento de Alicante del alcalde Barcala que sigue defendiendo y va a construir dos urbanizaciones de 500 viviendas en zonas de “alto riesgo” porque “los informes son favorables”.

5:24 p. m. · 29 nov. 2024 208,2 mil Visualizaciones

Mazón adjudica a dedo uno de los primeros contratos de emergencia a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete

"Uno de los primeros contratos de emergencia del Gobierno de Carlos Mazón tras la catastrófica DANA ha ido a parar a la empresa en la que su jefe de gabinete y secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, trabajó durante cinco años. La consellera Nuria Montes, conocida por sus inoportunas declaraciones sobre los familiares de las víctimas mortales de la DANA, ha firmado el encargo a dedo a la mercantil STV Gestión SL de uno de los cuatro lotes del contrato de emergencia para el servicio de limpieza de viales y accesos de polígonos industriales afectados por la catástrofe del pasado 29 de octubre. El importe del lote es de 290.000 euros.

José Manuel Cuenca fue responsable del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de STV Gestión SL entre noviembre de 2017 y enero de 2023, cuando se incorporó de asesor del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes y luego como alto cargo del Ejecutivo de Mazón, según indica su currículum oficial del portal de transparencia autonómico GVA Oberta.

Cuenca es una de las personas más cercanas al presidente Mazón en el 'politburó' de Presidencia. El secretario autonómico y jefe de gabinete del jefe del jefe del Consell no se ha separado de Carlos Mazón desde el día siguiente de la catastrófica DANA. En las horas clave del 29 de octubre, según publicó The Objective, Cuenca estaba fuera del Palau de la Generalitat para atender un asunto “particular” en Xàtiva, situada a 60 kilómetros de la capital valenciana.

La empresa STV Gestión SL, con numerosos contratos públicos en Murcia y, en menor medida, de la Diputación de Alicante, cuenta con unos activos de 76 millones de euros, según indican sus últimas cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2023, depositadas ante el Registro Mercantil.

El antiguo responsable de comunicación y de relaciones institucionales de la empresa, ejerce actualmente de mano derecha de Mazón en el Palau de la Generalitat. Durante toda la crisis de la DANA, Cuenca no se ha separado de su jefe, al igual que otros altos cargos de Presidencia que componen el núcleo duro del Ejecutivo valenciano, como Santiago Lumbreras (exjefe de gabinete de Mazón en la Diputación de Alicante) o Cayetano García Ramírez.

De José Manuel Cuenca depende toda la estrategia de comunicación de Carlos Mazón. El jefe de gabinete del president estuvo vinculado profesionalmente a la cadena Cope hasta 2017, año en que pasó a trabajar en STV Gestión SL. Tras un breve periodo de asesor del grupo parlamentario popular, entre febrero y julio de 2023, tras las últimas elecciones autonómicas, Cuenca aterrizó en el Palau de la Generalitat. El alto cargo mantiene una relación de amistad con Carlos Mazón hasta el punto de que ambos comparten casa en València. 

La “imprescindible y urgente” limpieza de polígonos

El contrato de emergencia, mediante una adjudicación negociada sin publicidad, justifica la licitación por la paralización de la actividad en los polígonos industriales de la comarca de l'Horta Sud tras el paso de la DANA, “por lo que es imprescindible y urgente la inmediata limpieza y liberación de obstáculos que impiden el acceso a las empresas y naves industriales”.

La adjudicación ha corrido a cargo del Instituto Valenciano de Competitividad e Inovación (Ivace), presidido por la consellera Nuria Montes. La titular de la cartera autonómica de Industria afirma en la documentación consultada por elDiario.es que los trabajos deben ser ejecutados por empresas “capaces de realizar los servicios de forma óptima y con la mayor rapidez y eficacia”. Así, entre las mercantiles que “han prestado su consentimiento en la prestación de los servicios” figura, para el segundo lote, STV Gestión SL.

“Cada día de retraso en el acceso a las instalaciones industriales supone cuantiosas pérdidas económicas”, indica la resolución que declarar y tramita de emergencia la contratación, firmada por Montes. STV Gestión SL ha obtenido el segundo lote, relativo a la limpieza de los viales y los accesos de los polígonos industriales de Albal, Beniparrell, Catarroja y Massanassa.

