Vox conocía la corrupción de Revuelta meses atrás, e intentó tapar el desvío de dinero procedente de las donaciones obtenidas por la asociación juvenil para ayudar a las víctimas de la DANA, inventando fórmulas imaginativas como “hacerse un Alvise” o decir que la organización “había estado comprando lavadoras o limpiando casas”... Víctimas de la DANA, desgarradas por la "estafa" de Revuelta, declaran que : "Esas donaciones podrían haber aliviado a familias... y pedimos a la gente que donó el dinero, si se siente estafada, porque es una estafa, que ponga una denuncia" (El Plural)

 "Cronología de los audios secretos: Vox conocía la corrupción de Revuelta meses atrás e intentó taparla antes de denunciar.

Las grabaciones muestran que la dirección de Vox conocía el caso y buscó apagarlo internamente antes de hacerlo público.

 ElPlural.com ha publicado a lo largo de la semana audios secretos de Vox en los que dirigentes cercanos a Santiago Abascal y Jorge Buxadé, como el diputado Manuel Mariscal o el asesor en el Parlamento Europeo Arturo Villa (hijo de ‘el albondiguilla’, exalcalde del PP condenado en Gürtel), negocian con los líderes de Revuelta cómo tapar el presunto desvío de dinero procedente de las donaciones obtenidas por la asociación juvenil para ayudar a las víctimas de la DANA. 

En estos audios, obtenidos en exclusiva por este medio, se percibe claramente cómo desde hace al menos dos meses la formación de ultraderecha buscó atajar un problema que les afectaba internamente liquidando y cerrando Revuelta -algo que el propio Abascal había reclamado personalmente, según se desprende de las palabras de Mariscal, dos meses atrás-. Para ello, los representantes del partido en las negociaciones con los líderes de Revuelta inventan fórmulas imaginativas como “contratar a un abogado”, “dárselo a los viejos de Paiporta” y “hacerse una puta foto”, “hacerse un Alvise” o decir que la organización “había estado comprando lavadoras o limpiando casas”. 

Tras estas informaciones, que nacen de una guerra total entre Vox y Revuelta, ambos bandos contraponen versiones: la extrema derecha española defiende que ellos han denunciado la presunta corrupción de Revuelta (meses más tarde de conocerla, como demuestra ElPlural.com); mientras, la organización juvenil asegura que sus cuentas están limpias, que están a la espera de una auditoría y que esto sencillamente bebe de la voluntad de Abascal de adueñarse de la marca y controlarla de forma total desde la sede de Bambú.

Pero, ¿qué tenemos realmente? La línea temporal de estos audios, así como los testimonios que se recogen, son cristalinos: los fragmentos publicados por ElPlural.com datan de finales de septiembre y de octubre, meses antes de que Vox haya decidido denunciar a la organización juvenil -este mismo 5 de diciembre- que se presentó como una suerte de juventudes oficiales del partido. Lo que también se evidencia es una confrontación abierta entre las almas que convergen en Vox. Y, en medio, al menos 105.000 euros recaudados por Revuelta a través de donaciones para las víctimas de la DANA que no se habían gastado un año después de la tragedia. Y había que liquidar. Rápido. Sin hacer ruido. Como fuese. 

La voluntad era cerrar el círculo: “Hacer un Alvise”

Las grabaciones forman parte de un conjunto de audios en los que se muestra cómo la dirección del partido trató de neutralizar la crisis generada por los miles de euros recaudados tras la DANA y que, según explican los interlocutores, “no se habían gastado en la DANA”. Las conversaciones, protagonizadas en gran parte por Arturo Villa —asesor del eurodiputado Jorge Buxadé y vinculado a Revuelta hasta hace pocos meses— se centran en cómo cerrar el asunto, no en cómo esclarecerlo.

En ese contexto aparece una frase que resume el enfoque adoptado: “Nos marcamos la de Alvise”, en referencia a la estrategia de donaciones millonarias y opacas asociada al eurodiputado Alvise Pérez. La preocupación no se limitaba al fondo recaudado, sino a la posibilidad de que la historia derivara en un escándalo que acabase involucrando directamente a la cúpula.

 Durante esas reuniones, Mariscal es tajante al describir la situación interna: “Lo que yo estoy viendo con todo esto (…) es que esta situación nos está arrastrando a todos nosotros a situaciones muy dispares. A todos nos está llevando a algo malo”. Su mensaje final siempre converge en la misma conclusión: “Hay que acabar con esto por la tranquilidad de todos”.

Las grabaciones incluyen una conversación especialmente delicada entre Manuel Mariscal y Arturo Villa, en la que ambos enumeran posibles irregularidades cometidas por la organización juvenil. Villa es explícito: “Somos una asociación de mayores haciendo cosas para jóvenes. Pedimos dinero para la DANA pero lo gastamos en cosas para etarras. Hemos pagado cero euros de impuestos. Cero”. En la misma línea, advierte de las consecuencias de que el caso saliera a la luz: “Si sale algo, lo que no puede permitirse el partido es que esto salga sin que el partido actué. (…) Revuelta pagó cero euros de impuestos. Es heavy”, además de mencionar que la organización “pidió dinero a los valencianos y no se los gastó en…”. Mariscal, lejos de desmentirlo, suma su propia hipótesis: “O Revuelta estafó a Hacienda diciendo que tal…”.

Vox lo sabía y denunció a toro pasado

Los nuevos audios tan solo manchan un poco más a Vox, implicando a diputados nacionales y ubicando directamente el nombre del líder en la conversación. Sin embargo, más allá de lo rocambolesco de las palabras, con llamados a marcarse un “Alvise” y denigrando a “los viejos de Paiporta”, y el posible impago de impuestos, lo verdaderamente importante es que la formación de Abascal, que ha fingido escandalizarse con la explosión del caso, tras el comunicado de Arturo Villa, era conocedora de todo.

Toda la comitiva de Vox, según acusan sus propios compañeros, sabían del desvío de las donaciones de la DANA y de su situación tributaria, pero no lo denunciaron ni depuraron responsabilidades. Buscaron ocultarlo porque “muerto el perro se acabó la rabia”. Y acudir esta semana a la Autoridad Independiente de Protección del Informante a denunciar la situación no va a borrar que lo sabían desde hace, por lo menos, dos meses. Si ese proceder ocultista, priorizando no tener responsabilidades políticas a denunciar un posible delito, tiene responsabilidades judiciales de complicidad, deberán decidirlos los tribunales."

(JAVIER PARDO / ROBERTO UGENA / SUREN GASPARYAN , El Plural, 12/12/25) 

 

"Casi 14 meses después del paso de la DANA, cientos de familias de Valencia siguen sin haber recuperado su normalidad vital. 

En la memoria pesan las 230 víctimas y en las calles los restos de barro todavía recuerdan el fatídico día. Muchos comercios permanecen cerrados y personas inmersas en la vulnerabilidad más absoluta. Con este contexto, los afectados han recibido la noticia del desvío de las donaciones recaudadas por Revuelta, expuesto con los audios publicados en exclusiva por ElPlural.com, como una puñalada en el pecho.           

“Estamos tristes de escuchar estos audios porque mucha gente donó, se rascó el bolsillo, para ayudar a la gente de la zona cero en una situación muy complica y esas donaciones no han llegado”, ha expuesto este jueves Mariló Gradolí, asociación Víctimas de la DANA 29-O. Al borde de la lágrima, la damnificada ha sido capaz incluso de sentirse mal por aquellas personas que no dudaron en arrimar el hombro. “Es muy triste y nos sentimos muy mal por la gente que donó ese dinero y que no ha llegado”, ha relatado en ‘Mañaneros 360’ (TVE).

“Nos marcamos la de Alvise. Teníamos un dinero retenido por si acaso teníamos que pagar impuestos y como ya hemos aclarado lo que hacía falta, todo lo demás va a los viejos de Paiporta… A la gente mayor de Paiporta. Revuelta deja de existir porque nos inventamos alguna pollada… y ya está”. Las duras declaraciones de Arturo González Villaroya (Arturo Villa en Twitter), asesor del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Europeo y ex vicepresidente de Revuelta, se han sentido como un puñetazo en la cara de cientos de víctimas.

“Todavía hay comercios cerrados, familias que están en una situación vulnerable, y esas ayudas podrían haber aliviado una situación en un momento dado”, ha relatado con dolor Gradolí. “Y no han llegado esas ayudas a sus destinatarios”, ha incidido. Sin embargo, desde las asociaciones no puede actuar al respecto, pero hacen un llamado a la ciudadanía. “Pedimos a la gente que donó el dinero, si se siente estafada, porque es una estafa, que ponga una denuncia. Las asociaciones de víctimas no podemos hacer mucho más, simplemente lamentar que, a día de hoy, no han llegado las ayudas”, ha expuesto.

