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24.7.25

Ernesto Ekaizer: La estrategia política de Ayuso le resulta cara a su pareja, de 8 meses de prisión con pacto a la petición ahora de 3 años y nueve meses... Esa estrategia supuso hacer naufragar por razones de estrategia política un pacto sumamente beneficioso para González Amador... y también a Díaz Ayuso, que unió su destino al desarrollo de la causa contra su pareja, pero MAR y Ayuso siguen en su línea en la que niegan la realidad de los delitos fiscales y culpan al gobierno de Pedro Sánchez

 "La Fiscalía de Madrid pide tres años y nueve meses de cárcel para el presunto comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su escrito de acusación en el que solicita la apertura de juicio oral, el fiscal a González Amador imputa dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con falsedad documental.

La petición de pena (dos años y un día por uno de los delitos y un año y nueve meses por el otro) se atenúa gracias a la apreciación de la circunstancia de reparación del daño.

González Amador depositó los 300.000 euros que no pagó a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021.

Su plan era, según la Agencia Tributaria, eludir el delito fiscal con dicha regularización ilegal.

El abogado Carlos Neira, exalto cargo de Hacienda, asesoró a González Amador. Al conocer el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) según el cual calificó que la crisis sanitaria de la Covid-19, a partir de 2020, "supuso una oportunidad de negocio" para una de sus compañías, Maxwell Cremona SL, e hizo un examen exhaustivo de sus operaciones, Neira aconsejó negociar un pacto de conformidad y de esa manera evitar el juicio en la Audiencia de Madrid.

González Amador ganó 1,9 millones de euros por intermediar en la venta de mascarillas durante la pandemia del coronavirus .Pero en los ejercicios 2020 y 2021, según los inspectores de Hacienda, su empresa Maxwell Cremona dejó de ingresar cuotas por valor de 350.951 euros.

Neira comunicó a la Fiscalía de Madrid el 2 de febrero de 2024 que González Amador, estaba en disposición de aceptar los dos delitos fiscales y pagar algo más de 500.000 euros. El borrador de acuerdo preveía cuatro años de cárcel por cada uno de los dos delitos, él pagó de una multa del 40% y los intereses correspondientes. Con ese acuerdo, González Amador no entraba en prisión, ya que carece de antecedentes penales.

Filtración del expediente

Pero la filtración del expediente de Hacienda llevó al jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, el exsecretario de Estado de Comunicación del Gobierno de José María Aznar en 1996, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, a entablar una batalla política. González Amador le permitió filtrar a MAR un correo del primer fiscal del caso Julián Salto, en el que este respondía a Neira que era posible llegar a un acuerdo cuando el caso pasara a un juzgado de Madrid. A su vez se filtró a los medios el primer correo enviado por Neira al fiscal Salto en el que proponía las condiciones del pacto a la luz de las conversaciones que ambos habían mantenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en línea con la estrategia de MAR, desarrolló una defensa de su pareja, con el argumento de que en realidad era Hacienda quien le debía 600.000 euros a él, y que, en todo caso, el procedimiento era una simple multa. El centro de sus argumentos era que el Gobierno de Pedro Sánchez castigaba a González Amador porque era su pareja, que se trataba de una operación política.

Esa estrategia supuso hacer naufragar por razones de estrategia política un pacto sumamente beneficioso para González Amador. Ahora ha pasado de los ocho meses de prisión por los dos delitos a los tres años y nueve meses, si se incluye la pena de falsedad documental. Y, claro, ahora corre el riesgo serio, si es condenado, de entrar en prisión.

Pero, además, González Amador es investigado también por sus actividades de negocios con el grupo sanitario Quirón, uno de los principales en la Comunidad de Madrid.

Los negocios de González Amador parecen haber crecido al compás del aumento de la actividad de Quirón en contratos con la Comunidad de Madrid.

Una pieza separada en el juzgado 19 de Madrid investiga -ahora con la participación de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO)- los negocios de González Amador bajo la calificación de posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investigación busca verificar si la compra de un ático que González Amador compró encima de su piso en el madrileño barrio de Chamberí (en el que vive Díaz Ayuso) por 955.000 euros, podría proceder de las cuotas defraudadas a Hacienda, por un lado, o si las actividades de González Amador podría ser un delito subyacente de un blanqueo de capitales, figura que por el momento no forma parte de los delitos bajo sospecha.

La estrategia política de MAR le ha salido ya muy cara a González Amador y también a Díaz Ayuso, quien negó cualquier atisbo de delito fiscal en la actividad de su pareja desde que se filtró el expediente de Hacienda, en marzo de 2024.

Díaz Ayuso unió su destino al desarrollo de la causa contra su pareja Y el resultado provisional es el que es: González Amador tendrá que sentarse en el banquillo del juicio en los próximos meses.

No se puede excluir teóricamente que intente al comenzar la vista oral renovar el pacto de conformidad, pero la estrategia de su defensa jurídica condicionaba esa posibilidad al archivo de la pieza separada sobre tráfico de influencias y corrupción en los negocios que sigue su curso, ahora con intervención de la UCO por la complejidad detectada en las operaciones realizadas.

En cuanto a MAR y Ayuso siguen en su línea en la que niegan la realidad de los delitos fiscales y culpan al gobierno de Pedro Sánchez.

Hay dos delitos fiscales. Hay falsedad en las facturas para simular gastos ficticios.

Pero para Díaz Ayuso se trata de una multa, de una inspección fiscal “salvaje” todo ello provocado por el gobierno comunista, norcoreano y bolivariano de Pedro Sánchez en sus últimos y contados días…" 

(Ernesto Ekaizer , blog, 17/07/25) 

12.7.25

¿Se atreverá alguien a registrar la sede de Acciona y resto de constructoras? ¿Se atreverá alguien a prohibir concursar a las empresas que paguen mordidas? (Inurrieta)

inurrieta @inurrieta

Se atreverá alguien a registrar la sede de Acciona y resto de constructoras? Se atreverá alguien a prohibir concursar a las empresas que paguen mordidas?   

9:58 p. m. · 13 jun. 2025 7.849 Visualizaciones

Pati R @pati_roger

Ya existe la prohibición de participar en contratos públicos en la Ley de Contratos del Sector Público. Ante este evidente amaño de licitaciones la CNMC puede actuar de oficio, iniciar expediente sancionador y activar el mecanismo de prohibición de contratar.

12:02 p. m. · 14 jun. 2025 540 Visualizaciones

2.2.25

El denunciante de los contratos de Mazón con un amigo empresario: “La sed de poder y el dinero son sus pretensiones”... sospechamos cuando en la Diputación de Alicante se normalizó que desde el gabinete de Presidencia se dictasen los titulares a determinados medios de comunicación, también vimos como proliferaban pseudomedios que se nutrían de 'fake news' como contenido y de publicidad institucional de la Diputación como vía principal de financiación... Hay todo un entramado de relaciones personales: Carlos Mazón; su jefe de gabinete en la Diputación de Alicante, Santiago Lumbreras [actual alto cargo en la Presidencia de la Generalitat Valenciana], y el empresario Miguel Quintanilla son amigos íntimos... la empresa de Quintanilla utiliza el dinero público para beneficiar o perjudicar a los diarios en función de su línea editorial. Esta última situación solo puede darse debido a la gran sintonía entre los actores... Hay medios de comunicación que están excluidos de forma sistemática del reparto de publicidad institucional. En cambio, medios con mucha menos audiencia reciben dinero de la Diputación de Alicante de forma discriminada

 "Ximo Perles (Calp, 1990) es abogado y portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal después de que Perles denunciara, el pasado 25 de octubre, dos contratos millonarios adjudicados por la institución provincial a una UTE formada por un empresario del círculo de amistades de Carlos Mazón, presidente de la Diputación durante el anterior mandato.

En esta entrevista con elDiario.es, Perles desgrana las presuntas irregularidades detectadas por Compromís en el expediente de contratación así como la actual etapa en la Diputación presidida por Toni Pérez, alcalde popular de Benidorm

¿Por qué sospecharon en un principio de los contratos de publicidad adjudicados por la Diputación de Alicante?

En la Diputación de Alicante se normalizó que desde el gabinete de Presidencia se dictasen los titulares a determinados medios de comunicación, también vimos como proliferaban pseudomedios que se nutrían de 'fake news' como contenido y de publicidad institucional de la Diputación como vía principal de financiación.

