La sentencia del Supremo que prohíbe al fondo buitre vender por encima del precio de compra las viviendas de protección que le 'regaló' la entonces alcaldesa Ana Botella puede suponer un cambio histórico en la política de vivienda... supone el primer gran revés para los fondos buitres en España... Por primera vez, dicho fondo tendrá que vender las viviendas que recibieron como regalo por parte del Ayuntamiento de Madrid, liderado entonces por la alcaldesa Ana Botella, al mismo precio de compra, unos 68.000€. Es decir, los ciudadanos que habitaban dichas viviendas –en esta primera sentencia son cuatro familias– podrán readquirirlas, revocando la estafa que supuso aquella operación para 1.800 familias... La proliferación de fondos de inversión bajo la legislación Socimi, con ramificaciones familiares muy cercanas a la familia Aznar, se han aprovechado de una legislación fiscal muy laxa, provocando, mediante prácticas de dudosa legalidad, la expulsión de inquilinos vulnerables con el beneplácito de administraciones gobernadas por el PP, pero también de medios de comunicación y, hasta hoy, de gran parte de la judicatura... Ello explica por qué el capital extranjero, de dudoso origen en muchos casos, prefiere invertir en España frente a otros países... Siendo relevante esta sentencia contra las practicas de las socimis queda el regusto amargo de que los verdaderos culpables, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Ana Botella, se han librado de todo reproche penal y político, lo cual demuestra lo viciado que está el sistema judicial patrio, y cómo el entramado de las grandes corporaciones ha colonizado el poder político... Y, sobre todo, dar las gracias a un abogado ilustre e histórico como Mariano Benítez de Lugo, que ha dado una lección jurídica y humanitaria a todos los estamentos afectados, especialmente al PSOE de Madrid, que prescindió de sus servicios por ser demasiado caro. Cuánta mezquindad y mediocridad en dicha organización. Ahora se explica mejor su irrelevancia social y política en la capital de España (Alejandro Inurrieta)

 "La sentencia del Supremo que prohíbe al fondo buitre vender por encima del precio de compra las viviendas de protección que le 'regaló' la entonces alcaldesa Ana Botella puede suponer un cambio histórico en la política de vivienda

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, corroborando la previamente dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, supone el primer gran revés para los fondos buitres en España. Por primera vez, dicho fondo tendrá que vender las viviendas que recibieron como regalo por parte del Ayuntamiento de Madrid, liderado entonces por la alcaldesa Ana Botella, al mismo precio de compra, unos 68.000€. Es decir, los ciudadanos que habitaban dichas viviendas –en esta primera sentencia son cuatro familias– podrán readquirirlas, revocando la estafa que supuso aquella operación para 1.800 familias. 

Esta sentencia puede suponer un cambio histórico en el devenir de la política publica de vivienda en las instituciones madrileñas, pero también en el resto del territorio nacional. La proliferación de fondos de inversión bajo la legislación Socimi, con ramificaciones familiares muy cercanas a la familia Aznar, se han aprovechado de una legislación fiscal muy laxa, provocando, mediante prácticas de dudosa legalidad, la expulsión de inquilinos vulnerables con el beneplácito de administraciones gobernadas por el PP, pero también de medios de comunicación y, hasta hoy, de gran parte de la judicatura.

La introducción de las socimis fue iniciada por el PSOE en la última etapa de Zapatero, pero en sus inicios la fiscalidad era muy diferente, pues se obligaba a pagar impuesto de sociedades, aunque reducido, a estos vehículos de inversión. Esta fue la razón por la que, en sus inicios, apenas se constituyeron sociedades de este tipo, al margen de las restrictivas condiciones de cotización en mercados organizados. Fue la llegada del PP al gobierno lo que posibilitó, tras la reforma llevada a cabo al dictado del lobby inmobiliario, la eclosión de este tipo de sociedades, muchas de las cuales se han aprovechado de personas que han estado ligadas al poder político, tanto del PP, como del PSOE. 

Esta modificación legislativa explica la llegada de enormes cantidades de inversión hacia el sector inmobiliario en España, siendo muy perceptible el volumen de inversión de fondos de pensiones internacionales que han logrado penetrar en el mercado inmobiliario, provocando el desahucio de miles de trabajadores vulnerables. Esta política basada en el rentismo de particulares, pero también en la proliferación de vehículos de inversión con capital transnacional, ha diseñado un nuevo paradigma en la provisión de vivienda para el alquiler, contradiciendo la tónica y el modelo de vivienda publica que se consolida en la UE. Ello explica por qué el capital extranjero, de dudoso origen en muchos casos, prefiere invertir en España frente a otros países. 

Todos estos factores financieros y fiscales, junto a la ausencia de control y supervisión del mercado inmobiliario, constituyen los ejes de la política inmobiliaria, que no política de vivienda, llevada a cabo por parte del PSOE y el PP durante los últimos años. No es baladí que los gestores del lobby inmobiliario Asval hayan sido durante los últimos años dirigentes socialistas como Clos, ex alcalde de Barcelona, o Helena Beunza, antigua secretaria general de Vivienda, también del PSOE. Estos dirigentes, junto a los grandes gestores de fondos, han presionado al actual presidente de Gobierno para modificar y descafeinar la actual Ley de Vivienda, que introduce los controles de precios de alquiler. Pero también son los artífices que han imposibilitado la eliminación de las ventajas fiscales de las socimis en la reciente votación del paquete fiscal en el Congreso. El PSOE sigue siendo el mejor aliado de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario, como se ha demostrado en múltiples declaraciones de la actual ministra de Vivienda. 

Los grandes fondos han tenido hasta ahora como aliados a los grandes partidos políticos, sobre todo los que manejan el BOE, pero no contaban con que la judicatura les fuera a contradecir en sus prácticas presuntamente contrarias a derecho, como ha sancionado el Tribunal Supremo. En este punto merece la pena destacar al abogado que ha pilotado, con un esfuerzo personal ingente, esta cruzada contra el poder de los Fondos de Inversión y Socimis, Mariano Benítez de Lugo.  Curiosamente, este abogado estaba contratado por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid y fue despedido mediante un SMS con la excusa de que era muy caro, cuando prácticamente no cobra nada a los afectados por la estafa del propio Ayuntamiento de Madrid al vender estos pisos a Fidere. 

Siendo relevante esta sentencia contra las practicas de las socimis queda el regusto amargo de que los verdaderos culpables, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Ana Botella, se han librado de todo reproche penal y político, lo cual demuestra lo viciado que está el sistema judicial patrio, y cómo el entramado de las grandes corporaciones ha colonizado el poder político, incluso entre los partidos que se autodenominan progresistas.  

