Un estudio de Igualdad cambia el marco de la prostitución en España: el 24% son víctimas de explotación sexual y no el 90% como se manejaba (Isabel Valdés, El País)

 "Hace muchos años que se maneja una cifra, el 90%, para estimar las mujeres víctimas de explotación sexual dentro de la prostitución. Una cifra esgrimida desde hace más de 10 años por cuerpos policiales, instituciones como el instituto andaluz de la mujer, medios de comunicación y representantes políticos. Este miércoles, el primer macroestudio cuantitativo de aproximación, realizado por el Ministerio de Igualdad —Trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa—, aporta una nueva cifra, también estimativa, pero el primer dato que existe en España tras un análisis exhaustivo: el 24,2%. El informe, centrado exclusivamente en analizar los anuncios de prostitución de mujeres en páginas web que ofertan servicios presenciales, contabiliza 114.576 mujeres en situación de prostitución —un 0,56% del número total de mujeres mayores de edad en España—, y de ellas, entre 9.764 y 17.639 son las que calculan que están en riesgo de explotación sexual.

El pasado 23 de septiembre, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, Igualdad hizo público un avance de esos datos en el que ese número era mucho más alto: de las 114.576, se computaron 92.496 en ese riesgo. El porcentaje que suponía esa cifra, el 80,7%, estaba más cerca de ese 90% estimado desde hace tiempo, y la diferencia tiene que ver con el análisis de los datos.

Primero, cómo se cifraron en 114.576 las mujeres en situación de prostitución: ese análisis se hizo sobre más de 645.000 anuncios que, tras limpiar los datos, se quedaron en 204.333 y de los que se logró identificar a 114.576 mujeres, revisando nombre, teléfono asociado y foto. Y una vez llegaron a esa cifra, estudiaron cuántas podían estar sometidas a mafias y redes de explotación.

¿Cómo? A través de variables de riesgo que diversos organismos internacionales establecen, es decir, cuestiones que pueden indicar que esas mujeres en situación de prostitución están siendo obligadas a ejercerla.

Entre esos organismos está la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que las define como “pistas o señales de que un anuncio de servicios sexuales podría presentar o relacionarse con una persona explotada”. Indica también que “hay que tener en cuenta que estos indicadores no son pruebas concretas en sí mismos de la trata de personas, sino más bien un conjunto de ‘banderas rojas’ que pueden proporcionar un punto de partida fundamental para una mayor investigación por parte de las fuerzas del orden”, es decir, que los datos resultantes de aplicar esas variables siempre van a ser una estimación, una aproximación.

Para el estudio de Igualdad, la empresa que realizó toda la extracción y limpieza de datos, Indexa Geodata, usó nueve. De las que “seis se correlacionaban con las de la OSCE”, explican fuentes del ministerio. Nueve que el informe detalla para entender a qué se refieren.

Disponibilidad. Que “señala la disponibilidad ininterrumpida de las mujeres para concertar servicios. Las palabras asociadas para detectar esta variable informan de una disponibilidad de 24 horas y/o 7 días a la semana, todos los días”.

Personalidad. Que “hace referencia a aquellos anuncios donde se describe la personalidad pasiva, complaciente o servicial de las mujeres como recurso para atraer prostituidores”. Se usan palabras en los anuncios como “sumisa”, “obediente”, “manejable” o “dócil”.

Exotismo. Son “las descripciones de referencias a la etnia de las mujeres en términos sexualizados, desde una perspectiva etnocéntrica”, con estereotipos y “perpetuando ideas racistas” y “presentando los perfiles de las anunciantes de una manera exótica como reclamo publicitario”. Esta variable, además de indicar riesgo de explotación sexual, es también indicador de riesgo de trata. Aparecen palabras como “chocolate”, “belleza exótica”, “negrota” o “asiática”.

Corta edad. La edad es, en los anuncios, “un atributo sexual para atraer prostituidores”. La nube de palabras incluye términos que infantilizan a las mujeres o fetichizan a las jóvenes o menores de edad”. Son por ejemplo “colegiala”, “muñequita”, “estudiante” o “inexperta”.

Servicios. Lo que se ofrece se usa como “reclamo” y está enfocado a “generar interés y deseo en los potenciales prostituidores”. Han establecido aquí dos categorías. “Prácticas II”, que son las que “conllevan un peligro o daño añadido para la salud e integridad sexual y/o física de las mujeres y que pueden ser consideradas factores de riesgo ante la trata con fines de explotación sexual”; y “prácticas II”, que son las que “pueden conllevar menos riesgo y no se han tenido en cuenta en el modelo”. Los términos que entran en la primera categoría, la que sí se ha tenido en cuanta, son por ejemplo “a pelo”, “sin goma”, “lluvia dorada”, “bukkake”, “fiesta blanca” o “en mi boca tu leche”.

Fotos. Son “aquellos anuncios donde no se puede discernir la identidad real de las mujeres. Ya sea porque no aparecen sus rostros o su cara está pixelada o tapada total o parcialmente”. Esto lo han encontrado en el 42,92% de los casos (49.175 anuncios). Cuando eso sucede, “es posible suplantar la identidad para atraer prostituidores bajo falsas pretensiones o para ocultar la realidad detrás de las mujeres anunciadas”.

Pluralidad. “Se refiere a los anuncios que publicitan los ‘servicios’ de dos o más mujeres. La presentación de las mujeres como un conjunto homogéneo intensifica su despersonalización y cosificación, y puede indicar que no operan de manera independiente, sino que están vinculadas a una estructura más grande o a personas que coordinan sus actividades”. Se ve en el uso de plurales como “llámanos”, “morenas” o “todas las nacionalidades”.

Novedad. En las presentaciones aparecen cuestiones relativas al tiempo que hace que están en el lugar donde se “ofrecen los servicios”. Son términos como “recién llegadas” o “nuevas”.

Tercera persona. “Alude a los anuncios escritos en tercera persona, lo cual es señal de que no son las propias mujeres las que se publicitan. Esto, a su vez, se puede considerar indicio de la existencia de un “mediador” (tratante, proxeneta, etc.) que interviene en esta actividad”. Por ejemplo, “nuestra masajista”, “te reciben”, “cita con ella” o “te fascinará”.

Aplicando esos indicadores, puede hacerse una aproximación de cuántas mujeres en situación de prostitución están en riesgo de explotación sexual. Pero no es lo mismo aplicar uno que varios. En ese primer dato, cuando se hizo el avance del macroestudio en septiembre, se había cruzado una sola variable, explican desde el Ministerio.

Ahora, ya con el informe completo, “las variables consideradas se han dividido en dos grupos: uno que contiene las tres variables que se consideran que pueden ser más importantes para la identificación de indicios de trata sexual; y un segundo grupo, que contiene el resto de variables que desde el equipo investigador se cree que pueden aportar información acerca del riesgo de explotación sexual”, se lee en el documento.

Así, al aplicar las tres con más peso —pluralidad, presencia de la tercera persona y novedad—, la cifra baja del 80,7% de mujeres en riesgo de ser víctimas de trata al 24,2%. Carmen Martínez, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, matiza un “al menos” para ese 24,2% porque dice que en este ámbito “no puede hablarse de cifras seguras” sino más bien de aquellos casos que se detectan. La cifra, como en el resto de violencias contra las mujeres, no se corresponde “con el número real de víctimas”, “nunca se identifican todas las que son”, como también queda reflejado en el estudio.

E insiste también la delegada en que estas mujeres son solo aquellas que han encontrado en las páginas que han analizado, ya que no han rastreado todas las webs existentes, y están por ejemplo excluidas webs o anuncios de cibersexo y vídeos de contenido sexual; además de otros problemas metodológicos para acercarse lo más posible a la realidad, como que estas mujeres son lo que en estadística se denomina “población oculta o de difícil acceso”. Así, por ejemplo, el estudio marca la cifra de 114.576 pero recuerda Martínez que “son más” y que, a través de metodología estadística y “con toda la prudencia”, los resultados apuntan a que solo el pasado año, podría haber habido en España entre 152.735 y 184.234 mujeres en situación de prostitución.

“Hay una ausencia de datos, este es un espacio de sombras que supone desconocimiento por tanto de lo que sucede y que conlleva la dificultad para implementar políticas. Queremos que este estudio sirva de punto de partida para profundizar y ayudar a las mujeres prostituidas y explotadas, para protegerlas mejor, y para mejorar la persecución y el castigo de estas mafias. Es solo un primer acercamiento para poder seguir profundizando en ello”, ha explicado Martínez. Un recorrido en la investigación de esta forma de violencia machista que podría servir para la ley de trata que el Gobierno recuperó del cajón el pasado marzo pero que no termina de avanzar.

Las mujeres de entre 18 y 24 años, el grupo de edad en el que se dan las tasas más altas de prostitución

Por edades, el macroestudio del Ministerio de Igualdad publicado este miércoles refleja que el 28% de las mujeres que están en situación de prostitución tienen entre 18 y 24 años; de 25 a 36 años el 32%; de 37 a 45 años el 7% y de 46 a 55 años un 1,6%. Además, el estudio señala que en el 31% de los anuncios no se refleja la edad.

En cuanto a la procedencia, el 51% son latinas, el 16% europeas y del 29% no se tienen datos fiables. Si se tiene en cuenta la nacionalidad, Colombia está a la cabeza con el 28%; seguido de España con un 13%, y Brasil y Venezuela con un 5%.

Y por distribución geográfica, las comunidades autónomas con la mayor tasa de mujeres en situación de prostitución por cada 10.000 mujeres mayores de edad son Baleares, con 121 mujeres por cada 10.000; le sigue Cataluña, con 103; Valencia, con 73 y Cantabria, también con 73. La media en España es de 56 mujeres en situación de prostitución por cada 10.000 mujeres mayores de edad.

