Mostrando entradas con la etiqueta b. Pensiones: comparacion. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta b. Pensiones: comparacion. Mostrar todas las entradas

15.4.26

Trump casualmente pide un McDonalds, la repartidora es casualmente una trumpista con más años que el Papa y que por cierto (trabaja en Nevada, no en Washington D.C)... y dice que gracias a quitar impuestos a las propinas ella puede cubrir los gastos de cancer de su marido... en España, a su edad ya estaría jubilada y su marido con el cancer tratado gratuitamente... Es la peor campaña política jamas realizada en la historia de Estados Unidos... Nos ha mostrado todas las debilidades de la económica capitalista estadounidense en apenas 3 minutos de propaganda (Alex_politics)

Alex_politics @comuflauta

Es la peor campaña política jamas realizada en la historia de Estados Unidos. 

O sea analicemos: Trump casualmente pide un McDonalds, la repartidora es casualmente una trumpista con más años que el Papa y que por cierto (trabaja en Nevada, no en Washington D.C). 

Y la respuesta a los reporteros es que gracias a quitar impuestos a las propinas ella puede cubrir los gastos de cancer de su marido. 

Y quien lo promociona es ademas un periodista español que ha salido de un Estado donde con la edad de esa señora ya estaría jubilada y su marido con el cancer tratado gratuitamente.

 Nos ha mostrado todas las debilidades de la económica capitalista estadounidense en apenas 3 minutos de propaganda.

Vídeo: https://x.com/i/status/2043748020613693493

David Alandete @alandete

Hemos hablado brevemente con la mujer que le ha llevado el McDonald’s a Trump. Sharon Simmons nos dice que la eliminación de Trump de los impuestos sobre las propinas le ha cambiado la vida: el año pasado recibió 11.000 dólares en propinas y dice que ese ahorro le ha ayudado a afrontar el tratamiento contra el cáncer de su marido, compensar la caída de ingresos en casa y pagar viajes para ver a su familia. Le ha encantado el Despacho Oval, dice que Trump ha sido muy majo.

7:47 p. m. · 13 abr. 2026 ·7 M Visualizaciones
12:26 p. m. · 14 abr. 2026 ·433,2 mil Visualizaciones

25.3.26

Según el informe 2025 de la patronal Inverco, los planes de pensiones privados se desangran... En 2025 las salidas de fondos de los planes de pensiones vía prestaciones y pagos por supuestos de especial liquidez han superado a las aportaciones en 1.659 millones de euros... La rentabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones privados es muy reducida. A un plazo de 25 años el promedio es de un 2,9%, prácticamente la mitad del retorno que ofrece el sistema de pensiones público. Por eso los planes privados se desangran... Las aportaciones netas a los planes de pensiones privados alcanzaban el 0,29% del PIB en 2007. En 2025 eran negativas del -0,10% del PIB

 "En 2025 las salidas de fondos de los planes de pensiones vía prestaciones y pagos por supuestos de especial liquidez han superado a las aportaciones en 1.659 millones de euros.

Hemos pasado de aportaciones netas superiores a 3.000 millones de euros en 2007 a que se produzcan más reintegros y pagos de prestaciones que aportaciones brutas en cada ejercicio. Buenísima noticia. Solo son negocio para sus gestores y únicamente gracias a los beneficios fiscales.

Las aportaciones netas a los planes de pensiones privados alcanzaban el 0,29% del PIB en 2007. En 2025 eran negativas del -0,10% del PIB. Una muestra clara de que, reduciendo los beneficios fiscales, las personas trabajadoras les dan la espalda. Simplemente no son atractivos.

No solo lo digo yo. Es la conclusión del informe 2025 de la patronal Inverco.

«El descenso está relacionado con la drástica reducción del límite máximo de aportación» fiscalmente deducible.

El resultado es que las aportaciones brutas se estacan y cada vez suponen un porcentaje inferior en relación con las cotizaciones sociales. En definitiva, el sistema de pensiones es cada vez «más público» lo que es una excelente noticia.

No es casual.

La rentabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones privados es muy reducida. A un plazo de 25 años el promedio es de un 2,9%, prácticamente la mitad del retorno que ofrece el sistema de pensiones público. Por eso los planes privados se desangran. Gran noticia."

(attac España, 25/03/26) 

5.3.26

«El sistema de pensiones públicas es perfectamente viable, depende de la voluntad política»... los fondos de pensiones individuales a 25 años tienen una rentabilidad media del 2,6%, según los datos de INVERCO (patronal de los fondos de pensiones); sin embargo, aportar cotizaciones sociales para cobrar una pensión pública supone una rentabilidad media del 5,5%; además se trata de un sistema solidario y de reparto... En 2050, año de mayor tensión por el incremento de la presión demográfica de las generaciones más numerosas ya percibiendo pensiones, las transferencias del Estado tendrían que aumentar 2,2 puntos del PIB, hasta el 5,9% del PIB; y en el año 2070, únicamente el 4,6% del PIB; Trump plantea la elevación del gasto militar al 5%, un objetivo compartido por Núñez Feijóo (Enric Llopis)

 "Según la comunidad autónoma que se considere, entre el 24,8% y el 48,4% de las pensiones en el estado español tienen un importe inferior al umbral de la pobreza, apunta el XIV Informe sobre el estado de la pobreza. Pobreza y territorio (2024), de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPAN); según esta fuente, el 19,2% de la población con 65 o más años se halla en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Son algunos de los “retos pendientes” en materia de pensiones, afirma el economista, miembro de IU y profesor en la Universidad Complutense, Carlos Sánchez Mato; delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2017, Sánchez Mato es autor de la tesis doctoral El papel de las ayudas públicas en el funcionamiento del sector bancario privado; la entrevista se realizó antes de su participación en el acto Les pensions sí són sostenibles, el 26 de febrero, en la sede de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV).    

-P: El Fondo de Reserva de la Seguridad Social -conocido como hucha de las pensiones– cerró 2025 con más de 14.000 millones de euros acumulados (el nivel más elevado desde diciembre de 2017); en diciembre de 2025, la Seguridad Social abonó 10,4 millones de pensiones a más de 9,4 millones de personas (13.750 millones de euros), según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Algunas voces afirman que el sistema público es insostenible… 

-CSM: Por supuesto que el sistema es sostenible y viable; los mismos que hacen predicciones catastrofistas sobre su viabilidad, ya lo hacían 40 años atrás; las reformas de 2021 y 2023 han tenido un impacto muy positivo para las y los pensionistas presentes y futuras; por ejemplo, han garantizado las revalorización de los pensiones según el IPC, eliminado el factor de sostenibilidad y mejorado las pensiones mínimas y no contributivas.

El impacto por las reformas realizadas al modelo del PP supondrá un 3% del PIB más de recursos destinados a los pensionistas en 2050. También se han aplicado instrumentos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sustituye al factor de sostenibilidad incluido en la reforma del PP de 2013. La novedad es que, en general, se ha optado por la vía de los ingresos y otros elementos como una mayor seguridad y estabilidad laboral.

Veníamos de una situación de recortes que empezó incluso con Felipe González, y continuó después; por otra parte, hemos de ser conscientes que la reducción de las cotizaciones sociales es parte de los problemas que afectan a la Seguridad Social.

-P: “El sistema de pensiones tiene que evolucionar hacia uno mixto como en los países de nuestro entorno; un sistema en el que la gente cotice a su nombre”, afirma el economista neoliberal, Daniel Lacalle, en declaraciones recogidas el 26 de diciembre por la Cadena Cope; ¿qué opinas de esta valoración?

-CSM: Sería el mayor desastre para la clase trabajadora y la gente corriente; el actual sistema es una conquista, incluso con sus estados de deterioro y recortes en diferentes etapas, tanto del PSOE como del PP; es un sistema de reparto basado en la solidaridad; esto significa que los que trabajamos hoy pagamos las pensiones actuales, esperando la solidaridad -en el futuro- de las siguientes generaciones.

El sistema de reparto pone un tope a la pensión máxima (3.395 euros mensuales), y también hay un intento por mejorar las pensiones mínimas; ya me gustaría que hubiera estos topes a los salarios, de manera que la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, no hubiera ganado 14,7 millones de euros anuales en 2025.

Un sistema de capitalización mixto dice que algo que estamos resolviendo muy bien, desde lo colectivo, se convirtiera en “el que más pueda, más se lleve”; y esto es justo lo contrario de avanzar en el socialismo real.

-P: ¿Qué sectores están interesados en liquidar el sistema de pensiones público?

-CSM: El sector más interesado es el financiero; al año se recaudan 180.000 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores; esto es un pastel muy goloso para los fondos de pensiones y de inversión, que estarían encantados en gestionar anualmente esta cantidad; imagínate la rentabilidad financiera gigantesca que conseguirían.

Hay una caída drástica en las aportaciones a los fondos de pensiones privados, que han pasado de representar el 0,6% del PIB en 2007 al 0,2% del PIB en 2025; las aportaciones brutas a estos planes pasaron de 6.968 millones de euros en 2007 a 3.252 millones en 2025; la reducción de los incentivos fiscales a estos planes privados ha sido una buena medida.

-P: El Centre Delàs señala que el gasto militar total en 2025 en el estado español sumó 42.249 millones de euros; ¿por qué no se cuestiona este gasto y sí la inversión en pensiones?

-CSM: Hay quienes consideran que el sistema público no es viable porque hay que hacer transferencias desde el Estado -financiadas a través de impuestos- para el pago de las pensiones; con la actual estructura demográfica, las transferencias en 2050 representarían en torno al 5% del PIB; sin embargo este porcentaje -exigido por Trump en gasto militar- Lacalle y otros ven con todas las ganas que se dedique a armamento.