En suma, es momento de brindar porque, por fin, el alto tribunal ha dictado una sentencia que favorece a miles de familias que fueron expulsadas de sus viviendas por parte del Ayuntamiento de Madrid, mediante un regalo a Fidere y que ahora podrán comprar al mismo precio de saldo. Esperemos que se ejecute dicha sentencia lo antes posible y sea extensible al resto de las familias que tienen pendiente la misma sentencia que debería coincidir por unidad de doctrina. Y, sobre todo, dar las gracias a un abogado ilustre e histórico como Mariano Benítez de Lugo, que ha dado una lección jurídica y humanitaria a todos los estamentos afectados, especialmente al PSOE de Madrid, que prescindió de sus servicios por ser demasiado caro. Cuánta mezquindad y mediocridad en dicha organización. Ahora se explica mejor su irrelevancia social y política en la capital de España"    (Alejandro Inurrieta, eldiario.es, 06/12/24)

Nuestro argumento es bien simple: ¡que ahora la crisis la paguen los caseros por primera vez! Los propietarios ya expolian 100.000 millones al fisco cada década

"(...) En estas páginas hemos demostrado que España es el país de la Unión Europea que más presupuesto ha gastado en vivienda pero exclusivamente para favorecer el sueño neoliberal de la sociedad de los propietarios, de una nutrida clase media propietaria bastión electoral conservador, nacida al crisol de las viviendas de protección oficial. 

Décadas de regalos fiscales, ayudas directas y suelo público, lleno de corruptelas, para construir también un potente sector inmobiliario que diera auxilio a la otra gran industria pátria que es el turismo.

 Todo ello regado con el crédito de la omnipresente banca española en el IBEX35 que hizo su agosto en este modelo económico franquista actualizado que la izquierda española tomó como suyo sin rechistar. Somos fruto del pasado y no se puede ignorar.  (...)

La Ministra de Economía Nadia CALVIÑO expresa en sus declaraciones su apoyo a esa España rancia, reaccionaria y conservadora de la sociedad de los propietarios en medio de la segunda mayor crisis económica que vivimos desde hace una década. ¡Hay que tener valor!

 

Y lo hace porqué siendo ministra de Economía debería saber que a diferencia de los inquilinos que fueron abandonados a su suerte por su partido desde la LAU de 1984, los propietarios han sido regados con miles de millones de regalos fiscales y de todo tipo durante décadas que han convertido España en un paraíso fiscal para los arrendadores. 

Damos por supuesto que la Ministra lo sabe pues lo que afirmamos está basado en los datos que proporciona el Ministerio de Hacienda aunque por desgracia no es de dominio público, nadie lo escampa a los cuatro vientos, hasta el punto que la izquierda es timorata en el asunto y ha preferido mirar siempre hacía el otro lado.  (...)

Los impuestos inmobiliarios en el Estado español tienen trajes a medida en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF para no pagar impuestos mientras los inquilinos no tienen ya ni desgravaciones fiscales eliminadas por el PP de Rajoy. La izquierda actual ni siquiera cita ya esa injusticia y con mucho apoyo mediático ha puesto sus focos, luces y taquígrafos en las Socimis, sociedades de inversión inmobiliaria creadas por el PSOE en 2009 y refundadas por Rajoy, pero eso es el chocolate del loro con el que muchas veces se conforma el activismo como chivo expiatorio. 

Sí, son un escándalo, pero nada comparado por volumen con el apoyo fiscal a todo el sector inmobiliario residencial de alquiler, los caseros, en los impuestos de Sociedades y sobre todo en el IRPF. Hasta el punto que la Ministra Nadia Calviño debería escandalizarse, como hacen algunos multimillonarios americanos, que ella pague muchos menos impuestos proporcionalmente que un trabajador inquilino al que no quiere ayudar en la crisis de la pandemia. (...)

Los datos del expolio fiscal que los caseros causan al país

Los datos que vamos a presentar ahora son sólo una parte de los que Nadia CALVIÑO debería conocer de cómo el Estado español ha apoyado al rentista, el que gana dinero sin ensuciarse las manos. Y tienen un argumento muy simple: si el Estado español ha regalado miles de millones de euros de regalos fiscales a los caseros durante décadas que sean estos los que arrimen el hombro para cubrir la factura de la condonación de las deudas de los recibos impagados de los inquilinos hasta volver a una situación normalizada.  

LO LLAMAMOS CONDONACIÓN DE LOS ALQUILERES DURANTE LA CRISIS.

Pero antes de pasar a los datos de la factura fiscal insostenible e insolidaria que los caseros causan a la Hacienda pública queremos decir que hay muchas otras partidas que todos los años van a apuntalar el negocio del arrendamiento, con alquileres escandalosos de la nueva burbuja de estos últimos años.

Entre estas otras partidas están las ayudas directas a la promoción de viviendas de alquiler, los créditos avalados a los promotores, el suelo regalado, las ayudas al alquiler de comunidades autónomas y ayuntamientos que suponen cada año decenas de millones de euros que acaban todos en los bolsillos de los rentistas también. Y cómo no los 77.000 millones de euros enterrados durante 30 años en subvencionar vía IRPF la vivienda en propiedad que luego heredada pasa al alquiler. 

Cómo sino, sin apoyo estatal y riego abundante de la Banca, puede mantenerse un sector inmobiliario que en el 2005 movía entre todos los sectores de la economía asociados e industrias y servicios auxiliares hasta el 40% del PIB de España. Por esas razones el Banco de España puede afirmar que el inversor, el casero, amortiza su vivienda en poco más de una década y además ¡se puede vender luego!

Vamos a realizar un análisis escueto para no atiborrar con tecnicismos. Si desea tener un conocimiento más pormenorizado con datos y definiciones del expolio fiscal de los arrendadores lea y estudie este documento publicado en abril del 2019 >>>. SI desea conocer la comparación de IRPF entre un arrendador y su inquilino que trabaja podrá ver que este último paga hasta un 1000% más de IRPF que su casero que vive de rentas en este otro documento publicado en octubre del 2018>>>.

En las estadísticas extraídos del Ministerio de Hacienda (https://www.hacienda.gob.es/) del  Impuesto de la Renta sobre las personas Físicas, IRPF, podemos encontrar el conjunto de ingresos, gastos deducibles y las desgravaciones fiscales que reciben «los abuelitos de Calviño». En la tabla inferior se puede ver el grueso de la elusión fiscal, o sea, todo el dinero que los propietarios inmobiliarios declararon entre el 2004 y el 2016 en el IRPF y todas las quitas que reciben para pagar un mínimo escandaloso. Representan entre un 60 a 70% de las viviendas en alquiler en nuestro país (+>3,5 millones), el resto correspondería a personas jurídicas que declaran en el Impuesto de Sociedades (hay un vacío estadístico sobre la distribución de la propiedad). Los datos estadísticos de la gran burbuja entre 2017-20 aun no están publicados.

La primera columna representa las declaraciones realizadas en la que están mezcladas las viviendas y los locales comerciales (alquilados por el propietario). Por ejemplo en el 2016 hay 2.362.915 declaraciones que suponen unos ingresos declarados de más de 18.000 millones de euros de los que se restan 6.624 millones de euros en amortizaciones de los inmuebles, administración, gastos que nadie controla o incluso pagan los inquilinos y impuestos como el IBI que muchas veces también paga el arrendatario. 