En números absolutos, Cataluña, con 34.759 mujeres, encabeza las comunidades con mayor número de mujeres en situación de prostitución, seguida de Madrid con 20.549, Valencia con 16.314 y Andalucía con 9.026 mujeres. "

(Isabel Valdés , El País, 30/10/24)

Los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, ¿cuál es el compromiso de Amnistía Internacional? El objetivo de la organización es conseguir la mayor protección posible de las personas que ejercen el trabajo sexual... Una de las medidas es la despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual ejercido por personas adultas sin coerción y sin que implique explotación ni abuso... los Estados deben defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales no sólo cuando lo dejan, sino también durante su ejercicio... A efectos de la despenalización, Amnistía diferencia el trabajo sexual de la trata y la explotación sexual. Por trabajo sexual se entiende la prestación consentida de servicios sexuales a cambio de algún tipo de remuneración entre personas adultas. El trabajo forzado y la trata de personas (para fines que incluyen la explotación sexual) constituyen graves abusos contra los derechos humanos y deben ser tipificados como delito... Amnistía InternacionaI considera que las trabajadoras sexuales tienen menor riesgo de explotación cuando el trabajo que realizan no se trata como una actividad delictiva y están más empoderadas para reclamar sus derechos y pedir protección jurídica frente a la explotación cuando no corren riesgo de sufrir sanciones... El consentimiento es fundamental para diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas, la explotación sexual y la violencia sexual y de género... Los Estados tienen la obligación de protegerlas frente a la explotación, pero también de reconocer y respetar la participación activa y la capacidad de decidir de las personas adultas de ejercer trabajo sexual consentido... Los Estados deben garantizar que las trabajadoras sexuales participan en la elaboración de todo marco normativo y son consultadas al respecto y que sus diversas experiencias son tenidas en cuenta a la hora de diseñar la regulación

 "Sabemos que no se trata de un terreno cómodo para una organización de derechos humanos. Con frecuencia, los debates sobre el trabajo sexual o la prostitución son polémicos y suscitan opiniones enfrentadas. Sin embargo, como organización de defensa de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación, teníamos la obligación de dar respuesta a la situación de uno de los colectivos más marginados, vulnerables y estigmatizados del mundo, que se enfrenta de forma cotidiana a violaciones continuas de sus derechos humanos¹. Quienes ejercen el trabajo sexual se ven obligadas a vivir al margen de la ley y apenas cuentan con protección frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos. Además, no suelen tener acceso a un recurso efectivo ni reparaciones.

¿Cual es la posición de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual?

Amnistía Internacional aborda este tema desde el prisma de las normas internacionales de derechos humanos, ofreciendo un marco para proteger a las trabajadoras y trabajadores sexuales frente a las violaciones y los abusos.

El objetivo de la organización es conseguir la mayor protección posible de las personas que ejercen el trabajo sexual. Y pone el peso en la responsabilidad de los Estados en cuanto a su obligación de poner en marcha medidas que garanticen esa protección frente a la violencia y la injusticia.

Una de estas medidas es la despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual ejercido por personas adultas sin coerción y sin que implique explotación ni abuso. Amnistía pide a los Estados que eliminen la regulación penal y toda otra regulación punitiva del trabajo sexual consentido entre personas adultas, dado que está demostrado que la penalización refuerza la marginación, el estigma, la discriminación e impide el acceso a la justicia. Además, los Estados deben defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales no sólo cuando lo dejan, sino también durante su ejercicio.

Pero Amnistía también pide a los Estadosmedidas para eliminar la discriminación, las desigualdades estructurales y los estereotipos de género. Somos muy conscientes de que la desigualdad de género y la discriminación influyen enormemente en que una persona se dedique al trabajo sexual. Sin embargo, la criminalización no es la respuesta a este problema. Los Estados tienen el deber de garantizar que nadie vive en condiciones de privación extrema y deben hacer efectivo el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluida alimentación, vestido y vivienda adecuados. Asimismo, deben adoptar medidas para luchar contra la discriminación de las mujeres en el trabajo, ya que muchas de las formas alternativas de trabajo disponibles para las mujeres que se dedican o están considerando la posibilidad de dedicarse al trabajo sexual implican condiciones de trabajo muy precarias y están mal pagados, por lo que el trabajo sexual puede resultar preferible para algunas personas a la hora de conseguir ingresos esenciales.

Por otro lado, y desde una perspectiva educativa, Amnistía Internacional ha trabajado ampliamente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y, en este marco, exige a los Estadoscumplir con su obligación de promover la formación afectivo-sexual de los jóvenes, de manera que se generen modelos saludables y justos de sexualidad, que promuevan la igualdad de género.

La diferencia entre trabajo sexual, trata, violencia, y explotación sexual

A efectos de la despenalización, Amnistía diferencia el trabajo sexual de la trata y la explotación sexual. Por trabajo sexual se entiende la prestación consentida de servicios sexuales a cambio de algún tipo de remuneración entre personas adultas. El trabajo forzado y la trata de personas (para fines que incluyen la explotación sexual) constituyen graves abusos contra los derechos humanos y deben ser tipificados como delito. En virtud del Protocolo de Palermo, los Estados tienen la obligación de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, niños y niñas y de proteger los derechos humanos de las víctimas de trata. Por otro lado, los niños y niñas implicados en actos de comercio sexual son víctimas de explotación sexual, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo como una de las peores formas de trabajo infantil y un grave abuso contra los derechos humanos.

La explotación en el contexto del comercio sexual adopta diversas formas que van desde violaciones de los derechos laborales (por ejemplo de la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo) hasta formas muy graves de explotación que incluyen prácticas equivalentes a la servidumbre y el trabajo forzado. Amnistía InternacionaI considera que las trabajadoras sexuales tienen menor riesgo de explotación cuando el trabajo que realizan no se trata como una actividad delictiva y están más empoderadas para reclamar sus derechos y pedir protección jurídica frente a la explotación cuando no corren riesgo de sufrir sanciones.

El consentimiento

Amnistía Internacional disiente de la idea de que nadie pueda consentir a realizar el trabajo sexual, de que todo trabajo sexual sea violencia de género.

El consentimiento es fundamental para diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas, la explotación sexual y la violencia sexual y de género. Amnistía entiende por tal el acuerdo voluntario y vigente para realizar una actividad sexual específica a cambio de un precio determinado. Es muy importante comprender que consentir no significa consentir la violencia y que las trabajadoras sexuales pueden modificar o retirar en cualquier momento su consentimiento para vender servicios sexuales. En caso de que no exista, la práctica sexual es violación y es un delito.

La suposición por parte de los agentes públicos o los clientes de que una trabajadora sexual por el trabajo que realiza siempre consiente mantener relaciones sexuales da lugar a violaciones de derechos humanos, en especial en relación a su seguridad, acceso a la justicia e igualdad de protección ante la ley.

La idea de que las trabajadoras sexuales nunca pueden consentir mantener relaciones sexuales porque nadie consentiría racionalmente vender servicios sexuales también tiene consecuencias negativas sobre ellas.

Sin duda la decisión de ejercer trabajo sexual puede venir determinada por situaciones de pobreza y marginación. Sin embargo, esas situaciones no anulan su capacidad de decisión sobre su propia vida, salvo que se trate de coacción, amenazas, violencia o abuso de autoridad.

Las personas que toman decisiones en contextos de pobreza, situación administrativa irregular, desplazamiento o conflicto corren un mayor riesgo de explotación, que se incrementa por la criminalización a la que se ven sometidas. Los Estados tienen la obligación de protegerlas frente a la explotación, pero también de reconocer y respetar la participación activa y la capacidad de decidir de las personas adultas de ejercer trabajo sexual consentido.

La regulación del trabajo sexual debe respetar los derechos humanos, incluida la participación de las trabajadoras sexuales

Amnistía Internacional no es una organización “regulacionista”, ya que no aboga por una forma exacta que debe adoptar la regulación relativa al trabajo sexual, tampoco sobre la necesidad de que esas medidas formen parte de las leyes generales que regulan otros sectores o prácticas laborales en un país. Lo que sí defendemos en todo caso es que esto debe determinarse en colaboración con las trabajadoras sexuales y cumplir las normas de derechos humanos.

Además, y más allá de cómo esté o no regulado el trabajo sexual, los Estados tienen la obligación de garantizar que todas las personas, incluidas las que ejercen trabajo sexual tienen derecho a condiciones de trabajo justas y favorables (que incluyan cuestiones de seguridad) y están protegidas frente a la explotación, incluidas las que trabajan por cuenta propia o se ganan la vida en entornos informales.

El derecho a la participación de las trabajadoras y trabajadores sexuales en los asuntos que les afecten es también un derecho humano. Los Estados deben garantizar que las trabajadoras sexuales participan en la elaboración de todo marco normativo y son consultadas al respecto y que sus diversas experiencias son tenidas en cuenta a la hora de diseñar la regulación, como Amnistía ha defendido en relación con el proceso de elaboración de la Ley de Libertad Sexual.

Amnistía pide que los Estados garanticen que ninguna persona se vea obligada a prestar servicios sexuales para sobrevivir o que toda persona pueda dejar el trabajo sexual si decide hacerlo

La propia discriminación interseccional y estructural que limita las oportunidades de empleo de las personas que se plantean la opción de vender servicios sexuales, actúa como obstáculo para que estas puedan dejar el trabajo sexual. Las mujeres, incluidas las mujeres trans, enfrentan mayores dificultades de acceso a la educación y al empleo. Especialmente difícil resulta dejar el trabajo sexual a mujeres con responsabilidades familiares y dificultades de conciliación o que ven limitados sus derechos de acceso a la tierra, a la propiedad o a la herencia, o que viven en culturas muy machistas. A ello se suma que pueden tener antecedentes penales.

Los Estados tienen la obligación de abordar la discriminación y la desigualdad de género e interseccional y proporcionar una red de seguridad social suficiente para garantizar que nadie tiene que depender del trabajo sexual a causa de la pobreza o la discriminación, y que todas las personas pueden dejar el trabajo sexual cuando lo deseen. Ello incluye medidas de educación y formación eficaces y puestos de trabajo alternativos libremente elegidos, así como protección frente a la discriminación por el trabajo ejercido anteriormente.

La legalización del trabajo sexual

En el ámbito del derecho internacional la legalización se entiende como un enfoque centrado más en los intereses políticos y económicos que en la defensa de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, por eso Amnistía toma distancia respecto de este modelo, implantado en Alemania, por ejemplo.

La legalización implica la regulación y el control directos del trabajo sexual por parte del Estado, por ejemplo mediante leyes que limitan el número de personas que pueden dedicarse a él, la zonificación de los establecimientos o la imposición de controles obligatorios de VIH. La policía sirve para cumplir el marco jurídico, no para proteger a las trabajadoras sexuales de violencia y otros delitos. No deja libertad a las trabajadoras para organizarse ya que se limita a burdeles para los que se necesita licencia. Las trabajadoras que salen de ese marco se convierten en ilegales, objeto de penalización. En definitiva, algunas de las regulaciones de este modelo violan directamente los derechos humanos.