-P: ¿Cómo responderías precisamente a la crítica de que el sistema se financie, también, con aportaciones adicionales a las obtenidas por cotizaciones sociales?

-CSM: En un estudio del sistema público de pensiones en los últimos 60 años, entre 1965 y 2024, demuestro que en 42 años ha habido flujos de la Seguridad Social a otros capítulos; es decir, la Seguridad Social ha pagado carreteras, hospitales y cosas que no son pensiones; es cierto que ahora sucede lo contrario, pero los que ahora se muestran preocupados, nunca se inquietaron por el hecho de que se usaran cotizaciones sociales para sufragar gastos públicos.

-P: No se cuestionan, por el contrario, los fondos de pensiones privados…

-CSM: En los fondos de pensiones privados, las aportaciones netas en 2025 han sido de -1.659 millones de euros: sale más dinero del que entra, hay más gente que retira dinero; desde 2020, han salido casi 5.200 millones de euros más que las aportaciones realizadas. Detrás de estos fondos está toda la banca y las compañías de seguros, que invierten los capitales en bolsa, renta fija, bonos verdes y otras

Asimismo, la rentabilidad financiera que ofrece este sistema privado es muy escasa; los fondos de pensiones individuales a 25 años tienen una rentabilidad media del 2,6%, según los datos de INVERCO (patronal de los fondos de pensiones); sin embargo, aportar cotizaciones sociales para cobrar una pensión pública supone una rentabilidad media del 5,5%; además se trata de un sistema solidario y de reparto.

Ellos critican que el sistema público de pensiones es demasiado generoso; claro, lo que plantean con el sistema mixto de capitalización es que hay que darles menos a los pensionistas y más al sistema privado.

-P: ¿Estás de acuerdo con quienes señalan la insostenibilidad del sistema por razones como la demografía o la jubilación de la generación del baby boom?

-CSM: Los datos que utilizo para calcular la viabilidad del sistema público de pensiones proceden de la Comisión Europea, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y el Informe de Envejecimiento; los informes demográficos son extremadamente pesimistas, y erraron en el pasado: el sistema público de pensiones no ha quebrado; con sus datos, el sistema es viable; además, el elemento de viabilidad no tiene que ser únicamente financiero.

En 2050, año de mayor tensión por el incremento de la  presión demográfica de las generaciones más numerosas ya percibiendo pensiones, las transferencias del Estado tendrían que aumentar 2,2 puntos del PIB, hasta el 5,9% del PIB; y en el año 2070, únicamente el 4,6% del PIB; Trump plantea la elevación del gasto militar al 5%, un objetivo compartido por Núñez Feijóo.

-P: Por último, ¿cuál es el argumento principal para defender la viabilidad de las pensiones públicas?

-CSM: Que el sistema sea sostenible depende de la voluntad política y social; el sistema público estará blindado si lo defendemos y nos convencemos todas y todos que es una de las conquistas sociales más importantes de la clase trabajadora.

De hecho, la derecha no tiene ahora la capacidad de enfrentar el debate si no es comprándonos el relato; a finales de febrero el Congreso aprobó el Real Decreto-Ley para la revalorización de las pensiones, con el voto favorable del PP, cuando su reforma de 2013 desligaba las pensiones del IPC." 

Enric Llopis  , Rebelión, 05/03/26)

5.1.26

Sobre las pensiones... El desafío futuro de las pensiones es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni?... Las pensiones públicas no son un mero “gasto”, son un motor económico. De hecho, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico... Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades (Nacho Álvarez, Un. Autónoma Madrid)

 "Hay temas que difícilmente entran en la agenda política. Y otros, como las pensiones, que nunca salen. Y es comprensible, porque esta partida supone casi un tercio del gasto público total. Sin embargo, el debate sobre esta materia se apoya en narrativas cada vez más sesgadas. La extrema derecha y el discurso anti-boomer hoy se miran de reojo. Los primeros señalan que el sistema de pensiones es “una estafa piramidal” insostenible, que habría que eliminar (en palabras de Silvia Orriols, de Aliança Catalana). Los segundos consideran que en España se está produciendo un atraco, un robo generacional perpetrado por las personas mayores contra los jóvenes. Sus discursos no son iguales, pero a veces se funden y confunden.

Frente a estas narrativas tan sesgadas, resulta necesario que el debate público sobre este pilar esencial de nuestro Estado del Bienestar sea algo más riguroso. Convendría para ello tener en cuenta al menos las siguientes claves.

Primero. El desafío futuro es indiscutible. Hoy hay en España casi 10 millones de personas mayores de 65 años, y el envejecimiento poblacional hará que sean 15 millones en 2050. Garantizar pensiones a todos esos baby boomers será un reto, y no hay varitas mágicas.

Segundo. El desafío futuro es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni? Quien apueste por desmontar el sistema público de pensiones como opción ideológica, que no lo esconda detrás de una supuesta insostenibilidad.

Tercero. Que aumente el gasto en pensiones es sensato. Muchos liberales y anti-boomers reconocen que el sistema es perfectamente sostenible pero argumentan, legítimamente, que a costa de transferir excesivos recursos públicos a los pensionistas. Esta es sin duda una cuestión opinable, sujeta a las preferencias que cada uno pueda tener. Desde mi punto de vista, parece lógico que en una sociedad en la que aumenta transitoriamente el porcentaje de personas mayores, puedan aumentar también las partidas del Estado del Bienestar necesarias para garantizar su capacidad adquisitiva y su bienestar. El Estado de Bienestar no se disfruta por tramos de edad, ya que todos vamos a pasar a lo largo de nuestro ciclo vital por sus distintas prestaciones.

Cuarto. Si se aplicasen las reformas de pensiones que habitualmente se plantean para “favorecer a la juventud”, estas penalizarían más las futuras prestaciones de quienes hoy son jóvenes que las de los baby boomers. Esto se debe a que las reformas suelen introducirse en el sistema progresivamente, afectando menos a quienes hoy se jubilan que a quienes lo harán en el futuro. Así sucede, por ejemplo, con las propuestas para calcular la pensión en función de toda la vida laboral, con las llamadas cuentas nocionales, o con medidas similares al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. Estas propuestas resultarían en pensiones más bajas, pero sobre todo para las futuras generaciones.

Quinto. Meter en el mismo saco a todos los pensionistas es un error. La “vida cañón” no llega a la mayoría de ellos. De los 6,6 millones de pensiones de jubilación que paga la Seguridad Social, el 40% está por debajo de los 1.000 euros mensuales, el 60% es inferior a 1.500 euros y sólo un 17% supera los 2.500 euros al mes. De los 2,3 millones de pensiones de viudedad existentes, el 66% está por debajo de los 1.000 euros al mes. Si atendemos a la Encuesta de Condiciones de Vida, más de la mitad de los mayores de 65 años tienen una renta mensual inferior a 1.500 euros, mientras que un 22% supera los 2.500 euros al mes.

Sexto. Como decía el premio Nobel Niels Bohr, “hacer predicciones es muy difícil, especialmente sobre el futuro”. Sabemos con bastante exactitud cuánta población se jubilará durante las próximas décadas pero, para estimar el futuro gasto en pensiones, debemos además asumir supuestos sobre la evolución del PIB, el empleo, los flujos migratorios o la productividad en los que seguramente nos equivoquemos. De hecho, conviene revisar las hemerotecas. Algunos de los mejores expertos del país (‘La reforma de las pensiones en España’, Perspectivas del Sistema Financiero nº 56, 1996, José A. Herce) preveían hace treinta años que en 2025 tendríamos 40 millones de habitantes, 16,7 millones de afiliados a la Seguridad Social y una ratio entre pensiones y afiliados del 64%. La realidad, sin embargo, es que en España hoy hay 49 millones de habitantes, 21,8 millones de afiliados y una ratio pensiones/afiliados del 48%. Las propias proyecciones de población del INE para 2050 contemplan escenarios muy distintos –con diferencias entre ellos de hasta 16 millones de personas– reconociendo que, sencillamente, no sabemos qué pasará.

Equivocarse en previsiones a tan largo plazo es comprensible y precisamente por ello conviene tomarlas con prudencia. Sería temerario justificar recortes en el presente por un impacto futuro que no conocemos bien. Particularmente después de que las reformas del Gobierno de Coalición hayan reforzado sensiblemente los ingresos de la Seguridad Social para las próximas décadas.

Las proyecciones nos ayudan a gestionar –con incertidumbre y cautela– determinados escenarios futuros. Pero la materialización de dichos escenarios dependerá de las decisiones de política económica que hoy se adopten. Impulsar medidas orientadas a mantener las actuales tasas de crecimiento, a elevar la productividad y la tasa de empleo, o a conseguir saldos migratorios positivos, reducirán el impacto de las pensiones en las próximas décadas. Las proyecciones son útiles para indicarnos cómo debemos prepararnos, no para asumirlas de forma determinista.

Séptimo. Las pensiones públicas no son un mero “gasto”, son un motor económico. De hecho, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico. Una reciente investigación de la Universidad de Castilla-La-Mancha (Pensions as an Engine of Growth. An Approach to the Spanish Case, Based on the Sraffian Supermultiplier, de E. Febrero y F. Bermejo), revela que el gasto en pensiones en España presenta un efecto multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos en impuestos.

Octavo. Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades.

