La Xunta de Galicia se quedó parte del alza de transferencia del Estado para dependencia, denuncian los Gerentes en Servicios Sociales... La asociación califica de "especialmente sangrantes los recortes" que se han producido en Galicia, la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional

 "Los directivos del sector alertan que la autonomía ha recortado los gastos en dependencia a pesar de que el plan de choque del Estado implicó que recibiera más dinero para tal fin. De la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios tilda lo sucedido de "especialmente sangrante".

Castilla y León, Galicia y Aragón "hicieron caja" con el aumento de presupuesto para dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la pandemia sanitaria. Así se desprende de un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, según el cual el Gobierno de España aumentó en dicho periodo su aportación para la Dependencia en un 138 por ciento frente al 9 por ciento del incremento de las comunidades autónomas.

 Así, de todas las comunidades autónomas, tres han disminuido durante el citado Plan de Choque el gasto en la atención a personas en situación de dependencia: Castilla y León (-34,7) Galicia (-6,4) Aragón (-3,2). La asociación califica de "especialmente sangrantes los recortes" que se han producido en Galicia, la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional.

El estudio indica que, en 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia ascendió a 11.522 millones de euros: 8.230 millones por parte de las comunidades autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%) y constata una "acusada desigualdad territorial", donde las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). En Baleares, la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; CyL, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 euros y Comunidad Valenciana, 1.825 euros.

Por debajo de la media de los 1.825 euros se encuentran Cantabria con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros; Canarias, con 1.248 euros y Galicia, a la cola, con 1.073 euros.

Según se desprende del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, "cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación". Así, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General "refuerza la financiación del sistema". Estos recortes en la aportación en algunas CC.AA. "han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque", según la entidad.

En cuanto a las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%); Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Mientras la media de financiación autonómica desciende hasta el 71% para el conjunto de España, CCAA como son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castila y León (63,2%) se mantienen alejados de esta cifra.

DENUNCIA: "CADA 15 MINUTOS MUERE UNA PERSONA ESPERANDO PRESTACIONES" 
Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto el foco, coincidiendo con la mayoría de edad de la ley de Dependencia, en el "incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel".

"Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia", argumentan, al tiempo que recuerdan que actualmente 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley.

"Desgraciadamente, a las 45.360 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo", ha denunciado la entidad."          (Galiciapress, 23/09/24)

Ayudas públicas sin papeleo... es el momento de focalizar los apoyos, por ejemplo, a través de un bono que alcance a los asalariados y autónomos con menos ingresos. A través de las retenciones en nómina y los pagos a cuenta del IRPF se puede llegar a este colectivo sin necesidad de que hayan presentado declaración de la renta y hacer efectiva su percepción en la nómina o cuenta corriente en el caso de los autónomos (Carlos M. Urriza)

 "El Ingreso Mínimo Vital solo lo percibe el 35% de los 800.000 hogares que podrían beneficiarse, según la AIReF, y la cobertura es aún peor en el colectivo donde este ingreso no debería fallar: solo llega al 5% de las personas sin hogar que tienen derecho a cobrarlo, según un estudio de Nuria Badenes. Lo mismo sucede con las rentas mínimas de las comunidades autónomas y los bonos sociales eléctrico y térmico. La ayuda de 200 euros incluida en uno de los paquetes del escudo anti-inflación solo alcanzó a un tercio de sus potenciales beneficiarios. Claramente hay un grave problema para hacer llegar a sus destinatarios las ayudas públicas de emergencia o las dirigidas a las personas más vulnerables.

Éste es uno de los fallos del sistema de protección social en España, que la OCDE califica recurrentemente de insuficiente. Los trabajos de los catedráticos Luis Ayala y Olga Cantó apuntan a que las carencias se deben también a falta de recursos, problemas de diseño y vacíos de cobertura, pues no se suele considerar que la desprotección va más allá de los pobres y alcanza también a una clase media baja que se extiende sobre gran parte de la distribución de la renta. Esta clase media baja es resultado los magros salarios y el elevado paro y subempleo. La mitad de los asalariados cobra un salario inferior a los 1.500 euros brutos mensuales y el salario más común es de 1.300 euros, muy próximo al SMI 1.080 euros.

Una pendiente reforma fiscal debe proporcionar los recursos necesarios para alcanzar un nivel de protección social suficiente, pero incluso con los fondos adecuados estos no llegarán a quienes los necesitan si no se mejora el diseño de las ayudas y la manera en cómo se accede a las mismas. Es necesario un cambio en la forma en cómo la Administración hace efectivo el ingreso de estas prestaciones. Hay que transitar a un modelo sin solicitud o papeleo, donde las ayudas se concedan a partir de la información que obra en manos del sector público y donde la burocracia funcione de dentro hacia fuera y no imponiendo una carga administrativa imposible sobre los hombros de personas y hogares vulnerables. Estos ya tienen bastantes problemas como para además añadirles el de un papeleo administrativo innecesario que les obliga a aportar una información que ya tienen las Administraciones Públicas.