¿Qué pide Amnistía Internacional?

1. Amnistía pide a los Estados que reformulen las leyes para reorientarlas a la protección jurídica plena e igualitaria, en lugar de a la criminalización, y conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura, y que a la vez se aborden de forma efectiva la trata de personas, la explotación sexual, la violencia sexual y de género y todas las formas de discriminación y la desigualdad de género. Que ninguna persona se vea obligada a continuar en el trabajo sexual por falta de alternativas.
    
2. Amnistía pide a los Estados que garanticen la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que ejercen el trabajo sexual y, en particular, el acceso a la salud y a una vivienda adecuada.
    
3. Amnistía pide a los Estados que se tomen medidas para luchar contra el estigma y contribuir al empoderamiento de las y los trabajadores sexuales con un reconocimiento y respeto hacia la participación activa de las personas implicadas en la articulación y definición de soluciones más apropiadas para garantizar su bienestar.

Más información

Para llevar a cabo la política de Amnistía InternacionaI respecto al trabajo sexual se siguió un proceso que comenzó en el 2014 y concluyó en el 2016 y que incluyó una amplia consulta en todo el movimiento internacional: cuatro investigaciones propias que se llevaron a cabo en países con diferentes contextos socio económicos y diferentes marcos legislativos: Buenos Aires, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Además se hizo un examen exhaustivo de la legislación sobre derechos humanos existente en todo el mundo, del análisis y las jurisprudencia de expertos y órganos internacionales de derechos humanos, así como de estudios de todo el mundo realizados por especialistas, gobiernos, organizaciones internacionales y otras entidades que investigan de forma independiente. Además, Amnistía Internacional llevó a cabo un diagnóstico sobre la situación de las trabajadoras /es sexuales en relación al marco normativo en España y realizó investigaciones en Túnez, República Dominicana e Irlanda.

La posición de Amnistía además está basada en datos de fuentes entre las que figuran organismos de la ONU como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres y el relator especial sobre el derecho a la salud. También hemos examinado las posturas adoptadas por otras organizaciones como Anti-Slavery International, La Alianza Global contra la trata de Mujeres y Human Rights Watch, entre otras.

1 Entre las violaciones de derechos humanos a las que este colectivo está expuesto a sufrir están: la violencia física y sexual, la detención arbitraria, la extorsión y el acoso, la discriminación, la explotación y la trata de personas, la exclusión de los servicios de salud, la falta de acceso a una vivienda y los desalojos forzosos, la falta de acceso a protección jurídica y social."                  ( Amnistía Internacional, 02/062022)

Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina): “La principal violencia que atravesamos las trabajadoras sexuales es la institucional... la lucha de las putas es una lucha de clase y una lucha feminista”... hay un gran desconocimiento, las trabajadoras sexuales tenemos que hacer pedagogía para explicarle a la gente, a las funcionarias, a los partidos políticos de qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual... estamos como en distintas sintonías, cuando hablan de trabajo sexual, hablan de situaciones que están muy alejadas de la realidad nuestra y a veces se centran mucho en una discusión más teórica y filosófica y dejan por fuera realidades de vidas concretas... tenemos las estrategias de invitarlos al territorio a escuchar las problemáticas que tienen nuestras compañeras. Que lejos de sentarnos a discutir si es o no trabajo, pasamos las horas hablando de las cosas que tienen que ver con no poder pagar nuestros alquileres, que tienen que ver con sufrir situaciones de discriminación... nos ven a todos como víctimas, anulan nuestro poder de decisión y nuestra agencia... Nosotras siempre tratamos de hablar de la realidad, no de suponer... En Argentina, por ejemplo, cuando se llevó adelante la prohibición de los avisos clasificados, nunca fuimos consultadas las trabajadoras sexuales, siempre se han sentado otras: filósofas, socióloga, feministas, históricas, ONGs para diseñar el programa de esa prohibición... lamentablemente, las políticas que despliegan terminan empeorando nuestra situación económica y llevándonos a mayor precariedad y mayor explotación

"Georgina Orellano (Morón, Buenos Aires, 1986) tiene una presencia y una capacidad discursiva que electrifica y te hace tener la tonta idea de que se pueden construir mundos en los que la justicia social exista. Este don no viene de la nada: Orellano lleva 13 años de lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en Argentina. Desde 2014 es la secretaria general nacional de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), un colectivo referente internacional en la lucha por la descriminalización y contra la persecución de las personas que se dedican al trabajo sexual.

En su libro Puta Feminista. Historias de una trabajadora sexual habla de todas las violencias institucionales que les atraviesan a ellas y a sus compañeras como trabajadoras sexuales y como activistas por sus derechos. Unas violencias acompañadas por un estigma que, como ella misma refiere, desprenderse de él es el proceso más difícil que vive no solo una trabajadora sexual, sino también sus hijos. La activista aprovecha su paso por el Estado español para crear redes con trabajadoras sexuales y aliadas, y recuerda que la lucha de las putas es “una lucha de clase y una lucha feminista”.

¿En qué situación se encuentra el trabajo sexual en Argentina?
El trabajo sexual en Argentina no está prohibido, pero tampoco está permitido. La mayoría de espacios donde se desarrolla la actividad están criminalizados por figuras Contravencionales, Código de Faltas, legislaciones municipales y ordenanzas provinciales que han prohibido los establecimientos donde se desarrollaba el trabajo sexual: los cabarets, las whiskerías, las casas de cita, etc. Se han prohibido también los avisos clasificados de oferta de servicios sexuales y el trabajo sexual callejero está restringido por normativa que penalizan lo que llaman prostitución escandalosa o prostitución peligrosa y esto genera mucha persecución policial hacia las compañeras que ejercen trabajo sexual en la calle.

Hace unas semanas fuiste detenida por la policía por apoyar a una de tus compañeras frente a la policía. ¿En qué situación se encuentra la violencia por parte de las instituciones argentinas hacia vosotras?

Siempre señalamos que la principal violencia que atravesamos quienes ejercemos el trabajo sexual es la violencia institucional, la violencia ejercida a manos de la fuerza de seguridad. Es la violencia que despliega la policía amparada en un montón de normativas que están vigentes en nuestro país. Es la policía la que se adueña del espacio público o del espacio donde las compañeras ejercen el trabajo sexual y que se potencia más esa violencia por la clandestinidad de nuestra actividad y por la criminalización.

¿Qué estrategias de resistencia se crean dentro de la clandestinidad?

La importancia de la organización, es la principal respuesta para frenar la violencia institucional, la falta de derechos, el estigma, la discriminación y muchísimas situaciones de precariedad que atravesamos las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Lo que se gesta ahí como respuesta a toda esa cadena de violencias es la organización, la importancia de la organización sindical, la importancia de lo colectivo, de saberte que sos parte de un colectivo, que no estás sola Que tenés que tener herramientas tanto de conocimiento y saberes de sobre las legislaciones y lo que puede o no puede hacer la policía. Pero también que es importante estar en red, sostenerte con el tejido de las compañeras que siempre van a estar cuando lo necesites. Cuando atraviesas alguna situación problemática siempre tenés la posibilidad de llamar al sindicato, de que te asesoren y de que te acompañen. Es importante que no te veas ahí sola y aislada, sino que te veas dentro de una organización donde muchas de las compañeras ya han pasado por situaciones hostiles y violentas.

¿Por qué crees que el poder sigue queriendo que estéis en esta situación de clandestinidad?

Sobre nosotras creemos que hay un gran desconocimiento, me parece que lo que hacemos ahí las trabajadoras sexuales es mucha pedagogía, eso es parte central de nuestro activismo. Es hacer pedagogía para explicarle a la gente, a las funcionarias, a los partidos políticos de qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual. Porque me parece que estamos como en distintas sintonías, cuando algunos de ellos hablan de trabajo sexual, hablan de situaciones que están muy alejadas de la realidad nuestra y a veces se centran mucho en una discusión más teórica y filosófica y dejan por fuera realidades de vidas concretas, de personas, de sujetos políticos que atraviesan un montón de situaciones y problemáticas justamente por la ausencia del Estado. Entonces ahí es importante hacer pedagogía y compartir los conocimientos, sobre todo para dar cuenta y señalar que las cerradas no somos nosotras, que hay que acercar un poco más a la realidad, a los funcionarios y a las funcionarias. Y tenemos ahí las estrategias de invitarlos al territorio a que hablen con las compañeras, a escuchar las problemáticas que tienen nuestras compañeras. Que lejos de sentarnos a discutir si es o no trabajo, pasamos las horas hablando de las cosas que tienen que ver con no poder pagar nuestros alquileres, que tienen que ver con sufrir situaciones de discriminación en un centro de salud, que tiene que ver con tener que pagar el triple de valor del alquiler porque si no, no te alquilan, de que hay compañeras que tienen que arreglar con la policía para que la dejen trabajar de manera tranquila…

También después del desconocimiento es que hay mucha moral, incluso en los sectores que se consideran progresistas y dentro de los feminismos. Cuesta mucho poder hablar de los deseos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Y siempre lo que prima ahí es la mirada de la victimización y las políticas punitivas como respuesta a eso. Entonces, ahí también se cuela dentro de esa categoría el trabajo sexual y nos ven a todos como víctimas que anulan nuestro poder de decisión y nuestra agencia, que suponen que nuestra situación de ser otra, seguramente la salida laboral hubiese sido otra y no el trabajo sexual. Nosotras siempre tratamos de hablar de la realidad, no de suponer. La realidad es que hay un montón de mujeres lesbianas, travestis y trans, intersex y personas no binarias que ejercen el trabajo sexual con distintas corporalidades, con distintas situaciones de atropello policial donde a todes nos atraviesa el estigma y la falta de derechos. La política a veces está muy alejada de la realidad y los deseos de las personas.

Entonces, crees que si los partidos políticos fueran conscientes de las realidades del trabajo sexual, ¿cambiarían sus políticas?