El exdirigente de revuelta y asesor de Vox, Arturo Villa, y el diputado nacional y vicesecretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, estaban ocupados intentado ocultar el desvío de fondos, pero una de sus declaraciones, concretamente del primero, nunca se borrará de la memoria de las víctimas. “El dinero que se han rascado las personas del bolsillo no ha llegado a donde tenía que llegar, que era aliviar la situación de familias y personas mayores de Paiporta, no viejos”, se ha despedido la representante de la asociación Víctimas de la DANA 29-O."    (Roberto Ugena , El Plural, 11/12/25)

Las cláusulas suelo, colocadas secretamente por las entidades financieras en las hipotecas que impedían a millones de hogares beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés, son nulas por abusivas y falta de transparencia, según sentencia del Tribunal de Justicia Europea, que ha obligado a rectificar al Tribunal Supremo, corregido a los poderes públicos desde el Banco de España a la Abogacía del Estado y censurado las malas prácticas financieras... afecta a más de un centenar de entidades financieras y millones de contratos... los hogares afectados varía entre los 3,8 millones y 2,2 millones... La cuantía de los intereses indebidos pagados por los afectados oscila entre los 7.600 millones de euros, y 15.945 millones, hasta 2019... El TJUE ha tenido que dictar cinco resoluciones (2016, 2020, 2021, 2022 y 2024) que han obligado al Tribunal Supremo a rectificar... La sentencia del Supremo es de aplicación inmediata en todos los casos bajo apercibimiento de multas, y es un apoyo decisivo a la ley sobre demandas colectivas que tramita el congreso (Andreu Missé)

 "En unos momentos de tanta desazón por la incapacidad de los líderes europeos para actuar en consecuencia ante las vulneraciones de tantos derechos vale la pena destacar los logros de la sociedad civil al amparo del derecho europeo. Los principios de la Unión se mantienen sólidos en los ciudadanos que los han hecho suyos. “Europa, siempre Europa”, es la expresión de la abogada Karina Fábregas, de la asociación de consumidores Adicae, que mejor sintetiza el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que culmina una larga historia de abusos bancarios. 

 Una epopeya en buena parte explicable por las reiteradas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) favorables a los ciudadanos que han obligado a rectificar al Tribunal Supremo, corregido a los poderes públicos desde el Banco de España a la Abogacía del Estado y censurado las malas prácticas financieras.

La sentencia, de la que ha dado completa información este diario, hace referencia al largo conflicto de las cláusulas suelo, que ha perjudicado a millones de hogares durante 15 años. Los hechos ofrecen una ilustrativa radiografía de las relaciones entre los poderes económicos y los derechos ciudadanos. Ahora ha quedado fuera de duda que las cláusulas suelo, colocadas secretamente por las entidades financieras en las hipotecas que impedían a millones de hogares beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés son nulas por abusivas por falta de transparencia. Los sobre costes hipotecarios han hecho más gravosa la crisis para millones de trabajadores.

 Las cifras revelan las extraordinarias dimensiones del conflicto como admite el Tribunal Supremo: “más de un centenar de entidades financieras y millones de contratos”. El número de hogares afectados varía entre los 3,8 millones, según apuntó Adicae en 2010 y los 2,2 millones de la Memoria del Real decreto 1/2017. La cuantía de los intereses indebidos pagados por los afectados oscila entre los 7.600 millones de euros, según el Banco de España, y los 15.945 millones de euros hasta 2019, cifrados por la consultora AFI.

En la resolución favorable de este inmenso litigio han sido determinantes la labor de numerosas asociaciones de consumidores, abogados y jueces que han invocado en numerosos escritos el derecho europeo. Hay que destacar la tenacidad de Manuel Pardos, presidente de Adicae, que desde el primer momento optó por las demandas colectivas para evitar un colapso judicial como ha ocurrido. “Ahora ya me puedo morir tranquilo”, dice Pardos al ver reconocidos sus esfuerzos.

No ha sido nada fácil. El TJUE ha tenido que dictar cinco resoluciones (2016, 2020, 2021, 2022 y 2024) que han obligado al Tribunal Supremo a rectificar. Han sido sustanciales los votos particulares del entonces magistrado del Supremo Javier Orduña, cuya doctrina de la transparencia ha sido tenida en cuenta por el TJUE y la Comisión Europea. La sentencia del Supremo es de aplicación inmediata en todos los casos bajo apercibimiento de multas, según Adrián Rebollo de ASJ Jurídico, antiguo abogado de Adicae. La sentencia es un apoyo decisivo a la ley sobre demandas colectivas que tramita el congreso." 

( Andreu Missé , El País, 23/06/25)

La indefensión de los ciudadanos ante los abusos de las entidades financieras está rebasando todos los límites... la asociación de consumidores Asufin ha denunciado ante el Ministerio de Consumo, a estas entidades “por la reiteración en el ejercicio de prácticas abusivas por las entidades financieras y de crédito ya condenadas con carácter anterior por usura o falta de transparencia” y “por la práctica abusiva disuasoria para la reclamación de consumidores, consistente en la oposición y recursos sistemáticos”... Es especialmente injusto el caso de las tarjetas revolving por afectar a las personas con menos recursos, y que puede dar lugar al “efecto bola de nieve”, que es “el riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar” (Andreu Missé)

 "La indefensión de los ciudadanos ante los abusos de las entidades financieras está rebasando todos los límites. La última alarma la ha lanzado el Juzgado 104 bis, especializado en asuntos financieros, básicamente tarjetas revolving y microcréditos. El juzgado ha pedido al Ministerio de Consumo y al Banco de España que tomen medidas ante la actitud recalcitrante de las entidades que alargan con recursos sin fin los pleitos a pesar de ser ganados masivamente por los clientes. Adrián Gómez, letrado de la Administración de Justicia de este juzgado ha ofrecido a las autoridades “el listado de entidades, procedimientos y fallos”, de estos casos.

La gravedad de los hechos ha llevado a la asociación de consumidores Asufin a elevar una denuncia ante el Ministerio de Consumo, para que sancione a las entidades “por la reiteración en el ejercicio de prácticas abusivas por las entidades financieras y de crédito ya condenadas con carácter anterior por usura o falta de transparencia” y “por la práctica abusiva disuasoria para la reclamación de consumidores, consistente en la oposición y recursos sistemáticos”. La asociación recuerda la saturación de los juzgados especializados, que han recibido más de 850.000 demandas por asuntos bancarios desde 2017 y todavía quedan 138.714 por resolver.

Los hechos revelan que las entidades financieras utilizan el sistema judicial, atestado de demandas que a veces tardan hasta cinco años para resolverse, para disuadir a sus clientes de reclamar. Los expediente de tarjetas representan el segundo producto con más reclamaciones, el 29% del total, según el Banco de España.

Es especialmente injusto el caso de las tarjetas revolving por afectar a las personas con menos recursos. Una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020, ya advertía de los riesgos de estas operaciones por “el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos”. La resolución avisaba del pago de cuotas “con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir el prestatario en un deudor cautivo”.

 El Banco de España también se ha referido a las consecuencias del crédito revolving al señalar que puede dar lugar al “efecto bola de nieve”, que es “el riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar”.

Otra sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 30 de enero, ha confirmado por fin “el carácter abusivo de la cláusula que fija el interés remuneratorio” por falta de transparencia, de un contrato de tarjeta revolving. Para apreciar la falta de buena fe del banco, los magistrados tuvieron en cuenta “la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar los riesgos, como son la comercialización fuera de establecimientos financieros (estaciones, aeropuertos o centros comerciales) y el empleo de “denominaciones que ocultan esos riesgo”. Las autoridades deberían superar el miedo reverencial del derecho canónico (temor a desagradar a personas a quien se debe sumisión) y actuar civilmente ante los abusos bancarios."                ( Andreu Missé , El País, 10/03/25)

Milei, efectivamente, es un estafador. El cómplice de unos trileros que han ejecutado el viejo timo de la estampita: recibir el dinero de unos amorales codiciosos a cambio de un sucedáneo sin valor. La cuestión es que esta es la naturaleza actual del sistema financiero... Las criptomonedas son una epidemia de fentanilo moral. ¿Y quién se ha convertido en el brazo político de estos farsantes? La extrema derecha, que bajo su pretensión de valores y rectitud, no ofrece más que caos, fraude y un estercolero ético... Más de cuarenta mil estafados, entre ellos muchos influenciadores que ayer, histéricos, reclamaban explicaciones. Mi más sentido desprecio para todos ellos (Daniel Bernabé)

Daniel Bernabé @diasasaigonados

Milei, efectivamente, es un estafador. El cómplice de unos trileros que han ejecutado el viejo timo de la estampita: recibir el dinero de unos amorales codiciosos a cambio de un sucedáneo sin valor. La cuestión es que esta es la naturaleza actual del sistema financiero. 

No la inversión en economía productiva para obtener un retorno, sino la creación de todo tipo de activos que, bajo la coartada de lo tecnológico, ocultan que carecen de cualquier valor más allá del entusiasmo de quien se decide a confiar en ellos. 

Un entusiasmo del todo menos espontáneo, sino grabado a fuego en la primera generación nativa digital a base de exponerles a todo tipo de charlatanes y vendehumos. 

Las criptomonedas son una epidemia de fentanilo moral. ¿Y quién se ha convertido en el brazo político de estos farsantes? La extrema derecha, que bajo su pretensión de valores y rectitud, no ofrece más que caos, fraude y un estercolero ético. 

Trump ejecutó la misma jugada hace una semanas. Más de cuarenta mil estafados, entre ellos muchos influenciadores que ayer, histéricos, reclamaban explicaciones. Mi más sentido desprecio para todos ellos.

11:41 a. m. · 16 feb. 2025 717 Visualizaciones

La criptoestafa que ha promocionado directamente el presidente de Argentina, Javier Milei... ayer la sociedad Kip Network creó un proyecto denominado "Viva La Libertad" y sacó una criptomoneda llamada "Libra". El dueño de Kip conoce a Milei... tres minutos después de crearse el proyecto, Milei puso un tuit animando a invertir en él, diciendo que vendría bien al país... Esto, ya de por sí, es delito: el presidente de una nación no puede incentivar ninguna inversión privada... Por supuesto, mucha gente comenzó a invertir sus ahorros en la criptomoneda Libra, aumentando muchísimo su valor... la única realidad es que estaban nutriendo los pocos tokens emitidos por los impulsores del proyecto: el más importante de ellos tenía la mitad; los 10 promotores más importantes tenían el 87% del total... de pronto, esos promotores del proyecto liquidaron todas sus posiciones y la cotización se hundió. Ahora mismo no vale prácticamente nada. Toda esa gente que había metido su dinero lo había perdido todo de un plumazo, y los promotores se lo han llevado crudo... ¿Resultado? Sólo 9 personas han ganado 87 millones de dólares, mientras que más de 44.000 personas han perdido todo lo que pusieron. ¡Ojo, que algunos de los promotores enriquecidos no pusieron ni un solo dólar! Una estafa Ponzi en toda regla, promocionada por Javier Milei... Tras comprobarse la estafa, Milei borró el tuit (Eduardo Garzón)

Eduardo Garzón @edugaresp

Esto es gravísimo: atención a la criptoestafa que ha promocionado directamente el presidente de Argentina, Javier Milei, y que ha provocado que sólo 9 personas se hayan llevado 87 millones de dólares provenientes de más de 44.000 estafados. 