Este no es un cambio novedoso. Simplemente se trata de extender el modelo de aquellas prestaciones públicas que sí llegan a todos sus potenciales beneficiarios. Es el caso de las pensiones y las prestaciones por desempleo contributivas y asistenciales, donde la comprobación de requisitos, su concesión e ingreso corre a cargo del Instituto Nacional de Seguridad Social y el SEPE. En el siglo del big data, la AEAT y el resto de organismos públicos disponen de suficiente información para hacer llegar ayudas permanentes o de emergencia a los ciudadanos sin necesidad de que estos las soliciten. Precisamente ahora que se acaba la fase de respuesta expansiva a la crisis de pérdida de poder de compra y se recuperan los límites fiscales a la iniciativa pública, es el momento de focalizar los apoyos, por ejemplo, a través de un bono que alcance a los asalariados y autónomos con menos ingresos. A través de las retenciones en nómina y los pagos a cuenta del IRPF se puede llegar a este colectivo sin necesidad de que hayan presentado declaración de la renta y hacer efectiva su percepción en la nómina o cuenta corriente en el caso de los autónomos."         

(Carlos Martín Urriza es portavoz de Economía y Hacienda del GP Sumar, El País, 08/01/24)

Europa actuará contra Ayuso por las obras de la Línea 7b de Metro... las viviendas afectadas son 600... Ayuso destinará 122 millones al agujero... el 90% de esa cantidad será gastada en reparaciones del túnel y en zonas que ni siquiera están en San Fernando de Henares. A las familias sólo se les destinan 12 millones, una cantidad claramente insuficiente

 "Ayer fue un día importante para las más de 600 familias afectadas por las obras de la Línea 7b del Metro de Madrid en San Fernando de Henares. Un grupo de vecinos intervinieron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y dejaron muy tocada a Isabel Díaz Ayuso, quien sólo contó con el apoyo del representante del Partido Popular.

Ante esta situación, Ayuso ha reaccionado para intentar dar una cara amable y la pretensión de mostrar empatía cuando no la ha tenido con los vecinos de San Fernando desde que llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

«Ya pueden empezar a cobrar sus indemnizaciones, que están en los máximos legales. Estamos dando todo lo que está en nuestra mano para solucionar un problema que ellos nunca provocaron, del que son víctimas y del que le Gobierno se ha hecho responsable», dijo Ayuso.

Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid están cargadas de manipulación y, como han denunciado los vecinos afectados a Diario16 en repetidas ocasiones, intentar poner a la opinión pública en su contra, hacerles pasar por pedigüeños o de ser esbirros de los partidos de la izquierda.

Nada más lejos de la verdad. La realidad es que las indemnizaciones de las que alardea Isabel Díaz Ayuso son claramente insuficientes y no tienen en cuenta la situación que vive cada una de las familias afectadas por la chapuza que se aplicó por las prisas electorales del Partido Popular de Esperanza Aguirre.  

Ayuso afirmó el pasado 12 de enero que «no vamos a escatimar ni un solo euro con los vecinos de San Fernando de Henares pero también quiero recordar que todo lo que vamos a ofrecer son 122 millones de euros, que es aproximadamente lo que el Gobierno de la Nación ha destinado a toda la isla de La Palma a los afectados por el volcán».

Esas son todas las indemnizaciones y la opinión pública debe saber que esas cifras están absolutamente manipuladas. La ciudadanía, al escuchar la cifra de 122 millones de euros, puede pensar que la Comunidad de Madrid está poniendo toda la carne en el asador para solucionar esta problemática. Sin embargo, no es así.

 Fuentes de los afectados, señalaron a Diario16 que las cuentas no salen. El censo de viviendas con daños graves provocados por las obras de la Línea 7b de Metro ya supera las 600. (...)

si se desglosa el presupuesto de esos 122 millones de euros que afirmó Díaz Ayuso que están destinados a la problemática del Metro en San Fernando, nos damos cuenta de que el 90% de esa cantidad será gastada en reparaciones del túnel y en zonas que ni siquiera están en San Fernando de Henares. Por tanto, a las familias sólo se les destinan unos 12 millones una cantidad que, con los cálculos anteriormente expuestos, son claramente insuficientes.

Misión de Bruselas a San Fernando de Henares

Mientras Ayuso intentaba presentarse como «la buena» en la problemática de la Línea 7b de Metro, en Bruselas los europarlamentarios no pensaban lo mismo. El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, junto a una representación de los vecinos afectados, intervinieron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde se examina una petición sobre daños y compensaciones.

Este expediente se mantendrá abierto tras lograr la mayoría de los votos, todo ello a pesar de que la Comisión Europea ya había advertido de que la resolución compete a las autoridades españolas.

Los afectados por las obras de la Línea 7b de Metro en San Fernando denuncian que, a pesar de las inspecciones, acuerdos y revisiones de la Comunidad de Madrid para reparar la situación, no se han puesto en marcha las soluciones necesarias para reparar el escenario de habitabilidad de las familias afectadas.

Por otro lado, y esto es una de las cuestiones que acorrala a Isabel Díaz Ayuso, los denunciantes reclaman la apertura de una investigación sobre los fondos europeos de los que se beneficiaron las obras de esta infraestructura para evitar que, en el futuro, vuelva a ocurrir una situación similar.

Además, una misión de europarlamentarios visitará San Fernando de Henares para comprobar con sus propios ojos la masacre social y humana que provocó la Comunidad de Madrid con las obras de la Línea 7b. 