La resolución firmada por Nuria Montes advierte de que la distribución de los polígonos asignados a cada lote “podrá verse modificada de acuerdo con las indicaciones e instrucciones” del Ivace “al objeto de agilizar la finalización de las tareas lo antes posible”.

Aunque se calcula un plazo de ejecución de un mes, la consellera Montes también indica que el tiempo total “variará en función de la extensión y de la situación existente en cada polígono”, un periodo “imposible de determinar con exactitud”.

Es la única empresa adjudicataria de este contrato, que cuenta con un valor total de 1,1 millones que no está domiciliada en la provincia de València. El cuarto lote ha sido adjudicado, también por 290.400 euros, a Pavasal (constructora que, según la sentencia del 'caso Taula' sobre la caja B del PP de València, aportó un total de 240.000 euros a la campaña electoral de los populares en las elecciones municipales de 2007).

El primer lote ha sido adjudicado a GD Energy Services SAU (domiciliada en Paterna) y el tercero a Magma Tratamientos SLU, una empresa de demolición de Massalfassar.
Industria defiende que Cuenca “no ha tenido nada que ver”

Presidencia de la Generalitat Valenciana no ha contestado las preguntas de este diario.

La Conselleria de Industria, por su parte, asegura que el jefe de gabinete de Mazón “no ha tenido nada que ver” con la adjudicación.

Fuentes del departamento que dirige Nuria Montes afirman que el Ivace preguntó a empresas con “disponibilidad inmediata” de camiones y remarcan que también se ha adjudicado una asistencia técnica para la supervisión de la ejecución del servicio de limpieza de polígonos (por un valor total de 76.230 euros). La encargada de auditar los trabajos de STV Gestión será la empresa de ingeniería MS Ingenieros SLU."          (Lucas Marco / Sergi Pitarch , eldiario.es, 17/11/24)

Una casta de pelotas, incompetentes y tontos... La nefasta gestión de la Generalitat en la riada de Valencia demuestra el grado de mediocridad e incapacidad de algunos de nuestros políticos... Salomé Pradas llegó a reconocer que no sabía de la existencia del servicio de alerta telefónica masiva a la población... Es como si la directora de un hospital no supiera dónde están las ambulancias, como si un bombero no supiera dónde está la manguera... Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, sale de todo este sindiós como torpe y mentiroso mayor del Reino... se ha instalado en las instituciones una casta de inútiles y aprovechados, de oportunistas y emprendedores de lo suyo, de inservibles y desmañados o improductivos capaces de llevar a la ruina a todo un pueblo... Esa casta de la que hablamos entiende la política no como un servicio público, sino como un privilegio; no como un fin en sí mismo, sino como un medio, mayormente un medio perfecto para prosperar ellos, para ir para arriba, para reunir un patrimonio y un parné... Salomé Pradas es el típico ejemplo de fraude al sistema, al ciudadano que cree estar eligiendo a los mejores cuando en realidad no es así (José Antequera)

 "Salomé Pradas quedará como el gran símbolo de la nefasta gestión de la riada que deja cientos de muertos. La consellera de Interior de la Generalitat Valenciana está dando preocupantes muestras de incompetencia e inoperancia, como cuando, en un lapsus freudiano, tal como dice Gaspar Llamazares, llegó a reconocer que no sabía de la existencia del servicio de alerta telefónica masiva a la población. Tuvo que ser un subordinado quien, casi dándole un codazo, se lo recordara a las ocho de la tarde del 29 de octubre, cuando el agua corría a mares por media provincia. Es como si la directora de un hospital no supiera dónde están las ambulancias, como si un bombero no supiera dónde está la manguera, como si un general no supiera dónde están los aviones y tanques.

Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, sale tocado de todo este sindiós como torpe y mentiroso mayor del Reino (recordemos que ha rectificado varias veces su versión sobre dónde estuvo metido durante cinco horas mientras se le hundía el país). Pero, sin duda, será su mano derecha, su fatua consejera, quien pasará a la historia como metáfora perfecta del nivel de mediocridad, ineptitud y necedad alcanzado por cierta parte de nuestra clase política. Al poder deberían llegar, en teoría, los más listos y preparados, lo mejor y más granado de la sociedad. Sin embargo, ocurre exactamente todo lo contrario. De un tiempo a esta parte se ha instalado en las instituciones una casta de inútiles y aprovechados, de oportunistas y emprendedores de lo suyo, de inservibles y desmañados o improductivos capaces de llevar a la ruina a todo un pueblo.

Esta señora Pradas es fiel exponente de la desgracia o maldición que nos ha caído encima, de esa suerte de parasitismo que en otras épocas de la historia se castigó con convulsiones sociales cataclísmicas como la Revolución Francesa (ahí rodó la cabeza de alguna que otra sanguijuela), el destronamiento de los zares que terminó en el comunismo o el auge del fascismo nazi. Hay que tomarse muy en serio la llegada al poder del arribista, impostor, inane o jeta, ya que más pronto que tarde termina provocando grandes desastres y calamidades a sus paisanos.   

Esa casta de la que hablamos entiende la política no como un servicio público, sino como un privilegio; no como un fin en sí mismo, sino como un medio, mayormente un medio perfecto para prosperar ellos, para ir para arriba, para reunir un patrimonio y un parné. Es lo que habitualmente se conoce como el gran negocio de la política, que no deja de ser una estafa al votante y un abuso de la democracia.

Salomé Pradas es el típico ejemplo de fraude al sistema, al ciudadano que cree estar eligiendo a los mejores cuando en realidad no es así. Hablamos de una señora que viene del mundo de la abogacía, de modo que sabrá mucho de leyes y juicios, pero de Protección Civil, poquito. Ella misma, consciente de que es una picapleitos más que una experta en materia de seguridad y emergencias, se ha delatado al confesar que no tenía ni pajolera idea de lo que era el sistema de alertas telefónicas a la población. Al frente de ese cargo debería estar un especialista en rescates, un técnico en grandes catástrofes (a ser posible con titulación y experiencia), un bombero, un policía o incluso, si me apuran, un militar. Alguien que sepa lo que es un camión autobomba, un cubo, una pala y una alerta roja.

En todo caso, podría admitirse que el puesto en cuestión lo ocupe una abogada como ella, un empresario o un filólogo de lenguas muertas, pero lo menos que se le debe exigir es un mínimo de sentido común, que sepa dónde tiene la mano derecha, que sea honrado y que sepa rodearse del mejor equipo de profesionales, esos que pueden hacerse cargo de la situación en momentos de crisis. Ya no pedimos una lumbrera (que de eso no queda en política), ni un cum laude con veinte másteres en no sé qué o un nuevo Einstein revivido, solo alguien serio y responsable que sepa cuáles son sus virtudes y sus limitaciones, que se aparte a un rincón para no molestar, que delegue en el experto, que sepa escuchar y a ser posible que no toque ningún botón para no romper nada. Por supuesto, nadie le impide al político lego, profano o cuñado reciclarse haciendo cursillos acelerados o incluso de forma autodidacta, investigando por su cuenta y leyendo libros sobre la materia, pero eso ya no lo hace ninguno, puesto que exige un esfuerzo y una dedicación que quita tiempo para las reuniones con canapé, las presentaciones de propaganda, los viajes oficiales, las comilonas y el cóctel en el Casino o el club de golf. El problema es que la arrogancia y la soberbia suelen adornar al gobernante inútil y ese querer ponerse la gorra, el uniforme, la medallita o lo que sea, le pierde. La imagen de Mazón enfundado en un chaleco rojo fosforito de protección civil, como si fuese un mariscal de campo o un almirante de la VI Flota, lo dice todo como gran retrato de una época de posverdad, negacionismo, populismo demagógico y chapuza.