Este impuesto hoy aún presenta una recaudación inferior a la de 2007, a pesar de que los beneficios empresariales son un 55% superiores a los de entonces. En la década previa a 2007 el tipo efectivo del impuesto oscilaba en torno al 20%. Tras la reforma de 2014 se introdujeron nuevas deducciones e incentivos fiscales particularmente favorables para los grandes grupos empresariales, y el tipo efectivo se redujo hasta el 10-11%, nivel en el que aún se sitúa hoy. Si esta figura tributaria mantuviese actualmente la misma capacidad recaudatoria que tuvo entre 1995 y 2007, las administraciones contarían con 30.000 millones adicionales para políticas de juventud. Esto supondría, por ejemplo, multiplicar por tres el actual presupuesto público en materia de vivienda, principal preocupación de los jóvenes. Además, mientras que el ahorro derivado de posibles recortes en las pensiones tardaría décadas en materializarse, una reforma del Impuesto de Sociedades produciría ingresos al día siguiente.

(Nacho Álvarez,  es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Cinco Días, 03/12/25)

21.10.25

La economía contra el pueblo: la obsesión por recortar las pensiones... Los partidarios de recortar las pensiones han conseguido imponer el marco del debate, basado fundamentalmente en el peligro que representa el envejecimiento de la población para la sostenibilidad del sistema... En España, la imposición de un ajuste (recorte) puede venir al proyectar para las próximas décadas un gasto juzgado excesivo en porcentaje del PIB. Pero esta proyección se basa en un escenario de empleo decreciente en el futuro que es muy improbable, debido a que existe un amplio margen de aumento de la tasa de empleo y a la llegada de inmigrantes que cubre la demanda de trabajo por parte de las empresas... el sistema de cuentas nocionales que se ha puesto en marcha en Suecia ha provocado un desplome generalizado del importe de las pensiones (Juan Antonio Fernández Cordón)

 "Un sistema público en permanente reforma

En todos los países occidentales, sucesivas reformas han ido laminando el poder adquisitivo de las pensiones. Los gobiernos más conservadores no dudan en adoptar medidas que suponen una importante degradación de la seguridad económica que ofrecen las pensiones a los trabajadores inactivos y los menos conservadores muestran, en este ámbito, una dosis de precaución excesiva. Los partidarios de recortar las pensiones han conseguido imponer el marco del debate, basado fundamentalmente en el peligro que representa el envejecimiento de la población para la sostenibilidad del sistema. Un discurso ideológico que se ha impuesto como dominante, que pocos se atreven a discutir. Un ejemplo es la reforma realizada en España en 2011 que, como reza en la exposición de motivos de la Ley, se justifica por el envejecimiento demográfico y la evolución de la pirámide de población, pero solo, y parece suficiente, en términos genéricos. Esta reforma aumentó el número de años que se toman en cuenta para el cálculo de la pensión inicial e inició un retraso progresivo de la edad legal de jubilación, dos medidas recortadoras que siguen todavía en vigor. En la siguiente reforma de 2013, se elevó considerablemente el alcance de los recortes, gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba entonces el Partido Popular. La medida más importante, y la que tuvo mayores consecuencias, fue la introducción de un nuevo sistema de revalorización anual de las pensiones, basado en buena parte en la situación financiera del sistema en cada año. Tal como estaba diseñado, este “Índice de revalorización” iba a ser negativo durante muchos años: un recorte anual garantizado. El Gobierno prefirió imponer un mínimo de 0,25% de subida, en el caso de que el Índice diera un valor inferior, y durante unos años, las pensiones subieron con ese minúsculo porcentaje. Los pensionistas decidieron protestar, apoyados por los sindicatos y los partidos de izquierda. Cuando llegó el nuevo gobierno de coalición, formado por el PSOE y Podemos, impulsó la derogación del Índice de revalorización e hizo aprobar, por ley, una revalorización anual con el IPC del año anterior. Pero las reformas a partir de 2021, las primeras en democracia que promovían un equilibrio financiero sin recortar las pensiones, han mantenido tanto los 25 años para el cómputo de la pensión inicial, como el retraso progresivo de la edad de jubilación, que alcanzará los 67 años en 2027. A pesar de ello, fueron duramente criticadas en informes de bancos y empresas aseguradoras y en artículos y declaraciones de expertos, muchos de los cuales habían formado parte del Grupo que ideó la desastrosa reforma de 2013.

El afan recortador 

¿Por qué los gobiernos de derecha y centroderecha persiguen con tanta intensidad el objetivo de reducir el gasto en pensiones? Un extraordinario ejemplo lo tenemos en Francia, sumida ahora en un caos político sin precedente, motivado principalmente por la férrea negativa del presidente Macron a dar marcha atrás en su reforma del sistema de pensiones. Una reforma que, mediante varias modificaciones, entre ellas el aumento de la edad de jubilación, impone un severo recorte del gasto. Sin duda existe una pluralidad de razones, inscritas en el objetivo más general de reducción del gasto público de las políticas neoliberales dominantes. También hay que invocar el interés de los que buscan el negocio de los fondos privados, a los que vendría muy bien un sistema que asegurara solo unas pensiones mínimas, generando así una demanda de complementos entre los que pudieran permitírselos. Pero me gustaría apuntar también un elemento clave de esta verdadera obsesión en la que se ha convertido el recorte de las pensiones. A lo largo de las últimas décadas, las políticas ultras del capitalismo desbocado que vivimos han conseguido una drástica contención salarial que se traduce en una disminución de la parte del PIB que va a los salarios desde hace varias décadas.  Esta caída no se ha reflejado en el gasto en pensiones debido a la maduración del sistema (mayor número de personas con carreras de cotización completas) y a unas reglas formales de cómputo que no se pueden modificar con la misma facilidad que las cambiantes relaciones laborales. Según AMECO[2], la parte del PIB que va a salarios desciende desde hace décadas (Gráfico 1) y el salario medio por persona ha disminuido aún más debido al aumento del número de trabajadores. Cuando esto ocurre, se produce un desfase entre los salarios que sirven para el cómputo de la pensión inicial y los que sirven para pagar las pensiones, muy inferiores estos en términos de PIB. La media de los salarios de los últimos 25 años (período actual para el cómputo de la pensión inicial) es ahora superior al salario, base de cotización media, del año en que se pagan las pensiones, provocando un efecto al alza del peso relativo de las pensiones, no siempre percibido porque queda diluido por el aumento del PIB y la maduración del sistema. El objetivo actual es recortar las pensiones porque es el componente de la retribución del trabajo que no ha podido ser reducido como lo han sido los salarios. Los desequilibrios de los sistemas de pensiones tienen su origen en la evolución de la distribución de la riqueza producida, que perjudica a las rentas del trabajo, y su solución pasa necesariamente por una política más enérgica de redistribución. Esto significa, en particular, hacer que los poseedores de capital, hasta ahora prácticamente los únicos que se han beneficiado del crecimiento económico, paguen los impuestos que les corresponden. Pero, por ejemplo, en Francia, los gobernantes que han preferido el caos político antes de renunciar a recortar las pensiones rechazan que los ultrarricos contribuyan a los gastos comunes con un pequeñísimo porcentaje de su patrimonio.

¿Qué futuro en España?

España goza actualmente de un sistema público de pensiones que va a contracorriente de la generalizada tendencia a recortar las prestaciones a los jubilados. Se enfrenta por ello a un cuestionamiento permanente por parte de las empresas dedicadas al negocio de los planes privados de pensiones (bancos y aseguradoras) y de sus portavoces. También a una cierta desconfianza por parte de la Comisión Europea, proclive a reformas que recortan el gasto público. A medio plazo, de ella puede venir la imposición de un ajuste (recorte), al proyectar para las próximas décadas en España un gasto juzgado excesivo en porcentaje del PIB. Pero esta proyección se basa en un escenario de empleo decreciente en el futuro que es muy improbable[3], debido a que existe un amplio margen de aumento de la tasa de empleo y a la llegada de inmigrantes que cubre la demanda de trabajo por parte de las empresas.

A un plazo más largo, sobre todo si se produce un cambio de mayoría política, puede volver a triunfar la lógica de la reducción del gasto. El mayor peligro sería entonces el seguro intento de implantar el sistema de cuentas nocionales, presentado por los círculos neoliberales como la solución definitiva para asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Este sistema conjuga la lógica de los sistemas de capitalización, en el sentido en que los pensionistas reciben, a lo largo de su vida como jubilado, estrictamente la suma de sus cotizaciones actualizadas, respetando la neutralidad actuarial. Lo cotizado se va acumulando en cuentas individuales virtuales (o nocionales) es decir sin el respaldo de activos financieros y lo acumulado hasta el momento de la jubilación se distribuye en anualidades, en función de la esperanza de vida de la generación a la que pertenece el jubilado. Las pensiones se pagan con las cotizaciones del año y existen unos mecanismos de ajustes del gasto para asegurar el equilibrio a largo plazo del sistema. En realidad, lo que aporta el sistema no es combinar lo longitudinal y lo transversal, algo que vende como original pero que ya existe, sin ir más lejos, en nuestro sistema actual. Lo que asegura el sistema de cuentas nocionales es la máxima contributividad, como en cualquier fondo privado. Se trata de un sistema en el que todos los riesgos, en particular el aumento de la esperanza de vida, corren a cuenta del trabajador-pensionista, y su puesta en marcha en Suecia ha provocado un desplome generalizado del importe de las pensiones. Sin embargo, este sistema ejerce un gran atractivo, incluso en medios socialdemócratas, y es la gran propuesta de los defensores del recorte del gasto. Naturalmente, su promoción se apoya en la habitual invocación del envejecimiento de la población, sin ahondar en los mecanismos concretos mediante los que este actúa.

[1] Este texto está basado en una parte del artículo publicado por el autor: “Envejecimiento y pensiones” in Tezanos, J.F. y Tobío, C. (eds) España 2025. Estructura y cambio social. Estructura económica y desigualdades. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, Vol 3, pp. 115-152.    