El PP se queda solo en Europa

El expediente se mantiene abierto gracias a los votos favorables de todos los grupos salvo el Popular. Además, siguiendo la estrategia de Ayuso, el eurodiputado Pablo Arias Echevarría, ha tenido el valor de tachar la problemática de las familias afectadas por las obras de la Línea 7b de Metro como ruido mediático y campaña política.

Por su parte, la europarlamentaria socialista, Cristina Maestre, ha señalado que «sólo un gobierno sin alma como el de Isabel Díaz Ayuso puede permanecer indiferente ante el drama que viven los vecinos de San Fernando de Henares.(...)"                  (J. A. Gómez, Diario16, 26/01/23)

 

 

 

 

Pedro Fresco, director general partidario de acelerar la implantación de plantas fotovoltaicas para cumplir con los objetivos de descarbonización, destituido por las presiones de los sectores que abogan por una posición proteccionista del paisaje... peligran 400 expedientes de proyectos solares de menos de 50 MW pendientes de recibir autorización ambiental... pequeños promotores con proyectos pendientes de recibir autorización, en su mayor parte sobre suelo, temen perder los puntos de conexión preasignados por Red Eléctrica Española y los avales solicitados... Hay en juego 400 millones de euros de inversión directa en renovables... el director general saliente ha sido crítico con la posición de acotar la fotovoltaica a los techos. En un artículo publicado recientemente en Agenda Pública, explica que llenar los tejados de paneles solamente serviría para solventar el 6,5% del consumo de energía final que actualmente tiene España, y aboga por extender las instalaciones, huir de conceptos peyorativos como el de macroplantas y fomentar el diálogo entre ayuntamientos y promotores para implantar instalaciones nuevas... Una paralización de los proyectos renovables es inadmisible en un contexto de emergencia climática

Enric Juliana Ricart @EnricJuliana

Crisis en Valencia a propósito de la energía renovable. Paisajistas vs aceleradores. El partido de la placa solar en el tejado vs. el partido de las escalas más grandes. Compromís cesa a
@PedroFresco profesional de prestigio en el sector. La izquierda ante sus contradicciones.

1:20 p. m. · 2 dic. 2022
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"La coalición en Valencia choca por las renovables y la consejera de Medio Ambiente destituye a Pedro Fresco

 La destitución de Pedro Fresco como director general de Transición Ecológica de Valencia excede a las internas políticas de la coalición que gobierna esta comunidad autónoma (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem). Su salida tiene un trasfondo con alcance nacional: las enormes dificultades que tienen las administraciones progresistas, concienciadas con la necesidad de avanzar en energías limpias, para desplegar las renovables sin afectar ni intervenir los territorios. 

Fresco, uno de los perfiles técnico-político con mejor valoración en el sector energético de España (Licenciado en Química, y profesor en la Universidad Internacional de Valencia), en el cargo de director general desde febrero de 2021, entró en cortocircuito con la nueva consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Isaura Navarro (Compromís) por su defensa a las plantas fotovoltaicas.

Navarro reemplazó en octubre a Mireia Mollà -jefa política de Fresco-, ordenada por la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, después de responsabilizar a otras consejerías de la lentitud con la que se tramitan los permisos de instalación de las renovables.

La hoja de ruta de Mollá y Fresco se centró en políticas públicas para avanzar, lo más rápido posible, en el despliegue de infraestructura verde para poder alcanzar los objetivos trazados por España y Europa para 2030, y paliar la subida de precios y la dependencia a los combustibles fósiles.

Navarro y los asesores ecológicos de Compromís son partidarios de una estrategia más cauta y conservadora. Entienden que la masiva instalación de plantas fotovoltaicas atenta contra la biodiversidad de los territorios. La nueva gestión de Agricultura y Medio Ambiente brega por la "cautela y las garantías" a la hora de planificar y autorizar nuevas inversiones.

A Navarro no le gustó la participación de Fresco en el acto de Sumar en el que se mostró codo a codo con la vicepresidenta Yolanda Díaz y en el que pidió "valentía para equivocarse", en una clara crítica velada al "conservadurismo" de Compromís

Estas discrepancias quedaron al descubierto en los últimos días tras la presentación de la nueva propuesta de Compromís en materia de transición energética, proyecto que apuesta todos los esfuerzos al autoconsumo con energía solar.

El plan diseñado lleva de título "Empecemos por el techo" y busca "potenciar el autoconsumo" para cumplir con los 6.000 MW de energía propia para el año 2030. "Podemos lograrlo sin destruir el territorio", aclaró la portavoz Papi Robles al dar a conocer los trazos gruesos del proyecto.

Fresco puso sus reparos y adelantó que el autoconsumo solo cubrirá un tercio del objetivo de la UE en renovables. "Como muchísimo, un tercio, 2.000 MW", defendió en declaraciones a los medios locales. A Navarro no le gustó el desmarque. Tampoco la participación de Fresco en el acto de Sumar, en el que se mostró codo a codo con la vicepresidenta Yolanda Díaz y en el que pidió "valentía para equivocarse", en una clara crítica velada al "conservadurismo" de Compromís. 

