"No he vuelto a ser la misma desde entonces”. Paula rompe a llorar al
recordar lo que sucedió hace cuatro años, cuando tuvo que recorrer los
600 kilómetros que separan Burela (Lugo) de Madrid por carretera para
interrumpir su embarazo, muy deseado pero inviable.
La sanidad pública gallega se negó a practicar un aborto apelando a
la objeción de conciencia de los facultativos. Tras un difícil viaje en
coche, acudió a la clínica privada madrileña que le había indicado el
Servicio Gallego de Salud. Allí la trasladaron de urgencia al hospital
La Paz por su grave estado. Perdió el útero.
La justicia, en una dura
sentencia, ha condenado al Sergas a indemnizarla con 270.000 euros. La
reconstrucción de su vía crucis muestra los problemas que aún existen en
algunos lugares de España para practicar abortos tardíos y cumplir la
ley. "El derecho a objetar de los médicos casi me cuesta la vida",
lamenta.
Una cadena de errores en las pruebas diagnósticas llevadas a cabo en
el hospital de Burela fue la que provocó que se detectaran tarde, a los
siete meses de embarazo, las graves alteraciones cromosómicas que tenía
el feto y que conllevaban que este fuera “incompatible con la vida”; es
decir, que no podía sobrevivir.
Pero ningún médico quiso interrumpir su embarazo ni en su hospital ni
en ningún otro de la comunidad autónoma. Finalmente, el servicio de
salud gallego le dijo que, para “respetar el derecho a la objeción de
conciencia de los profesionales”, la Administración pagaría la
interrupción del embarazo, pero en una clínica de Madrid. En ese momento
ya estaba en la semana 32 de gestación.
Paula emprendió el viaje. “Tuve que dejar a mi otra hija de tres años
con mi madre y viajar con mi pareja”, relata. “Llevaba ya días con
dolores vaginales, pero en el hospital me decían que eran gases”. Fue un
nuevo error, porque resultó que tenía el útero vascularizado.
Por eso,
cuando llegó a la clínica con un sangrado vaginal, estaba tan grave que
fue trasladada al hospital de referencia, donde le salvaron la vida. Le
practicaron una cesárea para extraer el feto, un bebé inviable que murió
a los 90 minutos de nacer, y le quitaron el útero para detener la
hemorragia. No podrá ser madre de nuevo.
“Fue todo tremendo”, recuerda. “Nos preguntaron si queríamos ver al
bebé, si queríamos que lo reanimaran, pese a que era incompatible con la
vida. Tuvimos que incinerarlo y volver a casa con sus cenizas”.
"Perjuicios físicos y psíquicos que hay quien resarza"
De vuelta ya en Galicia, tras una semana ingresada en el hospital
madrileño y con su pareja alojada mientras tanto en un hotel, Paula
recibió del Sergas al cabo del tiempo el pago correspondiente al
kilometraje del viaje.“En total, algo más de 80 euros”, recuerda. “Ni
siquiera me llamaron del hospital de Burela, como hacen con todas las
parturientas, para citarme para una revisión. Mucho menos para pedirme
disculpas por las enormes negligencias”.
Paula está en tratamiento psiquiátrico desde entonces. El magistrado
que ha condenado al Servicio Gallego de Salud considera que la
negligencia denunciada por la afectada “rebasa los estándares de lo
tolerable” con “perjuicios físicos y psíquicos que no hay quien los
resarza”.
La “extensión innecesaria del embarazo” de Paula representa “un
fracaso estrepitoso del sistema” sanitario público, según la sentencia.
Marcos Amboage, el magistrado del juzgado 2 de lo
Contencioso-Administrativo de Lugo que la firma, entiende que “resulta
difícilmente aceptable que no se disponga de un centro público en
Galicia” para practicar las interrupciones del embarazo que garantiza la
ley. (...)
Francisca Fernández, abogada de Paula, asegura que su caso no es
único. Ha presentado otras dos reclamaciones de pacientes afectadas por
la objeción de conciencia de los profesionales de la red pública
gallega. El Sergas, por su parte, insiste en que el derecho a la
interrupción del embarazo está garantizado en los términos que recoge la
ley y señala
que en este momento se están practicando algunos abortos
correspondientes al segundo trimestre en los hospitales públicos de A
Coruña y Ourense.
En todo caso, Galicia no es una excepción. En la red pública española
se practica una mínima parte de los abortos legales. La mayoría, el 90%
en 2014 según datos del Ministerio de Sanidad, se deriva a clínicas
privadas, algo que permite la ley. Pero el problema surge cuando la
derivación se hace a una clínica que está a cientos de kilómetros o
cuando no hay profesionales para llevar a cabo abortos tardíos que
requieren un hospital. (...)
Blanca Cañedo, vocal en Asturias de la Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), insta a la
Administración a formar a los médicos en la práctica instrumental de la
interrupción del embarazo en las facultades. En su opinión, el método
farmacológico es “una brutalidad en los casos de más de 14 semanas de
gestación ya que mantiene a las mujeres con síntomas de parto durante
días hasta que expulsan el feto”.
El presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal
(FPFE), Luis Enrique Sánchez, opina que una de las principales causas
por las que algunos hospitales públicos no realizan interrupciones de
embarazo es que “las consejerías de sanidad no han fijado la obligación y
los servicios de ginecología hospitalarios prefieren no planteárselo,
aludiendo a problemas organizativos, falta de quirófanos o escasez de
recursos”. En su opinión, se trata de una cuestión de “falta de voluntad
política de los responsables sanitarios”.
En el caso de Paula, que usa un nombre ficticio para este reportaje,
la sentencia reconoce que la sanidad pública no le ofreció los recursos
adecuados. Ella está segura de que si hubiera podido interrumpir su
embarazo en Galicia no habría perdido el útero y la capacidad para ser
madre biológica de nuevo." (El País, 07/11/16)