Resulta que ayer la sociedad Kip Network creó un proyecto denominado "Viva La Libertad" y sacó una criptomoneda llamada "Libra". El dueño de Kip conoce a Milei y han estado juntos en eventos.

 Solamente tres minutos después de crearse el proyecto, Milei puso un tuit animando a invertir en él, diciendo que vendría bien al país. Fijó el tuit y todo durante 6 horas. Esto, ya de por sí, es delito: el presidente de una nación no puede incentivar ninguna inversión privada.

 Por supuesto, mucha gente comenzó a invertir sus ahorros en la criptomoneda Libra, aumentando muchísimo su valor. Algunos creyeron que estaban multiplicando sus ahorros a velocidad de vértigo

 Pero la única realidad es que estaban nutriendo los pocos tokens emitidos por los impulsores del proyecto: el más importante de ellos tenía la mitad; los 10 promotores más importantes tenían el 87% del total.

 Y, de pronto, esos promotores del proyecto liquidaron todas sus posiciones y la cotización se hundió. Ahora mismo no vale prácticamente nada. Toda esa gente que había metido su dinero lo había perdido todo de un plumazo, y los promotores se lo han llevado crudo.

 ¿Resultado? Sólo 9 personas han ganado 87 millones de dólares, mientras que más de 44.000 personas han perdido todo lo que pusieron. ¡Ojo, que algunos de los promotores enriquecidos no pusieron ni un solo dólar! Una estafa Ponzi en toda regla, promocionada por Javier Milei.

 Tras comprobarse la estafa, Milei borró el tuit, pero sin pedir perdón y diciendo que él no sabía nada. En vez de disculparse se hizo la víctima y atacó a la oposición política. La oposición ya ha solicitado un juicio político por la gravedad de la situación.

11:05 a. m. · 15 feb. 2025 2,1 M Visualizaciones
 

Carlos E. Cué @carlosecue

Milei recomienda un token. Miles de incautos compran siguiendo los consejos del presidente. Sube como la espuma. Unos pocos -quienes?-ganan fortunas vendiendo. Poco después se desploma: miles de fieles de Milei perderán casi todo su dinero. Pero aquí no ha pasado nada, circulen…

1:19 p. m. · 15 feb. 2025 41,6 mil Visualizaciones


Javier Milei @JMilei

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. 

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). 

A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. 

VLLC!

4:38 a. m. · 15 feb. 2025 21,1 M Visualizaciones

Ayer se aprobó la toma en consideración de la denominada Ley REDAL, un texto legal fundamental para la protección y la justicia con millones de familias afectadas por los abusos de la banca en los contratos hipotecarios

 "El Pleno del Congreso de los Diputados aceptó la toma en consideración de la denominada Ley REDAL, no aprobó la proposición de Ley, ni va a ser publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, tal y como se ha escuchado y publicado en algunos ámbitos. Esta ley, cuyo responsable principal es el diputado Félix Alonso, de Sumar, es muy importante para millones de afectados por los abusos de la banca en los contratos hipotecarios. Sin embargo, no se puede crear falsas expectativas en estas personas.

Friedrich Nietzsche afirmó que «la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre». Por esa razón, es cruel que se creen falsas esperanzas porque las personas afectadas no pueden creer lo que no es.

Lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados fue el punto de partida. A partir de hoy los diferentes grupos parlamentarios tienen 15 días para la presentación de enmiendas que pueden ser a la totalidad o al articulado. Las primeras se dividen entre aquellas de devolución y las de texto alternativo. Así, cuando un grupo parlamentario ve inoportuna la tramitación del texto o se opone a su contenido, presenta una enmienda de devolución, para que la iniciativa no se tramite. Por su parte, las enmiendas de texto alternativo rechazan el contenido de la iniciativa, al tiempo que proponen un texto articulado diferente.

Durante estos quince días, plazo que es prorrogable, los diputados pueden presentar enmiendas al articulado, es decir, incluir una modificación parcial del texto original: sustituir un texto por, incorporar nuevo articulado o suprimir algún fragmento de la iniciativa.

A partir de este momento, la Ley REDAL tendrá que pasar primero por el debate de la ponencia, es decir, el grupo de diputados constituido en el seno de la comisión que debatirá la iniciativa a puerta cerrada, tanto el texto tramitado como las enmiendas presentadas. Esta ponencia tiene capacidad para proponer una nueva redacción aunque ésta no esté recogida por las enmiendas. El informe final de la ponencia incluirá el texto final de la proposición surgido de las enmiendas y las nuevas redacciones aprobadas por voto ponderado.

Ese documento pasa a la comisión, órgano que ratifica, debate y vota el informe de la ponencia, junto con las enmiendas que no fueron incluidas. Tras el debate, se votan las enmiendas al articulado y las transaccionales, si se presentan. Los acuerdos de la comisión se aprueban por mayoría simple.

El texto final surgido de la comisión se eleva al Pleno, aunque el Reglamento del Congreso permite, dependiendo del caso, que se delegue en la comisión para aquellas proposiciones o proyectos de Ley que son de obligatorio debate en el Pleno, tal y como se recoge en la Constitución.

La Ley REDAL, en el momento de debatirse en el Pleno, terminará con una votación de las enmiendas que se mantengan vivas y que no han sido ya incorporadas al texto. La aprobación definitiva se exige con mayoría absoluta o simple. Si se aprueba, pasa al Senado que la puede aprobar, vetar o devolver al Congreso. Si sucede esto último, volverá a debatirse en el Pleno. De aprobarse, será entonces cuando se promulgue y publique en el BOE.

Este es un resumen del procedimiento parlamentario. Ahora empieza el camino de verdad y queda mucho trabajo por hacer. Pero el primer paso ya está dado."

 ( José Antonio Gómez , Diario16+, 23/10/24)

Bitcoin 24... El capital financiero es siempre ingenioso a la hora de inventar nuevas formas de especulación y estafa... la banca debería ser un servicio público para los hogares y las pequeñas empresas con el fin de aceptar depósitos y conceder préstamos, y no la financiación de un casino financiero masivo en el que delincuentes y estafadores se juegan nuestro sustento (Michael Roberts)

 "La semana pasada, Sam Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión.  Dirigía el exitoso fondo de cobertura de bitcoins FTX, que supuestamente hizo ganar millones a sus clientes.  Pero Friedman fue desenmascarado y condenado por robar 8.000 millones de dólares a sus clientes de FTX. Se descubrió que había desviado miles de millones en fondos de clientes al fondo de cobertura hermano de FTX, Alameda Research, para mantenerlo solvente y llenarse los bolsillos con el dinero de sus clientes.

Friedman se dio la gran vida, gastando más de 200 millones de dólares en propiedades inmobiliarias en las Bahamas y en inversiones especulativas.  "Sam Bankman-Fried perpetró uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos -un esquema multimillonario diseñado para convertirlo en el rey de las criptomonedas-, pero mientras que la industria de las criptomonedas puede ser nueva y los actores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos, este tipo de corrupción es tan antigua como el tiempo", dijo el fiscal estadounidense de Manhattan, Damian Williams, tras la condena. "Este caso siempre ha sido sobre mentir, engañar y robar y no tenemos paciencia para ello".

Actualmente, el bitcoin y otras criptomonedas han experimentado una subida masiva de precios.  Supuestamente, las criptomonedas han dejado atrás su imagen de fraude, estafa y especulación salvaje para unirse a la "parte respetable" del mundo financiero.  El caso Friedman ha demostrado que es una broma, junto con una sucesión de otros "Friedmans" durante la última década de auge de las criptomonedas. 

Hace varios años escribí sobre la tecnología blockchain y la moda de las criptomonedas.  Entonces afirmé que, aunque el bitcoin supuestamente pretende reducir los costes de transacción en los pagos por Internet y eliminar por completo la necesidad de intermediarios financieros como los bancos, dudaba de que esas monedas digitales pudieran sustituir a las monedas fiduciarias existentes y generalizarse en las transacciones cotidianas, como pronosticaban sus defensores.

En el capitalismo moderno, el dinero ya no es sólo una mercancía como el oro, sino una "moneda fiduciaria", ya sea en monedas o billetes, o ahora sobre todo en créditos bancarios.  Estas monedas fiduciarias se aceptan porque son emitidas "fiduciariamente" por gobiernos y bancos centrales y están sujetas a regulación.  En cambio, el bitcoin, concebido por un anónimo y misterioso programador, Satoshi Nakamoto, hace poco más de una década, no está localizado en una región o país concretos, ni está pensado para su uso en una economía virtual determinada. Debido a su naturaleza descentralizada, su circulación está en gran medida fuera del alcance de la regulación directa o de la política monetaria y la supervisión que tradicionalmente se ha aplicado de alguna manera con el dinero privado localizado y el dinero electrónico.