 
Yo creo que por lo menos desplegarían políticas que estén más cercanas a solucionarles los problemas a las personas y no empeorar su situación. En Argentina, por ejemplo, cuando se llevó adelante la prohibición de los avisos clasificados, nunca fuimos consultadas, las trabajadoras sexuales siempre se han sentado otras: filósofas, socióloga, feministas, históricas, ONGs para diseñar el programa de prohibición de los avisos clasificados del servicio sexual como respuesta para combatir la trata de personas. Nosotras fuimos las últimas en enterarnos, pero fuimos las primeras en recibir las demandas de las compañeras. O sea, las compañeras no fueron a la ONG, ni hablar con la filósofa o la socióloga. Vienen al sindicato a decirnos, miren, no puedo publicar más, voy a tener que salir a trabajar en la calle o voy a tener que buscar otra manera de difundir mi servicio. Entonces, una política que supuestamente es pensada de las buenas intenciones de personas que se juntan bien intencionadas para combatir la trata de personas que en la realidad concreta criminaliza y precariza el trabajo de otras compañeras de otro colectivo que no ha sido tenido en cuenta.

Ahí lo que falla es cómo se diseñan las políticas, porque las políticas que van dirigidas a un sector deberían primeramente sentar a ese sujeto político en la mesa para preguntarle por lo menos cómo desearía que sea la intervención estatal. Entonces, de lo que vemos es que el Estado tiene una mirada muy maternalista y paternalista de las personas que venimos de los sectores populares. Ellos suponen que son los tienen las mejores respuestas de cómo deberíamos resolver nosotras las dificultades que atravesamos en nuestra vida cotidiana. Pero lamentablemente, las políticas que despliegan terminan empeorando nuestra situación económica y llevándonos a mayor precariedad y mayor explotación.

¿Qué has aprendido en estos más de 10 años de activismo?
 

Yo creo que lo primero que nosotras hemos logrado es recuperar la palabra. Para nosotras es fundamental tener una voz e interpelar, ir y llevar esa voz, estos cuerpos, estas vivencias, estas trayectorias y los saberes y conocimientos que traemos de nuestro trabajo de la calle. Hoy en Argentina si hablan de prostitución, sí, o si las trabajadoras sexuales tienen que ser las primeras convocadas en la mesa. Pero nos costó muchísimo poder revertir esa situación de tener nosotras el micrófono y no ir como oyentes, y tener que escuchar discursos de dos horas donde no tenían representación alguna de lo que nos pasaba a nosotras en nuestra realidad.

También hemos aprendido la importancia de derribar el estigma. Creo que es uno de los procesos más largos que tienen quienes ejercemos el trabajo sexual de sacarnos el estigma de encima y de hacernos visibles. De elegir el activismo como una elección de vida, nosotras somos activistas todo el tiempo, no solamente hago activismo cuando estoy en el sindicato, esto te transforma en un 100%. La militancia a nosotras nos transformó la vida. Por más discurso hegemónico que ha estado instalado en la academia, en los feminismos y en el Estado por muchos años, hay una ruptura y porque a nosotras nos empiezan a llamar como nosotras decidimos que nos llamen y no con otras categorías que se inventan para anular nuestra identidad.

Después hemos construido herramientas que tienen que ver con cómo mejoramos nuestra calidad de vida. Las políticas que tiene el Estado son políticas punitivas y esclavizantes con tinte abolicionista y moralista. Pero también nosotras somos conscientes de que las compañeras viven el hoy. Si el Estado no genera políticas públicas, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hemos generado nosotras mismas nuestras propias estrategias de organización dentro del sindicato para darle una respuesta a las compañeras desalojadas, discriminadas o que tienen que denunciar la violencia institucional. Para que por lo menos que las compañeras y compañeros puedan ejercer el trabajo sexual teniendo sus condiciones mínimas seguras.

 
AMMAR sois un colectivo referente para la lucha de las trabajadoras sexuales a nivel internacional y en el estado español. ¿Qué crees que podéis aportar a este contexto?

 

La verdad es que la situación es compleja y creo que primeramente desde la experiencia nuestra, habiendo atravesado contextos donde se desplegaban un montón de normativas abolicionistas, me parece que lo primero que hay que construir es un poder popular, unidad del colectivo y del movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales. Generar consensos, participación de todas las voces, no solamente de las trabajadoras sexuales que trabajan en la calle, sino en las que trabajan en los pisos, las que trabajan en las redes sociales, porque hay que generar un discurso que nos represente a todes y entender que el trabajo sexual es muy amplio, hay distintas formas de ejercerlo, hay distintas trayectorias de vida, distintas experiencias en el trabajo sexual, algunas buenas, otras malas. Antes de ir a disputar al Estado español o dar la discusión con el movimiento abolicionista, hay que generar consensos hacia el interior de la organización y decidir qué batallas queremos dar, porque no vamos a poder dar todas la batallas todas.

En una lucha de tanto tiempo habrás vivido muchos altos y bajos. ¿Qué te inspira para seguir estando al frente de este movimiento?

Mis compañeras. Hay veces que uno se levanta agotada mentalmente, pero el teléfono suena y las compañeras que nos dicen que la policía está haciendo un procedimiento y bueno, nos ponemos las zapatillas y salimos. Después también el agradecimiento de las compañeras que siempre son muy solidarias con el sindicato que todo el tiempo nos están haciendo dar cuenta de que no tenemos que tirar la toalla y que tenemos que seguir adelante porque se sienten contenidas, se sienten protegidas, se sienten parte de algo. A veces se transforman en compañeras a partir de solucionar un problema, al día siguiente la tenés en el sindicato diciendo vengo acá a dar una mano como ustedes me la dieron a mí. Y eso es construir.

Una de las cuestiones que la sociedad no tiene en cuenta a la hora de abordar la situación de las trabajadoras sexuales es el estigma que sufren sus hijes. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué hay que exigirle a las instituciones?

Yo creo que tiene que haber una Educación sexual integral con una mirada que en la que no se cuelen discursos moralistas. Nos hemos enfrentado a situaciones de discriminación y de bullying que han atravesado a les hijes de las trabajadoras sexuales. Hemos pedido y solicitado reuniones al Ministerio de Educación justamente para trasladarle esta preocupación y también nos hemos acercado a las instituciones escolares para hacerles saber que el sindicato está sabiendo de la situación que están atravesando algunes hijes de compañeras. También ahí lo importante para nosotras es la alianza con los sindicatos de docentes.
¿Qué respuesta tenéis cuando os presentáis en los centros educativos?

La respuesta mayoritariamente es decirnos que han dado intervención al Comité pedagógico o nos derivan a hablar con las psicólogas y los psicólogos del colegio. Nosotras en algunos barrios hemos celebrado el Día del Niño, por ejemplo, invitando no solamente a los hijes de las trabajadoras sexuales, sino a todos les niñes del barrio, justamente para generar comunidad que no termine siendo un gueto. Que los hijos de las putas tengan que juntarse solo con hijos de puta, si no que puedan sobre todo transitar su proceso escolar en igualdad de condiciones, y que no tengan que enfrentarse a discursos donde tengan que dar explicaciones de lo que trabaja su mamá. Nos hemos encontrado con algunas situaciones de docentes muy sensibles y sensibilizados.

¿Qué crees que aporta la lucha de las trabajadoras sexuales a la lucha de clases y a los feminismos?

Creo que nosotras al feminismo y a la lucha sindical le aportamos conciencia de clase, porque todo el tiempo estamos reconociendo primero que somos pobres. Segundo, que no elegimos libremente, pero que eso no es algo que solamente sea una realidad nuestra, sino que la compartimos con un montón de otras trabajadoras. Después, dando cuenta que cuando salimos al sistema laboral, los trabajos que nos encontramos son trabajos precarios. Esas discusiones a veces en el camino se pierden porque se piensa que un día se levantó, fue y se paró en la esquina, no, una se levantó, abrió la puerta de su casa y se encontró con que vive en un barrio pobre, con que de la calle que camina es una calle de tierra, con que tiene un color de piel que sabe que los trabajo que vas a realizar van a ser trabajos precarios, porque naciste entonces en un cuerpo feminizado, porque sos pobre, porque no vas a tener la posibilidad de ir a la universidad y porque tu propia familia sí o sí te piden que trabajes de lo que sea para poder ayudar a mantener el sostén del hogar. Y esas son las discusiones que le aportamos al sindicalismo.

Las trabajadoras sexuales vivís cotidianamente atravesadas por distintas violencias institucionales. Por eso me interesa mucho preguntarte, para poner en el centro que los colectivos vulnerabilizados y perseguidos se merecen también suavidad y afecto. ¿Qué cosas te generan ternura?

Me produce ternura, por ejemplo, ayer, cuando presenté el libro en Madrid, vino una chica estudiante y me regaló unos aritos hechos por ella porque trabaja en una feria haciendo bisutería y eso me produjo ternura. Una trabajadora reconociendo el activismo de otra trabajadora y donde ambas tenemos una identificación que es la identificación de clase. Esa es laburante como yo, esa no tiene derechos laborales tampoco, Ella también atraviesa situaciones de precariedad, como la atravesamos las trabajadoras sexuales. Ese gesto que me produjo ternura." ( Aurora Báez Boza , El Salto, 18/04/23)

El 75% de los catalanes son partidarios de regular la prostutución

 "El 75% de los catalanes está en favor de regular la prostitución, la encuesta sociopolítica del Centro de Estudios de Opinión. Es decir, tres de cada cuatro personas encuestadas quieren regular la prostitución, mientras que el 16% quiere prohibirla y el 6% mantendría la situación actual.

El apoyo a la regulación es mayoritario en todas las franjas de edad, pero cuanto más joven es el grupo de edad, mayor es el porcentaje de gente que se muestra partidaria de abolir la prostitución. Sin embargo, el apoyo a la regulación de la prostitución es mayoritario en todas las franjas de edad: desde el 65% de entre 16 y 24 años al 80% de la gente de entre 50 y 64 años."                   (e-notícies, 09/03/23)

El acoso abolicionista a las trabajadoras sexuales es contrario a la ley y al Convenio 190 de la OIT... las campañas dirigidas a convencer a la opinión pública de que el abolicionismo es la mejor opción para la sociedad, han ido acompañadas de una violencia inusitada en contra de toda manifestación en favor del reconocimiento de derechos de las trabajadoras del sexo, así como frente a todo intento de llevar a la luz pública argumentos que rebatan aquella postura, en un afán de abrir un debate que viene siendo negado desde el abolicionismo, empecinado en alcanzar su objetivo a cualquier precio, puede entenderse constitutivo de la conducta de acoso

 "Desde hace unos años el movimiento abolicionista ha iniciado una campaña dirigida a colgar en nuestro país el distintivo de “territorio libre de prostitución”, a pesar de que dicha iniciativa no pueda conseguir el pretendido objetivo de librarse de la prostitución en nuestro entorno, como así se desprende de la situación de otros países en los que se ha abogado por políticas abolicionistas o prohibicionistas (Suecia, Francia, Irlanda, por ejemplo), despreocupándose  -pues nada tiene que ver con su verdadera meta- de cuál sea la situación en la que se deje a las prostitutas, dado que la precariedad no puede ser la alternativa la prostitución.