[2] AMECO (2024) European Commission AMECO Online (Vintage Version 2024-05 https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/667e9fba-eea7-4d17-abf0-ef20f6994336/sheet/2f9f3ab7-09e9-4665-92d1-de9ead91fac7/state/analysis

[3] Ver: González, Antonio (2024) “El gasto en pensiones es sostenible” in Economistas Frente a la Crisis, 13 noviembre https://economistasfrentealacrisis.com/el-gasto-en-pensiones-es-sostenible/ "

(

18.10.25

¿Cuál es la política del PP respecto a las pensiones públicas? Considera que las pensiones públicas son un gasto ineficiente y no se pueden pagar, para lo cual su propuesta es ir bajando el gasto en pensiones públicas con la disminución de su retribución y pedir a los españoles que se hagan fondos de pensiones privadas o como llaman ahora cuentas nocionales, que es más de lo mismo... Si ustedes tienen un fondo de pensiones privado verán, que en España son un desastre total, teniendo la mayoría con rendimientos negativos... La propuesta que llevó a cabo el PP de Rajoy del aumento de pensiones del 0,25%, tenía como objeto devaluar las pensiones en diez años un 25%... la cuestión de las pensiones no es un problema económico, Lo entenderán con este ejemplo. El PP no pone problemas en subir el gasto en defensa al 5% como exige Trump ¿Saben cuánto supone esa subida? Unos 45.000 millones de euros anuales, ¿no dicen que no hay dinero? Para lo que a ellos les interesa sí lo hay. Yo prefiero el bienestar de la gente trabajadora, que comprar tanques a Estados Unidos (Edmundo Fayanás Escuer)

La política del PP en los últimos años siempre ha sido clara. Ha atacado la concepción de lo público y su solución siempre es lo privado. Comprobaremos día sí y día también como desde los sectores de la derecha española atacan todo lo público ya sea educación, sanidad y como no, el sistema público de pensiones.

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad el ataque a las pensiones públicas desde el ámbito de la derecha ha sido continuo. Siempre se dice de la inviabilidad de las pensiones públicas.

Sin embargo, todos sus pronósticos a lo largo de estos últimos años han ido de error en error y sin embargo, no piden perdón y nos siguen contando los mismos mantras que siempre. Piensan que la gente es tonta y que repitiendo una mentira mil veces se convierte en verdad.

Desde hace treinta años nos anuncian el fin de las pensiones públicas y las bancarrotas. Lo que más me molesta es la legión de economistas que repiten siempre lo mismo, quizá es porque pertenecen todos al mismo pensamiento ideológico y sin una mínima critica a lo que dicen, después de tantos años cometiendo el mismo error.

¿Cuál es la política del PP respecto a las pensiones públicas?

El Partido Popular como partido neoliberal piensa en la superioridad de lo privado sobre lo público, por lo que toda su política económica y social va encaminada a la máxima privatización de lo público.

En consecuencia, considera que las pensiones públicas son un gasto ineficiente y no se pueden pagar, para lo cual su propuesta es ir bajando el gasto en pensiones públicas con la disminución de su retribución y pedir a los españoles que se hagan fondos de pensiones privadas o como llaman ahora cuentas nocionales, que es más de lo mismo.

Si ustedes tienen un fondo de pensiones privado verán, que en España son un desastre total, teniendo la mayoría con rendimientos negativos.

Las otras experiencias privatizadoras, como la que llevó a cabo Chile han sido un fiasco de proporciones bíblicas y un desastre para los jubilados chilenos. No me extiendo en este proceso chileno porque ya lo he analizado en otros artículos.

El gobierno de Rajoy endureció muchísimo el sistema de pensiones públicas y la fórmula que empleó es la revalorización de las pensiones con un 0,25% de subida anual.

Si vuelve al poder el PP de Feijóo, está claro, que hará lo mismo que hizo Rajoy pues es el ADN del PP. Para que se hagan una idea de lo que significa aquí les pongo un cuadro y analícenlo bien.

Hago el cálculo de lo que hubiera ocurrido en nuestras pensiones si en el año 2018 hubiera seguido gobernando el PP y siguiera con el famoso 0,25% y vean año a año cuál es su incremento. Para una pensión de 1.000 euros en ocho años suben con el PP 21,1 euros.

Si nos fijamos en los ocho años del PSOE, veremos que se han revalorizado con el IPC anual. Para una pensión de 1.000 euros, la subida ha significado 251,55 euros.

Si quieren ver la diferencia entre su pensión con el ejemplo puesto de mil euros aplique la correspondiente regla de tres y verá cual ha sido la diferencia entre lo que propone el PP y la que ha realizado el PSOE. (...)

La propuesta que llevó a cabo el PP de Rajoy del aumento de pensiones del 0,25%, tenía como objeto devaluar las pensiones en diez años un 25%. Lo mismo hizo con su famosa reforma laboral, que quitó derechos y produjo una profunda devaluación salarial.

Se dice, que en España los sueldos son de miseria, pero el culpable fue el PP, cuando decía en Europa que había hecho una reforma laboral muy agresiva. La culpa de que los salarios sean bajos no a tenemos los jubilados sino las políticas neoliberales del PP.

Es sorprende la actitud del presidente de la CEOE, cuando dice que no existe dialogo social y aplaudía hasta con las orejas la devaluación salarial hecha sin consenso social pero que era la copia exacta de lo que querían los empresarios. ¿Saben dónde trabaja Fátima Báñez que fue la ministra de trabajo con el PP e hizo la reforma? En dirección de la CEOE del sr Garamendi

A todos estos chicos jóvenes que se quejan de los salarios pobres en España, decirles que los derechos se conquistan con la lucha y una vez conseguidos se defienden, porque si no, como estamos viendo, te los quitaran nuevamente todos.

Actualmente nos encontramos con una sociedad civil totalmente inerte y desarmada sin posibilidad de respuesta en la calle. Pero aún queda algún atisbo de esperanza, como por ejemplo la lucha a favor de Palestina.

Los que defendemos el sistema de pensiones públicas no lo hacemos solamente por nosotros sino fundamentalmente por vosotros y por nuestros nietos y debéis saber que siempre estaremos junto a vosotros luchando por mejorar nuestras condiciones sociales y económicas.

Los jubilados mayoritariamente ayudamos a nuestros hijos y nietos. A esos jóvenes de derecha que dicen que debe desaparecer el sistema de pensiones públicas deberían reflexionar algo más de lo que lo hacen.

El ser humano es muy frágil y hoy se sienten invulnerables pero deben saber, que ya llegarán a mayores y entonces entenderán mejor estas palabras y verán como los mayores debemos ser cuidados, porque hemos dado todo por el país y por los jóvenes.

Deben saber que la cuestión de las pensiones no es un problema económico como lo plantean la derecha y los neoliberales, sino simplemente es una cuestión política.

Lo entenderán con este ejemplo. El PP no pone problemas en subir el gasto en defensa al 5% como exige Trump ¿Saben cuánto supone esa subida? Unos 45.000 millones de euros anuales, ¿no dicen que no hay dinero? Para lo que a ellos les interesa sí lo hay. Yo prefiero el bienestar de la gente trabajadora, que comprar tanques a Estados Unidos.

A continuación vean como quedarían las pensiones para el año 2026. (...)

La jubilación será de 66 años y 10 meses para quien no alcance los 38 años y tres meses.

El que alcance ese periodo de cotización, la jubilación será a los 65 años.

Para calcular la pensión a partir del año 2026, el período de cómputo se ampliará hasta los 29 años cotizados. De estos 29 años, se elegirán los 27 mejores, lo que permitirá incluir las lagunas de cotización de forma más favorable." 

(Edmundo Fayanás Escuer , Nueva Tribuna, 18/10/25, cuadros en el original) 

30.9.25

A finales del siglo XX el antiguo Banco Bilbao planteó la quiebra de las pensiones... la población española en el año 2010 iba a ser de 39 millones de habitantes y en consecuencia el sistema iba a quebrar. La realidad fue bien distinta... ¿Cómo es posible semejante error en solo diez años? Siempre emplean la demografía como arma para justificar políticas de jubilación retrógradas, pero siempre con grandes errores... 300.000 millones ha dado la Seguridad Social al Estado al asumir unas pensiones que no le correspondían pagar... Gracias a ese dinero, el Estado pudo llevar a cabo políticas educativas y sanitarias que favorecieron a todos... que se llame a los jubilados insolidarios, es justo lo contrario de lo que ha sucedido... según la prensa internacional tuvimos el mayor desfalco de la historia de España y probablemente de Europa, cuando El gobierno del PP de Rajoy usó hasta el 97,4% de los fondos de reserva del sistema de pensiones en comprar deuda pública... Existe un tope a partir de 4.909,5 euros de ingresos que ya no pagan. Si todos pagaran en la proporción, es decir, destoparán el máximo, aumentaría la recaudación en unos 7.000 millones de euros anuales... Se debería de dejar de subvencionar los fondos de pensiones privados, que suponen a las arcas del Estado unos 1.200 millones... Hoy podemos decir, que la Seguridad Social en pensiones no contributivas no tiene déficit. El déficit que se achaca a la Seguridad Social son transferencias de dinero, para que pague las pensiones no contributivas que no le corresponden pagar... Se piensa que las pensiones deben pagarse siempre con las contribuciones de los afiliados. La realidad es que en la inmensa mayoría de los países tienen un sistema mixto para poder pagas las pensiones, es decir, contribuciones y el Estado (Edmundo Fayanás Escuer)

 "Desde finales del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, la derecha, sus voceros económicos y periodísticos junto a los llamados influencers derechosos, nos anuncian catástrofes para los pensionistas y las pensiones.

Fíjense en la prensa de derechas y en los elementos de derechas que participan en tertulias y verán que siempre atacan al sistema público de pensiones y nos señalan como causantes de los males de la actual juventud.