En declaraciones a la Cadena SER, Fresco aseguró que su cese se debe a una "purga política" dentro de Compromís (cesar a todos los alfiles de Mollà) y califica de "disparate" y "anticientífica" la postura de la coalición respecto a las renovables.

Dijo además que no hay ningún experto que piense que la política defendida por Navarro es viable ya que no es posible llegar a los 6.000 megavatios de energía fotovoltaica sin grandes parques de placas solares y contando solo con los tejados de los edificios.

Dio a entender que sabía le iban a destituir y contó tenía "preparada la la carta de dimisión" porque la posición de la consejería "es inasumible para un técnico y un profesional de la energía".

Su crítica al plan de autoconsumo es compartida por muchos expertos en transición energética. Eloy Sanz, investigador y Profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos, publicó un hilo en su cuenta de Twitter refutando mucho de los datos que aparecen en el plan de Compromís.

España no se puede permitir tener partidos a la derecha que niegan el cambio climático o sus implicaciones y partidos a la izquierda que creen ingenuamente que para combatirlo basta con algunas medidas de ahorro y con llenar de paneles solares los tejados

"Se está diseñando una política basada en cálculos exagerados que dan cifras irreales. De seguir esta ruta, se darían cuenta del error en 2030, prolongando la quema de combustibles fósiles, con las implicaciones que ello tiene para el medio ambiente y la salud", planteó. 

Y agregó: "Debemos potenciar autoconsumo, generación compartida, distribuida y en terrenos degradados, como propone Compromís acertadamente. A todos nos gustaría evitar usar ni un metro de suelo, pero forzar la realidad para ajustarla a los deseos es hacerse trampas al solitario. Me apena profundamente ver a partidos comprometidos con la lucha contra el cambio climático caer en políticas retardistas. Cubrir los tejados es imprescindible pero insuficiente".

A juicio de este catedrático, España no se "puede permitir tener partidos a la derecha que niegan el cambio climático o sus implicaciones y partidos a la izquierda que creen ingenuamente que para combatirlo basta con algunas medidas de ahorro y con llenar de paneles solares los tejados".         (Andrés Actis, LPO, 02/12/22)

 

 "La nueva consellera de Agricultura de la Generalitat valenciana, Isaura Navarro, ha llevado al pleno del Consell de este viernes el cese de Pedro Fresco como director general de Transición Energética. 

La destitución llega en plena tensión interna en la coalición valencianista entre partidarios de acelerar la implantación de plantas fotovoltaicas para cumplir con los objetivos de descarbonización y los sectores que abogan por una posición proteccionista del paisaje. En ese dilema, la Administración autonómica tiene atascados más de 400 expedientes de proyectos solares de menos de 50 MW pendientes de tramitar y a la espera de recibir autorización ambiental.

El atasco está concentrado especialmente en la Dirección General de Paisaje, que ocupa Rosa Pardo, también de Compromís, un departamento ubicado en la Conselleria de Política Territorial. Pedro Fresco no tiene competencias en esas tramitaciones, pero entre sus funciones figuraban el impulso y la gestión de líneas de ayudas para la implantación de energías renovables. Vinculado al mundo de las renovables desde hace más de una década, ha sido uno de los defensores de hacer una apuesta clara por la sustitución de fuentes contaminantes, evitar moratorias y promover instalaciones en suelo, en diálogo con los ayuntamientos. Es autor de los libros El nuevo orden verde y El futuro de la energía en 100 preguntas.

Fresco formaba parte del equipo de Mireia Mollà, la consellera cesada por el socialista Ximo Puig el pasado 25 de octubre a petición de la vicepresidenta, Aitana Mas. Mollà había expresado públicamente su preocupación por el atasco en la activación de proyectos fotovoltaicos.

Compromís presentó este lunes un documento político en el que aboga por priorizar la instalación de paneles solares sobre techos y cubiertas, restringiendo los proyectos en suelo a parcelas degradadas, polígonos industriales o solares urbanos sin edificar. El giro político preocupa mucho a los promotores e inversores con proyectos pendientes de recibir autorización, en su mayor parte sobre suelo, que temen perder los puntos de conexión preasignados por Red Eléctrica Española y los avales solicitados. Hay en juego 400 millones de euros. 

 Un informe jurídico encargado al bufete Andersen por la patronal autonómica de renovables, Avaesen, advierte de que la Administración deberá indemnizar a los promotores por el daño emergente y el lucro cesante como consecuencia del retraso en la instrucción y resolución de los procedimientos de autorización. El mismo documento señala que los funcionarios responsables de la instrucción de los procedimientos "cuya demora culposa o dolosa haya generado la responsabilidad patrimonial" de la Administración "serán patrimonial y disciplinariamente responsables".

Más allá del embrollo administrativo y de la inseguridad jurídica que los inversores dicen sentir, el director general saliente ha sido crítico con la posición de acotar la fotovoltaica a los techos. En un artículo publicado recientemente en Agenda Pública, explica que llenar los tejados de paneles solamente serviría para solventar el 6,5% del consumo de energía final que actualmente tiene España, y aboga por extender las instalaciones, huir de conceptos peyorativos como el de macroplantas y fomentar el diálogo entre ayuntamientos y promotores para implantar instalaciones nuevas. "Por mucho que podamos reducirlo gracias a la eficiencia energética o la racionalización de actividades, nunca podrá solventar más que un porcentaje minoritario de nuestro consumo. Una paralización de los proyectos renovables es inadmisible en un contexto de emergencia climática que no solo existe como evidencia científica, sino que está formalmente declarada por nuestras administraciones", afirma.