En los últimos tiempos, ese movimiento ha encontrado el apoyo de diversos grupos políticos, de forma más o menos homogénea, o con importantes discrepancias, como es el caso de Unidas Podemos. Lo cierto es que, en esa situación de poder, las campañas dirigidas a convencer a la opinión pública de que el abolicionismo es la mejor opción para la sociedad, proporcionando una batería de argumentos que arranca de la negativa a reconocer el trabajo sexual libremente prestado y que equipara la prostitución con la trata, han ido acompañadas de una violencia inusitada en contra de toda manifestación en favor del reconocimiento de derechos de las trabajadoras del sexo, así como frente a todo intento de llevar a la luz pública argumentos que rebatan aquella postura, en un afán de abrir un debate que viene siendo negado desde el abolicionismo, empecinado en alcanzar su objetivo a cualquier precio.

En esta tesitura, el movimiento abolicionista se ha visto respaldado, en buena medida, por medios de comunicación e instituciones públicas -con gobernantes abiertamente declarados como abolicionistas-, dando pie a un contexto de descalificación, hostigamiento y censura, que queda fuera de los márgenes legales y constitucionales, incurriendo en arbitrariedades difícilmente justificables en el actual panorama regulador de la prostitución, en la que ésta se encuentra en un limbo de alegalidad, concurriendo en muchas ocasiones con otra actividad, la de “alterne”, que ha recibido el beneplácito de los tribunales en reiteradas ocasiones (la última, STS, Penal, de 25 de enero de 2023, rec. 817/2021).

Pues bien, teniendo en cuenta esta circunstancia de alegalidad de la prostitución, el contexto hostil generado desde el abolicionismo contra las trabajadoras sexuales puede entenderse constitutivo de la conducta de acoso descrita en el artículo 6.4 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Este artículo define como acoso, “cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

Entre tales causas de discriminación no se menciona expresamente el trabajo sexual, si bien la referencia a “otra condición o circunstancia personal o social” permitiría incluir al trabajo sexual como causa discriminatoria, teniendo en cuenta que las trabajadoras sexuales constituyen un colectivo vulnerable, siendo el estigma que las acompaña la principal razón de su vulnerabilidad.

Por otra parte, y si se llegase a negar que el trabajo sexual constituye un factor de discriminación, resulta de todo punto innegable que sí constituiría un criterio aparentemente neutro con efectos discriminatorios, al afectar mayoritariamente a grupos caracterizados por su pertenencia a unos determinados orígenes raciales o étnicos, sexo o situación socioeconómica, factores reconocidos todos ellos en la Ley 15/2022 como criterios de diferenciación discriminatorios.

Por otra parte, el artículo cuarto de la Ley identifica como conducta discriminatoria “el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de funciones, o incumplimiento de deberes”.

Las muestras de intolerancia y ambiente hostil a que se refieren estas normas han sido reiteradas a lo largo del tiempo frente a la prostitución, motivando la preocupación de las trabajadoras sexuales por encontrarse en espacios seguros cuando han decidido plantear un debate público sobre su situación, en un intento de hacerse oír. Incluso se ha constatado el intento institucional por hacer desaparecer estas voces en sedes universitarias, lo que llevó a la aparición del movimiento #UniversidadSinCensura reivindicando la libertad de expresión tras la suspensión de un acto en A Coruña, por presiones de colectivos abolicionistas.

Semejantes acciones de acoso, por lo demás, no quedarían exclusivamente vedadas a la luz de la Ley 15/2022, sino también en virtud del recientemente ratificado por España Convenio 190 OIT sobre la violencia y el acoso, que entrará en vigor el 25 de mayo de 2023. En este Convenio se identifica la expresión “violencia y acoso” en el mundo del trabajo con “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Junto a ello, el Convenio alude a la expresión «violencia y acoso por razón de género» entendiendo por tal a “la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.”

Es cierto que el Convenio todavía no está en vigor (le faltan pocos meses), pero debería servir desde ya mismo de canon de interpretación de la norma interna, teniendo en cuenta que el mismo identifica como violencia o acoso aquellos comportamientos, aislados o repetidos, que tengan por objeto -o, que, sin tenerlo, causen- un daño físico, psicológico, sexual o económico.

Pues bien, todo el contexto de hostigamiento descrito entraría de lleno en esta definición de violencia o acoso, tanto por los objetivos perseguidos (erradicar la prostitución del espacio público, así como eliminar las opciones de lucrarse con esta actividad); por sus efectos (esto es, profundizar en el estigma que soportan las trabajadoras sexuales, ahondando en el ataque a su dignidad y consolidando el entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo en el que desde siempre se ha movido la prostitución); y por la falta de acción de los poderes públicos para garantizar los derechos fundamentales (vida, integridad física, vivienda, libertad de expresión, derecho al trabajo -habiéndose legislado de forma contraria, prohibiendo la publicidad de las actividades de contenido sexual-…), lo que posibilita la exigencia de responsabilidades administrativas, y en su caso, penales o civiles por el daño causado, y que podrán incluir la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva para las víctimas (art. 25 de la Ley 15/2022) además de la nulidad de pleno derecho de las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación (art. 26) y, en el caso de la  persona física o jurídica que cause discriminación, reparación del daño causado (presumiéndose la existencia de daño moral) proporcionando una indemnización y restituyendo a la víctima a la situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible (art. 27).

En el ámbito de la responsabilidad administrativa, las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación pueden conllevar multas que oscilan entre 300 y 10.000 euros (infracciones leves), entre 10.001 y 40.000 euros (infracciones graves) y entre 40.001 y 500.000 euros (infracciones muy graves) debiendo invertirse lo recaudado por el cobro de las multas en la promoción de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.

En cuanto a los sujetos legitimados para actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, el art. 29 de la Ley 15/2022 reconoce legitimación, además de a las personas afectadas, a  los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, a las que se reconoce legitimación en los términos establecidos por las leyes procesales, para defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas o usuarias de sus servicios en procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales, siempre que cuenten con su autorización expresa.

A la hora de interponer las acciones que se estimen pertinentes por parte de los sujetos legitimados, interesa destacar que lo que deberán aportar son indicios fundados de la conducta discriminatoria (acreditar la reducción de todo espacio para el ejercicio de la prostitución; situación de hostigamiento en la que viven las trabajadoras sexuales, etc.) correspondiendo a aquél a quien se impute la situación discriminatoria aportar la existencia de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

Sobre este particular, cabe señalar que no resultaría válida la principal argumentación esgrimida por el abolicionismo para la adopción de estas medidas restrictivas, esto es, la lucha contra la trata, ya que la medida resultaría claramente inidónea (y, por consiguiente, desproporcionada, al no superar, cuando menos, uno de los tres juicios integrados en el juicio de proporcionalidad -idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto-), en el sentido de que no se contribuye a acabar con el tráfico aboliendo la prostitución, sino que lo que se consigue es empeorar las condiciones en las que la prostitución se ejerce, y ocultar todavía más la actividad. Tampoco la pretendida defensa de la dignidad de la trabajadora sexual resultaría constituir una justificación válida, pues lo que resulta contrario a su dignidad son las condiciones en las que la trabajadora sexual se ve obligada a prestar sus servicios, no la actividad en sí misma considerada, que no está prohibida en nuestro ordenamiento.

En este sentido, hay indicios más que sobrados de actuación discriminatoria en la misiva recientemente remitida por la consellera de Justicia, Interior y Administración, Gabriela Bravo, a los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, instándoles a sumarse a la lucha para abolir la prostitución mediante la adopción de Ordenanzas Municipales, y que se puede encontrar colgada en la web de la consellería, en el foro abolición de la prostitución, al considerar que la prostitución no es más que humillación, explotación y violencia de género, en un acto voluntarista, que no cuenta actualmente con el respaldo de leyes."                           

(Fernando Fita Ortega,  Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Miembro de la Alianza Pro-derechos de Castellón, Alicante y Valencia (APROCAV), Viento Sur, 23 febrero 2023)

El Supremo condena a seis meses de cárcel a los dueños de un prostíbulo por no dar de alta a 14 prostitutas... la Jurisprudencia de la Sala de lo Social no ha dudado en afirmar el carácter laboral de la actividad de «alterne» siempre que se acredite la ajenidad de la prestación y la dependencia de dicha actividad en el seno de una organización empresarial... el tribunal de instancia establece como hechos probados que “en las diez habitaciones existentes en el establecimiento se ejercían actividades de prostitución y en la zona de bar una actividad de «alterne» con intensos rasgos de laboralidad -marco horario prefijado, previsión del régimen retributivo por número y tipo de consumición servida y normas de vestuario fijadas por los gestores del establecimiento-. Descartándose, al tiempo, tanto la existencia de proxenetismo locativo penalmente relevante, pues la actividad de prostitución se ejercía por cuenta propia de las mujeres que así lo decidían, como toda conexión de continencia o de inherencia entre dicha actividad por cuenta propia y la de «alterne» por cuenta ajena”

 "El Tribunal Supremo ha condenado a seis meses de cárcel y al pago de una multa a los dueños del club de alterne Las Marismas por un delito contra los trabajadores. Ambos no dieron de alta a las 14 prostitutas que ejercían su profesión en este club. Explican los jueces de la Sala Segunda que "el ejercicio de la prostitución por cuenta propia no tinta a la actividad de «alterne» por cuenta ajena de ilicitud causal y, en consecuencia, no diluye las obligaciones del empresario de dar de alta en la Seguridad Social a los o a las trabajadoras por la actividad lícita efectivamente ejecutada”.