Los problemas empezaron a surgir ya, a finales del siglo XX, cuando el antiguo Banco Bilbao planteó la quiebra de las pensiones, debido a la demografía.

Según sus cálculos la población española en el año 2010 iba a ser de 39 millones de habitantes y en consecuencia el sistema iba a quebrar. La realidad fue bien distinta, España pasó de cuarenta millones y medio de habitantes a cuarenta y seis millones ochocientos mil habitantes.

¿Cómo es posible semejante error en solo diez años? Como verán, siempre emplean la demografía como arma para justificar políticas de jubilación retrógradas, pero siempre con grandes errores.

Veamos ahora un poco de historia de las pensiones y datos que nadie dice. La actual forma de las pensiones públicas proviene del Real Decreto Ley 36/1978 y supuso una reforma surgida de los Pactos de la Moncloa, creándose un sistema de participación institucional de los agentes sociales, marcando una nueva fase en el sistema de pensiones.

Uno de los momentos claves fue la creación del llamado Pacto de Toledo, siendo este, aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados de España durante la sesión del seis de abril del año 1995, del documento previamente aprobado por la Comisión de Presupuestos el treinta de marzo del año 1995, referente al “análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse”.

Una de las propuestas realizadas en el Pacto de Toledo era que se establecía la necesidad de separar las fuentes de financiación para una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones.

La Ley 35/2002, que reformó el sistema, incluyó la separación de fuentes de financiación mediante aportaciones del Estado para cubrir los complementos mínimos, lo que supuso un primer paso hacia la separación total.

Sin embargo, fue en el año 2013 cuando, mediante una importante aportación del Estado, se completó esta separación, permitiendo que el sistema de la Seguridad Social se financiara únicamente con cotizaciones y que el gasto de las pensiones no contributivas fuera sufragado por los Presupuestos Generales del Estado.

Las pensiones no contributivas son gestionadas por las Comunidades Autónomas y financiadas directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que las distingue claramente de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social.

Esta medida supone que las prestaciones contributivas se financien con las cotizaciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores, mientras que las prestaciones no contributivas, los gastos sanitarios y asistenciales se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos generales.

Hoy hay tres clases de pensiones:

  • Las pensiones contributivas pagadas por la Seguridad Social.
  • Las pensiones no contributivas, financiadas por los presupuestos generales del Estado y abonadas por las comunidades autónomas.
  • Las pensiones generales de jubilación de los funcionarios pagadas por el ministerio de Hacienda cuyo número es de unos 650.000 jubilados.

Distinguir esto es importante, porque se habla de las pensiones en general mezclando conceptos muy diferentes y es aquí donde nos vamos a llevar la primera gran sorpresa.

Desde el año 1978 hasta el año 2013, la Seguridad Social con las pensiones contributivas, ha estado pagando las suyas y las que correspondían pagar al Estado y que se las ha estado ahorrando.

No estamos hablando de una cantidad pequeña sino según cálculos rondan los 300.000 millones de euros, que la Seguridad Social ha dado al Estado al asumir unas pensiones que no le correspondían pagar.

Según el informe del Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización sobre la evolución económica financiera de la Seguridad Social emitido el treinta y uno de diciembre del año 2018, dice lo siguiente:

“La demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio perjuicio al sistema de la Seguridad Social, puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos, fundamentalmente cotizaciones sociales, la parte del coste no asumido por el Estado, siendo está una de las causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afecta actualmente a la Seguridad Social”.

Por eso, que haya gente de derecha que llame a los jubilados insolidarios y que les estamos robando el futuro, es justo lo contrario de lo que ha sucedido. Gracias a ese dinero, el Estado pudo llevar a cabo políticas educativas y sanitarias que favorecieron a todos.

Segundo aspecto muy importante, es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es un fondo soberano de inversión ideado en el Pacto de Toledo e institucionalizado en la Ley 24/1997, de quince de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social. La primera aportación se realizó en el año 2000 durante el gobierno de José María Aznar.

El Fondo de Reserva de las pensiones llegó a tener 66.815 millones de euros, a esa cantidad habría que añadirle unos 25.000 millones de euros de intereses generados por el Fondo de reserva. Estamos hablando de más de 92.000 millones de euros.

En caso de crisis, la ley determina que el Gobierno podrá retirar parte del fondo. La cantidad límite que se puede extraer cada año no puede ser superior al 3% del gasto hecho en pensiones contributivas.

No obstante, ese límite se suspendió en el año 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que dispuso por decreto que el Gobierno podría disponer durante cinco ejercicios del dinero necesario, previa notificación al Congreso de los Diputados.

En efecto, entre los años 2012 y 2017 el fondo de reserva disminuyó su capital desde 66.815 millones hasta 8.095 millones. El año más sangrante fue 2016, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy sacó de la hucha de las pensiones 20.136 millones. En octubre del año 2018, trascendió que el Fondo de Reserva había perdido 24 millones de euros al invertir en letras del Tesoro.

En diciembre del año 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez retiró del Fondo de Reserva 3.000 millones de euros para atender la paga extra de Navidad, dejando así la hucha en su mínimo histórico. Al año siguiente, retiró 2.900 millones, dejándolo en 2.153 millones.

Si seguimos los comentarios de la prensa española sobre lo que estaba pasando con el Fondo de Pensiones fue el silencio absoluto.

Sin embargo, para la prensa internacional estábamos ante el mayor desfalco de la historia de España y probablemente de Europa. Consideran que el saqueo del sistema financiero español, con Bankia a la cabeza se queda pequeño, en relación a lo que sucede con el Fondo de Reserva de las Pensiones. Veamos:

El gobierno del PP de Rajoy está usando hasta el 97,4% de los fondos de reserva del sistema de pensiones en comprar deuda pública. Es decir, el Estado español pone en el mercado deuda soberana, pero el único que la compra es el propio Estado español, que se adquiere a sí mismo la deuda que emite, usando para ello los fondos que garantiza las pensiones futuras.

El diario económico alemán Deutche Wirtchafts Nachwischten, titulaba así un artículo el día cuatro de enero del año 2013 “Saqueo de los fondos de pensiones para comprar bonos del Gobierno de España” y en dicho artículo decía “al menos el 90% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español convertidas en bonos de España. Especula con el dinero de sus jubilados, arriesgando más que sus ahorros”.

El diario The Wall Street Journal, que defiende los intereses económicos y financieros de los norteamericanos, publicó un artículo el tres de enero del año 2013, titulado “España usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda soberana”.

El artículo decía “España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, El Fondo de Reserva de la seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno, una operación dudosa sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones. La maniobra, que ha pasado desapercibida, está por concluir ya que queda muy poco dinero disponible. Al menos el 90% del fondo de 65.000 millones de euros, unos 85.700 millones de dólares, ha sido invertido en deuda española con cada vez más riesgo, de acuerdo con cifras oficiales y el gobierno ha empleado para realizar pagos de emergencia”.

El conocido diario Financial Times calificaba a Mariano Rajoy como “político provinciano” y a Luis de Guindos como “el peor ministro de economía de Europa”.

El semanario alemán Der Spiegel considera que el gobierno español está saqueando el fondo de reserva de las pensiones. “España ha saqueado en silencio la hucha más grande del país, el fondo de reserva de la seguridad social debido a sus dificultades financieras”.

Esta transferencia de fondos se ha llevado a cabo en secreto, y por supuesto no ha sido conocida ni menos autorizada por los integrantes del llamado Pacto de Toledo, que regula cuanto se refiere al sistema público de pensiones de España, ni desde luego por el Parlamento español, órgano supremo de la soberanía nacional.

Resulta escandaloso que el único comprador es el propio Estado español, que se adquiere a sí mismo la deuda que emite, usando para ello los fondos que garantizan las pensiones futuras. No deja de ser un engaño contable con la deuda pública española dado que el deudor y el acreedor del fondo de reserva de la Seguridad Social es la misma entidad.

A partir del año 2022 se ha vuelto a meter dinero y a finales del año 2024 ya eran 9.377 millones de euros. Se estima que en agosto del año 2025 ya dispone de unos 14.000 millones de euros.

Julia López catedrática de Derecho y de la Seguridad Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona analizó lo sucedido en el Fondo de Reserva de las pensiones y decía: “Lo que se ha producido es un expolio de las pensiones, se está sacando dinero del Fondo de Reserva, que tiene una asignación directa finalista y se está utilizando para otras cosas. Hay un incumplimiento del Pacto de Toledo, que dice que el Fondo sirve para garantizar algo que está en la Constitución (los poderes públicos mantendrán un sistema público de pensiones). Por tanto, lo primero que hay que hacer es devolver ese dinero”.

Las políticas de empleo desarrolladas en sus cinco años de gobierno del PP, las conocidas exenciones sociales, los famosos “low cost”, o la exención de los primeros 500 euros, han supuesto un gasto en este periodo unos 16.000 millones de euros, que han ido a parar a las manos empresariales, sin coste alguno para el Estado y es un dinero que han pagado los pensionistas directamente a los empresarios,

Julia López dice al respecto “se han utilizado la deducción de cotizaciones para crear entre comillas empleo, un tipo de empleo precario que mete a la Seguridad Social en un ciclo vicioso: primero porque no paga cotizaciones y luego porque no genera recursos. La Seguridad Social no puede ser un instrumento para alimentar las políticas de empleo. Estamos conectando la Seguridad Social con el mercado de trabajo de forma viciosa, mientras no rompamos eso, no arreglaremos el problema. La Seguridad Social tiene que recuperar su autonomía.