Ahora bien, para los entusiastas de la tecnología (y también para quienes quieren construir un mundo fuera del control de las máquinas estatales y las autoridades reguladoras) todo esto sonaba apasionante.  Tal vez las comunidades y las personas podrían realizar transacciones sin los dictados de gobiernos corruptos y controlar sus ingresos y su riqueza al margen de las autoridades; incluso podría ser el embrión de un mundo postcapitalista sin Estados.

Estas esperanzas futuristas se han desvanecido. El valor de Bitcoin no está respaldado por ninguna garantía gubernamental, por definición.  Sólo está respaldado por el "código" y el consenso que existe entre sus principales "mineros" y poseedores. Al igual que ocurre con las monedas fiduciarias, donde no existe una mercancía física que tenga un valor intrínseco en el tiempo de trabajo para producirla, la criptomoneda depende de la confianza de los usuarios. Y esa confianza varía con su precio en relación con una moneda fiduciaria controlada por el Estado como el dólar. Su precio se mide en dólares o en lo que se denomina una "moneda estable" vinculada al dólar.  De hecho, mientras la criptocracia ha explotado, el dólar estadounidense se ha afianzado cada vez más como la primera moneda del mundo (67% de todas las liquidaciones, seguido de las otras monedas fiduciarias, el euro, el yen y el yuan).

El precio del bitcoin medido en divisas fiduciarias como el dólar ha fluctuado violentamente, pero más recientemente se ha disparado a cotas estratosféricas a medida que los activos financieros se disparan a máximos históricos a la espera de la caída de los tipos de interés y la recuperación económica.  De hecho, por esa misma razón, las criptodivisas no están cerca de lograr su aceptación como medio de intercambio cotidiano.  

Hasta ahora, su uso principal ha sido la especulación.  Se ha convertido en otra forma de lo que Marx llamó "capital ficticio", una ficción financiera para el valor real.  El caso Friedman demuestra que nada ha cambiado desde cuando Marx escribió sobre "una nueva aristocracia financiera, una nueva variedad de parásitos en forma de promotores, especuladores y directores simplemente nominales; todo un sistema de estafa y engaño mediante la promoción de empresas, la emisión de acciones y la especulación bursátil."  Con el auge del capital ficticio: "Desaparecen todos los patrones de medida, todas las excusas más o menos aún justificadas bajo la producción capitalista". .... puesto que la propiedad existe aquí en forma de acciones, su movimiento y transferencia se convierten puramente en el resultado del juego en la bolsa de valores, donde los pececillos son engullidos por los tiburones y los corderos por los lobos de la bolsa".

La naturaleza de la cultura de las criptodivisas se resumió en que una empresa dirigida por Lord Hammond, ex ministro de Finanzas del Reino Unido, patrocinó una fiesta para promover las criptodivisas en la que se sirvió a los invitados sushi de dos modelos con poca ropa.

El capital financiero no cesa de inventar nuevas formas de especulación y estafa.  En los últimos 20 años, las "ficciones financieras" se han digitalizado cada vez más (SPACS, NFTs).  Las transacciones financieras de alta frecuencia han sido sustituidas por la codificación digital.  Pero estos avances tecnológicos se han utilizado principalmente para aumentar la especulación en el casino financiero, dejando a los reguladores en la estacada.

En lugar de proteger a los inversores de estos esquemas depredadores de criptomonedas, los reguladores financieros y los encargados de hacer cumplir la ley sólo han intervenido cuando "ha llegado el momento de recoger los pedazos y peinar los escombros de las inversiones destrozadas de millones de personas". Los políticos, financiados por las empresas de criptomonedas, han contribuido a bloquear la regulación. El Congreso de EE.UU. se ha estancado en un proyecto de ley tras otro, ya que los intereses de la industria les presionan para que codifiquen el actual estado de regulación laxa con exenciones y lagunas jurídicas. "La industria de las criptomonedas argumenta que esto permitirá continuar con la "innovación", a pesar de la poca innovación que ha habido hasta la fecha en el sector, aparte de encontrar nuevas e ingeniosas formas de estafar a la gente".

Una vez más, la regulación ha fracasado a la hora de frenar la especulación financiera, las quiebras y las estafas.  "Los reguladores y los legisladores no han hecho ningún cambio para proteger de forma proactiva al público, mientras que permiten a las empresas de criptomonedas anunciarse y captar nuevos clientes que parecen mucho más propensos a acabar siendo víctimas de otro colapso que a convertirse en los próximos criptomillonarios. ¿Cuánta gente tendrá que perder cuánto dinero antes de que dejemos de creer las mentiras de una industria que se ha aprovechado de la confianza y las esperanzas de la gente en los milagros financieros, sólo para estrellarlos contra el suelo fracaso tras fracaso?"

Volvamos a Marx.  "Las dos características inmanentes al sistema crediticio son, por un lado, desarrollar el incentivo de la producción capitalista, desde el enriquecimiento mediante la explotación del trabajo ajeno, hasta la forma más pura y colosal del juego y la estafa." Así que el sector financiero sigue igual que antes, dedicándose a la especulación, y los reguladores no pueden y no les ponen freno.

La respuesta no es la regulación (previa o a posteriori), sino la prohibición de la inversión de capital ficticio.  Hay que cerrar los fondos de cobertura, las bolsas de bitcoin y la financiación del comercio de divisas. En su lugar, la banca debería ser un servicio público para los hogares y las pequeñas empresas con el fin de aceptar depósitos y conceder préstamos, y no la financiación de un casino financiero masivo en el que delincuentes y estafadores se juegan nuestro sustento."              

 ( Michael Roberts es economista en la City de Londres, blog, 01/04/24, traducción Deepl, enlaces y gráficos en el original)

"Me fiaba del director porque a veces me había ayudado. Me propusieron una inversión de 300.000 euros a cinco años, que el mismo banco me prestó y aseguró que era solo para los mejores clientes, los VIP. En 2011 resultó que la inversión solo valía 45.000 euros y yo debía al banco 255.000. Entonces me sentí perdido"... Muchas víctimas continúan atrapadas en largos litigios tras perder sus ahorros y parte de su salud. Los atropellos no se han limitado a los abusos en las hipotecas, sino que han consistido en incomprensibles contratos como los llamados productos estructurados o swaps. Los damnificados son particulares y pequeños y medianos empresarios... Es injustificable que las entidades sigan alargando los pleitos con recursos (Andreu Missé)

 "Muchas heridas causadas por las malas conductas bancarias que provocaron la crisis financiera de 2008 siguen abiertas. Hay víctimas que continúan atrapadas en largos litigios tras perder sus ahorros y parte de su salud. Los atropellos no se han limitado a los abusos en las hipotecas, sino que han consistido en incomprensibles contratos como los llamados productos estructurados o swaps. Los damnificados son particulares y pequeños y medianos empresarios.

Las operaciones tienen un elemento común. Los bancos asumieron riesgos excesivos y, para cubrirse, los trasladaron a sus clientes. Conductas que han sido masivamente condenadas por los tribunales. Desde 2012, las Audiencias Provinciales han dictado más de 4.000 sentencias sobre estos productos, favorables a los clientes en un 80% en los swaps y en un 65% en los estructurados, según el Observatorio de Fieldfisher Jausàs de 2020. En el Tribunal Supremo, los éxitos de los clientes superaron el 88% en 2019.

Detrás de los fríos números hay historias de sufrimientos de miles de personas atrapadas en operaciones de muy alto riesgo. Es el caso de José Miguel Martín de la Sierra, un pequeño empresario de Palencia, que vive un verdadero calvario por la combinación de tres productos (estructurado, swap y préstamo) que en 2006 le ofreció el Banco de Castilla, filial del Banco Popular, hoy Banco de Santander. Los hechos están en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de abril de 2023 que anuló “todos los contratos de inversión y de financiación” y obligó a las partes a restituirse las cosas objeto de contrato. El banco recurrió al Supremo.

Martín de la Sierra, 72 años, explica: “Me engañaron. Me he pasado la vida trabajando desde los 14 años. Con mi esfuerzo monté una empresa de distribución de alimentos. Trabajaba siempre con el Banco de Castilla y me fiaba del director porque a veces me había ayudado. Me propusieron una inversión de 300.000 euros a cinco años, que el mismo banco me prestó y aseguró que era solo para los mejores clientes, los VIP. En 2011 resultó que la inversión solo valía 45.000 euros y yo debía al banco 255.000. Entonces me sentí perdido, tuve mucho miedo y no dije nada a nadie ni a mi familia. El banco me renovó los préstamos. Han sido muchas noches sin dormir. He tenido tras cánceres. En 2017, enfermo, mis hijos me llevaron a un abogado”.

 La Audiencia se apoya en “un supuesto semejante” del Tribunal Supremo de marzo de 2023 que estableció que con este contrato “el cliente no podía obtener resultados positivos, pero sí cuantiosas pérdidas”. No obstante, según el banco, el cliente conocía el riesgo. “No se hizo una representación mental equivocada sobre los riesgos del estructurado”, indica la sentencia.

El abogado Fernando Zunzunegui, presidente de Finsalud, entidad que investiga los efectos de los abusos bancarios sobre la salud, tomó el caso. Sostiene que “era una práctica antisocial habitual en los bancos que acudían a los clientes y les trasladaban el riesgo que tenían en sus carteras”. Es injustificable que las entidades sigan alargando los pleitos con recursos."                (Andreu Missé , El País, 04/03/24)

Las energéticas han cobrado 12.000 millones de más en dos años a familias y empresas en los recibos de la luz y el gas

 "Los hogares y la familias españolas han pagado en los dos últimos años 12.000 millones de euros de más en los recibos de la luz y del gas, al haber soportado unos cargos regulados superiores en esa cuantía a los que requerían el sistema eléctrico y el gasístico.