En la Diputación de Alicante se normalizó que desde el gabinete de Presidencia se dictasen los titulares a determinados medios de comunicación

¿Qué relación mantiene Carlos Mazón con el empresario adjudicatario?

Hay todo un entramado de relaciones personales: Carlos Mazón; su jefe de gabinete en la Diputación de Alicante, Santiago Lumbreras [actual alto cargo en la Presidencia de la Generalitat Valenciana], y el empresario Miguel Quintanilla son amigos íntimos, tenían incluso una especie de grupo gastronómico en el que quedaban periódicamente y celebraron juntos la investidura de Mazón como presidente de la Generalitat. 

¿Considera que esta relación de amistad influye en las adjudicaciones que investiga Anticorrupción?

Naturalmente. Nosotros denunciamos un doble fraude. El primero es la maquinación en la contratación. El segundo es que la empresa de Quintanilla utiliza el dinero público para beneficiar o perjudicar a los diarios en función de su línea editorial. Esta última situación solo puede darse debido a la gran sintonía entre los actores. 

¿Qué presuntas irregularidades han detectado en el expediente de contratación?

En principio hemos detectado tres irregularidades. La primera es muy técnica y difícil de explicar; para simplificarlo diremos que hay deficiencias por lo que respecta a la determinación del presupuesto base de licitación. Se supone que el contrato se basa en las tarifas generales de los medios de comunicación, dando por sentado algo que no es así. Los medios de comunicación no tienen obligación de tener unas tarifas generales publicadas. De hecho, es habitual que las tarifas cambien en función de la temporada, se apliquen 'rapels' [descuentos] y demás. Por lo tanto, la primera premisa en la que se basan para determinar la oferta económica y el precio base de licitación no es cierta. 

La segunda, es que la UTE aportó como oferta económica un documento en el que aseguraba que había obtenido una serie de descuentos de los medios de comunicación. Tras investigarlo, resulta que hay medios que no ofrecieron los referidos descuentos, por lo que este documento es falso. 

Es como presentarse a un examen habiendo tenido antes las preguntas y las respuestas

Por último, en la licitación se exigía que la empresa realizase una simulación de una campaña publicitaria. Pues bien, en la última licitación se solicitó que simulasen la campaña de la Feria del Libro, exactamente el mismo ejercicio que se solicitó en la anterior licitación, de forma tal que la UTE que acabó siendo adjudicataria tenía previamente el ejercicio hecho y corregido. Para que la gente lo entienda: es como presentarse a un examen habiendo tenido antes las preguntas y las respuestas. 

¿Y en la ejecución del contrato?

La ejecución del contrato es un auténtico escándalo. Hay medios de comunicación que están excluidos de forma sistemática del reparto de publicidad institucional. En cambio, medios con mucha menos audiencia reciben dinero de la Diputación de Alicante de forma discriminada. 

Existe una ley que exige que el reparto de publicidad siga unos criterios objetivos. Hemos preguntado en varias ocasiones cuáles son los criterios objetivos que sigue la empresa para repartir la publicidad y nunca han sido capaces de respondernos. 

Ha vivido tanto la etapa de Mazón, cuando era asesor de Compromís, como la actual de Toni Pérez, en la que es portavoz. ¿Ve algún cambio en la línea del PP en la Diputación?

Lamentablemente no. Esperaba mucho más de Toni Pérez. Creo honestamente que es una persona mucho más capaz y conciliadora que Mazón, lo valoro, o valoraba, como una persona conservadora del siglo XXI capaz de gestionar. Muy distinto de mi consideración hacia Mazón, del que me da la impresión que sus pretensiones son exclusivamente la sed de poder y el dinero.

Pero la Diputación se ha convertido en una sucursal de la Generalitat, donde el impulso político brilla por su ausencia y da la impresión que Toni Pérez, junto con el resto de diputados del equipo de Gobierno, son meros figurantes de una función que se dirige desde València."

(Lucas Marco , eldiario.es, 01/02/25 )

17.1.25

Las contrataciones de Mazón: “Ni para los valencianos, ni para Gaza: para la Gürtel”... El presidente valenciano vuelve a contratar a dedo a empresarios vinculados con la trama Gürtel para la reconstrucción tras la DANA...

 "Con el telón de fondo de la reconstrucción de Valencia se han dado dos parámetros que continúan bajo la lupa política y mediática. Por un lado, la reciente polémica suscitada por el Partido Popular situando en una misma balanza la tragedia en Gaza con la DANA para cargar contra las ayudas estatales; por otro, las contrataciones que está realizando la Generalitat para este cometido recurriendo a empresarios y personalidades vinculadas a la trama Gürtel.

Es sobre este último apunte del que ha trascendido otro contrato más ‘a dedo’ por parte del Consell de Carlos Mazón. Según recoge este viernes El País, el PP valenciano ha adjudicado un contrato de 9,5 millones de euros a una constructora vinculada con un empresario que fue condenado por la Gürtel. Una adjudicación que se ha tramitado por la vía de urgencia, séase, sin concierto público, con la premisa de la reconstrucción de Valencia.

Se trata de CHM Obras e Infraestructuras S.A., vinculada a Rafael Martínez Berna, expresidente de la patronal de Alicante, la cual ha recibido la mencionada adjudicación de parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Con respecto a la relación del empresario con una de las tramas de corrupción más notables que rodean al PP, éste fue condenado en 2018 a un año y medio de cárcel por dos delitos electorales y otro de falsedad continuada por la financiación irregular del PP valenciano al haber emitido facturas falsas a una red corrupta. Trámite que se cometió cuando Francisco Camps estaba al frente de la Generalitat. Pese a la condena, Martínez Berna eludió entrar en prisión al lograr un acuerdo con la Fiscalía, por lo que terminó pagar una multa de 132.000 euros.

Ahora, el vínculo mercantil del empresario con la constructora a la que Mazón ha adjudicado este último contrato de casi diez millones, se remite a que Martínez Berna ya figuraba desde 2014 como consejero empresario de Grupo Vallalba SL, entidad que tiene en propiedad el 92% de CHM Obras e Infraestructuras. Además, éste mismo ejerció de presidente de esta última empresa entre 2007 y 2016.

El Gobierno de Mazón, pese a este escenario, ha encargado la tarea de reconstruir el barranco del Poyo a esta empresa. Sin embargo, esta entidad ya se le encargó previamente otras misiones, debido a que el pasado mes de noviembre ya recibió la licitación de 4,2 millones de parte de la misma Conselleria, además de otra en septiembre por parte de la Diputación de Valencia.

Mazón carga contra las ayudas del Gobierno a Gaza

El conocimiento de estas adjudicaciones también ha trascendido bajo el reciente marco de unas declaraciones de Mazón contra las ayudas estatales. El presidente valenciano dio este jueves “la enhorabuena” al pueblo palestino tras el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien anunció 24 millones de euros en ayudas directas tras el alto el fuego pactado entre Hamás e Israel.

En este sentido, Mazón se expresó así: “Me alego mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez”, sentenció, equiparando así ambas tragedias.

Y es que, al tiempo, y bajo la esfera de las redes sociales, las Nuevas Generaciones del PP también compartieron dos mensajes de la misma índole que han generado un nuevo frente de crispación política: “Gaza, municipio de la provincia de Valencia”. A esta, se suma otro mensaje en la misma red social: "Si pides la ayuda en árabe llega antes". 

Y es que la crítica sobre este respecto también ha venido de parte de otras formaciones. Más Madrid ha reaccionado este viernes a ambos aspectos: tanto las palabras de Mazón sobre Gaza como este último contrato vinculado a la Gürtel: “Ni para los valencianos, ni para Gaza: para la Gürtel”, han sentenciado en X -antigua Twitter-.

Lazos con el entorno de Zaplana y vínculos con ‘empresas Gürtel’

Desde que comenzaron las labores de gestión política para reconstruir Valencia tras la devastadora DANA del 29 de octubre, que dejó 224 fallecidos, las adjudicaciones del Consell de Mazón se han postulado en primera línea por sus relaciones directas con empresas de la Gürtel, así como el refuerzo de los lazos con el entorno de su antecesor, Eduardo Zaplana.