La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente, decía Francisco Ayala. Salomé Pradas, con ese aspecto de señora bien, parece más la protagonista de un culebrón turco sobre nuevos ricos que alguien que sabe remangarse y tomar el timón del barco cuando este está zozobrando. ¿Nadie vio venir que esta mujer no estaba para salvar al mundo? Probablemente sí. Pero el sistema podrido promociona al torpe precisamente porque todos miran para otro lado para no perder su mamandurria, porque decir la verdad o denunciar el favoritismo del inepto supone ser relegado y no poder medrar, o simplemente por miedo al amado líder, al gran jefe de la conjura de los necios. En los partidos modernos el silencio, como en la mafia, es ley, y todos callan como rabizas para seguir manteniendo sus cuotas de poder, sus sueldazos astronómicos, sus cochazos oficiales y su minuto de gloria en la tele amiga. El PP, como todos los partidos, termina colocando al más pelota y al más sumiso, al chico o chica para todo, al enchufado o paniaguado, en definitiva, al más dócil, aunque no sepa hacer la o con un canuto. Ya pusieron a un torero de Vox como vicepresidente del Gobierno regional y coordinador de todo y de aquellos polvos estos lodos. No sabemos en qué manos estamos. Dios nos coja confesados."

(José Antequera , Diario16+, 10/11/24)

Un clan napolitano en Madrid... El futuro de Pablo Casado se pintó de negro en el momento en el que denunció algo obvio, que es difícilmente justificable que en el momento de mayor dolor de los españoles el hermano de una presidenta se lucrara con la venta de mascarillas a su propia administración... El mismo modus operandi funcionó con los periodistas de este medio en cuanto publicaron que el novio de Ayuso estaba inmerso en un fraude fiscal con facturas falsas, empresas pantallas por sus negocios con Quirón y la venta de mascarillas... Ahora toca el Fiscal General del Estado con la complicidad de una serie de organizaciones y otros elementos dependientes de la familia, porque nada de esto hubiera ocurrido sin medios cómplices que publican bulos a consciencia solo por interés de la lideresa y colegios profesionales que salen raudos en auxilio de quien garantiza las condiciones para el buen funcionamiento de la empresa... No se ha acabado todo aquí, aún hay más...hay cosas que sabemos que aún no podemos contar y que les dejarían a ustedes con la confirmación de que lo que ocurre en Madrid no es política, se llama de otra manera, pero no política (Antonio Maestre)

 "Quien dice viviendas después de un terremoto dice mascarillas en medio de una pandemia. El 'shock' de la ciudadanía en pleno desastre siempre puede ayudar para hacer negocio. El hermano y el novio de la líder de la familia lo saben bien

Madrid cada día se parece más a Nápoles. Los elementos de la política madrileña que la hacen asimilables al funcionamiento de un clan napolitano están ahí para quien quiera verlos. Una tragedia y un shock popular del que aprovecharse, una familia que hace negocio, una líder cesarista y omnímoda que humilla a sus correligionarios y unos camorristas a su alrededor dedicados a hacer pagar cuentas a los que ponen en riesgo el negocio familiar. 

Las tragedias como elemento de instrumentalización para la conformación de empresas y negocios es algo propio de la construcción de grupos familiares de tinte mafioso. Son elementos coincidentes en la mafia y en la política. La pandemia fue el elemento fundacional del surgimiento de un modo de funcionar para la política madrileña de la familia ayusista del mismo modo que funcionó el terremoto de Irpinia en 1980 para la camorra napolitana. Indro Montanelli lo llamó el Irpiniagate porque la reconstrucción precisa después de la tragedia funcionó para la Camorra y los políticos adscritos a la mafia como el gran negocio con el que expoliar los recursos públicos que llegaban de Roma y de las administraciones locales y así poder consolidar el poder de los clanes de la camorra con grandes pelotazos urbanísticos. Una tragedia, cuando todo el mundo necesitaba viviendas, hacía más sencillo aparecer como salvadores a la vez que se enriquecían. Quien dice viviendas después de un terremoto dice mascarillas en medio de una pandemia. El shock de la ciudadanía en pleno desastre siempre puede ayudar para hacer negocio. El hermano y el novio de la líder de la familia lo saben bien. 

