2013. España. La gente se está rebelando con razón. Los partidos políticos han perdido la capacidad de darnos razones para la obediencia

"En la oscuridad de una crisis atravesada de recortes, surgen chispas de rebelión. A veces son iniciativas personales —como la del cerrajero que se niega a participar en desahucios— que prenden hasta convertirse en símbolos.

 Otras, la rabia y la impotencia frente al desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar están impulsando movimientos ciudadanos más coordinados. Como el de los insumisos a pagar la tasa de un euro por receta médica vigente ya en Cataluña y que se aplicará en Madrid. Los recortes no crean sumisos. 

Han provocado la aparición de rebeldes, objetores, desobedientes que han encontrado fórmulas para pelear contra ellos, para tratar de cambiar la norma, para expresar su rechazo a una política que fija en los ciudadanos la práctica totalidad de los esfuerzos para salir de la crisis.(...)

 “La gente se está rebelando con razón. Los partidos políticos han perdido la capacidad de darnos razones para la obediencia, motivos sólidos para que les apoyemos.

 Primero, porque hay muchos casos de falta de honestidad, y segundo, porque hay una gran sensación de incompetencia, de que no nos resuelven los problemas”, apunta Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

 La sociedad española está reaccionando, dice, aunque de forma fragmentaria. Acciones —como la de aquellos que se cuelan en el metro para protestar por los precios— que pueden tener repercusión legal.  (...)

“Mientras, la desobediencia civil no tiene como objetivo suspender la aplicación de la norma para un individuo sino que, a través de acciones que pueden ser individuales, la norma cambie para todos”, añade el experto. Las actuaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que han logrado paralizar desahucios, son ejemplos de desobediencia civil. 

“La gente lleva a cabo acciones que pueden suponerle un problema. Y lo hace porque considera que lo que ocurre, como las medidas de recorte del Gobierno, son contrarias a los principios éticos que consideran superiores. Y están dispuestos a sufrir las consecuencias de incumplir la norma, en vez de acatarla”, indica el catedrático de Ciencias Políticas."       (El País, 29/12/2012)

“Yo sí atiendo a ‘sin papeles”. Mar Sacristán es uno de los 2.200 médicos que objetan a la exclusión sanitaria.

 

Alrededor de 2.200 sanitarios han declarado ya su objeción contra el decreto que excluye de la atención normalizada a los inmigrantes en situación irregular. La médica Mar Sacristán es una de ellos. 

Los profesionales consideran que la medida, que implica que los sin papeles solo tienen asistencia gratuita en urgencias, parto, posparto y pediatría, choca con sus principios éticos y vulnera el código deontológico médico en varios puntos; incluido el que dicta que estos profesionales deben “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”.

Esa también es una de las razones de Sacristán, que trabaja en un centro de salud de la Comunidad de Madrid, para incumplir la normativa. “No tengo ningún motivo para dejar de hacer mi trabajo en un servicio público. 

Atiendo a personas según sus necesidades de salud, y no según su situación administrativa o clase social”, plantea. “Esa medida aumenta la fragmentación social y las desigualdades en salud, lo que nos hace una sociedad más débil”, añade.

Así, sigue atendiendo a todos aquellos sin papeles que consiguen pasar por la criba de la administración del centro de salud, o a los que llegan sin cita. Algo que hacen también otros médicos al abrigo de la llamada a la objeción que lanzó en julio —dos meses antes de que entrara en vigor la normativa— la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Seymfic)."           (El País, 29/12/2012)

"Contra el euro por receta. Un grupo de ciudadanos se niega a pagar la tasa por cada medicamento de prescripción.

 “El día que entraba en vigor la tasa de un euro por cada receta médica en Cataluña, un grupo de personas y yo nos plantamos en una farmacia y dijimos que queríamos objetar”, explica Àngels Martínez Castells, de Dempeus per la Salut Pública, un colectivo que se moviliza por una sanidad pública, universal y de calidad. 

El movimiento tomó fuerza. Ahora decenas de catalanes se niegan a pagar el euro por cada medicamento de prescripción que compran —sin importar su renta ni condición—, como dicta una normativa de la Generalitat. 

“Hacerlo puede suponer una multa y que en lugar de pagar un euro haya que pagar 1,20 euros. Pero merece la pena darse el gustazo. Decir ‘yo no pago, soy insumiso’. La medida es injusta e insolidaria”, explica."    (El País, 29/12/2012)

"Jueces contra los desahucios. Algunos magistrados buscan normas para esquivar los desalojos y las tasas judiciales.

 Los jueces no pueden recurrir a la desobediencia civil ni a acciones que les sitúen al margen de una ley que siempre han de respetar y defender. Así, en su caso, han acudido a argucias, a instrumentos buscados en las propias normas, para suspender la aplicación de decisiones que les exigiría la estricta aplicación de la ley. Ha ocurrido con los desahucios y con las tasas judiciales. (...)

ablar de “la dramática situación que suponen los numerosísimos procedimientos consecuencia para una inmensa mayoría de ejecutados de una situación económica que no ha sido fruto de su voluntad, debiendo situarse su origen y responsabilidad en otras instancias”, tal como indica una resolución de la sección segunda de la Audiencia de Navarra que firman José Francisco Cobo y Francisco Goyena, pioneros en “plantarle la cara” al sistema de desahucios.

Pagos parciales, dación en pago o la pérdida de valor de los inmuebles son algunos de los instrumentos que utilizan para, dentro de la legalidad, suspender desalojos.

 A la normativa europea es a lo que ha apelado el magistrado del juzgado de lo social número 1 de Benidorm, Carlos Antonio Vegas, para manifestar su intención de no cobrar las nuevas tasas judiciales, más elevadas, impuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, contra las que se han levantado magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados y usuarios. 

En su caso, como en el de otros, el plante es significativo pero poco efectivo, ya que son los secretarios judiciales los encargados de cobrarlas y solo si se presenta un recurso ante el juez es cuando este habrá de resolver.  "         (El País, 29/12/2012)