Ese sablazo, aumentado por la aplicación del Impuesto Especial y del IVA al localizarse en la parte fija del recibo -aunque parcialmente paliados por las medidas de alivio por la inflación que comienzan a levantarse este mes- ha sido ejecutado por las compañías energéticas en aplicación de las normas que ha ido estableciendo el Gobierno, que ahora se ve obligado a reaccionar para tratar de paliar los daños.

¿A cuánto asciende el 'sablazo' en el recibo de la luz?

Las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indican que entre enero y octubre del año pasado "la desviación transitoria entre ingresos y costes fue de +3.435,3 millones de euros", ya que "los ingresos han sido suficientes para cubrir los costes reconocidos".

 Esas mismas liquidaciones cifran en 6.190 millones el superávit del 2022, lo que eleva la cifra conjunta de esos dos ejercicios, el segundo de ellos incompleto, hasta los 9.625 millones de euros.

Ese registro, que llega tras otra acumulación de beneficios de 837 millones en los dos años anteriores, se ha visto incrementado en la práctica en otros 481 millones por la aplicación del IVA reducido del 5%. Si se hubiera mantenido el gravamen del 21%, el sobrecoste tributario sobre el sablazo regulatorio habría ascendido a 2.021 millones.

¿Y a cuánto sube en la factura del gas?

Las liquidaciones aprobadas por la CNMC hasta septiembre cuantifican en 2.671 millones de euros el superávit acumulado por las compañías del gas

Las liquidaciones aprobadas por la CNMC hasta septiembre cuantifican en 2.671 millones de euros el superávit acumulado por las compañías del gas en esos primeros nueve meses del año pasado por cobrar costes regulados netamente superiores a los gastos que realmente conllevó la explotación de las redes.

 Esa cifra y los once millones de excedente del ejercicio anterior suman 2.682 millones de euros, a los que en este caso habría que añadir un recargo de IVA de 134 millones que, de no haber estado en vigor las medidas de alivio, habría llegado a 563 millones.

¿Qué son los costes regulados y el déficit de tarifa?

La CNMC explica en su blog cómo los peajes que se incluyen en el recibo de la luz o el gas "no son para las compañías distribuidoras, que son meras recaudadoras", sino que ese dinero "se redistribuye entre los diversos agentes que tienen sus costes regulados".

Los costes regulados son "las actividades de transporte, distribución, comercialización a tarifas, los costes permanentes del sistema y los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento", que históricamente se habían considerado inasumibles por las compañías.

 Sobre el papel, y por paradójico que pueda parecer vistos sus resultados, el negocio no les daba a las compañías de la luz y del gas para prestar el servicio por elevado que fuera el consumo de electricidad o de gas. Por ello, los distintos gobiernos han ido optando, y con mayor ímpetu desde la privatización del sistema, por incluir en el recibo unos cargos destinados a financiar el funcionamiento de la red y, también, la construcción de nuevas infraestructuras.

"Dichos ingresos forman parte del sistema de liquidaciones de las actividades reguladas", explica el regulador. Este "efectúa la liquidación de las obligaciones de pago y derechos de cobro necesarios para retribuir los costes", explica la CNMC.

 Y esa liquidación, que hace una década llegaba a generar sumas financieras como los más de mil millones del sistema gasista de 2014, es lo que ha comenzado a generar unos desmesurados saldos positivos que, en realidad, responden a la acumulación de las cantidades cobradas de más, por encima de lo necesario, a empresas y hogares, o aportada en exceso por el Ministerio de Industria.

Esos cargos resultan para los hogares "seis veces mayores que para la gran industria, y más del doble que para las pymes"

Ese superávit "procede de los peajes, por lo que viene de los consumidores, o de los presupuestos, por lo que procede de la ciudadanía", anota Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, que recuerda cómo ese tipo de cargos resultan para los hogares "seis veces mayores que para la gran industria, y más del doble que para las pymes".

¿Y el Gobierno qué dice o hace?

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que es el competente en asuntos de energía en España, ha tardado mucho en reaccionar a semejante desfase económico, y ha terminado haciéndolo de una manera un tanto ambigua, aunque desde el departamento de Teresa Ribera aseguran que el desfase "se ha destinado a bajar la tarifa".

El decreto que prorroga las medidas de alivio por la inflación, convalidado en la tormentosa sesión parlamentaria del 9 de enero, establece en el artículo 39 que "de forma extraordinaria" se destinará "al sector eléctrico" una cantidad "equivalente al superávit de ingresos" de 2022 (deducido lo trasladado a 2023) y que esta "se llevará a cabo en la primera liquidación provisional" de la CNMC, "correspondiente al ejercicio 2024".

Y, paralelamente, indica que "se podrá destinar" a los cargos de 2024 "un porcentaje del superávit" de 2023 para "mantener los cargos a pagar por los consumidores en 2024 en los mismos niveles" del año pasado, y cuya cuantía se determinará en una orden ministerial que se encuentra en tramitación.

Aunque, por lo pronto, hasta que una orden establezca lo contrario y según señala el artículo 40, en 2024 van a comenzar a aplicarse los mismos cargos que en 2023.

El decreto prevé también que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida destinada a paliar eventuales déficit del sistema eléctrico, en el que los descuadres negativos están prohibidos por ley."            (Eduardo Bayona, Público, 21/01/24)

Golpe a la banca: Europa declara la nulidad de los préstamos concedidos sin análisis de solvencia... Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE abre la puerta a terminar con los préstamos que la banca concede sin la evaluación adecuada de la solvencia del cliente

 "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una nueva sentencia, a la que Diario16 ha tenido acceso, sobre la responsabilidad en la prestación de crédito. La decisión del Alto Tribunal de Luxemburgo es contundente: serán nulos los contratos de préstamo concedidos por los bancos que no cuenten con un informe adecuado de solvencia de los clientes, con consecuencias directas como la imposibilidad de cobrar intereses por el crédito o imposición de sanciones.

En concreto, la sentencia afirma que «procede responder a la cuestión prejudicial que los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, cuando el prestamista ha incumplido su obligación de evaluar la solvencia del consumidor, ese prestamista sea sancionado, de conformidad con el Derecho nacional, con la nulidad del contrato de crédito al consumo y la pérdida de su derecho al pago de los intereses pactados, aun cuando ese contrato haya sido ejecutado en su totalidad por las partes y el consumidor no haya sufrido consecuencias perjudiciales a causa de ese incumplimiento».

El procedimiento se refiere al crédito que un consumidor checo suscribió por unos 2.000 euros aproximados con la sociedad JET Money, a la que sucedió EC Financial Services, con la particularidad de que dicho crédito fue satisfecho por un total de 3.500 euros. En tal sentido, el TJUE establece la posibilidad de anulación del contrato se extiende aun cuando éste haya sido ejecutado en su totalidad por las partes y el consumidor no haya sufrido consecuencias perjudiciales a causa de ese incumplimiento.

De hecho, el TJUE insiste en que esta labor de evaluar la solvencia del consumidor «para evitar el mero riesgo de sobreendeudamiento o de insolvencia como consecuencia de una comprobación insuficiente de la capacidad de este para reembolsar el crédito y de su propensión a ello» también pueden producirse después del reembolso del crédito.

Según Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), «esta decisión abre la puerta, a nuestro modo de ver, a revisar productos de crédito que han resultado sumamente nocivos por la incorrecta evaluación del riesgo, como puedan ser las hipotecas crecientes».               (J. A. Gómez, Diario16, 14/01/24)

El FMI presta 4.500 millones de dólares a Caputo, el ministro de Economía de Milei, para que pague 4.500 millones de dólares al FMI... una parte de la deuda de 50.000 que contrajo el mismo Caputo con el FMI cuando era ministro de Economía de Macri (García Domínguez)

García Domínguez @jg_dominguez

El FMI presta 4.500 millones de dólares a Caputo, el ministro de Economía de Milei, para que pague 4.500 millones de dólares al FMI, una parte de la deuda de 50.000 que contrajo el mismo Caputo con el FMI cuando era ministro de Economía de Macri. Son una banda de delincuentes.

6:24 p. m. · 11 ene. 2024 1.476 Reproducciones

El oligopolio bancario ha tenido atrapadas a las familias hipotecadas a tipo variable en un corralito del que no ha dejado escaparan durante la subida de tipos, para extraerles toda la renta que ha podido. Además tampoco les ha remunerado sus ahorros como debía... La razón es la falta de competencia resultado de la alta concentración bancaria. Entre ambos períodos se pasa de 60 bancos y cajas a solo 9 bancos. Solucionar este problema pasa por imponer una portabilidad real de hipotecas entre bancos, como se hizo con la telefonía móvil... Los bancos tendrían que estar obligados a publicar en la web de la CNMC sus ofertas hipotecarias y los perfiles de riesgo asociados. No pudiendo rechazar a los clientes que cumplan con las condiciones. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero vigilaría que así fuera... Solucionar la falta de competencia en el sector bancario exige, no obstante, de cambios de mayor calado: crear un banco público a partir del ICO y las sucursales de la antigua Caja Postal que restaure la competencia (C. M. Urriza)

Carlos Martín Urriza   @carlosurriza

(1/5) El oligopolio bancario ha tenido atrapadas a las familias hipotecadas a tipo variable en un corralito del que no ha dejado escaparan durante la subida de tipos, para extraerles toda la renta que ha podido. Además tampoco les ha remunerado sus ahorros como debía.

(2/5) Esto se ve claramente en la evolución del número de novaciones (cambiar las condiciones hipotecarias dentro del mismo banco) y subrogaciones (cambiarlas saltando a otro banco). Actualmente se ha registrado un volumen menor de ambas en comparación la anterior alza de tipos.