En esta hoja de ruta, además de figurar la ya mencionada CHM Obras e Infraestructuras SA, también aparecen la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que abonó 300.000 euros a la Caja B de Rita Barberá entre 2006 y 2007, recibió contratos que superan los 9,5 millones de euros."                 ( , El Plural, 17/01/25)

15.1.25

La Fiscalía pide investigar el posible “soborno” de la pareja de Ayuso a un directivo de Quirón... “La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado González Amador pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria”... Se da la circunstancia de que esa operación se produjo en 2020, poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes

 "Giro en la investigación al empresario Alberto González Amador. La Fiscalía presentó el pasado 10 de enero un escrito en el que apoya que la causa sume a los dos presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos otro de “corrupción en los negocios”. El Ministerio Público aprecia indicios del pago encubierto de una “comisión” de medio millón de euros por parte de González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año. El fiscal incluye en su escrito el término “soborno”.

“La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado González Amador pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria”, recoge el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. Alberto González Amador pagó medio millón de euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, su principal cliente en los últimos años, para adquirir una pyme que estaba a nombre de la esposa del ejecutivo y que no tenía empleados, ni casi activos, y que apenas facturaba 30.000 euros anuales, según desveló este periódico en marzo de 2024.

Se da la circunstancia de que esa operación se produjo en 2020, poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes. Las acusaciones populares pidieron a la jueza del caso que investigue si pagar un precio desmesurado por una empresa que no valía tal cantidad de dinero fue la forma que encontró González Amador para pagar su parte de la comisión de las mascarillas a Fernando Camino, el directivo de Quirón y consejero de Mape.

El informe del fiscal del pasado día 10 incluye otra novedad respecto a la postura de la Fiscalía y es la connivencia que apunta de Quirón en los hechos que deberían ser ahora investigados. Reprocha, por ejemplo, que la defensa del novio de Ayuso haya pretendido justificar la comisión de medio millón de euros con un “certificado de Emilio Conde, alto cargo de Quirón Prevención”. Recuerda el fiscal que “la acusación popular señala [a Conde] como partícipe en estos manejos, por lo que evidentemente no es una prueba de descargo creíble”.

Pero el fiscal va más allá al señalar la convivencia del gran adjudicatario de la sanidad madrileña con la pareja de la presidenta de la Comunidad. “Que Quirón Prevención va a confirmar todo lo que diga el investigado González Amador es algo que ya apreció la inspección tributaria, según expresamente observa la inspectora en su informe al folio 61 de las actuaciones. Sus razones tendrá para ello la mercantil”, recoge el fiscal.

González Amador pagó cerca de 500.000 euros por esa empresa a finales de 2020. La operación se llevó a cabo poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes.

En cuatro palabras encerradas entre dos guiones, la Fiscalía apunta por primera vez desde que arrancó el caso, y aunque sea de forma indirecta, posibles implicaciones políticas en los hechos. Lo hace al referirse a González Amador con un “es notorio quién es”, en alusión a su condición de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Aunque queda claro que el interés patrimonial de la mercantil Quirón Prevención no se ha visto menoscabado por el cobro de la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros, por ser el investigado González Amador –que es notorio quién es– quien la paga, el bien jurídico que está afectado es el orden socioeconómico. Esto es que los precios de mercado se formen mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos”, recoge el escrito fiscal.

La Fiscalía se pronuncia así después de que la jueza del caso le consultara sobre el recurso presentado por la defensa de González Amador a la decisión de la magistrada de abrir una pieza separada a propuesta de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Más Madrid. El actual fiscal del caso rechaza los planteamientos de González Amador: Hay indicios de la existencia del pago de la comisión y esto constituiría un delito adicional de “corrupción en los negocios”. También aprecia que de las diligencias que se practiquen podría derivarse el endurecimiento de la acusación por delito fiscal al descubrirse un tipo agravado del mismo, tal y como ya planteaba la jueza en su resolución.

La primera consecuencia de este escrito de la Fiscalía es que desaparece la posibilidad de cualquier pacto, como el que propuso González Amador para evitarse el ingreso en prisión a cambio de reconocer los dos delitos fiscales y el de falsifidación de documentos. La propia defensa del investigado esperaba a que la Audiencia Provincial se pronunciara, y en su caso rechazara, la ampliación de la investigación que habían propuesto las acusaciones populares antes de retomar las negociaciones. Ahora los jueces de la Audiencia Provincial deberar valorar también la postura que presenta la Fiscalía a favor de seguir adelante con esa pieza separada.

González Amador debe “someterse al imperio de la ley”

El fiscal concluye su escrito con una defensa de la solidez de la investigación a la pareja de Ayuso y en su diferencia con otras causas judiciales abiertas a partir de recortes de periódico. “En nuestro procedimiento la notitia criminis, como es sabido, no ha consistido en informaciones periodísticas más o menos contrastadas, sino en un procedimiento administrativo contradictorio llevado a cabo por la Agencia Tributaria”, dice.

“Los indicios de delito apreciados por la instructora –prosigue el fiscal– se observan de los documentos públicos y privados aportados en dicho procedimiento, y respecto a ellos el investigado recurrente no ha dado explicación alguna, realizando en su lugar consideraciones ajenas al núcleo de lo imputado en la pieza separada”.

El mensaje final incluye una advertencia contra la búsqueda de impunidad. “La pretensión del recurrente de archivar libremente la pieza separada sin siquiera comenzar la investigación no debe ser estimada, pues la decisión contraria sería muy lesiva para la confianza de la sociedad en la imparcialidad de la justicia y en el sometimiento de todos los ciudadanos al igual imperio de la ley”, añade el fiscal."                 ( Pedro Águeda , eldiario.es, 15/01/25)

4.12.24

La "reconstrucción" de Mazón... Los corruptos sueños húmedos del PP y el poder económico se cumplen en la Valencia de Mazón estilo Ayuso... el urbanismo para los especuladores y una cuerda de presos al asalto del dinero público. Mazón, a lo suyo, a sus negocios, y aprovechándolo todo, aunque tenga que ser sobre 222 muertos... Ahí van algunos nombres (Julià Álvaro Prat)

Julià Álvaro Prat @JuliaAlvaroPrat

Mientras las víctimas de la DANA, un mes después, siguen en el barro y la buena gente lamentándose, los “dueños del dinero” están, con Mazón de ariete, a lo suyo, a sus negocios, y aprovechándolo todo, aunque tenga que ser sobre 222 muertos. Este hilo lo aclara.

Los corruptos sueños húmedos del PP y el poder económico se cumplen en la Valencia de Mazón estilo Ayuso: la política convertida en campo de batalla militarizado; el urbanismo para los especuladores y una cuerda de presos al asalto del dinero público. Ahí van algunos nombres

 El presidente de Agricultores de la Vega, Ricardo Martínez Valls, reconoció, no recordaba por qué, haber donado 450.000 euros a la campaña 2007 de Rita Barberá que le pagaba 400 millones por recogida de basuras. Mazón le acaba de dar a dedo 10 millones de la “reconstrucción”.

 Enrique Gimeno, de FACSA, de Castellón, pactó con la fiscalía 21 meses de prisión por haber pagado al PP y falsificado facturas, también manipuló la contabilidad de su empresa para financiar a Carlos Fabra. Le han dado ya, de momento, 1’5 millones.

 Rafael Martínez Berna, de CHM, también fue condenado a 21 meses por financiar al PP en Gurtel, quebró la patronal alicantina y lo sancionó la CNMV por pactar precios. Mazón le ha dado, via urgencia, a CHM 2’8 millones de la “reconstrucción”

 FCC, exKoplovitz hoy Carlos Slim, amigo de Felipe González, está metido en pagos delictivos por partida doble. Financió al PP estatal vía Barcenas y 200.000 euros para la campaña electoral de Rita Barberá en 2007. De la “reconstrucción” ya lleva, a dedo, 7 millones y medio

 Becsa, de la familia Batalla de Castellón, que estuvo controlada por Roberto Centeno, yerno de Juan Roig de Mercadona, también tiene sentencias por delitos electorales y falsificación y por pagos a Carlos Fabra y Rita Barberá. Mazón le acaba de dar contratos por 6’2 millones

 La familia Quesada, que ocupa el puesto 220 entre los ricos de España, pagó a través de empresas pantalla 240.000 euros para la campaña de Rita Barberá, “caso Taula”. Su empresa, Pavasal, a dedo, y por vía de urgencia, acaba de recibir 6 millones

 La UCO está investigando en el marco del “caso Azud” a la empresa Ocide, de la familia Alfaro, por supuestos pagos de más de 200.000 euros al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, a cambio de 9 millones en contratos. De la “reconstrucción” acaban de sacar 15 millones

 Hasta aquí los delincuentes, sin citar los contratos que Mazón ha otorgado a empresas vinculadas a su jefe de Gabinete José Manuel Cuenca. De militares, llama la atención que se apueste más por la guerra que por la ciencia, y por generales “apolíticos”

(...)