El discurso no parece casar con la posición que se está imponiendo en Compromís. Le ha costado el puesto."                      (Víctor Romero, El Confidencial, 02/12/22)

Hay una persona en una urbanización de Boadilla del Monte que ha recibido ayudas públicas para comprar su casa, tener un plan de pensiones y un seguro médico, llevar a sus hijos a un colegio privado, abrir y cerrar empresas, instalar paneles solares o comprarse un coche híbrido ¿Entendemos por qué esta persona está muy cabreada por no poder pillar directamente del plan de la UE?.

Jorge Dioni López @jorgedioni

 Hay una persona en una urbanización de Boadilla del Monte que ha recibido ayudas públicas para comprar su casa, tener un plan de pensiones y un seguro médico, llevar a sus hijos a un colegio privado, abrir y cerrar empresas, instalar paneles solares o comprarse un coche híbrido.

Y ahora, esta hermosa tradición se completará con la prestación que sus nietos traerán bajo el brazo. ¿Entendemos por qué esta persona está muy cabreada por no poder pillar directamente del plan de la UE? 

1:11 p. m. · 17 jun. 2021
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Cheque-bebé de Ayuso para 'madrileñas de toda la vida'... no para gallegas que lleven en Madrid 8 años... ni para toledanas que vivan en Madrid pero empadronadas en su pueblo... y, claro, de raza blanca, nada de inmigrantes... o sea, natalismo identitario... ¿y si los vascos dan esa ayuda sólo para mujeres con apellidos vascos?

AntonioMaestre @AntonioMaestre

 La medida nativista de Ayuso busca excluir a una inmensa bolsa de mujeres migrantes al poner el requisito de 10 años de empadronamiento. Es solo uno de los problemas que plantea, pero va en la línea de defensa de la nación biológica.

Por cierto. También quedan fuera las mujeres de otras CCAA que no se empadronaron antes de los 20 años de edad. Ni de Tánger, ni de Toledo. Es una medida que queda reducida a un grupo marginal de la población.

Otra clave. Es acumulativa por hijos. El OPUS DEI sonríe. 

2:40 p. m. · 17 jun. 2021
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Azahara Palomeque @Zahr_Bloom
En respuesta a @AntonioMaestre

 "Se es madrileño de Sevilla, madrileño de Venezuela, madrileño de León"... Not really.

 "Queremos más niños en Madrid, pero que sean de raza blanca, por favor.

Díaz Ayuso presenta en su discurso de investidura un programa de ayudas a las jóvenes para que tengan más hijos, pero con limitaciones que discriminan a las extranjeras e incluso a las del resto de España.

 (...) Las mujeres menores de 30 años recibirán una ayuda de 500 euros mensuales desde el quinto mes de embarazo hasta que el hijo cumpla dos años. El objetivo es revertir una tendencia de descenso continuado de la natalidad que ocurre en España desde hace muchos años. "El invierno demográfico ya está aquí. En 2019 nacieron en la Comunidad de Madrid 56.000 niños, 24.000 menos que en 2008. Un país con futuro necesita, al menos, el doble de nacimientos".

La promesa lleva añadida un asterisco al que podríamos llamar 'la enmienda Vox'. Para recibir la ayuda, esas mujeres deberán llevar empadronadas en Madrid al menos diez años. Quedan fuera en la práctica las mujeres de origen extranjero y hasta las que vengan de otras regiones españolas. La necesidad de complacer las ideas xenófobas de la extrema derecha se lleva por delante a andaluzas, gallegas y valencianas. Madrid acoge con los brazos abiertos a todos los que vienen de fuera, pero a la hora de apoyar a las mujeres que tengan hijos el dinero está reservado a las auténticas madrileñas. Natalismo identitario que si se aprobara en comunidades gobernadas por partidos nacionalistas provocaría ríos de indignación en la prensa de Madrid. La palabra 'supremacismo' aparecería en unos cuantos titulares.

 El problema del descenso de la natalidad es real y profundo en todo el planeta. Es casi un fenómeno estructural que no se limita a los países ricos de Europa. De hecho, se repite por todo el mundo, con la excepción de África, confirmando una idea conocida: el método anticonceptivo de efectos más persistentes es el desarrollo económico. (...)

 Es poco probable que ante esta tendencia global sean muy efectivas las medidas que lleven impreso el aviso de reservado el derecho de admisión. Más niños, pero a poder ser que vengan de nuestras madres, no de las que vienen de otras zonas del mundo. Con independencia de la connotación ideológica, es una solución parcial que no está a la altura de la gravedad del problema. (...)"          (Iñigo Sáenz de Ugarte , eldiario.es, 17/06/21)

“Fui a coger melocotones, luego pedí el paro y ahora me piden cárcel”

"Fui a trabajar a los melocotones como siempre. Me llegó un mensaje diciéndome que estaba dada de alta, venía en mi vida laboral. Cuando acabé, eché mi paro en marzo, con mi certificado de empresa, con todo, tan bien, y al año me vino una carta diciendo que era un fraude, que esas peonadas no estaban trabajadas y eran indebidas.