El fallo también deja un ‘recado’ a los escritos forenses, a quienes les recuerda que “a la hora de referirse a las personas que ejercen la actividad de «alterne» o de prostitución deberían evitarse términos que reflejan un sesgo valorativo cosificador y discriminatorio, predeterminativo de un rol social de sujeción”.

La sentencia

En la sentencia, dicen los magistrados que 14 mujeres no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, pues solo el gerente, el encargado, la cocinera y un camarero estaban trabajando de forma legal. Estas mujeres ejercían labores de alterne, captando clientes para incentivar el consumo de bebidas y recibiendo una retribución consistente en una comisión por cada copa en función del precio, siendo establecidas previamente estas cantidades por la empresa y pagadas a las chicas por esta, no por los clientes. El club fijaba el horario de las trabajadoras, con la flexibilidad propia de su actividad entre las 17:00 y las 5:00 horas, coincidiendo con el de apertura y cierre del local. Algunas disponían de habitaciones para pernoctar en el establecimiento por las que no pagaban nada si no las utilizaban para realizar algún servicio.  

Sobre los contratos, explican los jueces que no pueden hacerse cuanto existe subordinación a terceros, pero descartado dicho marco de subordinación a terceros en el ejercicio de la prostitución, la Jurisprudencia de la Sala de lo Social no ha dudado en afirmar el carácter laboral de la actividad de «alterne» siempre que se acredite la ajenidad de la prestación y la dependencia de dicha actividad en el seno de una organización empresarial. La razón fundamental estriba en que la actividad de «alterne» genera unos rendimientos económicos, consecuentes a la previa organización de capital y trabajo, que deben estar sometidos a las condiciones tributarias y laborales que protejan a los trabajadores.

Y añaden que, el contrato de trabajo se presume existente siempre que la actividad laboral remunerada se desarrolle por cuenta ajena en el ámbito de organización y dirección de otro.

Pues bien, en el caso, el tribunal de instancia establece como hechos probados que “en las diez habitaciones existentes en el establecimiento se ejercían actividades de prostitución y en la zona de bar una actividad de «alterne» con intensos rasgos de laboralidad -marco horario prefijado, previsión del régimen retributivo por número y tipo de consumición servida y normas de vestuario fijadas por los gestores del establecimiento-. Descartándose, al tiempo, tanto la existencia de proxenetismo locativo penalmente relevante, pues la actividad de prostitución se ejercía por cuenta propia de las mujeres que así lo decidían, como toda conexión de continencia o de inherencia entre dicha actividad por cuenta propia y la de «alterne» por cuenta ajena”.

Por tanto, “en plena coincidencia con lo argumentado por el Tribunal Superior, el hecho de que las personas que desempeñaban la actividad laboral de «alterne» que se declara probada pudieran, además, ejercer eventualmente la prostitución por cuenta propia no tinta a aquella de ilicitud causal y, en consecuencia, no diluye las obligaciones del empresario de darles de alta en la Seguridad Social por la actividad lícita efectivamente ejecutada”. (...)"                    (Loreto Ochando  , El Plural, 07/02/23)

Telmo Irureta o de cómo buena parte del feminismo se equivocó a lo grande... Las redes se llenaron de insultos cuando el actor dijo en la ceremonia de los premios Goya “nosotros también follamos”. El tema de la asistencia sexual no es un tema fácil, pero buena parte del feminismo la ha fastidiado, y mucho, por su reacción hiriente y discriminatoria... El debate “la sexualidad no es un derecho, es un deseo” me parece insustancial... Mi empatía hacia una persona que tiene una situación como la de Telmo es alta. Y lo es porque no me siento con poder de enjuiciarle. No me siento con el poder de decirle como vivir su vida, porque Telmo tiene unas limitaciones motrices que yo no tengo. Antes de nada, quizá se tendría que oír a toda la gente como Telmo

"El 11 de febrero se celebraron los Goya. Un muchacho con discapacidad física grave —parálisis cerebral con alto grado de tetraparesia— ganó una estatuilla y pronunció estas palabras: “Nosotros también existimos, nosotros también follamos. Brindemos por más representación de todos los cuerpos y un cine más inclusivo”.

Y las redes ardieron.

Y ardieron como hacen siempre, con prisas, sin debate, yendo al insulto, al daño, al desprecio, al acoso, sin parar a pensar en nada. Las feministas de bien, las del cartel abolicionista, sacaron las armas: Telmo era un putero explotador de mujeres que había hecho un alegato a favor de la violación y el resto, quiénes veíamos en su discurso una reivindicación legítima, éramos cómplices.

Yo seguía la gala con interés y su momento me pareció muy significativo y necesario. Pude leer el hervidero de comentarios malsonantes en el Instagram de la Academia y luego, cómo la gente osaba ir a su muro a decirle cosas como “violador de mujeres en silla de ruedas”. Yo no dejé de escribir, desde el respeto pero con indignación, mientras me decían cosas como “pon tú el coño para Telmo” y semejantes.

Todo el argumentario abolicionista no me sirve para justificar la vejación a la que sometieron a esta persona. Ni todos esos: “Tiremos de hemeroteca, que dijo que pagó por sexo”. No me sirve, nunca me va a servir. ¿En qué momento el discurso se salta a la persona y se come a la de enfrente a cualquier precio?

Yo no soy abolicionista, pero puedo empatizar con ciertos puntos de la gente que lo es y tengo hasta mis dudas. Pero, por encima de todo, soy una persona que intenta ser prudente y sensible con diferentes causas. La causa que representa Telmo —de forma involuntaria por su papel en La consagración de la primavera y de forma voluntaria por su discurso en los Goya— no es una causa menor al feminismo.

El debate “la sexualidad no es un derecho, es un deseo” me parece insustancial. Como cuando le preguntan a la gente vegana: “Y si te vas a una isla desierta y no hay plantas, ¿te comerías a un animal?”. Pero se repite tanto y se usa tanto que al final una manipulación pretenciosa se convierte en verdad.

Los derechos sexuales y reproductivos los recoge la ONU desde hace tiempo. Algunos de los puntos son el derecho a la autonomía personal y a la libre elección de la sexualidad. En el caso de la gente con discapacidad física grave, el dilema viene porque su autonomía proviene de terceras personas. Por lo tanto, la sexualidad entraría en una esfera a tratar.

En cualquier caso, aunque estos derechos no existieran, negar la importancia de la sexualidad en la conformación de nuestra persona es una completa estupidez. Somos seres sexuales, de diferentes formas y en diferentes grados. El sexo aporta placer pero también salud y autoestima, afecto y comunicación. El sexo también nos ofrece identidad, formas de ser y de auto-denominarnos, de elegir y crecer.

La gente dice que sin sexo se puede vivir. Puede pero, por la experiencia que hemos vivido las mujeres, creo que es fácil entender que no se vive mejor cuando no es tu elección si no una imposición de fuera. En nosotras, la imposición ha venido del patriarcado, mientras que en la gente con una discapacidad física severa por su corporalidad y los tabúes y estigma sobre ella, ha venido por el capacitismo. Nadie se siente bien cuando no puede elegir sobre su deseo, placer, ni nada. Convencernos del resto es solo engancharnos en temas que no van a ninguna parte.

Entiendo que el tema de la asistencia sexual, la prostitución y el trabajo sexual, no es un tema fácil. Y comprendo muchas reticencias, puntos de vista dispares y que el debate se tenga. Pero no comparto tenerlo a costa del insulto. Porque cuando aparece el insulto, el debate se anula.

Buena parte del feminismo la ha fastidiado, y mucho, con Telmo. Han sido profundamente discriminatorias, profundamente hirientes y profundamente faltas de empatía, planteándose escenarios que ni conocían ni tan solo existen. Telmo ha tenido que decir que nunca ha pagado a mujeres, porque es homosexual. Algunas se han apresurado a decir que es lo mismo, pero está claro que en su interior no lo es. El imaginario colectivo abolicionista sobre el putero estilo Torrente (física o mentalmente) aprovechándose de una mujer (a ser posible inmigrante) pobre que no llega a final de mes, se les vino abajo. La realidad es amplia y si no sabemos, mejor callar, primero preguntar o sencillamente escuchar.

Mi empatía hacia una persona que tiene una situación como la de Telmo es alta. Y lo es porque no me siento con poder de enjuiciarle. No me siento con el poder de decirle como vivir su vida, porque Telmo tiene unas limitaciones motrices que yo no tengo. Antes de nada, quizá se tendría que oír a toda la gente como Telmo. A muchas mujeres que por cierto siempre, de forma más que perversa y pretenciosa, se sacan de la ecuación. Ellas tienen sexualidad y ellas también pagan a asistentes sexuales. Ya sé que no todas están a favor, también contemplo esa posibilidad, pero eso no cierra el debate.

El feminismo de hace dos semanas no es mi feminismo, no lo quiero, no me representa y simplemente me espanta. El feminismo de ese fin de semana de febrero le debe una disculpa, sin excusas, sin “peros” a Telmo. Pero ya sé que no va a ocurrir o que ocurrirá de parte de muy poca gente. Porque quien tiene el poder, nunca reconoce sus faltas."                                       (Carmen Godino Megía , El Salto, 26 feb 2023)

Telmo Irureta, ganador del Goya: "No he recurrido a asistentes sexuales pero sí a la prostitución. No puede desaparecer"

"(...) "No se han puesto en nuestra piel"

Telmo Irureta defiende la figura de las asistentes sexuales para las personas con diversidad funcional, si bien precisa que él nunca ha recurrido a ella porque ha optado por la prostitución, que, a su juicio, "no puede desaparecer".

El intérprete, que tiene parálisis cerebral, protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la gala de los Goya por un discurso que terminó con un contundente: "las personas con discapacidad también existimos y también follamos". Se reconoce así su papel protagonista en la película 'La consagración de la primavera', dirigida por Fernando Franco, y que aborda precisamente la sexualidad de una persona con discapacidad a través de una improvisada asistente sexual, una universitaria recién llegada a Madrid.

Irureta asegura en una entrevista con Europa Press que no le sorprendió levantar tantos aplausos y señala que llevaba la idea de su discurso "bastante clara". Después, leyendo comentarios sobre sus palabras, se ha dado cuenta de que "mucha gente" opina como él, pero otros "no han entendido" lo que quiere decir.