 (3/5) La razón es la falta de competencia resultado de la alta concentración bancaria. Entre ambos períodos se pasa de 60 bancos y cajas a solo 9 bancos. Solucionar este problema pasa por imponer una portabilidad real de hipotecas entre bancos, como se hizo con la telefonía móvil

 (4/5) Los bancos tendrían que estar obligados a publicar en la web de la CNMC sus ofertas hipotecarias y los perfiles de riesgo asociados. No pudiendo rechazar a los clientes que cumplan con las condiciones. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero vigilaría que así fuera.

 (5/5) Solucionar la falta de competencia en el sector bancario exige, no obstante, de cambios de mayor calado. Como segregar las entidades en unidades más pequeñas o en crear un banco público a partir del ICO y las sucursales de la antigua Caja Postal que restaure la competencia.

3:59 p. m. · 2 ene. 2024 17,4 mil Reproducciones

Juicio a Iberdrola... Iberdrola Generación y cuatro de sus altos directivos están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de utilizar prácticas monopolistas para inflar artificialmente el precio de la luz en 2013, obteniendo con ello un beneficio multimillonario... Los hechos revelados en el juicio demuestran cómo las eléctricas ejecutan un abierto atraco contra la población gracias a su dominio monopolista sobre un sector básico

 "Iberdrola Generación y cuatro de sus altos directivos están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de utilizar prácticas monopolistas para inflar artificialmente el precio de la luz en 2013, obteniendo con ello un beneficio multimillonario.

Los hechos revelados en el juicio demuestran cómo las eléctricas ejecutan un abierto atraco contra la población gracias a su dominio monopolista sobre un sector básico.

Los hechos se produjeron entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Iberdrola de “idear y poner en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”.

La base que permite a Iberdrola ejecutar el delito es su control monopolista sobre la energía hidroeléctrica. Controla tres centrales, la del Duero, Sil y Tajo, que suponen el 50% de toda la potencia hidroeléctrica española.

Y el arma que utilizó es el sistema marginalista, que fija el precio de toda la luz a partir de la fuente más cara.

La maniobra de Iberdrola consistió en elevar artificialmente el precio de la energía ofertada por sus tres megacentrales, provocando que quedaran fuera de las subastas que fijan los precios de la luz.

¿Qué consiguió con esto?

La CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ya ha condenado a Iberdrola por estos mismos hechos, afirma que “con ello provoca la entrada de tecnologías más caras, que se hacen necesarias para cubrir la demanda, y que incrementan en mayor medida el precio de casación del mercado”.

El control monopolista y el sistema marginalista permiten a Iberdrola actuar para imponer un precio de la luz muchas veces por encima del real. Nosotros pagamos más, y ellos ganan mucho más.

La CNMC denuncia que “esta actuación no es puntual ni accidental, sino que se mantiene de forma sostenida en un periodo de tiempo amplio”.

Los cuatro altos directivos de Iberdrola que se sientan en el banquillo intentan trasladar la responsabilidad a un programa informático que decidía los precios de forma automática. Pero las evidencias en su contra son abrumadoras. Les han pillado con las manos en la masa.

Es una excelente noticia que la mayor eléctrica del país y algunos de sus directivos sean juzgados por sus abusos.

Pero deben devolver todo lo que robaron. La CNMC fija en 115 millones el perjuicio causado a los consumidores por la actuación de Iberdrola. Pero solo le impuso una multa de 25 millones. Y la Fiscalía Anticorrupción reclama en el juicio una indemnización de solo 89 millones. Que devuelvan, con intereses, todo lo que robaron.

Y sobre todo, este caso debe servir para poner en el foco el atraco de las eléctricas. Lo que hicieron en 2013 es lo mismo que hacen permanentemente, obligándonos a pagar por la luz un precio superior al real. No hay que juzgar y condenar los momentos donde el atraco es ya excesivamente escandaloso, sino impedir que el ladrón pueda seguir robando."           (Claudia Arcoba, De Verdad Digital, 24/10/23)

En España, el tipo de interés medio entre 2010 y 2022 de las tarjetas de crédito en las que el pago se aplaza automáticamente (revolving) fue del 20,14%. Bancos como el Sabadell o el BBVA han estado ofreciendo préstamos al consumo este verano al 19,09% o 15,6%, respectivamente. El resto, a una media del 10%, un tipo que hace que la deuda se duplique cada 7,2 años... los intereses bancariosson una aberración económica, además de una espada de Damocles... los bancos crean el dinero de la nada cuando dan préstamos, lo mismo que hacen los bancos centrales... Si el dinero que prestan los bancos sale de la nada ¿por qué cobran intereses? ¿No bastaría, en todo caso, con realizar un pago en concepto de administración? Y lo que es peor ¿por qué se le da a los bancos la capacidad de cobrar, no un interés normal o natural, sino los leoninos que multiplican ad aeternum la deuda? El sistema actual que permite a los bancos cobrar interés por proporcionar el dinero que no le cuesta nada obtener es un privilegio inmoral y una aberración económica que sobrecarga a hogares, empresas y gobiernos y provoca ruina y crisis económicas. Sólo para hacer bimillonarios a los banqueros (Juan Torres López)

 "El semanario The Economics calculó en un informe publicado el pasado mes de febrero que las empresas, hogares y gobiernos de 58 países que en conjunto representan el 90% del PIB mundial pagaron en 2022 un total de 13 billones de dólares en intereses a las entidades financieras, 2,6 billones más que en 2021. Casi lo mismo que el dinero destinado a salud y educación en todo el mundo.

Los intereses que se pagan a los bancos constituyen una losa brutal para hogares, empresas y gobiernos pues dificultan o incluso impiden el ahorro, la inversión y el desarrollo adecuado de la actividad productiva que satisface necesidades humanas. Sirvan un par de ejemplos.

En España, el tipo de interés medio entre 2010 y 2022 de las tarjetas de crédito en las que el pago se aplaza automáticamente (revolving) fue del 20,14%. Bancos como el Sabadell o el BBVA han estado ofreciendo préstamos al consumo este verano al 19,09% o 15,6%, respectivamente. El resto, a una media del 10%, un tipo que hace que la deuda se duplique cada 7,2 años.

En la Eurozona, la deuda pública aumentó en 12,2 billones de euros desde 1995 a 2022 y los intereses en 7,2 billones. Es decir, 6 de cada 10 euros de aumento de la deuda pública europea en ese periodo vinieron del pago de intereses.

Pero los intereses no sólo no son una losa. Una de las grandes mentiras económicas que la gente se cree es la que dice que los bancos han de cobrar intereses porque arriesgan el dinero de sus clientes puesto que prestan sus depósitos. Es falso, como explico con claridad en mi libro Econofakes. En realidad, los bancos crean el dinero de la nada cuando dan préstamos, lo mismo que hacen los bancos centrales. Y lo crean, como decía el economista liberal francés Maurice Allais, gracias a una ficción: quien deposita el dinero en un banco cree que lo tiene disponible allí, pero el banco lo usa para prestar a mayor interés o para invertir, de modo que el dinero se multiplica.

Se pagan intereses a los bancos sin necesidad, porque se les ha concedido ese privilegio. De hecho, los bancos ni siquiera desempeñan hoy día su función económica natural, la de intermediar entre quienes ahorran y quienes invierten. Se han convertido ellos mismos en inversores del dinero ajeno, quedándose con las ganancias y trasladando a la economía el riesgo enorme y el gran coste que eso lleva consigo.

Si el dinero que prestan los bancos sale de la nada ¿por qué cobran intereses? ¿No bastaría, en todo caso, con realizar un pago en concepto de administración? Y lo que es peor ¿por qué se le da a los bancos la capacidad de cobrar, no un interés normal o natural, sino los leoninos que multiplican ad aeternum la deuda?

El sistema actual que permite a los bancos cobrar interés por proporcionar el dinero que no le cuesta nada obtener es un privilegio inmoral y una aberración económica que sobrecarga a hogares, empresas y gobiernos y provoca ruina y crisis económicas. Sólo para hacer bimillonarios a los banqueros.

El escritor italiano y superviviente del Holocausto Primo Levi escribió en su libro Los hundidos y los salvados sobre los campos de concentración nazis: «Es el deber de los hombres justos hacer la guerra a todos los privilegios inmerecidos». Para nuestra desgracia, quienes gobiernan el mundo y hacen las leyes no sólo no siguen este principio sino que son ellos mismos quienes conceden los privilegios y protegen a los privilegiados."             (Juan Torres López, Ganas de escribir)

Los bancos ganan miles de millones y provocan desahucios gracias a la ambigüedad de las hipotecas En los contratos hipotecarios existen una serie de errores que han impedido a los consumidores conocer el importe real de las cuotas mensuales que paga, errores que derivan en la nulidad del pacto financiero entre entidad y consumidor

 "Tal y como publicamos en Diario16, los bancos impusieron a las familias españolas fórmulas de amortización que no estaban pactadas al aplicar fórmulas de tipos fijos a hipotecas variables. Para entender esta situación hay que partir de la base de que a la hora de concesión de un préstamo, los bancos españoles ofrecen contratos de adhesión. No existe una negociación de las condiciones, salvo en las grandes operaciones a nivel corporativo. Es un «lo tomas o lo dejas».

Las irregularidades de la banca en la concesión de hipotecas a las familias de clase media y trabajadora también se producen por errores de ambigüedad. Uno de los más comunes proviene de la mecánica de las fórmulas financieras. Éstas pueden funcionar en «tantos por ciento» o en «tantos por uno». Los cálculos funcionan correctamente de las dos maneras.

En los contratos hipotecarios una fórmula será ambigua si no especifica en qué unidades trabaja. Es decir, debe especificar si funciona en «tantos por ciento» o en «tantos por uno», ya que las fórmulas financieras pueden usar las dos maneras para calcular las cuotas o los intereses.