 Y sobre especuladores, que con DANA y 220 muertos podían pensar que venían tiempos de prudencia, en absoluto. Por decreto, los ayuntamientos ya no pueden oponerse a las macroplantas energéticas en sus localidades y vuelven los hoteles a 200 metros del mar

 Por las zonas inundables tampoco hay que preocuparse. Como muestra, ahí está el ayuntamiento de Alicante del alcalde Barcala que sigue defendiendo y va a construir dos urbanizaciones de 500 viviendas en zonas de “alto riesgo” porque “los informes son favorables”.

5:24 p. m. · 29 nov. 2024 208,2 mil Visualizaciones

20.11.24

Mazón adjudica a dedo uno de los primeros contratos de emergencia a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete

"Uno de los primeros contratos de emergencia del Gobierno de Carlos Mazón tras la catastrófica DANA ha ido a parar a la empresa en la que su jefe de gabinete y secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, trabajó durante cinco años. La consellera Nuria Montes, conocida por sus inoportunas declaraciones sobre los familiares de las víctimas mortales de la DANA, ha firmado el encargo a dedo a la mercantil STV Gestión SL de uno de los cuatro lotes del contrato de emergencia para el servicio de limpieza de viales y accesos de polígonos industriales afectados por la catástrofe del pasado 29 de octubre. El importe del lote es de 290.000 euros.

José Manuel Cuenca fue responsable del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de STV Gestión SL entre noviembre de 2017 y enero de 2023, cuando se incorporó de asesor del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes y luego como alto cargo del Ejecutivo de Mazón, según indica su currículum oficial del portal de transparencia autonómico GVA Oberta.

Cuenca es una de las personas más cercanas al presidente Mazón en el 'politburó' de Presidencia. El secretario autonómico y jefe de gabinete del jefe del jefe del Consell no se ha separado de Carlos Mazón desde el día siguiente de la catastrófica DANA. En las horas clave del 29 de octubre, según publicó The Objective, Cuenca estaba fuera del Palau de la Generalitat para atender un asunto “particular” en Xàtiva, situada a 60 kilómetros de la capital valenciana.

La empresa STV Gestión SL, con numerosos contratos públicos en Murcia y, en menor medida, de la Diputación de Alicante, cuenta con unos activos de 76 millones de euros, según indican sus últimas cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2023, depositadas ante el Registro Mercantil.

El antiguo responsable de comunicación y de relaciones institucionales de la empresa, ejerce actualmente de mano derecha de Mazón en el Palau de la Generalitat. Durante toda la crisis de la DANA, Cuenca no se ha separado de su jefe, al igual que otros altos cargos de Presidencia que componen el núcleo duro del Ejecutivo valenciano, como Santiago Lumbreras (exjefe de gabinete de Mazón en la Diputación de Alicante) o Cayetano García Ramírez.

De José Manuel Cuenca depende toda la estrategia de comunicación de Carlos Mazón. El jefe de gabinete del president estuvo vinculado profesionalmente a la cadena Cope hasta 2017, año en que pasó a trabajar en STV Gestión SL. Tras un breve periodo de asesor del grupo parlamentario popular, entre febrero y julio de 2023, tras las últimas elecciones autonómicas, Cuenca aterrizó en el Palau de la Generalitat. El alto cargo mantiene una relación de amistad con Carlos Mazón hasta el punto de que ambos comparten casa en València. 

La “imprescindible y urgente” limpieza de polígonos

El contrato de emergencia, mediante una adjudicación negociada sin publicidad, justifica la licitación por la paralización de la actividad en los polígonos industriales de la comarca de l'Horta Sud tras el paso de la DANA, “por lo que es imprescindible y urgente la inmediata limpieza y liberación de obstáculos que impiden el acceso a las empresas y naves industriales”.

La adjudicación ha corrido a cargo del Instituto Valenciano de Competitividad e Inovación (Ivace), presidido por la consellera Nuria Montes. La titular de la cartera autonómica de Industria afirma en la documentación consultada por elDiario.es que los trabajos deben ser ejecutados por empresas “capaces de realizar los servicios de forma óptima y con la mayor rapidez y eficacia”. Así, entre las mercantiles que “han prestado su consentimiento en la prestación de los servicios” figura, para el segundo lote, STV Gestión SL.

“Cada día de retraso en el acceso a las instalaciones industriales supone cuantiosas pérdidas económicas”, indica la resolución que declarar y tramita de emergencia la contratación, firmada por Montes. STV Gestión SL ha obtenido el segundo lote, relativo a la limpieza de los viales y los accesos de los polígonos industriales de Albal, Beniparrell, Catarroja y Massanassa.

La resolución firmada por Nuria Montes advierte de que la distribución de los polígonos asignados a cada lote “podrá verse modificada de acuerdo con las indicaciones e instrucciones” del Ivace “al objeto de agilizar la finalización de las tareas lo antes posible”.

Aunque se calcula un plazo de ejecución de un mes, la consellera Montes también indica que el tiempo total “variará en función de la extensión y de la situación existente en cada polígono”, un periodo “imposible de determinar con exactitud”.

Es la única empresa adjudicataria de este contrato, que cuenta con un valor total de 1,1 millones que no está domiciliada en la provincia de València. El cuarto lote ha sido adjudicado, también por 290.400 euros, a Pavasal (constructora que, según la sentencia del 'caso Taula' sobre la caja B del PP de València, aportó un total de 240.000 euros a la campaña electoral de los populares en las elecciones municipales de 2007).

El primer lote ha sido adjudicado a GD Energy Services SAU (domiciliada en Paterna) y el tercero a Magma Tratamientos SLU, una empresa de demolición de Massalfassar.
Industria defiende que Cuenca “no ha tenido nada que ver”

Presidencia de la Generalitat Valenciana no ha contestado las preguntas de este diario.

La Conselleria de Industria, por su parte, asegura que el jefe de gabinete de Mazón “no ha tenido nada que ver” con la adjudicación.

Fuentes del departamento que dirige Nuria Montes afirman que el Ivace preguntó a empresas con “disponibilidad inmediata” de camiones y remarcan que también se ha adjudicado una asistencia técnica para la supervisión de la ejecución del servicio de limpieza de polígonos (por un valor total de 76.230 euros). La encargada de auditar los trabajos de STV Gestión será la empresa de ingeniería MS Ingenieros SLU."          (Lucas Marco / Sergi Pitarch , eldiario.es, 17/11/24)

10.11.24

Una casta de pelotas, incompetentes y tontos... La nefasta gestión de la Generalitat en la riada de Valencia demuestra el grado de mediocridad e incapacidad de algunos de nuestros políticos... Salomé Pradas llegó a reconocer que no sabía de la existencia del servicio de alerta telefónica masiva a la población... Es como si la directora de un hospital no supiera dónde están las ambulancias, como si un bombero no supiera dónde está la manguera... Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, sale de todo este sindiós como torpe y mentiroso mayor del Reino... se ha instalado en las instituciones una casta de inútiles y aprovechados, de oportunistas y emprendedores de lo suyo, de inservibles y desmañados o improductivos capaces de llevar a la ruina a todo un pueblo... Esa casta de la que hablamos entiende la política no como un servicio público, sino como un privilegio; no como un fin en sí mismo, sino como un medio, mayormente un medio perfecto para prosperar ellos, para ir para arriba, para reunir un patrimonio y un parné... Salomé Pradas es el típico ejemplo de fraude al sistema, al ciudadano que cree estar eligiendo a los mejores cuando en realidad no es así (José Antequera)

 "Salomé Pradas quedará como el gran símbolo de la nefasta gestión de la riada que deja cientos de muertos. La consellera de Interior de la Generalitat Valenciana está dando preocupantes muestras de incompetencia e inoperancia, como cuando, en un lapsus freudiano, tal como dice Gaspar Llamazares, llegó a reconocer que no sabía de la existencia del servicio de alerta telefónica masiva a la población. Tuvo que ser un subordinado quien, casi dándole un codazo, se lo recordara a las ocho de la tarde del 29 de octubre, cuando el agua corría a mares por media provincia. Es como si la directora de un hospital no supiera dónde están las ambulancias, como si un bombero no supiera dónde está la manguera, como si un general no supiera dónde están los aviones y tanques.

Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, sale tocado de todo este sindiós como torpe y mentiroso mayor del Reino (recordemos que ha rectificado varias veces su versión sobre dónde estuvo metido durante cinco horas mientras se le hundía el país). Pero, sin duda, será su mano derecha, su fatua consejera, quien pasará a la historia como metáfora perfecta del nivel de mediocridad, ineptitud y necedad alcanzado por cierta parte de nuestra clase política. Al poder deberían llegar, en teoría, los más listos y preparados, lo mejor y más granado de la sociedad. Sin embargo, ocurre exactamente todo lo contrario. De un tiempo a esta parte se ha instalado en las instituciones una casta de inútiles y aprovechados, de oportunistas y emprendedores de lo suyo, de inservibles y desmañados o improductivos capaces de llevar a la ruina a todo un pueblo.

Esta señora Pradas es fiel exponente de la desgracia o maldición que nos ha caído encima, de esa suerte de parasitismo que en otras épocas de la historia se castigó con convulsiones sociales cataclísmicas como la Revolución Francesa (ahí rodó la cabeza de alguna que otra sanguijuela), el destronamiento de los zares que terminó en el comunismo o el auge del fascismo nazi. Hay que tomarse muy en serio la llegada al poder del arribista, impostor, inane o jeta, ya que más pronto que tarde termina provocando grandes desastres y calamidades a sus paisanos.   

Esa casta de la que hablamos entiende la política no como un servicio público, sino como un privilegio; no como un fin en sí mismo, sino como un medio, mayormente un medio perfecto para prosperar ellos, para ir para arriba, para reunir un patrimonio y un parné. Es lo que habitualmente se conoce como el gran negocio de la política, que no deja de ser una estafa al votante y un abuso de la democracia.

Salomé Pradas es el típico ejemplo de fraude al sistema, al ciudadano que cree estar eligiendo a los mejores cuando en realidad no es así. Hablamos de una señora que viene del mundo de la abogacía, de modo que sabrá mucho de leyes y juicios, pero de Protección Civil, poquito. Ella misma, consciente de que es una picapleitos más que una experta en materia de seguridad y emergencias, se ha delatado al confesar que no tenía ni pajolera idea de lo que era el sistema de alertas telefónicas a la población. Al frente de ese cargo debería estar un especialista en rescates, un técnico en grandes catástrofes (a ser posible con titulación y experiencia), un bombero, un policía o incluso, si me apuran, un militar. Alguien que sepa lo que es un camión autobomba, un cubo, una pala y una alerta roja.

En todo caso, podría admitirse que el puesto en cuestión lo ocupe una abogada como ella, un empresario o un filólogo de lenguas muertas, pero lo menos que se le debe exigir es un mínimo de sentido común, que sepa dónde tiene la mano derecha, que sea honrado y que sepa rodearse del mejor equipo de profesionales, esos que pueden hacerse cargo de la situación en momentos de crisis. Ya no pedimos una lumbrera (que de eso no queda en política), ni un cum laude con veinte másteres en no sé qué o un nuevo Einstein revivido, solo alguien serio y responsable que sepa cuáles son sus virtudes y sus limitaciones, que se aparte a un rincón para no molestar, que delegue en el experto, que sepa escuchar y a ser posible que no toque ningún botón para no romper nada. Por supuesto, nadie le impide al político lego, profano o cuñado reciclarse haciendo cursillos acelerados o incluso de forma autodidacta, investigando por su cuenta y leyendo libros sobre la materia, pero eso ya no lo hace ninguno, puesto que exige un esfuerzo y una dedicación que quita tiempo para las reuniones con canapé, las presentaciones de propaganda, los viajes oficiales, las comilonas y el cóctel en el Casino o el club de golf. El problema es que la arrogancia y la soberbia suelen adornar al gobernante inútil y ese querer ponerse la gorra, el uniforme, la medallita o lo que sea, le pierde. La imagen de Mazón enfundado en un chaleco rojo fosforito de protección civil, como si fuese un mariscal de campo o un almirante de la VI Flota, lo dice todo como gran retrato de una época de posverdad, negacionismo, populismo demagógico y chapuza.

La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente, decía Francisco Ayala. Salomé Pradas, con ese aspecto de señora bien, parece más la protagonista de un culebrón turco sobre nuevos ricos que alguien que sabe remangarse y tomar el timón del barco cuando este está zozobrando. ¿Nadie vio venir que esta mujer no estaba para salvar al mundo? Probablemente sí. Pero el sistema podrido promociona al torpe precisamente porque todos miran para otro lado para no perder su mamandurria, porque decir la verdad o denunciar el favoritismo del inepto supone ser relegado y no poder medrar, o simplemente por miedo al amado líder, al gran jefe de la conjura de los necios. En los partidos modernos el silencio, como en la mafia, es ley, y todos callan como rabizas para seguir manteniendo sus cuotas de poder, sus sueldazos astronómicos, sus cochazos oficiales y su minuto de gloria en la tele amiga. El PP, como todos los partidos, termina colocando al más pelota y al más sumiso, al chico o chica para todo, al enchufado o paniaguado, en definitiva, al más dócil, aunque no sepa hacer la o con un canuto. Ya pusieron a un torero de Vox como vicepresidente del Gobierno regional y coordinador de todo y de aquellos polvos estos lodos. No sabemos en qué manos estamos. Dios nos coja confesados."

( , Diario16+, 10/11/24)

20.10.24

Un clan napolitano en Madrid... El futuro de Pablo Casado se pintó de negro en el momento en el que denunció algo obvio, que es difícilmente justificable que en el momento de mayor dolor de los españoles el hermano de una presidenta se lucrara con la venta de mascarillas a su propia administración... El mismo modus operandi funcionó con los periodistas de este medio en cuanto publicaron que el novio de Ayuso estaba inmerso en un fraude fiscal con facturas falsas, empresas pantallas por sus negocios con Quirón y la venta de mascarillas... Ahora toca el Fiscal General del Estado con la complicidad de una serie de organizaciones y otros elementos dependientes de la familia, porque nada de esto hubiera ocurrido sin medios cómplices que publican bulos a consciencia solo por interés de la lideresa y colegios profesionales que salen raudos en auxilio de quien garantiza las condiciones para el buen funcionamiento de la empresa... No se ha acabado todo aquí, aún hay más...hay cosas que sabemos que aún no podemos contar y que les dejarían a ustedes con la confirmación de que lo que ocurre en Madrid no es política, se llama de otra manera, pero no política (Antonio Maestre)

 "Quien dice viviendas después de un terremoto dice mascarillas en medio de una pandemia. El 'shock' de la ciudadanía en pleno desastre siempre puede ayudar para hacer negocio. El hermano y el novio de la líder de la familia lo saben bien

Madrid cada día se parece más a Nápoles. Los elementos de la política madrileña que la hacen asimilables al funcionamiento de un clan napolitano están ahí para quien quiera verlos. Una tragedia y un shock popular del que aprovecharse, una familia que hace negocio, una líder cesarista y omnímoda que humilla a sus correligionarios y unos camorristas a su alrededor dedicados a hacer pagar cuentas a los que ponen en riesgo el negocio familiar. 

Las tragedias como elemento de instrumentalización para la conformación de empresas y negocios es algo propio de la construcción de grupos familiares de tinte mafioso. Son elementos coincidentes en la mafia y en la política. La pandemia fue el elemento fundacional del surgimiento de un modo de funcionar para la política madrileña de la familia ayusista del mismo modo que funcionó el terremoto de Irpinia en 1980 para la camorra napolitana. Indro Montanelli lo llamó el Irpiniagate porque la reconstrucción precisa después de la tragedia funcionó para la Camorra y los políticos adscritos a la mafia como el gran negocio con el que expoliar los recursos públicos que llegaban de Roma y de las administraciones locales y así poder consolidar el poder de los clanes de la camorra con grandes pelotazos urbanísticos. Una tragedia, cuando todo el mundo necesitaba viviendas, hacía más sencillo aparecer como salvadores a la vez que se enriquecían. Quien dice viviendas después de un terremoto dice mascarillas en medio de una pandemia. El shock de la ciudadanía en pleno desastre siempre puede ayudar para hacer negocio. El hermano y el novio de la líder de la familia lo saben bien. 