"No se han puesto en nuestra piel", lamenta al respecto, para reivindicar la existencia de las asistentes sexuales para personas con diversidad funcional, una figura "importante y necesaria" que el actor conocía pero sobre la que aprendió más gracias a la película 'La consagración de la primavera', con la que ha ganado el galardón y aborda este tema.

Pese a esta defensa, el actor, sobrino de la veterana actriz Elena Irureta, explica que él nunca ha recurrido a esta figura porque ha optado por la prostitución, aunque puntualiza que no siempre ha tenido sexo pagando. "En mi caso es más difícil (tener relaciones sexuales sin pagar) porque cuerpos como el mío no gustan. Entonces, tienes muchas más limitaciones, la gente tiene muchos prejuicios y miedos. Hay que tener una solución, no estar intentando convencer todo el rato o estar con alguien que igual no me gusta", expone.

Sobre las asistentes sexuales, detalla que se ocupan de quedar con las personas "para conocerse, hablar o tomar un café", un proceso que entiende pero sobre el que añade: "Según tu momento, según como estés, igual no quieres tomarte ese café. Igual quieres ir directamente a la cama".

En este sentido, demanda que "exista de todo" y cada uno pueda elegir la "mejor opción". Por ello, cree que la prostitución "no puede desaparecer", aunque reconoce que es consciente de que esta tiene "un lado oscuro". "Lo que yo digo es que las personas con discapacidad tengamos acceso", apunta.

"Es un pacto, un trato, un trabajo. A mucha gente le ayuda, a mí me ayuda", agrega el intérprete, quien asevera que le encanta "visibilizar la sexualidad de las personas con discapacidad", por lo que uno de sus proyectos actuales también gira en torno a ello. Se trata de una obra de teatro titulada 'Sexpiertos'.

Además, relata que antes hablaba de sexo y discapacidad "con un poco de cuidado", intentando "justificarse", pero ahora que ha visto que "no se ha entendido" lo que defiende, considera que tiene "un motivo más" para abordar el tema y "romper esquemas" con trabajos de este tipo.

"¿Y la polémica? Está guay que haya opiniones y que yo pueda decir 'uy, cómo se ha puesto este'", sentencia el actor de 34 años también diplomado en Magisterio y licenciado en Pedagogía."                   (República, 13/02/23)

La prostitución no puede abolirse a golpe de decreto porque no es una norma que se pueda derogar y menos dando la espalda a las condiciones materiales en las que se produce... Si las formas de trabajar al uso se criminalizan, en un escenario económico de crisis galopante tras la pandemia, por mucho que lo desee el abolicionismo la prostitución no desaparecerá, se desplazará a espacios todavía más clandestinos, donde las mafias y las pandillas delictivas aprovecharán el tablero de juego para establecer condiciones abusivas... Sin derechos, actuaciones sociales y una política antirracista en materia de migración tan solo se agudizará la criminalización y la clandestinidad del ejercicio. Si el proyecto civilizatorio consiste en la cronificación de la pobreza, la persecución policial, las deportaciones, la explotación laboral, la indefensión jurídica y el estigma, quizá habría que replanteárselo. Sería conveniente priorizar el impacto de las políticas en las vidas de las personas a las que atañe en lugar de hacerlo con el símbolo que ostenta la prostitución para liderar la campaña electoral y la disputa por el trono de la izquierda. Porque esta manera de comprender el asunto no es ética

 "El pasado 18 de mayo el PSOE retiró la enmienda que recrudecía el delito de proxenetismo para que la ley del “solo sí es sí” saliera adelante. Al día siguiente presentó su contenido en una propuesta de ley abolicionista; una reforma del artículo 187 del Código Penal (CP). En ella, propone una ampliación sin límites del delito de proxenetismo. Es decir, se penaliza la tercería locativa, el proxenetismo no coactivo, a la clientela e, incluso, pudiera dar cabida a la prohibición de la pornografía.

El Código Penal de la democracia –a propuesta del PSOE, por cierto– despenalizó la tercería locativa y el proxenetismo no coactivo. Desde 2003, en la legislación, se considera irrelevante el consentimiento para ejercer la prostitución y, aunque existen diferentes tendencias jurisprudenciales, en la práctica a menudo solo se penaliza el proxenetismo coactivo, la explotación sexual. Por su parte, la tercería locativa cuenta con reconocimiento de la jurisprudencia social desde los años 80 y la patronal fue reconocida en 2003 por el Tribunal Supremo, mientras que las trabajadoras no tuvieron derecho a sindicarse hasta 17 años después.

Penalizar a la tercería locativa supone que, aunque se consienta, cualquier persona que les alquile una habitación o un espacio para ejercer estaría cometiendo un delito. El colectivo de trabajadoras sexuales ya padece de dificultades sustantivas para acceder a la vivienda, porque carecen de nómina de trabajo que les acredite. La propuesta de reforma del CP les complica todavía más el acceso a un derecho que tienen restringido, favoreciendo el que los arrendatarios les rescindan contratos por miedo a la penalización o las desahucien, tal como ocurrió en Argentina tras el cierre de las whiskerías. Aunque por “tercería locativa” la mayoría de la gente tenga en mente los clubes de alterne, esto también significa penalizar el alquiler de habitaciones en hoteles o que se subalquilen entre ellas habitaciones o sus casas; situaciones, todas ellas, donde abunda el trabajo autónomo. El abolicionismo practica una criminalización indirecta, porque busca erradicar el ejercicio, pero desoye que cualquier injerencia termina perjudicando a quienes ejercen.

Además, esta propuesta de reforma del CP contempla la criminalización de la clientela. En rigor, elevaría una sanción que ya existe del nivel administrativo al régimen penal, porque desde hace siete años la ley mordaza multa a la demanda de prostitución en la vía pública mediante su artículo 36.11. Por la misma razón, contamos con una experiencia socializada desde los colectivos de trabajadoras sexuales y las entidades sociales que les atienden sobre los efectos que genera. Para evitar que sancionen a su fuente de ingresos, tienden a ocuparse en lugares más opacos y en circunstancias que las exponen a un mayor riesgo de sufrir violencia y abusos y que recortan su capacidad de negociación. La criminalización da lugar a una lógica reducción de los ingresos y un aumento de la competencia, por lo que bajan las tarifas o filtran menos; es decir, se ocupan con clientes que antes hubiesen rechazado. En contextos criminalizados, las trabajadoras negocian atravesadas por una mayor desesperación económica que beneficia al cliente. Como los clientes asumen correr el riesgo de ser sancionados, a menudo buscan con esa excusa imponer sus condiciones como no usar preservativo, regatear los precios o evitar pagar el servicio.

En cuanto a la penalización del proxenetismo no coactivo, esta se produce al considerar delito no solo la explotación ajena, sino el lucro. Este articulado difumina la distinción entre prostitución forzada y escogida, porque penaliza tanto relaciones comerciales al uso, con intermediarios o con arrendadores, como la coacción, el abuso y la violencia. Viven del lucro de la prostitución ajena tanto compañeros sentimentales en paro como hijos mayores de edad que estudian a partir de sus ingresos, pero también quienes les venden lencería, comida en los espacios de prostitución, arrendatarios, personal de seguridad y de anuncios e, incluso, taxistas con los que mantienen acuerdos. Todas estas realidades complejas, que no necesariamente vulneran la libertad e indemnidad sexuales y la dignidad de la trabajadora, no deberían ser descritas bajo una misma figura penal.

Además, una realidad bastante habitual y documentada en el mercado del sexo es la de extrabajadoras sexuales que gestionan casas de citas y pisos. En las dinámicas habituales del sexo comercial, las mujeres, una vez llegan a cierta edad, ponen en marcha proyectos de movilidad social en su entorno, el que conocen y en el que han aprendido a manejarse, empleando la cartera de clientes que han cosechado con los años para abrir sus propios negocios. Este proyecto se describe como el propio de una victimaria malvada, sin mayores matices y sin atender a la heterogeneidad de factores que entran en concurso, a consecuencia de la narrativa penal que codifica el fenómeno en la dicotomía víctima/victimario. Lo cierto es que entre ellas mismas también suelen darse relaciones de subordinación, y la propuesta de reforma del CP podría criminalizar a las trabajadoras que gestionen las citas, la limpieza del espacio, los materiales y el transporte. Si las formas de trabajar al uso se criminalizan, en un escenario económico de crisis galopante tras la pandemia, por mucho que lo desee el abolicionismo la prostitución no desaparecerá, se desplazará a espacios todavía más clandestinos, donde las mafias y las pandillas delictivas aprovecharán el tablero de juego para establecer condiciones abusivas. Subirán los precios de los arriendos y se les dificultará todavía más lograr una estabilidad económica.

En la literatura académica española asistimos a un vacío importante en la investigación de campo sobre el proxenetismo. Implantar leyes de este calado requiere antes de una investigación exhaustiva a fin de conocer cuáles son las relaciones de poder más frecuentes, las diferentes prácticas de empresarios e intermediarios y la prevalencia de la violencia, de modo que se documente tanto la incidencia de una explotación extrema como la de aquellos casos de control y abuso característicos del trabajo asalariado donde las herramientas del derecho laboral pudieran hacer una mejor labor que las penales.

Cuando el derecho penal se concibe como la herramienta de transformación y justicia social, no solo se deposita en él una excesiva confianza, sino que también implica un compromiso con una racionalidad liberal. Una vez que el derecho penal entra en escena, las desigualdades sociales, como la de género, fruto de factores estructurales, se convierten en el resultado simple de una serie de acciones concretas e intencionales de un individuo o un grupo de ellos. En consecuencia, la responsabilidad deja de ser sistémica para individualizarse. Las deudas coloniales del Sur global, tanto las regulaciones y excepciones fiscales que facilitan el trabajo esclavo como la deslocalización de las fábricas, el cierre de fronteras y la clandestinidad obligatoria en la que se desarrolla la migración laboral, la desregulación creciente del trabajo informal y la desigualdad no solo de género, sino racial; todo este marco complejo desaparece eximiendo al Norte de su responsabilidad en la creación y en el mantenimiento de las condiciones materiales que producen la prostitución forzada. Dichos factores estructurales en España se conjugan con las condiciones restrictivas para el acceso al estatus de ciudadanía que impone la normativa de extranjería y sus mecanismos (controles, redadas, internamientos en el CIE y deportaciones), generando un caldo de cultivo que beneficia a las mafias y a las redes que explotan y extorsionan a las migrantes.