 Y ahí empezó todo para atrás. Tuve que devolver todo el paro que había cobrado, unos 2.500 euros”. Así cuenta Loli su particular calvario después de conocer que la empresa para la que trabajó, Agrícola Espino, no había pagado los seguros sociales. 

Según el coordinador del sindicato Co.bas, David Pérez, más de mil trabajadores han tenido que devolver su prestación, se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros y en muchos casos a penas de hasta tres años de cárcel. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) considera que estaban compinchados con esta empresa y Baena Franco, también dentro del supuesto fraude.

“A mí llamaron a declarar en agosto. Y esto es indignante. No sabes si mañana te va a llegar otra carta, si te van a pedir más dinero. Nos piden cárcel. Yo tengo a mi marido enfermo, tengo una hipoteca y tengo un hijo de 28 años que no trabaja. Mañana me voy al verdeo“, relata Loli, de 52 años, que prefiere no decir su apellido.

 En su caso, además, ha perdido el acceso al subsidio especial para mayores de esa edad, que le hubiera permitido llegar a la jubilación sin necesidad de acreditar jornadas. “Ahora tengo que trabajar otros cinco años más. 

Y el problema no es ese. El problema es que, además, cuando vas a los cortijos a pedir trabajo y dices que tienes 52 años, te sueltan directamente que con esa edad prefieren a un hombre. ¿A qué estamos jugando?”, se pregunta. También limpia casas y, de vez en cuando, trabaja como camarera: “Pero eso es pan para hoy y hambre pa mañana”.

Este domingo, los trabajadores y trabajadoras marcharán en manifestación hasta el Parlamento de Andalucía para pedir el respaldo de los partidos. La Diputación de Sevilla ya ha aprobado por unanimidad una moción promovida por Participa Sevilla en la que se solicita la retirada de la acusación penal y el levantamiento de las sanciones: 

“Cuesta creer que en vez de arremeter contra los empresarios responsables del fraude se cargue contra las víctimas, en este caso los trabajadores y trabajadoras de ambas empresas. Cuesta creer que a la condena al hambre que supone las sanciones se le sume ahora la petición de penas de cárcel”.

Pérez, que calcula que las cantidades supuestamente defraudadas superan el millón de euros, denuncia que detrás de este caso hay un intento de criminalizar a los jornaleros y desmantelar el PER: “A estas personas no se les ha dado la oportunidad de defenderse hasta el momento y se está vulnerando la presunción de inocencia”.

Loli asegura que tiene compañeras que lo están pasando incluso peor que ella: “Algunas están con depresión. Esto es un martillazo en la cabeza. Te afecta en todo, en lo personal, en lo emocional, en lo físico… Es un abuso de poder impresionante, indignante”. Tiene cita en el juzgado el próximo 16 de septiembre.

 “Debería haber un levantamiento en este país. Hasta que no pase algo gordo, hasta que alguien no se queme en la puerta el Parlamento, aquí nadie va a hacer nada, ni se va a tomar conciencia de este conflicto”, concluye."                  (lamarea.com, 06/09/16)

El Gobierno de Ignacio González ha burlado a 8.000 emprendedores que nunca recibirán las subvenciones prometidas para su negocio

"Unos 8.000 autónomos madrileños se han quedado sin la subvención ofrecida por la comunidad de Madrid tras haber montado una empresa e invertir un mínimo de 5.000 euros para tener acceso a las cantidades que desde 2009 a 2012 prometía el ejecutivo de Ignacio González. La CAM contesta por escrito a quien lo requiere que no hay presupuesto. “Creemos que el dinero prometido se ha aplicado a otras partidas” ha manifestado a ELPLURAL.COM Sebastián Reyna, secretario general de UPTA. Las solicitudes, no se han valorado siquiera.

Los responsables de la Comunidad ofrecían a quienes se dieran de baja en el paro y de alta como autónomos, subvenciones que en determinados casos, como los de mujeres o discapacitados podían llegar hasta los 10.000 euros. “Pedías cita previa en una de las oficinas de emprendedores y allí te explicaban los requisitos y como fórmula empresarial más sencilla, la creación de una sociedad civil”, relata Beatriz.

Beatriz realizó en el año 2011 todos los trámites precisos: “Registré un nombre, monté una sociedad, ni te cuento el papeleo… y los gastos. Notario, seguro de responsabilidad civil, la contabilidad, Hacienda y claro, pagar la seguridad social todos los meses. Además la inversión, que en mi caso fue de 7.000 euros. Gracias a la ayuda de amigos y familia”.

Le explicaron que tardaría un año en tener una respuesta tras la valoración de su proyecto y que en ese momento se estaba contestando a los solicitantes del 2010. Así que a esperar. Mal que bien la emprendedora ha ido aguantando como ha podido pero de las subvenciones solicitadas…nada. “Llamas y te cuentan que enviarán una carta diciendo que no hay dinero, que ni siquiera se ha valorado a buena parte de los del 2010 y que no hay nada que hacer”.