A menos que el consumidor tenga conocimientos de matemáticas financieras, no sabrá qué número introducir en la fórmula. A veces es posible que no sepa que se pueden introducir dos diferentes, ya que no tiene por qué saber que las fórmulas trabajan en estos dos tipos de unidades.

Ambigüedad periodos anuales o mensuales

Las unidades en tantos por ciento o por uno suponen una fuente de ambigüedad en los contratos hipotecarios. El problema es que no es la única, ya que se produce confusión al hablar de «periodos de interés».

Según señala el Informe Financiero sobre el sistema Rédito ad Libitum en los contratos hipotecarios, publicado por la Dirección General de Consumo de Islas Baleares «existe un interés anual, pero con éste no se obtienen directamente los intereses devengados, sino que se tienen que dividir por 12 puesto que se suele pactar un devengo mensual uniforme. Hablando en términos financieros, quiere decir que tenemos dos tipos de interés: el tipo de interés anual y el tipo de interés mensual (que suele ser el anterior dividido por 12)».

Las fórmulas financieras pueden funcionar con el tipo de interés anual o el mensual pero, obviamente, deben indicar con cuál funcionan.

Esta especificación es fundamental, porque, en España, ha dado lugar a la anulación de los intereses de un numeroso grupo de tarjetas de crédito por sentencias del Tribunal Supremo.

El mismo informe expone un ejemplo muy claro para entender esta situación. «Supongamos que una tarjeta se publicita con un interés para el pago aplazado del 2,8%. Aparentemente, parece una buena oferta porque el tipo de interés es bajo. Sin embargo, en letra pequeña vemos que este 2,8% es ‘tipo de interés mensual’. Si el interés mensual es 2,8%, entonces haciendo cálculos descubrimos que el interés anual es del 33,6%».

En muchas hipotecas, la fórmula financiera se explica como «i=interés nomital expresado en tanto por uno». En cambio, no se indica si se ha pactado interés anual o mensual El resultado va a ser muy diferente según sea uno u otro. Y el Banco de España nos recuerda que el pacto debe ser claro.

Podría suceder que hubiera una norma o un acuerdo universal, conocido por los propios consumidores, que especificara qué hacer, una regla del tipo «si no se establece la periodicidad, entonces se toma el tipo de interés anual».

No obstante, la situación es la opuesta. No sólo esta norma no existe sino que no hay acuerdo entre las entidades financieras sobre qué tipo de interés debe considerarse.

El tipo de interés nominal que aplica a un producto financiero se denomina TIN. Entre las entidades, hay acuerdo en que el TIN debe constar en el contrato, pero hay desacuerdo en, si no consta, si se debe considerar anual, mensual o de otro tipo. Según diferentes escrituras notariales, para BBVA, si no se especifica el TIN, no se sabe cuál es, puesto que no tiene por qué ser anual. Para otras entidades, si no se especifica el TIN, no se sabe cuál es, aunque lo habitual es que sea mensual, sin embargo puede ser cualquiera.  Para ING Direct, si no se especifica el TIN, no se sabe cuál es, pero señala que lo habitual es justamente lo contrario, es decir, que sea anual en vez mensual.

Para añadir un tercero en discordia, en una nueva acta notarial descubrimos que Banco Santander sostiene que lo habitual es que sea mensual. Pero lo importante, para el caso que nos ocupa de la ambigüedad, es que se indique debidamente:

«¿Cuál es la diferencia entre TIN y TAE? El Tipo de Interés Nominal o TIN es el precio que pagamos por un préstamo, es decir, el dinero que tenemos que pagar al banco por el capital prestado. El TIN es, por lo tanto, un porcentaje específico de la cantidad total prestada por una entidad bancaria para establecer los parámetros de una operación financiera como puede ser un préstamo hipotecario. De forma general, el TIN se calcula de manera mensual. El TIN debe estar indicado en cualquier contrato de productos bancarios como depósitos, préstamos, créditos o hipotecas, ya que es el precio que estamos pagando por ellos, tal y como explica este contenido de Finanzas para Mortales».

Es decir, a criterio del Banco de Santander es fundamental que el TIN se indique correctamente en el contrato porque, precisamente, es el precio que pagamos por el dinero prestado. Y una indicación ambigua de ningún modo puede ser una indicación correcta."                     (J. A. Gómez, Diario16, 04/05/23)

Estamos asistiendo a una insólita exhibición de poder por parte de las entidades financieras. Es inquietante que las autoridades reconozcan que carecen de instrumentos para conocer las cuentas de la banca... cuando “en muchos casos los cálculos realizados por bancos sobre las liquidaciones que presentan en las ejecuciones hipotecarias no son correctos... la “fórmula pactada en la escritura no es en realidad una fórmula. Es tan solo una amalgama de símbolos matemáticos que no permiten calcular importe alguno de la cuota mensual... el hecho de no poder conocer con exactitud cómo se han calculado las cuotas hipotecarias y por tanto el principal que se reclama en el procedimiento de ejecución hipotecaria coloca a la parte ejecutada en una absoluta indefensión”... Ante la situación de indefensión de los consumidores, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha pedido que el Gobierno que salga de las próximas elecciones persevere con la creación de la Autoridad Bancaria del Cliente Financiero que decayó por el adelanto electoral

 "Durante las últimas semanas estamos asistiendo a una insólita exhibición de poder por parte de las entidades financieras. Los grandes bancos rechazan remunerar adecuadamente los depósitos a pesar de las reiteradas advertencias de las autoridades. La realidad es que las entidades financieras españolas retribuyen el ahorro menos de la mitad que los bancos europeos. Esta asimetría ocurre pese a que los bancos de la zona euro comparten la misma moneda y el mismo banco central (BCE) que suministra financiación a igual coste a todas las entidades. Una excepcionalidad estrechamente relacionada con el aumento de los beneficios del 13% en el primer trimestre.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha pedido a la CNMC que investigue si hay “factores” que impiden a los bancos españoles retribuir los depósitos en las mismas condiciones que los europeos. El resultado de esta investigación no es muy esperanzador, pues la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ya ha señalado la falta de herramientas para controlar si los bancos cumplen las normas de competencia.

Es inquietante que las autoridades reconozcan que carecen de instrumentos para conocer las cuentas de la banca. Precisamente la falta de transparencia en el cálculo de los intereses de las hipotecas es uno de los aspectos señalados por un informe jurídico encargado por el anterior Gobierno de las Islas Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, publicado el pasado 19 de junio. El estudio aborda la denuncia de las omisiones o errores existentes en los pactos financieros en las hipotecas que son decisivos en las ejecuciones hipotecarias.

La autora del informe, la abogada Verónica Dávalos, experta en derechos hipotecario y europeo, sostiene que “en muchos casos los cálculos realizados por bancos sobre las liquidaciones que presentan en las ejecuciones hipotecarias no son correctos”. El informe indica que la gran mayoría de entidades de crédito “aplica un sistema de amortización unilateral, no pactado en la escritura de crédito o préstamo hipotecario”. Añade que la “fórmula pactada en la escritura no es en realidad una fórmula. Es tan solo una amalgama de símbolos matemáticos que no permiten calcular importe alguno de la cuota mensual”. Y concluye que “el hecho de no poder conocer con exactitud cómo se han calculado las cuotas hipotecarias y por tanto el principal que se reclama en el procedimiento de ejecución hipotecaria coloca a la parte ejecutada en una absoluta indefensión”.

El estudio de Dávalos recuerda que la Memoria de Reclamaciones del Banco de España de 2016 calificaba de “contrario a la buena fe” imponer un sistema de amortización no pactado. Y acaba invitando a los tribunales españoles a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE ante la posible infracción de la normativa europea. Ante la situación de indefensión de los consumidores, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha pedido que el Gobierno que salga de las próximas elecciones persevere con la creación de la Autoridad Bancaria del Cliente Financiero que decayó por el adelanto electoral."      (Andreu Missé , El País ,  04/07/23)

Félix Alonso culmina una labor histórica con la publicación de un informe jurídico sobre las hipotecas REDAL que salvará a miles de familias

 "El pasado lunes, 19 de junio, fue cesado el director general de Consumo de las Islas Baleares, Félix Alonso Cantorné. El martes, día 20, se procedía a publicar en la web “Portal Consum” el último de los informes encargado por esta dirección general, imprescindible para la defensa en las ejecuciones hipotecarias y, en particular, en las relativas a los contratos Redito ad Libitum (REDAL).

El “Informe jurídico de transparencia y abusividad en los contratos de préstamos o crédito hipotecario con omisiones o errores en los pactos financieros relativos al sistema de amortización” es un excelente texto sobre cómo los afectados por la subida de los tipos de interés pueden defender sus hogares. El documento se divide en tres partes: primero trata de la defensa del consumidor en ejecuciones hipotecarias, luego expone cómo la falta de transparencia debe ser presentada en los procedimientos ordinarios y, finalmente, cómo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es de aplicación en estos casos.

A modo de un manual jurídico que mucha gente anhelaba, se ha distribuido en unas pocas horas en las redes, especialmente en bufetes de abogados y entre afectados con dificultades en el pago de la hipoteca. Con ello se cierra una etapa en Baleares que ha venido marcada por la defensa de los consumidores y la apertura de nuevos frentes, que pueden suponer que las familias salven sus hogares en esta nueva etapa (de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo).

“No me podía ir sin dejar terminado el trabajo”, ha declarado Félix Alonso, “No hubiera estado satisfecho si, tal como hicimos con el IRPH, los consumidores no hubieran tenido los dos informes, el financiero y el jurídico, en el caso de las hipotecas REDAL”.

Félix Alonso: ¿Fin de ciclo o principio de una nueva etapa?