Si analizamos lo que dicen los economistas del PP y las campañas que realizan sin descanso los voceros periodísticos de la derecha y ultraderecha española, veremos cómo van a llevarnos a una desregulación del mercado del trabajo. Cuyas consecuencias van a llevarnos a un empobrecimiento de los trabajadores y clases medias y asistiremos a un enriquecimiento exagerada como ya se está observando en Argentina y Estados Unidos.

Deben de saber que, si llega el PP al gobierno, subirá el gasto en Defensa al 5%, es decir unos 45.000 millones de euros y además deberá cumplir las normas europeas de control del déficit. Lo que va a suceder en España si no lo remediamos, lo estamos viendo en la Francia de Macron.

Macron al llegar al poder propuso una reducción de impuestos a los ricos por una cantidad de 60.000 millones de euros, como consecuencia de ello tiene un déficit desbocado. Como lo soluciona el señor Macron, pues muy sencillo, los ricos siguen engrosando sus bolsillos con sus 60.000 millones de euros, a las clases bajas y medias francesas plantea una reducción de gasto de 44.000 millones de euros, provenientes de tres sectores, pensiones, educación y sanidad.

Si leen las últimas declaraciones del representante económico del PP ,el neoliberal Alberto Nadal que ya estaba con Rajoy, dice que lo primero que harán será bajar los impuestos a los ricos como hace Ayuso, con lo cual la recaudación disminuirá. A ello deberemos añadir, los más de 45.000 millones extras de defensa, por lo cual las cuentas son imposibles de cuadrar, pues se han comprometido llevar el gasto militar al 5%.

¿Saben a quién van a cargar estas políticas económicas tan maravillosas del PP?

EL MODELO DE LAS PENSIONES PRIVADAS

Los economistas neoliberales nos ponen como ejemplo de lo bien que funcionan los sistemas privados en Chile y Suecia.

Suecia, antiguo paraíso de la socialdemocracia, con un sistema de bienestar social impecable, decide hace diez años, con la llegada de los conservadores al poder, iniciar el proceso de privatización de sectores del Estado. Se privatizaron amplios sectores de la educación y de las pensiones públicas.

En el año 2005, Suecia y Finlandia ocupaban los primeros lugares mundiales en educación. En el año 2015, Suecia está detrás de la denostada educación pública española. ¿Este es el gran éxito sueco de la privatización? Del sector privado de las pensiones no ha dado tiempo para valorarlo pues deben pasar varias décadas.

El otro país que mencionan los economistas es Chile, y este si se puede valorar y sacando las consecuencias pertinentes. Bajo el gobierno del dictador Augusto Pinochet, en el año 1981, se inicia el proceso de privatización de las pensiones.

En ese momento, el trabajador chileno tiene que optar por continuar en el sistema público o irse a uno privado. Veamos cuál es el resultado de ambas elecciones. Hablamos de dos técnicos de laboratorio, que cobran 730 dólares mensuales y se retiran con la misma edad y años de cotización. Uno se apunta al sistema público y el otro al privado.

El que eligió el sistema privado le queda una pensión de 240 dólares mensuales y la duración de su pensión es de veinte años. Si ese trabajador vive más de veinte años desde que se jubila se queda sin nada. El que eligió el sistema público de pensiones le queda una pensión de 540 dólares y por toda la vida.

¿Cuál elegiría usted? Esto es lo que nos ofrecen los bancos españoles. ¿Por qué no explican esto los economistas neoliberales? ¿Por qué nunca explican los datos de las pensiones privadas en nuestro país?

Pero hay mucho más, el Estado chileno tuvo que pagar el 8% de su PIB a los bancos privados, así que el negocio es redondo para los bancos. Un alto cargo de la derecha chilena dice:

“El sistema privado de pensiones es bueno para el país, pero muy malo para la mayoría de los chilenos” y acaba diciendo: “Si la mayoría de los chilenos tuviera de verdad libertad de elección, el 90% volvería al sistema público”. La presidenta chilena Michel Bachelet califica en su mandato que el sistema privado de pensiones chileno era un escándalo.

¡Sorprendidos! Saquen ustedes las consecuencias. La defensa de las pensiones públicas es vital para la mayoría de los españoles. Aprendamos de la experiencia chilena y sueca.

LAS PENSIONES Y EL SISTEMA FISCAL

Hablar de pensiones y no tocar el sistema fiscal español es no entender que está pensado, para favorecer a los ricos y ahí tienen la culpa los dos partidos de gobierno, PP y PSOE. Esto lo vamos a entender enseguida.

Si escuchamos a los tertulianos de derechas, a su prensa y a la derecha en general nos dicen que en España se pagan muchos impuestos ¿Es esto real o es una mentira más?

La presión media de la Unión Europea en el año 2023, según cifras de Eurostat era del 41,2%, mientras que en España es el 38,3%. Hay un hecho cierto y es que las clase trabajadoras y las clases medias españolas están al mismo nivel que la media europea, la diferencia en recaudación se debe fundamentalmente a que las clases adineradas pagan muy pocos impuestos. De ahí la idea de injusticia del sistema fiscal español y por lo que se debería ajustar mucho más. Veamos los datos escandalosos que tienes este sistema fiscal.

  • Se calcula que hay una defraudación fiscal anual de 90.000 millones de euros, de los cuales se calcula que el 75% provienen de las 35 empresas del IBEX. Unos 20.000 millones de defraudación del IRPF. Otros 40.000 millones en IVA.
  • La elusión fiscal se calcula que suponen a la Hacienda unos 36.000 millones.
  • La economía sumergida supone un 24% del PIB, y sólo nos adelantan en Europa, Grecia con el 36% e Italia con el 31%.
  • Se calcula que rebajando un 10% esa economía sumergida, provocaría un aumento de 45.000 millones a la Hacienda. Debemos saber que la economía sumergida en la Unión Europea está en el 12%.

Después de estos datos, podemos decir, que si el Estado funcionara bien no debería haber ninguna dificultad para las pensiones ni para la educación o sanidad.

Pero es que hay más y entenderán mejor esta injusticia, porque también es posible mejorar la recaudación en las pensiones públicas contributivas. No todos los afiliados a la Seguridad Social pagan igual. Existe un tope a partir de 4.909,5 euros que ya no pagan. Si todos pagaran en la proporción, es decir, destoparán el máximo, aumentaría la recaudación en unos 7.000 millones de euros anuales.

Se debería de dejar de subvencionar los fondos de pensiones privados, que suponen a las arcas del Estado unos 1.200 millones de euros.

Hoy podemos decir, que la Seguridad Social en pensiones no contributivas no tiene déficit. El déficit que se achaca a la Seguridad Social son transferencias de dinero, para que pague las pensiones no contributivas que no le corresponden pagar y que lo hace actualmente el Estado mediante estas transferencias y de ahí que se diga que el déficit sea de la Seguridad Social.

Hoy ni los medios de comunicación hablan de las pensiones, haciendo un totum revolutum que lleva a mentir y a confundir y a no entender lo que pasa. Se piensa que las pensiones deben pagarse siempre con las contribuciones de los afiliados. La realidad es que en la inmensa mayoría de los países tienen un sistema mixto para poder pagas las pensiones, es decir, contribuciones y el Estado.

Como dice Juan José Torres, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla sobre los economistas neoliberales: “Esos análisis nunca han acertado. Es un concepto que se plantea mal, porque no tienen en cuenta todas las variables y se manipulan aquellas que permitirían afirmar que se pueden sostener perfectamente las pensiones. No se puede hacer trampa”.

¿Tienen ya claro el tema de las pensiones? Ahora les toca a ustedes defender sus derechos. La cuestión de las pensiones no es un problema económico simplemente es político. Por eso debemos mantener siempre el derecho y la lucha por a una pensión justa." 

Edmundo Fayanás Escuer , Rebelión, 27/09/25)

22.9.25

La trampa contable que alimenta el discurso del miedo sobre el futuro de las pensiones: ¿Son sostenibles a largo plazo? El sistema de pensiones será sostenible siempre que lo sea el conjunto de las Administraciones públicas. Mientras el Estado en su conjunto tenga unas cuentas públicas sostenibles, conserve acceso normal a los mercados y capacidad recaudatoria, las pensiones se pagarán sin interrupciones... "Están engañando un poco a la gente. En términos ortodoxos, habría que fijarse en el déficit público de todo el Estado, no solo en el de la Seguridad Social... si las pensiones de viudedad y orfandad, que ahora paga la Seguridad Social, las pagara directamente el Estado, se podrían pagar todas las pensiones de jubilación únicamente con las cotizaciones sociales ", explica Garzón... Juan Torres explica que "los recursos que se vayan a poder dedicar a financiar las pensiones dependen, en primer lugar, de una decisión política y, en segundo lugar, del volumen del PIB que genere una economía... No es honesto considerar que la sostenibilidad está en cuestión solo porque aumente el número de pensionistas y disminuya el de cotizantes sin tomar en consideración el tamaño global de la tarta a repartir"

 "Uno de los debates más recurrentes y controvertidos entre los economistas gira en torno a la cuestión de si el actual sistema público de pensiones es sostenible o no. La controversia resurge de vez en cuando, como ocurrió hace unos días en la red social X después de que el economista Eduardo Garzón, profesor en la Universidad Autónoma del Madrid, acusara a una analista política de propagar bulos sobre el coste del sistema tras afirmar esta que el déficit de las pensiones alcanzó los 60.600 millones de euros en 2024. Garzón acusó a la analista de utilizar cifras infladas y de alimentar un discurso en favor de bancos y aseguradoras que hacen negocio con las pensiones privadas.