Los que tuvieron que cerrar

Otros emprendedores, en cambio, no han podido aguantar el tirón necesario. Es el caso de Félix quien tuvo que cerrar su pequeño negocio de reprografía en el 2012, pendiente de la comunidad desde dos años antes. “La subvención me hubiera venido bien para por lo menos recuperar algo de lo que invertí, pero está claro que era todo mentira. Una mentira más”. Félix cuida a mayores por las noches para alimentar a la familia. (...)

Curiosamente, el resto de las comunidades autónomas que se encontraban en situación parecida, sí han conseguido de una forma u otra dar respuesta si bien en ocasiones parcial a las solicitudes relacionadas con similares convocatorias. Sebastián Reyna explica que en algunos casos, como en Valencia, se constituyeron plataformas de afectados que a base de manifestaciones consiguieron alguna compensación.

“Primero fue en Asturias donde hubo más movimiento de autónomos y el gobierno lo arregló. Cataluña buscó también soluciones. Algunas como Andalucía pagaron parcialmente aunque muy tarde… y con dinero propio. Extremadura concedió algunas cosas pequeñitas pero razonables. Y así el resto. La única que no ha dado solución alguna ha sido Madrid”, explica Reyna.

¿Publicidad engañosa? ¿Dejadez? “Yo me siento engañada”, asiente Verónica. “No hay que olvidar la campaña para emprendedores que hizo la Comunidad. Y si eras mujer en paro… decían que te ayudaban mucho más. “Dejadez”, opina Reyna. “Eso se demuestra claramente con la no derogación de la convocatoria. Y sí es cierto que se daba información sobre algo que contaba con una base inicial pero no tenía base para desarrollarlo”. (...)"              (El Plural, 26/03/2014)

Bruselas acusa a España de despilfarrar fondos europeos... ¿no se habían enterado hasta ahora?

"España ha malgastado, e incluso despilfarrado, muchas de las ayudas que ha recibido de la Unión Europea, y este uso ineficaz de los recursos comunitarios está en la base de los problemas de competitividad que arrastra la economía española, según ha comentado este lunes el comisario europeo de Empleo, László Ándor.

El representante de la Comisión Europea, en un debate organizado por la Fundación Fuhem con economistas críticos a la política que se defiende ahora desde las instituciones comunitarias, subrayó que ha habido países, como Irlanda, que han sabido aprovechar los recursos para políticas de cohesión y fondos estructurales repartidos desde Bruselas.

 "Otros no han sido tan inteligentes en la utilización de estos recursos, y España se encuentra en esta categoría", ha agregado el comisario Andor.

El comisario de Empleo puso como ejemplo la construcción de dos autovías en una región española, sin especificar, prácticamente paralelas construidas con dinero de la UE, "y que apenas suponen ahorrar 8 minutos en un viaje de cien kilómetros". En su opinión, esos recursos deberían haberse dirigido también a inversiones en innovación, en formación o en mejorar la competitividad de la fuerza laboral española.

 "Parte de esos fondos podrían haberse gastado en otras políticas, con un enfoque más práctico", ha insistido. El despilfarro de los recursos europeos y el modelo de crecimiento económico antes de la crisis, apostando por el ladrillo y obviando la política industrial, están en la raíz  de la crisis que sufre ahora la economía española.

László Ándor ha apuntado que justo antes de la crisis, la tasa de paro española rondaba el 10%, que es la que ahora sufre, de media, el conjunto de la UE. "Esto tenía que haber alertado de la existencia de problemas y desequilibrios en la economía española", ha subrayado."       (Público, 13/05/2013)

Dos millones de euros para ‘la proyección exterior de la lengua catalana’.... y 16.000 para ‘impartir clases de catalán y un taller de traducción de la lengua catalana en la Universidad Allameh Tabatabaí de Teheran (Irán)

"El escándalo de las subvenciones a las entidades nacionalistas en Cataluña no tiene límite. Semana tras semana se conocen nuevos datos sobre las sustanciosas sumas de dinero público que permiten la supervivencia de una inabarcable red de organizaciones que, bajo la simulada denominación de sociedad civil, se encargan de mantener vivo el odio hacia todo lo que consideran que puede interferir en el proyecto lingüístico y cultural del catalanismo.

 Este miércoles, el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC) ha publicado las subvenciones otorgadas por el Instituto Ramon Llull -dependiente de la Generalidad- durante los años 2009 y 2010. En total, algo más de dos millones de euros, supuestamente, para ‘la proyección exterior de la lengua catalana’.

Las ayudas repartidas (y publicadas con dos y tres años de retraso) incluyen conceptos tan variopintos como 16.000 euros para ‘impartir clases de catalán y un taller de traducción de la lengua catalana en la Universidad Allameh Tabatabaí de Teheran (Irán)’; 252.797 euros concedidos a la New York University para ‘promoción y proyección de la cultura catalana’; 35.000 euros a la Universidad de Alicante para ‘traducción y publicación de obras de literatura catalana medieval’; y 7.100 euros para un espectáculo consistente en ‘tres lecturas dramatizadas de textos originales y de traducciones de obras catalanas’ en tres ciudades canadienses.

Los subsidios abarcan todo tipo de actos, desde exposiciones a representaciones teatrales, pasando por cursos de catalán, festivales de cines, convenciones de literatura, homenajes culturales, producción de documentales e, incluso, viajes de cantantes. 