Después de restados esos 6.624 millones de los ingresos, aquellos caseros que alquilan una vivienda tienen derecho a una desgravación del 60% que ese año 2016 fue de 3.673 millones de euros. El sindicato GHESTA, de inspectores de Hacienda calcula que hay una fraude no declarado entorno del 40% que esa tabla no puede valorar. Los datos de las declaraciones desgravadas tampoco se corresponden a viviendas, o sea, una declaración puede corresponder a más de una vivienda.

Por lo tanto, todos son resultados aproximativos pues nadie tiene interés en desvelar las cifras del expolio que suponen los regalos fiscales a los propietarios. Los datos del período que estudia la tabla dan como resultado que durante 13 años los caseros defendidos por la Ministra Calviño obtuvieron más de 190.000 millones de € de ingresos, a los que restaron 62.000 millones de € de gastos – entre locales y viviendas- y otros 32.000 millones de € en desgravaciones directas de viviendas sólo. En el caso del alquiler de una vivienda el casero acaba pagando impuestos solamente por entre un 5 al 30% de los ingresos que ha obtenido, afirmación que la explicamos en uno de los documentos citados más arriba.

Si un trabajador tuviera los mismos privilegios fiscales que un casero a su salario podría deducirle todo lo que se gasta para mantener su hogar, familia, ropa, impuestos, casa, comida…etc…

Volviendo a la tabla, en las celdas amarillas, la elusión fiscal del 2004 al 2016 fue de 94.896,7 millones de euros, resultado de sumar 62.615,283 en gastos y 32.281,490 en desgravaciones. Y hablamos solo de los alquileres declarados. A eso habría que sumar un porcentaje que rondaría entre el 35 al 40% de fraude fiscal en el impuesto de la renta que podría estar entorno a los 35.000 millones de euros.

Y finalmente habría que añadir la elusión fiscal que corresponde al Impuesto de Sociedades del cual no es posible extraer ninguna clase de datos del sector inmobiliario. Pero que considerando el volumen de viviendas en propiedad de sociedades jurídicas que ronda el 30 al 35%, la misma laxitud inspectora en los gastos y las desgravaciones, y las desgravaciones que rondan entre el 90 al 100% de los ingresos pueden imaginarse que difícilmente la elusión fiscal baje de otros 30.000 millones de euros en ese período. Sobre los miles de edificios de la Iglesia católica no existe ninguna estadística pues no pagan impuestos.

Todos estos regalos fiscales se hacen a cambio de nada. En otros países los regalos fiscales van acompañados de alquileres sociales. El 98% de los más de 3,5 millones de hogares que viven en alquiler bajo el régimen dictatorial de la LAU no existen los alquileres sociales.

Lo lógico sería que los caseros si no arriman el hombro en nada pagaran, no igual, sino mucho más por sus beneficios que los que trabajan. Sería de JUSTICIA SOCIAl.

Los caseros deben renunciar al expolio fiscal que causan al país y arrimar el hombro contra la crisis

Esa es la razón por las que un PLAN DE CHOQUE de Gobierno centrado en los contratos de alquiler en el mercado privado (98%) considerados sobre vivienda habitual debería tener:

• la prórroga forzosa de todos los contratos de alquiler en las condiciones ya pactadas hasta la vuelta a la normalidad económica excepto en casos documentados de necesidad de la propiedad. Asegurar en este caso el realojo digno de los inquilinos por parte de la Administración. Suspensión temporal de los artículos en conflicto de la LAU.
• la condonación de las deudas de alquiler, a cargo del arrendador, sobrevenidos en viviendas habituales debido a la crisis de la pandemia hasta que el hogar supere por cuenta propia o del Estado la capacidad de pago de los recibos.
• La generalización de contratos únicos de alquiler, con el visto bueno de los servicios jurídicos de las Oficinas de vivienda, sin cláusulas abusivas entendiendo todas aquellas que van a cargo del arrendador como el IBI, reformas estructurales, etc.
• Asegurar la reforma fiscal de las leyes tributarias en materia de vivienda para:
  
  • Derogar toda la elusión fiscal de los arrendadores físicos y jurídicos y eclesiásticos (exenciones + desgravaciones fiscales insostenibles hoy para la Hacienda pública). Son más de 10.000 millones anuales en el impuesto IRPF y el de Sociedades. Justicia fiscal, que los rentistas paguen más que quién trabaja y no menos como ocurre desde hace décadas – agujero fiscal estatal insostenible hoy superior a 100.000 millones cada década.
  • Realizar desgravaciones fiscales a todos los inquilinos baremando el alquiler para que no supere el 20% de la renta disponible del hogar. 
  
  ( Salva Torres, Asociación por el Alquiler Público y Asequible, Rebelión, 27/03/20)

La creación de Sicav se desploma en 2016: sólo 11 ante el pánico a Podemos

"La incertidumbre política tiene efectos en las decisiones de los inversores. En lo que va de año, el número de nuevas Sicav (sociedades de tributación ventajosa) registradas es de apenas once, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y 14 según los registros de Bolsas y Mercados. El año pasado por estas fechas ya se habían constituido unas 42 de estas empresas con las que los ricos logran pagar menos impuestos, y en el conjunto del año se crearon 130 en total.

Fuentes del mercado consultadas por este diario apuntan a varias causas para explicar esta fuerte ralentización en España de estas sociedades conocidas por su tributación reducida (1% de sus beneficios). 

La principal sería, según estas fuentes, la incertidumbre electoral y el miedo de los inversores a un posible Gobierno favorable a aprobar cambios perjudiciales para los mismos. Y es que la posibilidad, a la vista de los programas electorales de los partidos, está lejos de ser imposible.

Todos los grandes partidos que acudirán a las próximas Elecciones Generales (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) prometen llevar a cabo cambios legislativos contrarios a las Sicav, a su tributación o su nivel de transparencia. 

Estas polémicas sociedades están acusadas de ser foco habitual de fraudes: entre sus condiciones para ser legales está la de un número mínimo de 100 partícipes, aunque es habitual que las grandes fortunas creen sus propias Sicav como si de una empresa patrimonial se tratase, y para completar el cupo del centenar de partícipes coloque a los conocidos como mariachis, en la práctica testaferros. (...)

A finales del pasado año, las entidades financieras españolas controlaban un total de 33.700 millones de euros atesorados en Sicav españolas. Esta cifra es 600 millones de euros más baja a inicios de mayo, según muestran los datos globales del sector, que suma 3.393 sociedades a día de hoy. 

Crece el interés por convertir Sicav en fondos

Fuentes del sector explican a este diario que cada vez más Sicav están estudiando la opción de convertirse en fondos de inversión. Aunque el traslado conlleva gestiones a nivel administrativo, la legislación concede unas condiciones relativamente similares en cuanto a la tributación, por lo que cada vez más gestores están recomendando a sus clientes esta transformación, toda vez que los fondos de inversión no sufren el estigma que sí tienen las Sicav en la opinión pública y entre la mayoría de los partidos políticos españoles.

Esta transformación en un simple fondo de inversión (que también tributan al 1%) la están estudiando los responsables de Lierde, la Sicav controlada por el expresidente de Telefónica, César Alierta. Así lo harían si cambiase el régimen legal de estas sociedades en un sentido que penalizase este vehículo de inversión."               (Nicolás R. Sarries, Vox Populi)

GESTHA: ¿Cómo se puede reducir la desigualdad a través de los impuestos?