Pensiones sostenibles

Juan Torres: "No es honesto considerar que la sostenibilidad sin tener en cuenta el tamaño global de la tarta a repartir"

13.7.25

A pesar de que la Unión Europea, fiel defensora de la contención, por no decir los recortes, de las pensiones, ha dado su visto bueno a la situación actual de nuestro sistema público de pensiones, los ataques no cesan por parte de diferentes grupos autodenominados “de expertos”, financiados por el sector financiero... La conclusión, que no se menciona en el texto, es que, con la legislación actual, la variación de la Tasa Bruta de Reemplazo será mínima de aquí a 2065... Se puede comprender que los bancos y las aseguradoras promuevan y financien estudios cuyos resultados favorecen sus intereses. Menos comprensible es que eso incluya estudios cuya única aportación es un título llamativo, que no se justifica por el contenido, como ocurre en este caso (Juan Antonio Fernández Cordón)

 "A pesar de que la Unión Europea, fiel defensora de la contención, por no decir los recortes, de las pensiones, ha dado su visto bueno a la situación actual de nuestro sistema público de pensiones, fruto de las reformas introducidas por el actual gobierno de coalición, los ataques no cesan por parte de diferentes grupos autodenominados “de expertos”, financiados por o en abierta colaboración con el sector financiero. Un último ejemplo es el trabajo publicado recientement por la Fundación BBVA y el Ivie, como Esenciales 03/2025 (BBVA-Ivie, 2025), con un título llamativo, que ha conseguido así la atención de los medios de omunicación.

Ese breve estudio empieza por cuantificar el efecto, entre 2025 y 2065, de la maduración de las reformas introducidas a partir de 2021, sobre la Tasa Bruta de Reemplazo (TBR)[1]. En particular, destaca que, para los que solo han cotizado durante 30 años:

– los que tienen ingresos bajos, mejoran su TBR: de 77,1% en 2025 a 79,6% en 2065.

– los que tienen ingresos medios sufren una ligera disminución: de 77,1% a 75,3%

– los que tienen ingresos altos se benefician de un aumento: de 53,4% a 64,8%

Para los que han cotizado 35 o 40 años, la TBR para los ingresos bajos y medios se mantiene y aumenta ligeramente para los altos. Todas se sitúan en torno al 90%[2].

La conclusión, que no se menciona en el texto, es que, con la legislación actual, la variación de la TBR será mínima de aquí a 2065. Como es evidente, los que han cotizado menos (por ejemplo 30 años, en vez de los 38.5 que se van a exigir, a partir de 2027, para recibir el 100% de la Base Reguladora (BR)) van a recibir una pensión inferior y, por lo tanto, su TBR será también inferior.

En el estudio, también se afirma, por una parte, que los que quieran mantener su nivel de vida previo, habiendo cotizado solo 30 años, podrán jubilarse más tarde, añadiéndo así años de cotización (otra evidencia) o bien contratar una pensión privada (un deseo interesado que tal vez explique la motivación de este trabajo). Por otra parte, mediante un deslizamiento que no se explica de manera convincente, se afirma que son los jóvenes de ahora los que van a tener menos años cotizados (por ejemplo, solo 30). Como argumento, se esgrimen las tasas de ocupación de los jóvenes de 16-29, hoy por debajo de su nivel de 2007. Se omite señalar que en 2007 se dieron máximos de la tasa de ocupación a todas las edades y que las tasas de los jóvenes (como las de otras edades) dejan de disminuir a partir de 2013 y han subido desde entonces, como muestra el primer gráfico que presenta el propio estudio BBVA-Ivie. Teniendo en cuenta la situación actual del mercado de trabajo y el aumento considerable de ocupados que se está produciendo, es previsible que la tasa de ocupación de los jóvenes va a seguir aumentando en el próximo futuro. Por otra parte, para llegar a la jubilación a los 67 años con solo 30 años cotizados, hay que haber empezado a cotizar a los 37 años, una edad muy improbable, por tardía, para la mayoría. El retraso de la entrada en el mercado de trabajo de los jóvenes actuales no puede por tanto explicar que sean ellos los que más sistemáticamente van a tener menos años cotizados en el momento de la jubilación. La temporalidad, otro argumento para asociar los jóvenes y la insuficiencia del tiempo cotizado, está disminuyendo, gracias a la reforma laboral promovida por el actual gobierno. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, ha pasado de 50,3% en 2007 a 34,7% en 2023, y la tendencia es a que siga disminuyendo (MTSS, 2024, p. 21).

Sin duda habrá personas que no consigan llegar al mínimo de años cotizados para obtener una pensión plena, pero son colectivos que habrán tenido carreras laborales fraccionadas o truncadas. Es más probable que estén formados por mujeres de bajo nivel educativo e ingresos reducidos (con mayoría de inmigrantes) que no podrán costearse una pensión privada.

El planteamiento de los autores es, por lo demás, bastante sorprendente. Parecen asumir, como normalidad, que la TBR sea máxima para todos y consideran que los que no la alcancen a la edad legal de jubilación (67 años a partir de 2027) deberán retrasar su salida de actividad. Esto haría de España uno de los paises de la OCDE con las TBR más altas, en el que la media coincidiría con la máxima, en torno a 90%, válida para todos. Actualmente (en 2023, último dato disponible) la TBR media en España es de 80,4% para ingresos bajos y medios y de 49,6% para los altos (OCDE, 2024, p. 151). En algunos países es menor, como en Suecia que, con su sistema de cuentas nocionales, que tanto gusta al entorno intelectual de los autores, tiene una TBR de 62,3% para los ingresos bajos y medios, con jubilación a los 70 años (OCDE, 2024, p. 151). No hablemos de los Estados Unidos que, para ingresos bajos, asegura el 49,4% y para los altos, el 27,8% del último salario (OCDE, 2024, p. 151). El planteamiento es tanto más sorprendente cuanto los autores contemplan las siguientes hipotéticas reformas, que podrían aprobarse en el futuro, que, todas, hacen disminuir la TBR:

a) Elevar el período utilizado para el cómputo de la BR hasta los 35 años

b) Aumentar hasta 40 años de cotización el mínimo para obtener una pensión igual al 100% de la BR

c) Vincular la pensión inicial a la esperanza de vida (Factor de sostenibilidad, también llamado de Equidad Intergeneracional) a partir de 2044

El resultado, como era esperable, es una reducción sistemática de la TBR, cualquiera que sea el número de años cotizados. Los autores no plantean de cuanto tendrían los jóvenes que retrasar su jubilación, si se aprobaran estas reformas (bastante más que los 6 años anunciados). Sin embargo, en el resumen que encabeza el artículo, existe cierta confusión al respecto.

Las dos primeras medidas están en la línea habitual de los reformadores que buscan reducir el gasto en pensiones. La tercera formaba parte de la Reforma de 2013, aprobada con la entonces mayoría absoluta del PP (sin consenso en el Pacto de Toledo), y que fue objeto de rechazo general, por la temible bajada de la pensión inicial que implicaba, por su carácter socialmente regresivo y que fue finalmente abolida.

¿A qué viene traerlas aquí? Podemos pensar que se trata de un ejercicio de prospección, de cuantificar el efecto de algunas reformas, pero entonces: ¿por qué estas y no otras? No lo justifican los autores. Pero es más probable que se trate de una anticipación del futuro que nos espera, en el caso de que se produjera un cambio de mayoría política. Son estas algunas de las reformas que serían propuestas y, entonces, con seguridad, aprobadas. Todas conducen al mismo resultado: una disminución de las pensiones de los jubilados.

En su afán de denunciar el supuesto conflicto generacional entre viejos con pensiones demasiado generosas y jóvenes olvidados por las políticas públicas, los autores rizan la incoherencia, al presentar como negativo para los jóvenes unas reformas (hipotéticas) que conducen a recortar las pensiones, una política que ellos mismos promueven.

Se puede comprender que los bancos y las aseguradoras promuevan y financien estudios cuyos resultados favorecen sus intereses. Menos comprensible es que eso incluya estudios cuya única aportación es un título llamativo, que no se justifica por el contenido, como ocurre en este caso." 

 , Economistas frente a la crisis, 04/07/25)

1.7.25

Vox ha publicado su programa económico... quiere sustituir al actual sistema de pensiones públicas por pensiones privadas... Para disponer de dinero suficiente para la pensión por el método de capitalización hay que ir ahorrando a lo largo de la vida. ¿Y quién puede ahorrar lo suficiente? No es fácil estimarlo, pero veamos un ejemplo... Una persona de 35 años que hoy día ganase 2.250 euros al mes (prácticamente el sueldo medio en España) tendrían que ahorrar 510 euros mensuales y dedicarlos a un fondo de pensiones para tener una pensión equivalente al 80% de su sueldo desde que tuviera 67 años hasta los 87, sin interrupción... cuando entre el 45 y el 50% de la población española no llega a fin de mes, o tiene grandes dificultades para conseguirlo. Por tanto, de ningún modo podría ahorrar esa cantidad... no más del 25%, como mucho, de nuestra población estaría en condiciones de financiarse un fondo de ahorro privado que le garantice una pensión mínimamente digna... además, sólo 99 fondos de los 393 con 15 años de historia en 2023 (25,2%) habían tenido una rentabilidad superior a los bonos del Estado, 57 (14,5%) a la del IBEX, y 9 la tuvieron negativa. Para ser más rentables deben invertir en productos inseguros y eso convierte sus patrimonios en más arriesgados y expuestos a quiebras... La propuesta de privatizar la financiación de las pensiones sólo trae consigo menos pensiones, pensiones más bajas para quien pueda financiárselas, riesgo financiero y de crisis económicas... pero estamos hablando de un negocio gigantesco para el sector financiero. Este es quien apoya y financia el gran fraude que consiste en hacer creer que el sistema de pensiones públicas basado en el reparto es insostenible a causa del envejecimiento de la población... Si bien es es obvio que el envejecimiento de la población influye en la sostenibilidad, es fácil demostrar y está ampliamente comprobado que depende principalmente del incremento de la productividad, del volumen de masa salarial y de cómo se reparte el valor de lo producido. Y, además, si no fuese suficiente con ello, siempre se pueden financiar por impuestos generales, lo cual significa que sus sostenibilidad depende de una decisión política y no de circunstancias financieras... En España, cientos de miles de personas con salarios y condiciones de trabajo miserables votarán a un partido como VOX que propone reducir salarios y que acabaría con sus pensiones si gobernase. Al menos, hay que reconocer que la extrema derecha tiene mérito a la hora de engañar a la gente (Juan Torres López)

"El partido de extrema derecha español ha publicado su programa económico cargado de propuestas ultraliberales cuya falta de fundamento y efectos nocivos ya se han puesto de relieve en muchas ocasiones.