En este último caso, los afortunados han sido los grupos Brams (capitaneado por el activista independentista Francesc Ribera Titot) -que recibió 26.000 euros para una gira por Venezuela, Nicaragua y Chile- y Obrint Pas (habitual de los actos organizados por entidades secesionistas de extrema izquierda) -al que le concedieron 5.600 euros para una gira en Japón-."    (lavozdebarcelona.com, 11/05/2012)

La Generalidad aumenta... ¿el gasto en sanidad? No. Aumenta un 29% la ayuda a los escritores en catalán para viajar fuera del ‘dominio lingüístico’

"Las subvenciones para las actividades que hagan pasan a ser de 143.000 euros, a cargo del presupuesto público de 2011; y las ayudas para los desplazamientos, de 38.000 euros.

La Generalidad sigue aumentando algunas subvenciones para la promoción únicamente del catalán. Si hace unos días la Secretaría de Asuntos Exteriores, en manos del portavoz autonómico, Francesc Homs (CiU), aumentó un 100,7% las subvenciones a las ‘comunidades catalanas en el exterior’, ahora es el Instituto Ramon Llull (IRL) quien ha aumentado en 41.000 euros (29,3% de incremento) las subvenciones para escritores en catalán.

Este jueves, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha hecho público dos modificaciones de dotación presupuestaria firmadas por Vicenç Villatoro, director del IRL. En ambas se incrementa la partida, con cargo a los presupuestos de 2011, que gestionará el propio IRL. Una partida es ‘para la realización de actividades de promoción y difusión exterior de la literatura catalana’ y la otra para pagar los desplazamientos ‘fuera del dominio lingüístico’ a los escritores que así lo pidan.

Es decir, se subvenciona el viaje y las actividades de los escritores que escriban en catalán (y valenciano), siempre que lo hagan fuera de Cataluña, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, o lo que denomina el IRL ‘dominio lingüístico’ del catalán. Las subvenciones para las actividades pasan de los 110.000 euros previstos en los presupuestos de 2011 a los 143.000 euros; y las ayudas para los viajes, de 30.000 euros a 38.000 euros." (lavozdebarcelona.com, 07/10/2011)


"Radios y televisiones se llevaron 2,8 millones de euros en subvenciones por emitir en catalán, durante 2010.

Además de los más de diez millones de euros en subvenciones a los medios impresos escritos en catalán durante el año 2010, y los más de tres millones de euros otorgados a los diarios digitales, la Consejería de Cultura de la Generalidad también hizo llegar su parte del pastel a las radios y televisones privadas en lengua catalana o aranesa, que, en este caso, ascendió a 2,8 millones de euros.
Unas cifras que, en cualquier caso, se encuentran muy alejadas de lo que cuesta a los contribuyentes la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), es decir, TV3 y Catalunya Ràdio, que entre los años 2007 y 2009 fueron 1.878,16 millones de euros.

La más afortunada con las subvenciones del departamento de Cultura ha sido RadioCat XXI, empresa pertenciente al Grupo Godó (editor de La Vanguardia), que ha recibido 669.235 euros en cuatro subvenciones para sus emisoras RAC1 y RAC105, dos de ellas con carácter ‘estructural’, otra para ‘un soporte multicanal audiovisual e interactivo’, y la última para ‘un proyecto de consolidación y expansión del modelo radiofónico en el conjunto del territorio’ catalán. (...)

Destaca de forma especial los 70.000 euros destinados por la Consejería de Cultura a la Fundación Francesc Eiximenis para la ‘difusión de la programación de las emisoras en lengua catalana en el País Valenciano’. (...)

En el ámbito de las televisiones, el premio gordo se lo lleva Tele Taxi Televisión, propiedad del independentista Justo Molinero, con un subsidio de 75.000 euros.

El resto de las subvenciones de la Consejería de Cultura se reparten de la siguiente manera: 48.194,24 euros para CCMaresmeTV; 34.791,20 euros para Mola TV; 41.508,08 euros para Pirineus TV; 39.720,80 euros para Televisió del Ripollès; 37.647,58 euros para Nord Televisió; 36.608,24 euros para CCGironaPla; 30.454,38 euros para Empordà Televisió; 44.294,00 euros para ETV; 26.990,48 euros para Tortosa Televisió; 34.184,00 euros para El 9 TV.; 37.640 euros para TV Costa Brava; 37.280,00 euros para Televisió de Manresa; 53.823,84 euros para Canal Taronja; 26.338,16 euros para Canal Nord TV; 57.754,16 euros para Televisió de Girona; y 22.469,12 euros para Canal Reus TV." (lavozdebarcelona.com, 10/10/2011)

"La Generalidad aumenta un 150% las subvenciones a las realizadoras de documentales para la televisión" (lavozdebarcelona.com, 14/10/2011)

"La Generalidad abrirá una oficina de promoción turística en Nueva York.

La red de oficinas de la Generalidad en el extranjero abarca ocho ‘embajadas’ políticas; nueve oficinas comerciales; cinco oficinas del ICIC; siete representaciones de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo; y cinco delegaciones del Instituto Ramon Llull." (lavozdebarcelona.com, 13/10/2011)