"(...) intentar construir entre todos un sistema impositivo que garantice los principios de generalidad, progresividad y equidad, que según nuestra Constitución deben inspirarlo.

Una de las medidas que pueden conseguir esta meta es la reducción de la dualidad fiscal del IRPF, que actualmente favorece la tributación de las rentas del capital frente a las del trabajo, así como aumentar el número de tramos de este impuesto.

También sería positivo modificar la Ley y Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un límite máximo de participación en las SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social, con el objetivo de evitar la elusión fiscal de las grandes fortunas a través del control de dichas entidades.

Asimismo, es necesario, en aras de la justicia fiscal que debe regir el sistema tributario, equiparar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades de las más grandes compañías, que es del 6%, con el de las pymes, que tributan al 14,9%, lo que genera una enorme desigualdad entre grandes y pequeños. En este sentido, debería elevarse el tipo nominal en cinco puntos a las grandes corporaciones, a partir del millón de euros de beneficio.

Otras de las medidas fiscales que puede contribuir a lograr una sociedad menos desigual pasan por restringir la exención del 60% del rendimiento del capital inmobiliario en los alquileres de viviendas de lujo, a la vez que eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones, sustituyéndolas por una deducción de cuota, de forma que se mejora la progresividad fiscal.

Asimismo, desde Gestha aconsejamos la supresión definitiva del régimen fiscal especial para “impatriados”, conocido como Ley Beckham, así como la creación de un impuesto para las transacciones financieras en la UE –sobre la que ya hay un principio de acuerdo entre una decena de países europeos, entre los que está España, acerca de sus líneas generales- y un impuesto sobre la riqueza en el ámbito estatal."             (CARLOS CRUZADO | GESTHA, Nueva tribuna, 13/12/15)

Las diez mayores Sicav españolas tienen el 70% de su patrimonio invertido fuera de España... así que ¿para qué amenazan con expatriarse?

"¿Dónde está el patrimonio de las diez mayores Sicav?

(...) Previsiblemente se acercan cambios en el sector en la próxima legislatura, aunque muchos aún siguen defendiendo la vigencia de este modelo de tributación ventajosa por la inversión que permanece en el país.

De hecho, el temor a una huida de inversión hacia el extranjero es una de las principales razones por las que la comunidad inversora en general y los partidos tradicionales rechazan un cambio radical en la tributación de las Sicav.

Pero un análisis de los informes trimestrales de las diez mayores de España desvela que, aunque domiciliadas aquí, la gran parte de sus inversiones vuelan hacia otras latitudes. De hecho, a cierre del último trimestre dedicaron de media el 67,9% del patrimonio a inversiones fuera de nuestras fronteras, es decir, 4.421,91 millones de euros, según los últimos informes presentados a la CNMV, que incluyen datos de cierre del tercer trimestre del año.

El análisis también muestra que aunque la ley exige que estas sociedades estén formadas por 100 accionistas, están controladas de forma mayoritaria por una sola familia.

¿Cómo se divide patrimonio de las diez mayores Sicav entre sus accionistas?

La Sicav Elitia Invest, vinculada a la familia Gallardo Ballart fundadora del laboratorio fabricante del Almax, Almirall, se lleva la palma. Tiene el 95% del patrimonio invertido en el exterior. Pero las inversiones foráneas de las mayores Sicav españolas son de lo más variopinto.

Torrenova de Inversiones, la mayor de España, vinculada a la familia March, con un patrimonio por valor de 1.234 millones de euros y 5.445 accionistas (las Sicav cotizan en bolsa, igual que cualquier sociedad anónima, en el segmento de Sicav del Mercado Alternativo Bursátil) tiene acciones de Deutsche Telekom, Adidas, Carnival, Snam Rete Gas y Reckitt Benkiser, pero también un bono de la Región Autónoma de Madeira, y renta fija estatal de Italia, Portugal, Turquía, Rumanía y Bulgaria.

Morinvest, la Sicav de Alicia Koplowitz, es la segunda de mayor tamaño en España, con un patrimonio algo inferior a los 500 millones de euros, el 99,86% en manos del primer accionista, y con predilección por la renta variable y la inversión alternativa. Sus apuestas bursátiles incluyen las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, como Microsoft, Oracle, Time Warner, Unisys y VMWare.

Su mayor posición está en la francesa Atos, cuyo valor de mercado es de 3,6 millones de euros, pero también cuenta con un importante posicionamiento en la London Stock Exchange (LSE, el operador de la Bolsa de Londres) y en Porsche. También tiene participaciones en 34 fondos de inversión extranjeros por un montante de 193 millones de euros, que representan el 39% del patrimonio de la Sicav.

Otra Sicav vinculada a la familia March, Cartera Bellver, completa el podio. Al igual que el resto de grandes Sicav de los March, no cuenta con ningún accionista que supere el 20%. El grueso de sus inversiones foráneas está en bolsa: con fuertes posiciones en empresas de artículos de lujo como LVMH o Adidas; el sector energético internacional, a través de la francesa Total o las estadounidense Exxon o Valero Energy, y el sector bebidas, con sus posiciones en Sabmiller y Diageo.

La Sicav vinculada a la familia Botín, Cartera Mobiliaria, también pone su foco en las bolsas internacionales. Entre sus valores preferidos están los relacionados con las telecomunicaciones, donde está presente a través de Orange, Ericsson o Telecom Italia.

El sector del lujo está representado por su posicionamiento en Hugo Boss. Sin embargo, en este trimestre ha sufrido la crisis de Volkswagen, puesto que su participación en la compañía ha pasado de valer 2,9 millones de euros a 1,3 millones.

La heredera de Inditex

También entre las mayores Sicav españolas está la de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega y su primera mujer, Isabel Mera. Su estrategia inversora se centra en invertir en fondos de inversión radicados en Luxemburgo e Irlanda, a los que dedica 345,51 millones de euros, es decir, más del 80% de su patrimonio.

Esta misma estrategia de inversión es la que sigue la cuarta mayor Sicav de España, Elitia Invest. En su caso, un total de 371,51 millones de euros, el 95% del patrimonio, están invertidos en 19 fondos de inversión extranjeros, de los cuales, 18 están radicados en Luxemburgo e Irlanda.

La familia Del Pino, fundadora de la constructora Ferrovial, tiene a dos de sus Sicav entre las 10 más grandes de España y otra más, entre las 15 mayores. Suya es la Sicav que presenta un peor comportamiento entre las diez mayores del país, puesto que Allocation ha dado una rentabilidad negativa del 3,92%, a cierre de septiembre, mientras Chart Inversiones gana el 1,43% desde enero.

La primera de ellas presenta una fuerte exposición a valores de la bolsa japonesa, a través de 14 compañías, entre las que se encuentran los fabricantes de automóviles Honda, Toyota y Mazda, así como valores financieros como Softbank, Mizuho Financial Group o Sumimoto Mitsui Financial. Por su parte, Chart Inversiones también prefiere la renta variable internacional, donde ha sufrido la crisis de Volkswagen. Su participación en la alemana vale, a 30 de septiembre, el 49% menos.