El elemento del absolutismo mesiánico con los propios está ahí en innumerables ejemplos y casos. Pero uno que pasó desapercibido, por lo banal y ridículo, dejó en evidencia que cualquier cosa que haga perturbar a la lideresa, por insignificante que sea, deber ser tratado con la mayor de las diligencias para que nada pueda hacerla torcer el gesto. Noelia Núñez bromeaba con un compañero de partido en redes sobre el hecho de que la hubieran secuestrado en su propio partido en los actos del 2 de mayo. La realidad sobre la broma es una muestra del régimen norcoreano que se vive en la Comunidad de Madrid donde el Gobierno de Ayuso funciona como una corte absolutista más que una presidencia autonómica. 

Noelia Núñez es uno de los pocos cargos de Génova que acudieron a los actos del día de la Comunidad de Madrid porque es la cuota que la lideresa puso en la dirección nacional y no tiene ningún complejo en sentirse humillada si es para dar gusto a quien la puso donde está. Una de las delfinas de Ayuso acudió con el mismo vestido que Isabel Díaz Ayuso a la conmemoración que para Madrid es como la Diada para Cataluña, un acto de emancipación histórica, un ejemplo de lo que la familia quiere para Madrid y conformar su propio mito, su pequeño acto imperiófilo privado en el que ser como una pequeña emperadora y perfomar absolutista. La corte de propagandistas acudió rauda a evitar el sofoco a la líder y “secuestraron” a Noelia Núñez para que no se la viera con el mismo vestido, como si fuera la novia de Madrid, y se la obligó a cambiarse. La propia Núñez justificaba la decisión diciendo que ese era el día de Ayuso y que tenía que ser la protagonista. No se molesta a quien proporciona el sustento. 

Los camorristas o camorristi son el elemento principal que hace poder subsistir los negocios de la familia. En los clanes napolitanos ya sabemos cómo operan y no es preciso desgranarlo, pero en el clan madrileño, aquellos que serían asimilables en la comparativa, operan de manera más sutil en la concreción fáctica pero con la misma operativa. Se trata de quitarse de en medio a quien pone en riesgo el modo de vivir y la empresa filial por lo que cualquiera que sea una amenaza para que el imperio continúe tiene que ser apartado del juego. El futuro de Pablo Casado se pintó de negro en el momento en el que denunció algo obvio, que es difícilmente justificable que en el momento de mayor dolor de los españoles el hermano de una presidenta se lucrara con la venta de mascarillas a su propia administración. El cometido para apartarle se le encomendó a quien mejor se maneja en lo más oscuro y en la falta de escrúpulos. Se comenzaron a filtrar informaciones dudosas, falsas o relatos interesados a los medios pagados por la familia para acabar de manera rápida y fulminante con quien ponía en riesgo el negocio. Fue rápido y nada indoloro, al menos para el que era líder del partido y no sabía que el clan madrileño es el que de verdad manda. Una inconsciencia que están cometiendo también desde fuera sus otros adversarios. 

El mismo modus operandi funcionó con los periodistas de este medio en cuanto publicaron que el novio de Ayuso estaba inmerso en un fraude fiscal con facturas falsas, empresas pantallas por sus negocios con Quirón y la venta de mascarillas. Os vamos a destruir, os vamos a cerrar, ya no volveréis a trabajar. Nos quedó claro, pero ahora no han logrado sacarnos del juego. Ahora toca el Fiscal General del Estado con la complicidad de una serie de organizaciones y otros elementos dependientes de la familia, porque nada de esto hubiera ocurrido sin medios cómplices que publican bulos a consciencia solo por interés de la lideresa y colegios profesionales que salen raudos en auxilio de quien garantiza las condiciones para el buen funcionamiento de la empresa. No se ha acabado todo aquí, aún hay más. La política madrileña y la camorra napolitana se parecen más de lo que nos gustaría creer. Porque hay cosas que sabemos que aún no podemos contar y que les dejarían a ustedes con la confirmación de que lo que ocurre en Madrid no es política, se llama de otra manera, pero no política."                     (Antonio Maestre, eldiario.es, 19/10/24)

4.3.24

El pinchazo telefónico que salpica al PP en el ‘caso Koldo’... el diálogo lo mantuvieron Koldo García y el empresario Juan Carlos Cueto, para hablar de la reclamación de tres millones de euros que el Gobierno balear había iniciado contra la empresa, por la mala calidad de las mascarillas suministradas... Koldo le informa de que le acaban de llamar y que han quedado con Miguel Tellado, el cual ya habría dicho que ya han hablado con la Administración de las Islas Baleares, siendo su contacto la presidenta balear, la popular Marga Prohens, que "es de la línea de Pablo Casado, ¿vale? Pero que ya está hecho”... Koldo afirma que ‘el recado está dado’, que le había dicho a su interlocutor “lo que tenían que hacer”... al parecer, al día siguiente, Koldo García “va a tomar un café con ‘ellos’, se entiende que con Miguel Tellado y Alberto, los cuales le van a decir la fecha en que les reciben... Cueto recalca que Koldo le ha asegurado que “la Administración balear no tiene intención de continuar con la reclamación”

 "El pinchazo telefónico que salpica al PP en el ‘caso Koldo’: “Es de la línea de Pablo Casado ¿vale? Pero que ya está hecho”.

 Un informe de la Guardia Civil incluye la conversación de Koldo García en la que presume de haber concertado un encuentro con el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado

 Un informe de la Guardia Civil del 4 de enero reproduce la conversación telefónica que salpica al PP y, en concreto, a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en el caso Koldo, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en la compra de material sanitario en el peor momento de la pandemia. El documento policial recoge el diálogo, intervenido por orden judicial, que mantuvieron el 2 de diciembre anterior dos de los principales implicados en la trama, Koldo García, antiguo asesor del ministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, y el empresario Juan Carlos Cueto, cuando ambos ya sabían desde unos días antes que había una investigación policial sobre la trama.

En la conversación, el primero asegura haber recibido una llamada instantes antes para quedar al día siguiente con Tellado para hablar de la reclamación de tres millones de euros que el Gobierno balear había iniciado contra la empresa Soluciones de Gestión, mercantil epicentro del escándalo, por la mala calidad de las mascarillas suministradas. Koldo García afirma que en esa supuesta conversación le había dicho a su interlocutor “lo que tenían que hacer”, y añade: “Ella [supuestamente en referencia a la presidenta balear, la popular Marga Prohens] es de la línea de Pablo Casado, ¿vale? Pero que ya está hecho”. Tellado negó “rotundamente” el jueves haber mantenido ninguna reunión con Koldo García o haber recibido una llamada para hacerlo. “Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama”, afirmó.

 

La Guardia Civil considera que este diálogo y otros intervenidos “reafirman la influencia que estaría ejerciendo Koldo” para que la reclamación millonaria del Gobierno balear “no prosperara” y, por tanto, favorecer a la trama. Por ello, detallan en el documento que la conversación se produce después de que Cueto hubiera llamado al exasesor de Ábalos de manera insistente el día anterior sin éxito. Finalmente, lo consigue el 2 de diciembre a las 9.35. El documento policial reproduce de manera literal la parte del diálogo que considera de interés para las pesquisas.

Koldo García: Vi ayer noche cuando llegué a casa las llamadas en el otro.

Juan Carlos Cueto: (asiente).

K. G.: Pero es que no lo llevaba encima. Entonces.

J. C. C.: Vale.

K. G.: Te pido disculpas.

J. C. C.: (asiente).

K. G.: Vamos a ver. Me acaban de llamar ¿vale?

J. C. C.: (asiente).

K. G.: Porque quería asegurarme de las cosas. Hemos quedado mañana con Miguel, ¿vale? Con Miguel Tellado.

J. C. C.: (asiente).

K. G.: Ya ha dicho lo que tenían que hacer, hablando con él. Ella es de la línea de Pablo Casado, ¿vale? Pero que ya está hecho. O sea, vamos a esperar que me diga cuándo os tiene que ver. Yo sé que ellos tienen tiempo de responder. El recado está dado, ¿vale?

J. C. C.: (asiente).

K. G.: O sea, que si os va a ver es simplemente por cumplimentar o porque bueno, por quedar bien o por quedar bien con nosotros que le estamos pidiendo la reunión a través de Alberto y de Miguel, ¿vale?

J. C. C.: (asiente).

K. G.: Pero el mensaje está dado, ¿vale? Oye esto hay que suavizarlo. Esto no puede acabar en... en una guerra abierta, ¿vale? Y bueno, sabemos que no hay un recorrido que le beneficie a la comunidad, ¿vale?