La prostitución no puede abolirse a golpe de decreto porque no es una norma que derogar y, mucho menos, dando la espalda a las condiciones materiales en las que se desarrolla. Sin derechos, actuaciones sociales y una política antirracista en materia de migración tan solo se agudizará la criminalización y la clandestinidad del ejercicio. Si el proyecto civilizatorio consiste en la cronificación de la pobreza, la persecución policial, las deportaciones, la explotación laboral, la indefensión jurídica y el estigma, quizá habría que replanteárselo. Sería conveniente priorizar el impacto de las políticas en las vidas de las personas a las que atañe en lugar de hacerlo con el símbolo que ostenta la prostitución para liderar la campaña electoral y la disputa por el trono de la izquierda. Porque esta manera de comprender el asunto es moral, pero no es ética."                    (Paula Sánchez Perera, CTXT, 11/06/22)

Prostitución: "Aunque sólo fuera un 1%, la prioridad es acabar con la trata, pero también hay que garantizar las condiciones de aquellas que no son víctimas... Primero hace falta un buen plan de salidas para quien necesite salir. Pero, para quien no, es importante ofrecer también alternativas"... Piikara Blood, prostituta y actriz porno, explica que se acercó a la industria del sexo "huyendo de trabajos precarios y buscando mejores condiciones de vida... Sé que hay muchas compañeras que, si hubieran tenido mejores condiciones laborales, no hubieran sido 'trabajadoras sexuales"... la causa que ha llevado a la mayoría de mujeres al "trabajo sexual" es la pobreza, para acabar con la prostitución hace falta dinero

 "Pocos debates existen dentro del movimiento feminista más controvertidos que el de la prostitución. Una disputa donde parece completamente imposible llegar a algún tipo de consenso y que ha enfrentado a dos posturas aparentemente irreconciliables, como son el abolicionismo y el reglamentarismo, que sólo tienen en común su diagnóstico: la causa que ha llevado a la mayoría de mujeres al "trabajo sexual" es la pobreza.

"Sé que hay muchas compañeras que, si hubieran tenido mejores condiciones laborales, no hubieran sido 'trabajadoras sexuales'", explica Piikara Blood, prostituta y actriz porno. Durante una entrevista para Público, Blood asegura que se acercó a la industria del sexo "huyendo de trabajos precarios y buscando mejores condiciones de vida". El contexto cultural y las redes sociales contribuyen a que se piense la explotación sexual como "una actividad normalizada" y ello supone una "banalización del valor de las personas" y una "banalización del sexo", sostiene Charo Carracedo, portavoz de la Plataforma Estatal por la Abolición de la Prostitución.

 En España, cuatro de cada diez personas están en riesgo de exclusión social severa. El desempleo asciende en los hombres hasta el 11,9% frente al 15,3% de las mujeres. Quienes también en la parcialidad de los contratos se llevan el gordo: el 24% de ellas están ocupadas con jornadas reducidas, frente al 7,3% de la tasa masculina. Unos datos que llevan a pensar que quizás no es sólo la falta de alternativas lo que perpetúa la prostitución sino la falta de alternativas generizadas. 

"Los hombres pueden no tener alternativas, pero no se les pasa por la cabeza. Se trata de una mezcla entre pobreza y desigualdad patriarcal", explica Beatriz Gimeno, feminista y exdirectora del Instituto de las Mujeres. Cuando se habla de prostitución se habla de prostitución femenina porque las personas que la ejercen son mayoritariamente mujeres. "Su exclusión social en sus múltiples variedades es el factor determinante de la prostitución", declara Carracedo. Aunque las cifras son difíciles de conocer, la OIT estima que el 90% de la trata de seres humanos son mujeres y niñas. 

El riesgo de caer en la criminalización de las prostitutas

Un elemento clave en cualquier conversación sobre prostitución es la trata. Ambos fenómenos resultan, por ahora, indisociables. "Nadie lo niega a estas alturas", afirma Gimeno. El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual existe para satisfacer un determinado mercado. En este sentido, las posturas abolicionistas sostienen que, si dicho mercado se termina, también lo haría el tráfico y la trata destinados al mismo.

 "Aunque sólo fuera un 1%, la prioridad es acabar con la trata, pero también hay que garantizar las condiciones de aquellas que no son víctimas", declara Blood, que pone de relieve la importancia de distinguir entre prostitución forzada y voluntaria. En la misma línea habla la secretaria del sindicato OTRAS, Conxa Borrell: "Primero hace falta un buen plan de salidas para quien necesite salir. Pero, para quien no, es importante ofrecer también alternativas".

Ambas denuncian el estigma y el paternalismo con el que se trata a las prostitutas por parte de las instituciones. "No luchan por mejoras laborales o salariales, solo les importa que se extingan", explica Borrell. El desamparo es todavía mayor cuando hablamos de mujeres migrantes. El punitivismo de la llamada Ley Mordaza les enreda en multas infinitas e impagables por prostituirse en la calle que se les van acumulando hasta que terminan por arrastrar una enorme deuda imposible de afrontar que, además, les impide acceder a la nacionalidad española cuando logran reunir el resto de condiciones (demostrar tres años de permanencia en el Estado español y tener un contrato de trabajo de un año). Es un proceso absolutamente viciado que genera un cerco delictivo alrededor de la "trabajadora sexual" que acaba criminalizándola a ella. "Me siento más protegida por mis compañeras que por las instituciones", confiesa Blood.

Desde otra óptica, Carracedo asegura que lo que persigue el modelo abolicionista es generar un marco normativo que reconozca derechos a no estar ahí: "Lo que intentamos es construir sociedades que caminen y busquen un programa igualitario del que tú, cuando quieras, te puedas salir". La Plataforma Estatal por la Abolición pone de relieve la importancia de oír las voces de las supervivientes de la prostitución como modelos reales, como ejemplos de mujeres que han logrado encontrar otras oportunidades.

La Ley de Extranjería otro punto caliente en cualquier perspectiva. "Se está incumpliendo el Tratado de Palermo, que dice que hay que proteger a las victimas de trata. Eso no sucede", afirma Borrell. La normativa prevé eximir de responsabilidad administrativa a las mujeres víctimas de trata en situación irregular, es decir, no expulsarlas siempre y cuando cooperen y colaboren con las autoridades competentes testificando contra sus esclavistas y maltratadores. Una acción que supone una exposición directa de sí mismas y sus familias, quienes en muchas ocasiones dependen de sus ingresos para sobrevivir.

Según el último informe de la asociación In Género, el 39,9% de las prostitutas tienen a una o dos personas dependientes de ellas. Además, establece que la Ley de Extranjería llevó a la prostitución al 76% de las trabajadoras sexuales. "Las personas no pueden ser ilegales ni se las puede tener en un limbo social que no les permita enfrentar la vida con la suficiente dignidad y seguridad. Las mujeres que no tienen absolutamente ninguna otra salida deben ser protegidas y no perseguidas", sentencia Gimeno.

Sobre el estigma y el abandono de las instituciones

Durante el confinamiento, el Gobierno amplió el Plan de Contingencia contra la violencia de género para proteger a "las mujeres en contexto de prostitución sin regularizar" y que pudieran acceder al Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, al subsidio sólo pudieron acceder quienes se declaraban víctimas de trata o tráfico con fines de explotación sexual. Aquellas que no quisieron exponerse o no se encontraban en esa situación siguieron desangeladas. "Declararte víctima de trata puede suponer que los servicios sociales te quiten a tus hijos", explica Borrell.​

Desde OTRAS cuentan que "muchas compañeras" se vieron obligadas a irse a casas de sus clientes durante el confinamiento porque los lugares donde ellas residían habitualmente (hoteles, clubes, prostíbulos) estaban cerrados y no se les ofrecieron alternativas habitacionales. "Esa situación pudo generar situaciones realmente violentas. Nadie ofrece nada a cambio de nada", continúa Borrell. Al no existir ningún marco laboral sobre el que operar, tampoco pudieron acceder a los ERTE ni a la prestación por desempleo. "Tampoco tendrán derecho a una pensión por jubilación en un futuro", dice Borrell.

A lo largo de los últimos tres años, la política institucional ha situado en el centro la necesidad de legislar sobre la prostitución en España para acabar con la vulnerabilidad y la violencia a la que se exponen las "trabajadoras sexuales". Pero todas las políticas públicas que se han sacado adelante han hecho caso omiso de los sujetos políticos a los que iban dirigidas.

Beatriz Gimeno: "Para acabar con la prostitución hace falta dinero"

"El problema es que no se soluciona ni la trata ni la voluntariedad. Y, en ningún caso, se nos da voz y voto", asegura Borrell. Algunas posturas feministas ponen en duda esta forma de actuar al considerar que, dado que las mujeres han sido históricamente sujetos invisibles y silenciados, deben tener al menos la posibilidad de estar presentes en aquellos debates que les interpelen. Se reivindica que se recupere el lado humano de las historias, que no se las trate como factores de negocio, como problemática social, sino como lo que son: mujeres y sujetos con capacidad de decisión.

Por su parte, Carracedo hace hincapié en desplazar la representación social y colectiva hacia otros dos elementos que son esenciales: el proxenetismo y los puteros: "Las prostitutas no son los únicos actores. Hay que actuar sobre la raíz del problema y eso consiste en entender por qué los hombres se creen con el derecho que disponer de las mujeres cuando se les antoja".

"Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con la propuesta de ley abolicionista del PSOE", afirma Blood, que sostiene que, si finalmente se promulga, sólo empeorará sus condiciones. "Las cosas no terminan porque se prohíban. La mayoría se verá empujada aún más a la clandestinidad", continúa. En el mismo sentido, Gimeno advierte de que "para acabar con la prostitución hace falta una batería de medidas de muy diverso tipo y, sobre todo, hace falta dinero". La activista y teórica feminista cuestiona que se pueda acabar con las redes de prostitución sin medidas que vayan más allá del Código Penal. "Penalizar la demanda lo veo siempre que haya alternativas reales para las mujeres. Y más que como castigo como un mensaje, una manera de hacer pedagogía social", termina. "             (María Martínez Collado , Público, 04/06/22)