La Sicav Soixa vinculada a Antonio Hernández, presidente de Ebro Foods, es otra de las que gusta de invertir en los mercados de valores foráneos. Su estrategia de inversión le está dando grandes frutos, puesto que es la que obtiene una mayor rentabilidad en el año, con un 7,79% a cierre del tercer trimestre.

Entre sus principales apuestas hay dos valores portugueses, Semapa (Sociedade de Investimento e Gestao) y Galp Energia. A ellas se suman la gestora de la bolsa de Fráncfort, la Deutsche Boerse, Samsung, Hyunday, Rolls Royce y BMW. Esta Sicav hace un guiño a los mercados de valores emergentes a través de su presencia en la ingeniera taiwanesa Yungtay Engineering.

Los dueños de Pronovias, Alberto Palatchi y Susana Gallardo Torrededia (que también es consejera en Abertis) cuentan con dos Sicav entre las de mayor patrimonio de España: Herprisa y Gesprisa. La primera de ellas tiene nada menos que el 91% del patrimonio en su cartera exterior, concretamente en renta variable internacional, igual que muchas de las grandes Sicav españolas.

Las carteras de valores de ambas incluyen acciones de grandes tecnológicas como Microsoft, Google, Apple, LinkedIn o Facebook, así como una fuerte exposición al sector farmacéutico, pues cuenta con acciones de Merck, Novartis, Roche y Pfizer. El representante del sector del lujo tampoco falta en esta cartera: LVMH y BMW.

Las Sicav Brunara y Kalyani, aunque no logran encaramarse al top 10 de las mayores españolas, también están entre las 20 primeras y están vinculadas a dos inversores de renombre: el indio Ramchand Bhavnani y Felipa Jové, hija de Manuel Jove, fundador de la inmobiliaria Fadesa.

La primera de ellas sigue una estrategia de inversión distinta a la de otras grandes Sicav: prefiere la renta fija, tanto de empresas como gubernamental. Eso sí, preferiblemente de fuera de nuestras fronteras, ya que su cartera exterior representa el 74,94% del total del patrimonio. Entre sus posiciones más exóticas destacan las obligaciones de deuda emitidas por el Reino de Bahrein y de la República de Turquía.

La Sicav de Felipa Jove, por su parte, tiene el 87,79% de su patrimonio invertido en el exterior. Los fondos de inversión internacionales comparten protagonismo con la renta variable, donde cuenta con posiciones muy diversificadas sectorialmente en valores como Valeo, BNP Parias, Reckit Benckiser, ING o Randstad Holding. (...)

La asociación Economistas Frente a la Crisis es una de las voces críticas de la situación fiscal actual de las sicavs. Julio López, uno de sus miembros y vocal del consejo superior de Estadística del INE, propone un incremento del tipo del impuesto de sociedades para las sicavs hasta el 14%, a la par que ajustaría el aplicado al resto de compañías a través de la eliminación de las exenciones fiscales. " (Rocío Martínez Rincón , Attac Madrid, 08/11/15)

Las familias contribuyen con el 90% de la recaudación y las empresas aportan el 10% restante

"(...) Hasta la fecha, las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas, lo cual no se corresponde ni por asomo con lo que representa la riqueza de unos y otros.

 Las familias contribuyen con el 90% de la recaudación y las empresas aportan el 10% restante (y de ese porcentaje, menos del 2% corresponde a las grandes compañías), pese a que las rentas del trabajo suponen menos del 50% del total de renta generada en el país. 

No podemos admitir que 28 empresas del Ibex 35 hayan pagado 800 millones de euros como impuestos a pesar de haber ganando 13.100 millones de euros; no supone ni el 7% de presión impositiva, 23 puntos menos que el tipo nominal del Impuesto de Sociedades previsto para ellas; todo en el marco de una dudosa legalidad y al amparo de incontables artificios fiscales.

A estos datos alarmantes (súmese que los grandes grupos económicos tributaron apenas al 3,5% por sus beneficios en el año 2011) se añade la intolerable permisividad política con el fraude fiscal. 

Según un estudio publicado por la Comisión Europea, España perdió en 2012 un total de 12.400 millones de euros de ingresos de IVA —el 18% de lo que teóricamente debería haber recaudado— debido sobre todo al fraude fiscal, pero también a quiebras de empresas, errores estadísticos o formas “legales” de elusión.  (...)

Por una vía u otra, legal o fraudulentamente, se llega a que el sistema tributario en España recauda poco, siete puntos por debajo de la media europea. 

 (...) esto exige irreversiblemente recaudar con una nueva política fiscal, con una virtuosa política tributaria socialmente eficiente. ¿Cómo? Con impuestos directos y progresivos para que pague más quien tiene mucho más. (...)

Con un Impuesto de Sociedades que proteja a la pequeña y mediana empresa de las abusivas ventajas competitivas de la gran transnacional como forma de contribuir a democratizar la estructura económica. También con otra forma de aplicar impuestos indirectos (como el IVA) que acaba tratando igualmente a desiguales lo que encierra una gran injusticia. 

O estableciendo impuestos de verdad al capital financiero, desmontando sus incentivos para jugar a la economía de casino. ¿O acaso en aras del pragmatismo debemos tolerar que los fondos de inversión (como las Sicav) sigan abusando de sus privilegios ahora que está de moda pedir sacrificio a todo el mundo?  (...)

Se trata de diseñar una política tributaria que coadyuve también al nuevo orden económico, que limite prácticas especulativas, y se centre en el fomento de la inversión productiva, generadora de empleo digno y estable, sin ambages. Es fundamental defender el objetivo de soberanía tributaria para lograr que una buena parte de la riqueza generada en un país se emplee para acometer todo lo que se necesita para seguir generando riqueza económica en forma inclusiva. (...)"        (Alfredo Serrano Mancilla ,  Rebelión, 12/12/2014)

El año de la recuperación de los ricos: las sicavs crecen en patrimonio, número y accionistas

"Las sociedades de inversión de capital variable, conocidas por su acrónimo sicav (el instrumento utilizado por las grandes fortunas para acumular sus inversiones sin apenas tributar a Hacienda) acumulan desde el inicio del año aumentos en números, en el patrimonio y en el número de accionistas, según los datos de la firma VDOS Stochastics.

La empresa dedicada al suministro de información muestra en un comunicado que el patrimonio total gestionado por estos vehículos inversores de los más ricos aumentó un 11,91% hasta septiembre, y llegó a 30.859 millones de euros, 3.284 millones de euros más que en enero.

El número de accionistas se incrementó en 24.280, hasta alcanzar 437.441 accionistas, en tanto que el número de sociedades aumentó un 4,15%, hasta 3.212. (...)

La sicav es utilizado principalmente por grandes fortunas principalmente en Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Francia. Este tipo de sociedad les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros. En España se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen (y Luxemburgo, por ejemplo, se tributa un residual 0,01%). 