J. C. C.: (asiente)

K. G.: A la comunidad autónoma. Entonces, ¿qué es? ¿Simplemente espectáculo? ¿Podemos dejarlo fuera? O sea, eso ya está transmitido. Y me han dicho que sí que va por muy buen camino, ¿vale?

J. C. C.: Vale.

K. G.: Entonces... ahora mismo acabo de estar hablando porque desde las siete de la mañana porque yo mañana me voy a Chile.

J. C. C.: (asiente).

K. G.: Entonces antes de irme a Chile voy a tomar café con ellos y demás y me van a decir la fecha en que os reciben. Pero ya me ha dicho [que] se pone ―hombre, yo creo que esto no va a pasar de aquí― se va a quedar. Es verdad que querían abrir un frente pues pa quedar bien y qué bonito y qué bien lo hacemos que cada vez que vemos algo malo que hayan hecho los rojos pues lo sacamos y que vamos a por ellos a muerte, ¿no?

J. C. C.: (asiente).

K. G.: Pero bueno, en este caso si se puede quedar en terceros (fonético) pues ya está.

J. C. C.: Vale.

K. G.: Aunque es verdad que lo inició el procedimiento los nuestros. Eso sí que es cierto.

J. C. C.: Pero lo que pasa es que es una mierda de procedimiento.

K. G.: Pero si es que… bueno yo lo he comentado, ¿vale?

J. C. C.: (asiente).

K. G.: Yo lo he comentado con... con el ex ministerio [sic] donde yo trabajaba antes. Digo oye, ¿esto? Me dice, hombre, esto, recorrido, lo mismo que tú dijiste, recorrido jurídico no tiene ninguno. O sea, ninguno pero ninguno.

J. C. C.: Ya.

K. G.: Y esto estoy hablando abogados del Estado.

J. C. C.: Vale. Perfecto, entonces mañana tú te vas, ¿cuándo vuelves?

K. G.: Vuelvo el jueves. Mañana me voy a la tarde, a las 9.

J. C. C.: Vale. […]

Los autores del informe de la Guardia Civil concluyen: “Del análisis de esta conversación puede colegirse que Koldo le informa de que le acaban de llamar y que han quedado (se entiende que Koldo con más personas a las que no identifica) con Miguel Tellado, el cual ya habría dicho que ya han hablado con la Administración de las Islas Baleares, siendo su contacto ‘de la línea de Pablo Casado’. Koldo afirma que ‘el recado está dado’ y que se ha solicitado la reunión a través de Miguel (se entiende que Miguel Tellado) y Alberto (no especifica)”. El documento policial añade que, al parecer, al día siguiente, es decir, el 3 de diciembre, Koldo García supuestamente “va a tomar un café con ‘ellos’, se entiende que con Miguel Tellado y Alberto, los cuales le van a decir la fecha en que les reciben, se deduce que a Cueto y representantes legales de Soluciones de Gestión”, explica la Guardia Civil.

 En este punto, los agentes señalan que el “Tellado al que hace referencia el exasesor de Ábalos es Miguel Tellado Filgueira, actual diputado por A Coruña por el Partido Popular”. El documento policial continúa analizando el contenido de la conversación y, en concreto, la referencia de Koldo García al “ex ministerio” en el que había trabajado y las consultas que había hecho en el mismo para saber si la reclamación que el Gobierno de Baleares está haciendo por la deficiente calidad de las mascarillas puede prosperar.

La Guardia Civil destaca que dos días más tarde de esta conversación, el 4 de diciembre, Cueto telefonea a otro de los presuntos implicados en la trama, el también empresario Íñigo Rotaechea, apoderado de Soluciones de Gestión, para comentarle su conversación con Koldo García en el que este le había informado de que a corto plazo les confirmarían una fecha para una supuesta reunión de ambos con algún representante del Gobierno de Baleares.

 Cueto recalca a su interlocutor que el exasesor también le ha asegurado que “la Administración balear no tiene intención de continuar con la reclamación”.

 Ante el escepticismo de Rotaechea, Cueto afirma: […] “Íñigo, a ver escúchame, no opines lo que tú creas... te dije que en principio esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino... él y su ex jefe [supuestamente Ábalos]... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio”. Los autores del documento policial añaden respecto a la supuesta participación del exministro de Transportes, que no era la primera vez que este “ha tenido conocimiento de una cuestión relativa a los contratos investigados”."          (Óscar López-Fonseca , J. J. Gálvez , Reyes Rincón , El País, 01/03/24)

 

 "El 'bumerán Koldo‘: el PP pasa de acusar sin pruebas a tener que defenderse de acusaciones sin pruebas.

El caso Koldo, en el que el Partido Popular cree haber hallado el atajo definitivo para llevar a Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa, ha convertido la política española en un lodazal. Primero fue el PP, señalando sin pruebas a varios ministros y exministros, a la presidenta del Congreso y al presidente del Gobierno. Este jueves se unió el PSOE tratando de relacionar a la trama con el portavoz del principal partido de la oposición, Miguel Tellado, y con el propio Feijóo, a partir de una mención de uno de los imputados recogida por la Guardia Civil en el sumario de la investigación.

El PP, convencido de que puede ser el principal beneficiario de esta espiral de ruido, contraatacó dando por buena una información del diario El Confidencial que intenta relacionar a la esposa de Sánchez con uno de los miembros de la trama. Y lo hizo a sabiendas de que la noticia no relata ningún delito. Ni siquiera una práctica sospechosa. El contacto del que habla el periódico es anterior a la pandemia y se produjo en el marco de un congreso público y a la vista de todos. La misma noticia desmiente que hubiese tráfico alguno de influencias porque, en las últimas líneas, queda claro que quienes intentaron ganarse la influencia de la mujer del presidente no consiguieron su objetivo.

Este toma y daca tiene muy escaso respaldo probatorio. Las gravísimas acusaciones que el PP está dirigiendo contra Sánchez y sus ministros se sostienen, según han admitido tanto Feijóo como su secretaria general, Cuca Gamarra, exclusivamente sobre informaciones periodísticas. “Del sumario lo que conocemos es a través de ustedes, lo que ustedes van publicando, porque son habilidosos periodistas, que consiguen informaciones y que las trasladan”, se limitó a decir con una sonrisa en los labios Gamarra en el Congreso cuando le preguntaron por sus fuentes.

“Con Miguel Tellado y con Alberto”

Esta vez el PP también se ha visto salpicado, de forma inesperada, por un informe de la Guardia Civil que atribuye a Koldo García haber asegurado en diciembre tener concertada una cita con Miguel Tellado y con “Alberto” para intentar que les ayudaran a conseguir que el Govern balear, ya en manos del PP, dejase de reclamar a la empresa que supuestamente le pagaba comisiones el dinero recibido de esta comunidad a cambio de unas mascarillas defectuosas.

Que hace el principal investigado, Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos cuando el que fuera número dos de Pedro Sánchez era ministro de Transportes. Sin pruebas de que hubiese contactos directos con Tellado o con Feijóo que poco después desmintieron tajantemente los dos interesados. Como tampoco las hay, al menos por el momento, de que ninguno de los miembros del Gobierno que el PP está acusando tuviesen nada que ver ni se hubiesen beneficiado de la trama.

Según el juez que investiga el caso, el 2 de diciembre de 2023 Koldo informó al presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto, de que había quedado “con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente” en relación con el contencioso que tenían con el Govern balear. Según el sumario, en otras dos llamadas, los días 7 y 14, Koldo informó a Cueto de que todo iba “por buen camino” y de que “el asunto del expediente de Baleares estaba más que hecho”.

Las escuchas telefónicas muestran a Koldo García diciéndole a Cueto: “He quedado a las 10:15 en Génova, ¿vale?”. Cueto le da credibilidad. De hecho, en una conversación posterior con otra persona, dice sobre Koldo: “Iba a estar con ellos en la sede del partido y tal”. De ambas frases, los investigadores concluyen lo obvio: “Koldo pudiera estar refiriéndose a la sede del Partido Popular”.

Coartada a la vista de todos

Tellado lo negó inmediatamente. “No hemos mantenido ninguna relación personal con el señor Koldo García. No me he reunido nunca con ningún miembro de la trama”. A su favor tiene que ese día, a esa hora, asistía a uno de los plenos del Congreso que se celebró en el Senado. Igual que Feijóo. A la vista de todo el mundo.