Hay unanimidad entre los afectados por abusos bancarios de la figura singular de Alonso. De hecho, se le define como un político “que no es como los demás”, aunque él siempre ha señalado que “lo que yo hago es, precisamente, política”. El abandono de la Dirección General de Consumo no afecta sólo a Baleares, sino a todo el estado español. La razón es que los informes publicados estos dos últimos años se han aportado a procedimientos judiciales, siendo muy aclaradores para los jueces. Es lógico, por tanto, que haya habido mucha inquietud entre los afectados por abuso bancario, puesto que sienten que desaparece uno de los pocos cargos de la administración que había velado auténticamente por los derechos de los consumidores.

Sin embargo, como frecuentemente dice Alonso, “en política, cuando se cierra una puerta se abre otra” y es que Sumar le ha designado como candidato en primer lugar por la circunscripción de Tarragona. El cese del Director General, que se preveía para el 1 de julio, se ha avanzado debido a la incompatibilidad de la candidatura con el cargo autonómico.

Baleares pierde un activo pero puede que lo gane España. Los afectados se imaginan lo que puede llegar a hacer Félix Alonso si llega al Congreso: elaboración de leyes de defensa ante el abuso bancario, intervención del Estado para eliminar el IRPH, legislar para que las cláusulas REDAL sean reconocidas sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales… ¿Realidad o ficción?

No les faltan motivos para considerar estas posibilidades puesto que Alonso ya salió elegido por Tarragona en 2015 y 2016. Fue el único escaño que consiguió en esta provincia la entonces coalición de En Comú Podem. Ahora los números se presentan todavía más ajustados que entonces. Repetir el éxito de romper el bipartidismo en Tarragona parece al alcance de este hombre, que siempre ha sido una especie de talismán electoral. “Quizá por el trabajo bien hecho”, nos comenta un afectado por la hipoteca, “si le han puesto allí es porque saben que puede ganar y se lo merece”.                (J. A. Gómez, Diario16, 22/06/23)

Son de Luceño las palabras “Pa la saca”... ¿Qué ponía Medina? El nombre, la aristocracia, la familia. También haber conseguido contactar con el primo del Almeida... A través del familiar del alcalde, contactaron con la responsable de compras, Elena Collado. Una vez que tuvieron abiertas las puertas del Ayuntamiento, saquearon a manos llenas... Sabemos que mientras que las negociaciones tenían lugar, Almeida llamó a Medina el 26 de marzo para facilitar la operación... ¿es normal que el alcalde de la capital de España hable con los proveedores de material para el Ayuntamiento? Aquí está la clave del asunto. Habla con él porque Medina pertenecía a esos círculos sociales que le hicieron merecedor de una atención especial por parte del alcalde... Esa era de hecho su función en la estafa, poner el título, la cara de aristócrata que en el Ayuntamiento de Madrid es merecedora de confianza. La pregunta es la siguiente: Collado, la responsable de compras, ¿pagó las exageradas cantidades por error o porque Medina venía recomendado desde arriba? No hubo controles adecuados porque la cercanía de Medina con Almeida, incluso siendo fingida, les otorgó un trato ventajoso para que Collado cerrara precisamente con ellos aquellas operaciones (Daniel Bernabé)

 "Entre finales de marzo y abril del año 2020, mientras que el país permanecía confinado y sus ciudadanos asistían atónitos al peor momento de la pandemia, las administraciones públicas emprenden una carrera desesperada por la compra de material sanitario. El Ayuntamiento de Madrid cierra una operación para importar test, guantes y mascarillas con Leno, una empresa malaya, por casi once millones de euros. A la llegada del material se comprueba que la mayoría no es el firmado o está defectuoso, teniendo además un sobrecoste monumental. Hoy el caso está en manos de la justicia que acusa a los comisionistas, Alberto Luceño y Luis Medina, que se embolsaron casi seis millones de euros, de varios delitos, incluido el de estafa.

En la investigación que se está llevando a cabo, bajo la instrucción del juez Adolfo Carretero, se está descubriendo que Luceño alteró documentación para tratar de engañar a los bancos que recibieron las cantidades, que falsificó una carta de José Luis Martínez Almeida para facilitarle posibles futuras operaciones, que tenía documentación falsa del CNI, con la que pudo hacerse pasar por uno de sus agentes fuera de España, o que urdió una trama societaria con la que esquivar a Hacienda. Es decir, que montó una minuciosa operación, en la que incluyó el blanqueo de capitales gastando rápidamente el dinero obtenido en todo tipo de bienes de lujo, para lograr que la presunta estafa al consistorio madrileño tuviera éxito.

Son de Luceño las palabras “Pa la saca”, con las que avisó a su compinche, en un correo electrónico el 30 de marzo de 2020, de que se estaban ingresando las primeras cantidades. Incluso engañó a Medina para dejarle sin cobrar algunas comisiones, algo que entra dentro de lo lógico ya que fue él el cerebro de la operación. ¿Qué ponía entonces Medina? El nombre, la aristocracia, la familia. También haber conseguido contactar con el primo del Martínez Almeida, a través de una vieja profesora. A través del familiar del alcalde, contactaron con la responsable de compras, Elena Collado. Una vez que tuvieron abiertas las puertas del Ayuntamiento, saquearon a manos llenas.

¿Qué investiga la justicia? Las formas que presentó la presunta estafa, dónde acabó el dinero, si, efectivamente como indican la investigaciones, Luceño y Medina estuvieron tras la misma. Sin embargo, lo que la justicia no investigará, ya que no se encuentra dentro de sus atribuciones, es el gigantesco error que llevó a Elena Collado, la responsable de compras, a confiar en estos dos personajes, a pagar unas cantidades por el material sanitario que ya se sabían infladas desde el primer momento. Para esta equivocación existe una respuesta rápida: la desesperación por importar material sanitario provocó que se relajaran todos los controles y precauciones. ¿Quién podría pensar, además, que alguien pudiera estar pensando en una estafa en aquellos días negros?

Desde el Ayuntamiento se ha admitido que aquellas jornadas fueron una locura, que recibieron cientos de llamadas, correos electrónicos y visitas ofreciéndose a ayudar en la importación del material sanitario. La pregunta entonces parece lógica: ¿por qué se decidió entonces contratar una cantidad tan importante precisamente a estos dos comisionistas? Sabemos que mientras que las negociaciones tenían lugar, Almeida llamó a Medina el 26 de marzo para facilitar la operación. También que la encargada de compras no era consciente de las comisiones que había en juego. Tanto como que el 8 de abril ya sabía que algo marchaba mal: “esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro”.

La cuestión es que el mensaje desesperado de la encargada de compras no va dirigido al concejal superior, quizás a un compañero, sino al propio Luceño, por lo que podemos deducir que la funcionaria consideraba de toda confianza a los intermediarios, atribuyendo el desastre de la entrega del material sanitario defectuoso a la empresa malaya. De hecho, el Ayuntamiento se come esos insumos, da por perdido el dinero y no realiza ninguna operación para tratar de recuperarlos, ni siquiera se pone en contacto con la justicia para denunciar la situación. Son los bancos los que, alertados por las abultadas transferencias, se ponen en contacto con la Fiscalía Anticorrupción, que denuncia a estos dos individuos a principios de abril de 2022, dos años después de la estafa.

Si Almeida habló con Medina en marzo, ¿no lo volvió a hacer en abril tras detectarse la estafa, al menos para pedirle alguna explicación? Pero, más allá, ¿es normal que el alcalde de la capital de España hable con los proveedores de material para el Ayuntamiento? No nos imaginamos a Almeida cogiendo el teléfono, como es normal, para reclamar unos paquetes de folios extraviados o recriminar la tardanza con la que le llegan las sierras mecánicas para talar los árboles, algo a lo que parece haberse aficionado en este ejercicio. ¿Por qué entonces el alcalde hablaba con Medina? Aquí está la clave del asunto. Porque Medina pertenecía a esos círculos sociales que, al parecer, le hicieron merecedor de una atención especial por parte del alcalde.

Esa era de hecho su función en la estafa, poner el título, la cara de aristócrata que en el Ayuntamiento de Madrid, parece ser, es merecedora de confianza. La pregunta es la siguiente: Collado, la responsable de compras, ¿pagó las exageradas cantidades por error o porque Medina venía recomendado desde arriba? Es decir, ¿aquello fue un simple error, una mala elección o que se eligiera precisamente a aquellos dos comisionistas fue el resultado de que se trabajaran su supuesta cercanía con el alcalde? Las equivocaciones tienen siempre una forma de producirse, esta en concreto parece responder a una determinada manera de hacer las cosas más que al producto del mero azar.

Que el Ayuntamiento de Madrid hubiera denunciado en abril de 2020, cuando fue consciente de que habían sufrido una estafa, hubiera supuesto desvelar que habían perdido a manos de dos comisionistas casi once millones de euros. Hubiera supuesto admitir que no hubo los controles adecuados en el gasto del dinero público, pero, en la peor de las circunstancias, que no hubo controles adecuados porque la cercanía de Medina con Almeida, incluso siendo fingida, les otorgó un trato ventajoso para que Collado cerrara precisamente con ellos aquellas operaciones.

La justicia, repetimos, no investiga estos hechos porque equivocarse no es un delito. Tampoco descolgar el teléfono al primer aristócrata que te llama al despacho. La justicia investiga la estafa, no las formas de gestión municipal que la propiciaron. Sobre el episodio se dictará sentencia; quizá, incluso, el Ayuntamiento recupere parte de los millones de euros que perdió en la operación que, para colmo, resultó del todo inútil. Pasaremos a otro tema. Muchas de estas preguntas quedarán para siempre sin una respuesta clara por parte de los implicados. Y quizá unos pocos, sólo unos pocos, las recuerden el próximo 28 de mayo."                   (Daniel Bernabé , InfoLibre, 21/02/23)