Para crear una sicav se deben cumplir algunos requisitos, como contar con al menos cien accionistas (en muchos casos, según denuncian los inspectores de Hacienda, se trata de meros testaferros) y un capital mínimo de 2,4 millones de euros"          (Público, 09/12/2014)

La creación de Sicav registra el mayor crecimiento de su historia

"Las sociedades de inversión de capital variable (Sicav) están de moda. Con la regularización fiscal de 2013 –que afloró cerca de 40.000 millones euros– y la mejora de los mercados financieros, son muchos los inversores (especialmente los que cuentan con un patrimonio importante) que han optado por esta fórmula de inversión.

En los tres primeros trimestres de 2014, el ritmo de creación de Sicav ha sido el más alto registrado jamás. En nueve meses se han registrado 180 vehículos, de acuerdo con datos ofecidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que supone un incremento del 78% respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, la velocidad de creación se está acelerando. Tan solo en el tercer trimestre se han constituido 73 Sicav, el 40% de todas las registradas este ejercicio. Para el cierre de 2014 se espera que el número de Sicav supere con holgura las 3.250, frente a las 3.030 que había a comienzos del año.  (...)"           (Cinco Días, 10/10/2014)

Vuelve el dinero, vuelven las Sicav: hay 70 nuevas solo en 2014. Ya tienen 413.000 millones de euros... al 1%

"Las Sociedades de Inversión de Capital Variable, (Sicav) están de nuevo de moda. Al menos eso es lo que se deduce de los datos que ha facilitado la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.  

Estas sociedades son el vehículo financiero preferido por las grandes fortunas para canalizar sus inversiones financieras, entre otras cosas por su favorable fiscalidad. Mientras se mantiene la inversión en ellas, Hacienda apenas reclama un 1% de impuestos, frente al 21% mínimo con el que se gravan el resto de beneficios financieros.

Este año, el organismo presidido por Elvira Rodíguez ha recibido 140 solicitudes para poner en marcha estos productos de inversión financiera, de los cuales ha autorizado ya 70. 

Estos datos reflejan la tendencia alcista que ya comenzó en 2013.  Según la Memoria de Actividades de 2013  presentada ayer, el número de Sicav se incrementó un 2%, y el dinero invertido en ellas alcanzó los 413.000 millones de euros, un 16,6% más que el año anterior.

El incremento de la inversión en Sicav ha estado en línea con la recuperación de la inversión en diversos productos financieros, como el fuerte incremento de la entrada de dinero en fondos de inversión o la subida del 21,4% del Ibex 35.

 Estos datos reflejan, según destacaron ayer todos los grupos de la oposición, cómo la inversión especulativa está dejando atrás la crisis financiera, mientras que la inversión productiva y la economía de las familias y las pequeñas empresas todavía siguen sufriendo sus estragos. (...)"             (Pilar Blázquez - Madrid, eldiario.es, 28/05/2014)

Si las grandes fortunas eluden tributos tales como el IRPF, patrimonio o sucesiones es únicamente porque el poder político se lo permite

"Fieles a la consigna de utilizar la reforma fiscal para transferir rentas de la clases bajas y medias a las altas, los expertos progubernamentales proponen suprimir el impuesto sobre el patrimonio y, como no estaría bien visto confesar el auténtico motivo, revisten la recomendación de todo tipo de falacias con objeto de ocultar sus verdaderas intenciones. (...)

 Para justificar la eliminación del impuesto, el informe Lagares argumenta que recae exclusivamente sobre las clases medias, puesto que los contribuyentes de ingresos elevados se escapan de su gravamen mediante la creación de sociedades interpuestas. 

Discurso que posee una buena dosis de cinismo, sobre todo cuando después se reduce el impuesto sobre sociedades, o cuando se exime a estas de tributar por los incrementos patrimoniales o se eliminan los mecanismos de transparencia que permitían imputar a los socios los beneficios y patrimonios de la sociedad.

Si las grandes fortunas eluden tributos tales como el IRPF, patrimonio o sucesiones es únicamente porque el poder político se lo permite. Las sociedades no se encuentran flotando en el aire, tienen accionistas que pueden ser identificados con facilidad, y los valores de aquellas incorporarse al patrimonio de sus dueños.

 El Estado dispone de suficientes mecanismos para evitar la evasión o la elusión (para el caso, da lo mismo) de este impuesto. Por otra parte, se maneja una noción de clase media abusiva.

 Desde luego, difícilmente el gravamen les será aplicable a la mitad de los asalariados de Madrid quienes, según un estudio de Comisiones Obreras, no llegan ni siquiera a ser mileuristas. Cuando únicamente 169.000 madrileños tributaban por el impuesto sobre el patrimonio, resulta difícil calificar a este colectivo de clase media.(...)

 El impuesto sobre el patrimonio y el de la renta son complementarios, pero no solo porque el primero pueda utilizarse como un elemento de control del segundo (versión de algunos para jibarizarlo), sino porque puede desvelar aspectos de la capacidad de pago que el IRPF no capta en su totalidad. Por ejemplo, los bienes de lujo o improductivos no generan ingresos, y por ello nunca serán gravados en un impuesto sobre la renta.  (...)

Este es precisamente el objetivo de la Comisión cuando propone la supresión del impuesto sobre el patrimonio, al tiempo que se ensaña con la tributación de la propiedad inmobiliaria: imputación de la vivienda propia en el impuesto sobre la renta, eliminación de la deducción por compra, supresión de la actualización monetaria de las plusvalías en la venta, y una fuerte subida del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 

En realidad, el IBI es un impuesto de patrimonio solo que no progresivo y que recae sobre una única forma de propiedad, la inmobiliaria, que es también la única que, al menos en España, poseen los pertenecientes a la clase media y quizá unos pocos de la clase baja.

La única pretensión, por tanto, es la de eximir de tributación al patrimonio de las clases altas colocado principalmente en acciones y en toda clase de títulos. El impudor de la Comisión llega a tal extremo que para justificarse se permite afirmar (eso sí, en letra pequeña) que el patrimonio financiero ya está gravado, puesto que las SICAV tributan al 1%. 

Tal afirmación solo puede obedecer al afán de confundir, pues no se puede creer que se deba a la ignorancia capaz de identificar lo que es un gravamen sobre la renta con el del patrimonio. Las SICAV, en las que las grandes fortunas tienen su patrimonio, tributan al 1%, sí, pero en el impuesto sobre sociedades, lo que constituye un enorme privilegio y una exclusión del tipo general que en la actualidad es del 30%."            (El impuesto sobre el Patrimonio, el IBI y los expertos, de Juan Francisco Martín Seco en República de las ideas, en Caffe Reggio, 12/04/2014)

Las SICAV... siguen

"(...) Se ha votado esta semana en el Congreso de los Diputados si quitarle o no quitarle los privilegios a las Sicav, esos instrumentos financieros que permiten a las grandes fortunas cotizar únicamente al 1%. 

Ha salido que no, claro. Se fugarían los capitales si no cuidáramos entre algodones a los especuladores y a los chorizos high standing, dice el PP. En primer lugar, y eso ya lo escuchó el presidente en sede parlamentaria, los capitales choriceros se fugan igual. En segundo lugar, como ciudadano, a mí no me importa demasiado que se fuguen los capitales.