El elemento del absolutismo mesiánico con los propios está ahí en innumerables ejemplos y casos. Pero uno que pasó desapercibido, por lo banal y ridículo, dejó en evidencia que cualquier cosa que haga perturbar a la lideresa, por insignificante que sea, deber ser tratado con la mayor de las diligencias para que nada pueda hacerla torcer el gesto. Noelia Núñez bromeaba con un compañero de partido en redes sobre el hecho de que la hubieran secuestrado en su propio partido en los actos del 2 de mayo. La realidad sobre la broma es una muestra del régimen norcoreano que se vive en la Comunidad de Madrid donde el Gobierno de Ayuso funciona como una corte absolutista más que una presidencia autonómica. 

Noelia Núñez es uno de los pocos cargos de Génova que acudieron a los actos del día de la Comunidad de Madrid porque es la cuota que la lideresa puso en la dirección nacional y no tiene ningún complejo en sentirse humillada si es para dar gusto a quien la puso donde está. Una de las delfinas de Ayuso acudió con el mismo vestido que Isabel Díaz Ayuso a la conmemoración que para Madrid es como la Diada para Cataluña, un acto de emancipación histórica, un ejemplo de lo que la familia quiere para Madrid y conformar su propio mito, su pequeño acto imperiófilo privado en el que ser como una pequeña emperadora y perfomar absolutista. La corte de propagandistas acudió rauda a evitar el sofoco a la líder y “secuestraron” a Noelia Núñez para que no se la viera con el mismo vestido, como si fuera la novia de Madrid, y se la obligó a cambiarse. La propia Núñez justificaba la decisión diciendo que ese era el día de Ayuso y que tenía que ser la protagonista. No se molesta a quien proporciona el sustento. 

Los camorristas o camorristi son el elemento principal que hace poder subsistir los negocios de la familia. En los clanes napolitanos ya sabemos cómo operan y no es preciso desgranarlo, pero en el clan madrileño, aquellos que serían asimilables en la comparativa, operan de manera más sutil en la concreción fáctica pero con la misma operativa. Se trata de quitarse de en medio a quien pone en riesgo el modo de vivir y la empresa filial por lo que cualquiera que sea una amenaza para que el imperio continúe tiene que ser apartado del juego. El futuro de Pablo Casado se pintó de negro en el momento en el que denunció algo obvio, que es difícilmente justificable que en el momento de mayor dolor de los españoles el hermano de una presidenta se lucrara con la venta de mascarillas a su propia administración. El cometido para apartarle se le encomendó a quien mejor se maneja en lo más oscuro y en la falta de escrúpulos. Se comenzaron a filtrar informaciones dudosas, falsas o relatos interesados a los medios pagados por la familia para acabar de manera rápida y fulminante con quien ponía en riesgo el negocio. Fue rápido y nada indoloro, al menos para el que era líder del partido y no sabía que el clan madrileño es el que de verdad manda. Una inconsciencia que están cometiendo también desde fuera sus otros adversarios. 

El mismo modus operandi funcionó con los periodistas de este medio en cuanto publicaron que el novio de Ayuso estaba inmerso en un fraude fiscal con facturas falsas, empresas pantallas por sus negocios con Quirón y la venta de mascarillas. Os vamos a destruir, os vamos a cerrar, ya no volveréis a trabajar. Nos quedó claro, pero ahora no han logrado sacarnos del juego. Ahora toca el Fiscal General del Estado con la complicidad de una serie de organizaciones y otros elementos dependientes de la familia, porque nada de esto hubiera ocurrido sin medios cómplices que publican bulos a consciencia solo por interés de la lideresa y colegios profesionales que salen raudos en auxilio de quien garantiza las condiciones para el buen funcionamiento de la empresa. No se ha acabado todo aquí, aún hay más. La política madrileña y la camorra napolitana se parecen más de lo que nos gustaría creer. Porque hay cosas que sabemos que aún no podemos contar y que les dejarían a ustedes con la confirmación de que lo que ocurre en Madrid no es política, se llama de otra manera, pero no política."                     (Antonio Maestre, eldiario.es, 19/10/24)