Comentaré ahora sólo una de ellas que tendría consecuencias especialmente catastróficas si se llevara cabo: sustituir al actual sistema de pensiones públicas basado en el reparto (es decir, las personas empleadas actualmente financian con parte de sus sueldos la pensión de las ahora jubiladas) por uno basado en la capitalización (cada persona ahorra, se invierte ese ahorro en mercados financieros y al final de la vida activa se recupera lo ahorrado como pensión).

Voy a empezar la crítica por el final. La primera vez que se puso en marcha un cambio de esa naturaleza fue en Chile con la dictadura de Pinochet. Significativamente, el cambio hacia la capitalización se impuso a toda la población trabajadora, menos a los militares y a la policía, cuyas pensiones todavía siguen garantizadas por un sistema de reparto. ¿Por qué fue así, si la capitalización es tan ventajosa?

Las razones están claras. El sistema de reparto es mucho más seguro, más económico y mucho más equitativo. Estas son, expuestas muy breve y claramente.

– El sistema de capitalización tiene aún más riesgos que el de reparto. La financiación de este último puede verse afectada por el envejecimiento y, como sucede ahora, por la baja productividad o gran desigualdad que reduce la masa salarial. Pero se puede financiar, además, por vía de impuestos generales. Sin embargo, el sistema de capitalización puede fallar cuando hay crisis económicas, inflación o mala gestión de sus administradores, circunstancias que son cada vez más frecuentes en el capitalismo de nuestros días. Las personas que optaran por fondos afectados por esas situaciones, perderían sus pensiones o sólo recibirían unas de muy pequeña cuantía.

– El cambio de un sistema a otro es tremendamente costoso por una sencilla razón: durante mucho tiempo, quizá treinta años o más, habría que seguir pagando las pensiones de reparto sin que se estuviran recaudando cotizaciones sociales. Esto costaría tanto que hasta los más fervientes defensores de la capitalización han desistido de proponerlo para llevarlo a la práctica en España. Algunos cálculos estiman que podría costar el equivalente a nuestro PIB actual (1,6 billones de euros) en varias décadas, o quizá más, dependiendo de la velocidad del cambio y de las reformas complementarias que se hicieran. La deuda española y el gasto añadido por intereses se dispararían. En realidad, son inasumibles.

– La mayor parte de los españoles no tendrían pensión al jubilarse o solo tendrían una mucho más reducida que la proporcionada por el sistema actual.

Para disponer de dinero suficiente para la pensión por el método de capitalización hay que ir ahorrando a lo largo de la vida. ¿Y quién puede ahorrar lo suficiente? No es fácil estimarlo, pero veamos un ejemplo.

Una persona de 35 años que hoy día ganase 2.250 euros al mes (prácticamente el sueldo medio en España) tendrían que ahorrar 510 euros mensuales y dedicarlos a un fondo de pensiones para tener una pensión equivalente al 80% de su sueldo desde que tuviera 67 años hasta los 87, sin interrupción. Es decir, un 22,6% de su sueldo. Para obtener una pensión equivalente al 60% de su sueldo actual, este porcentaje debería ser del 17%.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y otras investigaciones, entre el 45 y el 50% de la población española no llega a fin de mes, o tiene grandes dificultades para conseguirlo. Por tanto, de ningún modo podría ahorrar esa cantidad. Teniendo en cuenta que el nivel medio de ahorro de las familias españolas no supera el 15% de su renta, se puede estimar que no más del 25%, como mucho, de nuestra población estaría en condiciones de financiarse un fondo de ahorro privado que le garantice una pensión mínimamente digna. Esa es también la razón por la que las propuestas de recurrir a la capitalización como sistema complementario están condenadas al fracaso porque la mayoría de la población no tiene renta disponible suficiente para ahorrar semejantes cantidades.

Se puede argumentar que podría dedicarse a financiar el ahorro la totalidad de las cotizaciones sociales, pero eso significa que tendrían que añadirse fondos adicionales para cubrir otras prestaciones que cubre la Seguridad Social, si es que se quisieran mantener.

– El sistema de capitalización no es rentable.

En su programa económico, VOX propone que exista un «fondo de pensión público con criterios de rentabilidad privada» y esto es otro de los engaños habituales de quienes defienden este sistema.

El ahorro a través de los fondos privados sólo es rentable para sus administradores y grandes patrimonios y nunca con toda seguridad.

Una investigación independiente ha mostrado que sólo 99 fondos de los 393 con 15 años de historia en 2023 (25,2%) habían tenido una rentabilidad superior a los bonos del Estado, 57 (14,5%) a la del IBEX, y 9 la tuvieron negativa. Para ser más rentables deben invertir en productos inseguros y eso no sólo convierte sus patrimonios en más arriesgados y expuestos a quiebras, sino también en motores de inseguridad y volatilidad que extienden por todo el sistema económico, cuando actúan como canalizadores de la inversión especulativa. Esto último provoca las crisis financieras que destruyen sus patrimonios y producen pérdidas cuantiosas a los ahorradores. A poco que caigan las bolsas o haya crisis, lo que suele ocurrir cada vez con más frecuencia, la rentabilidad de estos fondos se desvanece.

Además, hay otros factores que reducen la rentabilidad de los planes de capitalización: las comisiones que suelen ser altas; los costes de convertir la cantidad ahorrada a una renta vitalicia, en lugar de recuperarla de un golpe; y los impuestos (dejando a un lado, lo injusto que resulta que este tipo de fondos tengas ayudas fiscales).

– La capitalización cubre más costosa o difícilmente, o simplemente no cubre, otros riesgos que sí cubren los sistemas de reparto, como la viudedad, la orfandad y la invalidez.

– El envejecimiento afecta a la solvencia de un sistema de reparto, ciertamente. Pero también al de capitalización: si llega un momento en que las personas jubiladas son muchas, debe haber mucho más ahorro para convertir en líquidos sus activos ahorrados. Pero, si hay menos empleadas que estén ahorrando habría una dificultad semejante para hacer líquidos, en forma de pensión, los fondos acumulados.

La propuesta de privatizar la financiación de las pensiones mediante métodos de capitalización sólo trae consigo menos pensiones, pensiones más bajas para quien pueda financiárselas, riesgo financiero y de crisis económicas y costes extraordinarios para los gobiernos, todo lo cual se traduce en empobrecimiento y aumento de la deuda.

Lo anterior está perfectamente documentado y se sabe a la perfección, pero estamos hablando de un negocio gigantesco para el sector financiero. Este es quien apoya y financia el gran fraude que consiste en hacer creer que el sistema de pensiones públicas basado en el reparto es insostenible a causa del envejecimiento de la población, porque depende sólo de la relación entre el número de cotizantes y de pensionistas. Haciéndolo creer, pueden justificar su privatización para utilizar en su beneficio el gran volumen de dinero que mueven las pensiones.

Si bien es es obvio que el envejecimiento de la población influye en la sostenibilidad, es fácil demostrar y está ampliamente comprobado que depende principalmente del incremento de la productividad, del volumen de masa salarial y de cómo se reparte el valor de lo producido. Y, además, si no fuese suficiente con ello, siempre se pueden financiar por impuestos generales, lo cual significa que sus sostenibilidad depende de una decisión política y no de circunstancias financieras.

Lo que pone en peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas basado en el reparto no es que la proporción entre pensionistas y cotizantes aumente, sino la cada vez mayor financiarización en perjuicio de la actividad económica real de producción de bienes y servicios, lo que reduce la productividad, y aumenta la precarización del empleo y la desigualdad que disminuyen la masa salarial. Y, además, la negativa de los grandes capitales y patrimonios a sufragar los gastos generales en función de su capacidad de pago y su rechazo de los principios más elementales de equidad y solidaridad.

Los partidos políticos que desean que la totalidad de las personas dispongan de ingresos dignos al dejar de trabajar apoyan el sistema de reparto junto a un sistema fiscal justo y progresivo y políticas que combaten el privilegio de las finanzas y la desigualdad. Los que defienden los intereses de la banca y del sistema financiero, defienden con engaños su privatización y los métodos de capitalización porque ponen por delante el beneficio financiero y les da igual que la gente deje de cobrar pensiones o que cobre cantidades miserables.

Como dije al principio, se sabe perfectamente que es así, y por eso el mejor y más seguro sistema de reparto se mantuvo para militares y policías en la dictadura de Pinochet, y todavía está vigente para ellos.

En Estados Unidos han votado a Trump millones de personas que ahora han sido deportadas, van a serlo, están perseguidas, o van a perder su atención sanitaria. En España, cientos de miles de personas con salarios y condiciones de trabajo miserables votarán a un partido como VOX que propone reducir salarios y que acabaría con sus pensiones si gobernase. Al menos, hay que reconocer que la extrema derecha tiene mérito a la hora de engañar a la gente."

(Juan Torres López, blog, 30/06/25)