 Este año, las empresas del Ibex han ganado más de 17.000 millones, y, sin embargo, han despedido a 121.000 empleados. Echando cuentas a lo bruto, que es como un hombre honrado echa las cuentas, nuestras doctas empresas se han embolsado 140.500 euros de beneficio por cada trabajador al que han arrojado al hambre y a la calle y a esta cotidaneidad inframundista. 

Me parece un dato que nos llama gilipollas, por mucho que los datos sean refractarios a adjetivar. Y lo vuelvo a decir. Si se nos fuga el capital, a lo mejor volvemos a calentar las mesas camillas con los antiguos infiernillos, pero seguramente viviremos y moriremos mejor. (...)"       (Aníbal Malvar, Público, 13/04/2014)

La devaluación fiscal de Rajoy busca favorecer claramente a las empresas más grandes, y a los rentistas

"Con una celeridad impropia para un grupo de expertos verdaderamente independiente, el grupo de expertos de parte contratado por el Gobierno ha alumbrado el informe no vinculante sobre la reforma fiscal.

 Este informe nace sin tener carácter vinculante y no esconde una filosofía muy clara: reducir claramente los impuestos al capital y al ahorro y cargar buena parte del incremento de recaudación sobre trabajadores y rentas medias y bajas. (...)

Destaca el hecho de que el 68% de los contribuyentes considera que la presión fiscal es demasiado elevada. Si medimos la presión fiscal como la ratio de ingresos fiscales sobre PIB (incluidas las cotizaciones fiscales), España está a la cola de los principales países de nuestro entorno.

 Así, a finales de 2012, estábamos con una ratio del 32,4% sobre PIB, por debajo de Portugal, Polonia, Grecia, Reino Unido o Alemania. Por supuesto, estamos a años luz de los países nórdicos. (...)

El objetivo último es lo que se denomina la devaluación fiscal, es decir elevar las contribuciones fiscales al empleo que pagan los trabajadores, reduciendo la carga de las empresas, lo que se complementa con una brusca caída del tipo nominal del impuesto de sociedades, favoreciendo claramente a las empresas más grandes. 

Con ello, se busca descapitalizar aún más a los trabajadores que tendrían menor renta disponible, salvo los ahorradores y rentistas, que normalmente coinciden con las rentas más elevadas. (...)

En este sentido, la hacienda pública en España solo se preocupa de recaudar lo más fácilmente posible, pero en ningún caso busca la equidad. Esto se plasma en una reducción de impuestos directos y una subida de impuestos indirectos.

 Se busca que las rentas altas paguen menos, reduciendo el tipo máximo del 52% (que solo pagan 5.600 contribuyentes pues incluye las rentas superiores a los 600.000€), al 45%, reducción superior a la que se propone para las rentas medias y bajas.

 Pero nada se articula para que en España tribute más la riqueza y las rentas más elevadas, sorprendiendo que el tratamiento de las SICAV siga siendo el mismo, sin proponerse ninguna medida para su desmantelamiento, aunque es cierto que su tratamiento fiscal es similar al de los fondos de inversión. 

 En resumen, la fiscalidad en España busca que la ciudadanía opte por el ahorro, quien pueda ahorrar, y se penalice fundamentalmente al trabajador de renta media y baja, vía impuestos indirectos, y se favorezca a los rentistas de rentas y riqueza alta. Para las empresas, al margen de mejorar la calidad y simplicidad del impuesto, se persigue que las empresas grandes paguen menos, en términos relativos. 

Por todo ello, estamos ante una propuesta claramente ideológica, que falsea el diagnóstico y niega la evidencia de la inequidad que incorpora. Esperemos que sea encerrada en un cajón y no se pague a sus autores."                (Alejandro Inurrieta, 16/03/2014)    

Gerard Piqué registra una sicav en UBS

 El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué y la cantante Shakira en un acto en Barcelona. / GTRES

"A pesar de que el defensa central del Barça ha sido objeto de controversia por la presunta su vida desordenada que revelaban las investigaciones de Método 3, en su vida patrimonial pone orden.

El deportista ha registrado la sicav Kerad 3 Invest, gestionada por UBS, y en la que Gerard Piqué Bernabeu figura como consejero, según consta en los registros mercantiles. La sicav es ‘normal’, es decir, con un capital social mínimo de 2,4 millones de euros.

El jugador está asesorado por su padre, Joan Piqué, que figura tanto en la sicav como en otras patrimoniales que posee, como Inversiones BCN Two & Two, sociedad de carácter inmobiliario, con 7,5 millones de euros de capital, registrada el pasado año. La sicav, por su lado, parece una filial de otra instrumental de carácter financiero, llamada Kerad Holding, que aparentemente ejerce de matriz.  (...)

Llama la atención cómo un futbolista registra una sicav ahora, ya que, en general, otros las han dado de baja hace tiempo, como pueden ser los casos de Fernando Morientes, que  liquidó Josa Finance, en Banif, o Fernando Hierro, que se dio de baja de la sicav Ferrosor, de Banesto, aunque la sociedad continúa. También Iván de la Peña posee Peñasen, en Banif. El exjugador Roberto Carlos posee Rodasil. Aunque el zurdo brasileño se ha ido a Rusia, mantiene su sicav en España.

En Vozpópuli ya informamos sobre cómo se mueven algunos patrimonios de deportistas de élite vascos. La gestión del dinero de los astros del deporte es una cuestión nada baladí para las entidades financieras. Banco Sabadell fichó en su momento al exjugador de baloncesto Ferrán Martínez para liderar la división DSS Sports & Enterteinment, aunque no tardó mucho en marcharse a Mirabaud.

Otro caso relevante es el de la antigua Fibanc, banco privado fundado por Carlos Tusquets, exdirectivo del Barça durante muchos años, con sede en la avenida Diagonal barcelonesa, a tiro de piedra del Nou Camp. 

Cabría recordar el viejo dicho que afirma que 'los ricos también lloran'. Los deportistas de élite han sufrido grandes minusvalías en estos años de crisis, por mucha banca privada de alto standing que les gestione el dinero. 

De hecho, hay un rumor recurrente que dice que Raúl González marchó rumbo a Qatar, dejando Alemania, donde había logrado un gran reconocimiento, para recuperarse de las pérdidas sufridas por su fuerte posición en Madoff. Esto último no está confirmado, aunque está claro que sólo los jeques son capaces ahora de reponer agujeros patrimoniales de ese calibre. "      (Vox Pópuli, 17/04/2013)

Las SICAV... las instituciones de inversión colectiva, declararon en 2.009 un activo de 264.840,466 millones de euros

"Las instituciones de inversión colectiva no nacen en el mundo fiscal sino en el financiero[1]; el sistema tributario lo que hace es dotarlas de un traje ignífugo para evitar que los impuestos las “achicharren”; todo ello en aras de favorecer la inversión nacional y con el miedo permanente a que si estas instituciones pagaran lo que en justicia deberían pagar, huirían a refugiarse a otras administraciones fiscales (la luxemburguesa es la “tierra prometida”) más compasivas con el capital financiero. (...)