A pesar de ello, y de que el propio auto judicial refleja que la Guardia Civil no pudo contrastar que tal reunión llegara nunca a celebrarse, al PSOE le faltó tiempo para exigir explicaciones. Lo hicieron su secretaria general, María Jesús Montero, y su secretario de Organización, Santos Cerdán. A sabiendas, también, de que no hay pruebas que certifiquen que esos contactos de los que habla el exasesor de Ábalos se celebrasen.

En esta escalada, y siguiendo la costumbre que ha aplicado durante toda su vida política, Feijóo no asumió en primera persona las críticas más comprometidas y dejó ese trabajo en manos de otros. La elegida esta vez fue Cuca Gamarra, quien convocó a la prensa en el Congreso para poner sobre la mesa acusaciones sin pruebas dirigidas contra la esposa del presidente.

 Contra la esposa de Sánchez

 Ahora, dijo, “ya estamos en el caso Sánchez”, porque se han conocido “reuniones en las que ha podido participar su mujer, unas reuniones con el comisionista y con empresarios que se han visto favorecidos por la acción del Gobierno”. Gamarra no fue la única: también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sumó al cuestionamiento público de la mujer de Sánchez.

Todo, siempre, “a partir de las informaciones que los medios de comunicación están facilitando”, aseguró Feijóo en el Senado, lavándose las manos sobre las acusaciones que estaba vertiendo. Gracias a ellos, aseguró sin precisar más, “de momento tenemos ya confirmados (en la trama de corrupción) seis ministros, dos secretarios de organización, dos gobiernos autonómicos, la presidencia, el Congreso de los Diputados y personas de máxima confianza del entorno, de la cúpula del Partido Socialista y del Gobierno de España”.

Como hizo la víspera y sin mostrar una sola prueba que corrobore sus palabras, Feijóo volvió a decir “que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó”. “Todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama”, remarcó emplazándole a hacer una confesión ante los españoles: “Exigimos que dé todas las explicaciones; que no mienta, aunque sea habitual en él”.

Convencido de que, esta vez sí, tienen a dónde asirse para desestabilizar la legislatura, Feijóo reunirá dentro de una semana a sus barones en Córdoba para coordinarse y diseñar la estrategia del partido en relación con el caso Koldo. La decisión de incluir en esa ofensiva hasta a la esposa del presidente, contra la que nadie ha planteado acusación alguna, corrobora que el líder del PP ha dado instrucciones de ir a por todas."          (Fernando Varela, InfoLibre, 29/02/24)

26.2.24

Debe ser la respuesta al incendio del Campanar... El Gobierno andaluz autoriza por ley a empresas a validar proyectos urbanísticos sustituyendo a funcionarios públicos... permite que los municipios contraten “entidades urbanísticas certificadoras” para visar obras, pese a las dudas del gabinete jurídico de la Junta que avisó del riesgo de “conducir a la privatización total de la función de asesoramiento urbanístico a los ayuntamientos”

 "El mastodóntico decreto ley de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, convalidado en el Parlamento la semana pasada, abre la puerta de par en par a que entidades privadas participen de forma decisiva en la tramitación de proyectos urbanísticos elaborando informes, certificados o actas con “efectos equiparables” a los que hasta ahora solo pueden emitir los funcionarios municipales.

Previo contrato con el ayuntamiento, “entidades urbanísticas certificadoras” podrán verificar si un particular ha aportado todos los documentos para obtener una licencia, si el proyecto y la documentación cumplen la normativa, o inspeccionar las obras urbanísticas, entre otras tareas. Para hacerlo, antes deberán haber sido contratadas por los ayuntamientos, que tendrán que regular hasta dónde llega su participación mediante una ordenanza.

Esta reforma legal, que afecta a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (conocida como LISTA) y a su reglamento de desarrollo, ya fue descartada por el propio Gobierno andaluz cuando aprobó la primera versión de la LISTA, en diciembre de 2021.

Entonces contó con el rechazo expreso del Consejo Consultivo, que advirtió en un informe no vinculante de que la participación de empresas en la tramitación urbanística –que implica el traspaso en el ejercicio de competencias de la Administración– puede invadir un territorio reservado por ley a los funcionarios.

La idea tampoco ha sido bien vista por el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente subrayó que sólo podía recurrirse a personal no funcionario como “solución puntual a una situación extraordinaria”.

Dos años después, el Gobierno andaluz ha recuperado la idea de delegar en empresas privadas la supervisión de proyectos urbanísticos, descartada para la Ley del Suelo, y la ha insertado con otra redacción en el cuarto decreto ley de simplificación administrativa. La polémica norma modifica 176 normas diferentes por la vía de urgencia, tras el rechazo frontal del PP a tramitarlo como proyecto de ley para esquivar las enmiendas de la oposición y los sindicatos.

En este lapso de tiempo, la Junta ha incorporado matices, pero las dudas permanecen: antes de la aprobación del decreto, el letrado de la Junta de Andalucía emitió un informe jurídico donde decía que la propuesta era “mejorable en su redacción y justificación”, y advertía del riesgo de “conducir a la privatización total de la función de asesoramiento urbanístico a los ayuntamientos”.

La concejala de Urbanismo del ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero (PP) ha anunciado esta semana que su departamento trabaja ya en la modificación de la ordenanza para dar cabida a la colaboración de entidades certificadoras y colegios profesionales. Para ello, ha reservado 150.000 euros que irían a cubrir los acuerdos y contratos con empresas y los colegios de arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros.

“Colaboración público-privada”

El decreto de simplificación, vigente desde el 17 de febrero, modifica dos artículos de la LISTA y otro del Reglamento para incorporar al proceso urbanístico la denominada “colaboración público-privada”, una fórmula que supone la participación de empresas en esferas de decisión y actuación públicas. Los colegios profesionales ya podían sustituir la labor que hacen funcionarios públicos en ciertos casos, pero los colegios son entidades de derecho público. Ahora, el abanico se abre aún más y deja entrar al sector privado.

De acuerdo con el nuevo artículo 9 de la LISTA, las administraciones con competencia urbanística y territorial (generalmente los ayuntamientos) podrán contratar a estas “entidades urbanísticas certificadoras” (previamente registradas como tales) para realizar “tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa” urbanística.

Los informes, certificados o actas de estas entidades se incorporarán al expediente administrativo y “serán tenidos en cuenta en la resolución de los procedimientos”, añade el texto, que a continuación contempla que puedan sustituir al informe de un funcionario surtiendo “efectos equiparables”, si así lo prevé la ordenanza municipal.

Por su parte, el nuevo artículo 140.3 especifica, para el caso concreto de la emisión de licencias urbanísticas, que el informe de la entidad privada o del colegio profesional surtirá “efectos equiparables” al informe técnico del funcionario que certifica si la licencia es conforme a normativa, si así lo prevé la ordenanza municipal.

El letrado de la Junta cuestiona su legalidad

La nueva norma justifica la incorporación de empresas al complejo y farragoso mundo de las licencias urbanísticas de empresas privadas por la “carencia de medios personales y técnicos que padecen muchos Ayuntamientos”. Y pone salvaguardas: su intervención no implicará el ejercicio de potestades públicas y no puede ser obligatoria: es decir, el ciudadano siempre puede dirigirse a los técnicos municipales.

Sin embargo, esto no disipa las dudas de su legalidad, que el propio letrado de la Junta de Andalucía manifestó en su informe previo. Para evitar la colisión con el ejercicio de potestades públicas, proponía algo muy concreto: que “se aclare en el artículo 140.4” que las ordenanzas no pueden obligar a solicitar esos informes. Y advertía: el riesgo si no se hace es que las administraciones puedan prescindir de sus servicios técnicos, suplantar el asesoramiento de los habilitados nacionales (como el secretario) o “las funciones que legalmente están reservadas a los funcionarios”. El decreto ley de simplificación recoge el guante, pero lo hace de manera inexacta, en un apartado diferente de la norma.

En ese informe, el letrado recordaba que ya el Consejo Consultivo advirtió en abril de 2021 de que la pretensión de dar galones a la empresa privada en el ámbito urbanístico chocaba con la reserva del ejercicio de potestades públicas en favor de los funcionarios. El Consultivo rechazó que las empresas pudieran controlar los documentos de una declaración responsable.(...)"                    (Néstor Cenizo, eldiario.es, 25/02/24)