La Ley incluye dentro de estas instituciones a los siguientes grupos:

Las Sociedades de Inversión de Capital Variable, las tristemente célebres SICAV’s, Los Fondos de Inversión (FI), las sociedades de inversión inmobiliaria (SII), Los Fondos de inversión inmobiliaria (FII), Fondos de titulación hipotecaria (FTH) (...)

Otros fondos: el fondo de titulación de activos resultantes de la moratoria nuclear, el fondo de garantías de Operaciones de Financiación de Inversiones en el Exterior, el Fondo de Inversiones en el Exterior y el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa.

Para gozar del tipo del 1% y, en general, del régimen tributario más beneficioso establecido para las Instituciones de Inversión Colectiva,  se precisa, precisamente, el cumplimiento de la condición de  “colectiva” que acompaña al nombre. Por eso el artículo 29.5 de la Ley del Impuesto sobre sociedades exige que el número de partícipes sea igual o superior a 100. (...)

Concebidas como instituciones colectivas, las SICAV´s, en realidad, son instituciones de inversión individual en las que se refugian los grandes patrimonios. Aparentan una condición de “colectividad” inexistente y con ella, pueden circular libremente, al tipo reducidísimo del 1%. (...)

En el ejercicio 2.009, último del que hay datos estadísticos publicados por la Agencia Tributaria, el número de instituciones de inversión colectiva en territorio común (es decir, excluido País Vasco y Navarra) ascendía a 6.048, mientras que en 2.005 había 5.773. Al parecer la crisis no afecta a la creación de instituciones de inversión “especulativa”.

¿Sabía usted que la mitad de las instituciones de inversión colectiva no declaran base imponible alguna para tributar, siquiera al 1%. En 2.009, de las 6.048 existentes, sólo 2.551 declararon base imponible positiva.

El 2.008 fue mucho peor: de las 6.282 existentes, sólo lo hicieron 1.678. En los mejores tiempos de crecimiento económico (2.005 y 2.006), con subidas espectaculares en bolsa, todavía una de cada tres no declaraba beneficio tributable?

¿Sabía usted que las instituciones de inversión colectiva, declararon en 2.009 un activo de 264.840,466 millones de euros[5], mientras que el activo no corriente (inversión) del resto de empresas “productivas” suponía 2.667.707,133 millones de euros?

¿Recuerda que las instituciones de inversión colectiva no pueden participar de forma permanente en los fondos propios de otras sociedades y, por supuesto, tampoco pueden prestar dinero para que empresas productivas compren bienes de equipo?

La conclusión es obvia: en España casi un 10% del capital disponible se dedica a inversión no productiva. Los datos en 2.006 eran aún más reveladores: más de un 20% se derivaba a la inversión no productiva."              (Attac España, 20/04/2012)

100.000 millones se pueden recaudar si se lucha contra el fraude fiscal

"La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado propuso hoy un 'Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria' que permitiría recaudar más de 100.000 millones de euros en cuatro años (2010-2013), prácticamante diez veces más que la subida de impuestos que ha aprobado el Gobierno, cifrada en 11.000 millones anuales.

Para los inspectores de Hacienda, las dos únicas vías para reducir el déficit del Estado, cercano al 10% del PIB, no pueden ser únicamente la subida de impuestos o la reducción del gasto público, sino que es preciso poner "todo el empeño" para que los que no pagan sus impuestos lo hagan, lo que tendría un impacto recaudatorio "muy superior" a cualquier subida de impuestos.

De hecho, cifran en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que, según ciertos informes, el fraude fiscal en el país se sitúa entre el 20 y el 25% del PIB y que la presión fiscal media supera el 30% del PIB. De acuerdo con estos datos, y sabiendo que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, los inspectores cifran en aproximadamente 280.000 millones de euros las cuotas tributarias que se dejan de ingresar en cuatro ejercicios.

"La magnitud de estas cifras choca con el importe de 11.000 millones de euros como efecto recaudatorio de la subida de impuestos que pretende aprobar el Gobierno, con la particularidad de que el importe de la subida aprobada va a recaer sobre los que ya están pagando", reza el documento del colectivo de inspectores. (...)

Entre las medidas concretas que plantea el plan, además de incrementar en 600 el número de inspectores de Hacienda, en 3.000 el número de técnicos y en 2.000 el número de agentes tributarios y administrativos, apuesta por que se permita a los inspectores de Hacienda comprobar los requisitos de las Sicavs, que deben estar integradas por 100 partícipes para poder disfrutar de la tributación al 1% y que, según los datos del colectivo, la inmensa mayoría no cumple o lo hace de forma ficticia, al contar con inversores sólo de carácter nominal. Ahora esta función recae en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)." (Eleconomista.es)

Las SICAV gallegas pierden un 33% de patrimonio. Mueven 1.560 millones

"La crisis ha encendido la luz roja en las sociedades de inversión que emplean las grandes fortunas gallegas para operar con fuertes rebajas fiscales, que si nada cambia, saldrán ilesas de la gran reforma reforma tributaria que ayer presentó el Gobierno.

Estas empresas, que tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades frente al habitual del 30%, disponen actualmente de un patrimonio conjunto de 1.560 millones de euros, según datos de junio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el organismo que las controla y regula. Esta suma equivale, por ejemplo, a algo más del 13% de todo el presupuesto que manejará la Xunta en este ejercicio.

Hace dos años, las Sicav con sello gallego llegaron a gestionar 2.300 millones de euros. (...)

Pese a la pérdida de patrimonio que han sufrido estas empresas, los accionistas las siguen viendo como la mejor fórmula para gestionar su fortuna. "Su objeto es captar fondos para invertirlos", explica Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada en la facultad de Ciencias Empresariales de Vigo y experto en fiscalidad. "Están compuestas por una cesta de valores mobiliarios y otros activos financieros que permiten compensar los cambios de valor de los elementos que las forman", aclara.

Si tienen más de cien accionistas, pagan sólo el 1% en el Impuesto de Sociedades (el tipo general en España es del 30%). La transmisión de los títulos da lugar a ganancias y pérdidas patrimoniales que abonan el 18% en concepto de IRPF, igual que los dividendos que reparten.

Vaquero explica que tienen otras ventajas fiscales, como que "en la constitución, aumento de capital, fusión y escisión disfrutan de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales".

Por su naturaleza han despertado todo tipo de recelos. De hecho, una de las reivindicaciones históricas de los inspectores de Hacienda es volver a recuperar el control de las Sicav, transferido en 2005 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta decisión frustró el resultado de una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria entre 2003 y 2004.

De aquella actuación se levantaron actas en casi 500 Sicav en España. El fraude denunciado por los inspectores alcanzaba la cifra de 60 millones de euros, pero sus actas no prosperaron tras la reforma de 2005, que pasó desapercibida en el Parlamento por aprobarse el mismo día que el matrimonio homosexual." (El País, ed. Galicia, Galicia, 27/08/2009, p. 1/3)